CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIA DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Ana María Soledad Cruz Vasconcelos y José Luis Bustamante del Valle, en su carácter de presidente municipal constitucional, síndico primero y síndico segundo, respectivamente, de la municipalidad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"Poderes y autoridades demandadas y su domicilio: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, con domicilio en Pino Suárez número 509, Centro, Oaxaca, Oaxaca. Normas generales o actos cuya invalidez se demandan y medios oficiales en los que fueron publicados: El Acuerdo Administrativo Número 112 de fecha 11 de febrero de 1998, que establece las bases generales para la instrumentación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales en el año de 1998. La publicación del citado Acuerdo Administrativo Número 112, fue realizada en el Periódico Oficial extra de fecha 12 de febrero de 1998, dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca. El Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 1998. El mencionado manual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en ejemplar extra, de fecha 20 de febrero de 1998."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:
"Los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez demandamos, son los siguientes: a) El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, crea el Ramo 33 con cinco fondos destinados a las entidades federativas y Municipios, respectivamente. b) El 29 de diciembre de 1997, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Congreso de la Unión, por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal en un capítulo V, denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’. c) El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de su honorable Ayuntamiento, aprobó un manual de operación para dicho fondo, apegándose a los lineamientos que marca el presupuesto de la Federación para 1998, y la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo V; asimismo, el manual emitido por este H. Ayuntamiento, atiende la obligación constitucional de la planeación democrática. d) Con fecha 11 de febrero de 1998, el Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, en unión del secretario de Finanzas, el contralor general y el coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, suscribieron el Acuerdo Administrativo Número 112, que establece las bases generales para la instrumentación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales en el año de 1998, acuerdo que fue publicado el 12 de febrero del presente año, en el Periódico Oficial número extra. En el citado acuerdo, el Ejecutivo del Estado asume las facultades de distribuir, administrar, ejercer y supervisar los cinco fondos del Ramo 33 del presupuesto federal, designando para ello a la Secretaría de Finanzas, Contraloría General y Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, como autoridades ejecutoras de dicho acuerdo. e) Con fecha 20 de febrero del presente año, en el Periódico Oficial número extra, se publica un manual de operaciones para el Ramo 33 en el Estado de Oaxaca, decretado por el jefe del Ejecutivo de esta entidad federativa, en cumplimiento al Acuerdo Administrativo Número 112 antes referido."
"Consideraciones previas: Los recursos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, son recursos federales descentralizados a las entidades federativas y Municipios en los términos que marcan los lineamientos del citado presupuesto y del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. En los cuerpos normativos señalados en el párrafo que antecede, con toda claridad se establecen cinco fondos que se descentralizan a las entidades federativas y Municipios, precisando la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 32, 33 y 35, que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (fondo III del Ramo 33), corresponderá al Fondo de la Infraestructura Social Estatal y al Fondo de la Infraestructura Social Municipal, puntualizando en el segundo párrafo del citado artículo 32, que la Federación enviará dichos recursos a los Municipios a través de los Estados, esto es, que son recursos que se destinan directamente a los Municipios, teniendo a la entidad federativa únicamente como conducto por orden constitucional. El mencionado artículo 33, etiqueta con claridad el destino que deberá darse al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban los Estados y los Municipios. El artículo 35 de la misma ley, encomienda a las entidades federativas distribuir los recursos del fondo III, con una fórmula igual a la decretada para los Estados. El Fondo del Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, al igual que el fondo III, en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, con toda claridad se dice que las aportaciones federales con cargo a este fondo IV, lo recibirán los Municipios a través de los Estados y el Distrito Federal, reiterándose en el segundo párrafo del artículo 38 del citado ordenamiento, que las entidades federativas distribuirán los recursos que correspondan a los Municipios. Todos los artículos del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, tratándose de recursos de los fondos III y IV del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, respecto de lo correspondiente a los Municipios, únicamente faculta a las entidades federativas a distribuir los recursos, por ser el conducto constitucional de los citados Municipios y solamente en el artículo 42, en su párrafo segundo, faculta a cada entidad federativa a vigilar directamente y constatar la correcta aplicación de todos los fondos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación a través de las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto de cada entidad federativa; esto es, que para el caso de la entidad federativa, la autoridad de control interno del Gobierno del Estado es la Contraloría General del mismo, y la autoridad de control interno de los Municipios es su propia Contraloría Interna o las sindicaturas; y la autoridad de supervisión del ejercicio del gasto público, tanto de los Gobiernos de los Estados como de los Municipios, es el Congreso Local a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. De lo anterior se desprende que en el Acuerdo Administrativo Número 112, que hoy se impugna, existe una completa invasión de competencias que la ley reserva a los Municipios en el ejercicio de su autonomía, al arrogarse la facultad de administrar, ejercer, controlar, evaluar y supervisar los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, sin ningún fundamento legal; toda vez que, como se especifica en los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, únicamente tiene facultades de distribuir estos fondos. El fundamento legal que se menciona en el artículo 1o., tiene una aplicación errática por parte del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en virtud de que la administración y ejercicio que faculta el artículo 42, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal atribuye tanto a las entidades federativas como a los Municipios que reciban fondos del Ramo 33 a administrarlos y ejercerlos cada uno en el ámbito de su competencia, siéndoles aplicable la legislación correspondiente, esto es, que las entidades federativas tendrán que apegarse a la normatividad estatal y los Municipios a la normatividad que para el caso han expedido; y, por ello, resulta una invasión al ámbito de competencia municipal lo dispuesto en los artículos 6o., 9o. y 10, del Acuerdo Administrativo Número 112, que hoy se impugna, al facultar a la Secretaría de Finanzas, Contraloría General y Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, a administrar, ejercer, controlar y evaluar los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Estado pertenecen a la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quienes ejercen y despachan los asuntos de la estricta competencia del titular del Poder Ejecutivo, y la Coordinación del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca coordina la participación de los sectores público, social y privado para el cumplimiento del plan estatal para el desarrollo y mejoramiento de la administración pública y gasto público del Gobierno del Estado, en los términos de los artículos 17, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo que desde luego tienen amplias facultades en la esfera de competencia del Ejecutivo Estatal, únicamente. Estas dependencias del Poder Ejecutivo no tienen facultades expresas en ninguna ley para administrar, ejercer y controlar los recursos descentralizados por la Federación a los Municipios; toda vez que los Municipios cuentan con una organización política y administrativa propia, investidos de personalidad jurídica y con un órgano de gobierno denominado Ayuntamiento. Por lo que hace a las legislaciones aplicables para la administración, ejercicio y control de los recursos correspondientes a los fondos del Ramo 33, denominados fondos de aportaciones federales, tienen su sustento original en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998, publicado el 29 de diciembre de 1997, en el Diario Oficial de la Federación; y en el mismo presupuesto de egresos mencionado, en su artículo 16 in fine, nos remite al capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal para el ejercicio 1998, respecto de la forma en que deben aplicarse los recursos de los ya multicitados fondos. El marco jurídico aplicable para el ejercicio de estos recursos es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en aquello en que no se opone a la citada Carta Magna y la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca; ahora, por lo que hace a la competencia estatal, es aplicable la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y en la competencia municipal tenemos una Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, ordenanzas para el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Manual de Operaciones para el Fondo III del Ramo 33 del ejercicio fiscal 1998, para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por todo lo anterior, son insostenibles los fundamentos legales del Acuerdo Administrativo Número 112, para la administración, ejercicio, control, vigilancia, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, que fueron descentralizados por la Federación a los Municipios de la entidad de Oaxaca, por conducto de ésta; facultando únicamente a la entidad federativa para la distribución de los mencionados fondos a los Municipios. Asimismo, cada nivel de gobierno Estado-Municipio, tiene su respectivo órgano de control interno. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Oaxaca, se aplica para los tres poderes del Estado de Oaxaca, y los Municipios a falta de reglamentación propia, la aplican a través de su propios órganos de control que son la contaduría interna, sindicaturas y el Cabildo municipal. Por otra parte, la naturaleza jurídica de los fondos del Ramo 33 es de carácter federal, por lo que con toda claridad el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas del desvío de recursos de los fondos señalados serán sancionadas en los términos de la legislación federal, ya sea que en el desvío incurran autoridades estatales o municipales. Efectivamente, la Federación no puede renunciar a la vigilancia de los recursos de carácter federal que descentraliza, porque su responsabilidad delegada lo es únicamente en cuanto al ejercicio y por ello el sujeto pasivo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, en caso de afectación."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son del tenor literal siguiente:
"Primero. Se viola en perjuicio del Municipio que representamos lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 2o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se viola en perjuicio del Municipio que representamos lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que cada Municipio es administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no requiere que el Gobierno del Estado le administre y ejerza los recursos que la Federación le descentraliza al Municipio por conducto de la entidad federativa correspondiente, fracción I del citado artículo 115. Los Municipios están investidos de personalidad jurídica propia, manejan su patrimonio conforme a la ley y se autorreglamentan en el ámbito de su competencia, fracción II del citado numeral constitucional. Asimismo, los Municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma con los rendimientos de los bienes que le pertenecen y con las contribuciones u otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Segundo. El artículo 2o. de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su último párrafo dice: ‘El poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer, lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y deben hacer, lo que la ley les ordena.’. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por ese Alto Tribunal, que aparece bajo el número 293, consultable a foja 512, Segunda Parte, Salas y tesis comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro: ‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’. De lo anterior y como se detalla en las consideraciones previas, el jefe del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no tiene facultades que emanen de ley alguna para ejercer y administrar los recursos emanados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ni del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. Asimismo, el órgano de control interno y fiscalización para los Municipios de Oaxaca, no es la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado. Tampoco el Ejecutivo del Estado tiene facultad alguna para emitir un manual de lineamientos normativos para la operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, en virtud de que la facultad que le otorga el artículo 42, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se circunscribe a los fondos I, II, V y el porcentaje correspondiente al fondo III del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, que se transfieren directamente a las entidades federativas para su administración y ejercicio, dejando a salvo los Fondos de Infraestructura Social Municipal y el de Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, que desde luego los administra y ejerce el Municipio de conformidad a la legislación aplicable. El Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, incurre en las mismas violaciones del acuerdo impugnado, ya que pretende que la administración y ejercicio de los citados fondos se dé a través de las dependencias del Ejecutivo Estatal. Y, también pretende la supervisión y evaluación de estos fondos, siendo que como se menciona con anterioridad, la supervisión corresponde al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través de su Contaduría Mayor de Hacienda y la evaluación será materia federal por tratarse de recursos federales. Por otra parte, tampoco la ley le otorga al Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la facultad de suscribir convenios de coordinación con los Municipios de la entidad, respecto de la operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, como se pretende mediante la disposición contenida en el artículo 13 del acuerdo administrativo que se impugna; excepto el convenio sobre el 2% para el desarrollo institucional que deberá convenirse entre la Federación, la entidad y el Municipio."
CUARTO. La parte actora estimó violado en su perjuicio el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y se designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
En auto de veintisiete de marzo del año aludido, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad con que se ostentaron y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para la formulación de su contestación de demanda; correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera y tuvo como pruebas de la parte actora las documentales que adjuntó a su demanda.
SEXTO. El gobernador del Estado de Oaxaca y el procurador general de la República, por escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de abril y quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, manifestaron lo que a su derecho correspondía en relación con la demanda; sin embargo, resulta innecesaria su transcripción en atención al sentido del fallo.
SÉPTIMO. Por escrito recibido el catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, en su carácter de síndico primero municipal del Ayuntamiento actor, amplió la demanda de controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"Señalando como poder y autoridad demandada al mismo Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, representado por el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, con el mismo domicilio señalado en la demanda inicial ..."
"Acuerdo que establece las bases de coordinación intersecretarial en materia de ejecución presupuestaria, que en cumplimiento a lo ordenado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen los mecanismos a que se sujetarán las cinco secretarías del Gobierno Federal involucradas en el Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en el año de 1998 en los siguientes términos ..."
OCTAVO. En la ampliación de demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Que el citado acuerdo tiene como fundamento filosófico impulsar el desarrollo regional en el país dentro de un marco federalista, a través de la descentralización de programas y recursos federales, con el consecuente fortalecimiento a las entidades federativas y Municipios. 2. En el segundo párrafo de antecedentes del mismo acuerdo, se delimita como objetivo fortalecer y renovar las haciendas públicas locales y municipales con recursos de la Federación. 3. Que las entidades federativas y Municipios, en su caso, ejerzan los programas y recursos correspondientes a este acuerdo con la legislación aplicable que se enfatiza en la exposición de motivos en la Ley de Coordinación Fiscal (décimo párrafo de los antecedentes del acuerdo). 4. Que los órganos de control de la entidad federativa, independientemente de lo que determinen las autoridades federales, deberán ejercer la vigilancia directa y fincamiento de responsabilidades administrativas. El artículo 27 del decreto del presupuesto de egresos de la Federación 1998, es coincidente con esta base, en el sentido de que se faculta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para celebrar convenios con las Legislaturas Locales a través de sus respectivos órganos técnicos de vigilancia, con el objeto de coordinar acciones para el seguimiento del ejercicio de los recursos que se reasignen y los correspondientes a las aportaciones federales a que se refiere el artículo 19 del mismo decreto, con el fin de incorporar la evaluación de resultados a las cuentas públicas respectivas. 5. Que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal, en los términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 19 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998 y último párrafo del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con lo establecido en el capítulo V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, le corresponde inspeccionar y vigilar en el ámbito de sus atribuciones, los diversos fondos que constituyen el Ramo 33 del referido presupuesto. 6. En la base séptima del multicitado acuerdo, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los Gobiernos Locales, ministrará los recursos a los Municipios e informará a la Secodam. 7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como representante del Gobierno Federal proveerá de común acuerdo (convenio) con cada una de las entidades federativas, las bases de coordinación administrativa en materia de ejecución presupuestaria de los fondos de aportaciones federales. 8. La interpretación de las bases del acuerdo que se tiene a la vista estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del texto del acuerdo que se tiene a la vista y cuyos puntos relacionados con el planteamiento fundamental de esta controversia, se efectúan los siguientes razonamientos: Primero. El principio federalista que inspira este acuerdo que establece las bases de coordinación intersecretarial, es la filosofía fundamental que aparece en todos los documentos relacionados con el Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación 1998, especialmente en la exposición de motivos en la Ley de Coordinación Fiscal. Igualmente el fortalecimiento y renovación de las haciendas públicas locales y municipales y la redistribución de la recaudación federal en forma más justa y equilibrada, es otro principio fundamental del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación 1998. Segundo. El criterio establecido en este acuerdo respecto del ejercicio de los recursos, que a través de las entidades federativas y en su caso por los Municipios, se hará a través de la legislación aplicable que se enfatiza en la exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal; ésta, en el párrafo séptimo del punto I denominado ‘En el ámbito presupuestario federal’ dice que los fondos del Ramo 33 se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, en los términos dispuestos en el capítulo que los contiene, y en caso de requerirse en el futuro para proveer su exacta observancia, en los reglamentos específicos que de él emanen. Esto quiere decir que tratándose de recursos federales contenidos en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, en la misma exposición de motivos se prevé la existencia de reglamentos específicos, pero desde luego emitidos por autoridad competente que tenga las facultades de reglamentar una ley federal. Resulta ligero el argumento sostenido por el C. Procurador general de la República al emitir su opinión sobre la presente controversia y justificar que el Ejecutivo Estatal en función de hacer cumplir las leyes federales en el ámbito local tenga la capacidad de reglamentarlas, pues esto nos llevaría a sugerir que en los demás casos de las leyes federales donde no existe concurrencia de autoridades como es el caso del derecho mercantil, derecho bancario o de navegación, etcétera, también el Ejecutivo Estatal se ponga a emitir reglamentos de esas leyes (páginas 32 y 33 de la opinión emitida por el Lic. Jorge Luis Madrazo Cuéllar, procurador general de la República, el 14 de mayo de 1998 en esta controversia). Tercero. Por lo que respecta a la vigilancia y fiscalización por parte de los órganos de control de la entidad federativa en cuanto a la responsabilidad administrativa, pareciera existir una dualidad de funciones entre los órganos de control locales y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal, que de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde sancionar el desvío de recursos federales; sin embargo, los órganos de control interno en las entidades federativas a los que les corresponde vigilar los ejercicios fiscales de los Municipios, son las Legislaturas Locales. Por ello, el artículo 27 del decreto del presupuesto de egresos de la Federación prevé la coordinación a través de convenios, entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales, para el control, evaluación, inspección y vigilancia de los recursos federales. Con lo anterior queda totalmente insubsistente la vinculación que de manera forzada hace el Acuerdo Administrativo Número 112 impugnado en esta controversia, con la participación de la Contraloría del Gobierno del Estado en el artículo 6o., fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo. Cuarto. La base novena del acuerdo que se tiene a la vista establece con toda claridad que las diferentes secretarías, entre ellas la Sedesol, establecerán los mecanismos en el ámbito de sus competencias con cada una de las entidades federativas, para establecer entre otros el seguimiento y evaluación del ejercicio de los fondos. Pudiendo la Secodam solicitar copia de dicha información. Por ello, se considera que el convenio de desarrollo social que suscribió el C. Presidente de la República con el Ejecutivo Estatal de Oaxaca el día doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, contiene las bases y los mecanismos para establecer el seguimiento y la evaluación del ejercicio de los fondos de tal forma que resulta preponderante el conocimiento de este convenio y su publicación, para sustentar las facultades que se arroga el Ejecutivo Estatal de Oaxaca a través de la Contraloría General del Gobierno del Estado en el artículo 6o., fracción II, inciso a), del Acuerdo Administrativo 112 impugnado en esta controversia. En mérito de lo anterior se emiten las siguientes ..."
NOVENO. Los conceptos de invalidez en la ampliación de la demanda, son los siguientes:
"Conclusiones. I. Que el artículo 19 del decreto del presupuesto de egresos de la Federación 1998 en su párrafo tercero sustenta el acuerdo que establecen las bases de coordinación intersecretarial, que hoy se tiene a la vista. II. Que la exposición de motivos del capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal ‘De los fondos de aportaciones federales’, en el punto tres denominado ‘Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal’, especifica la introducción al régimen jurídico de aportaciones federales de las erogaciones destinadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que venían siendo reguladas en el presupuesto de egresos de la Federación como parte de los recursos del Ramo 26 ‘Superación de la pobreza’. En otros términos, el programa superación de la pobreza que forma parte del plan nacional de desarrollo se ha descentralizado anteriormente vía convenios en los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mas la intención del Gobierno Federal en el presente año, fue normar por ley los recursos, no dejando de ser con ello un proceso descentralizador de recursos federales en función del plan nacional de desarrollo. Esto es, que el Gobierno Federal descentraliza programas prioritarios de desarrollo social a las entidades federativas y Municipios, no perdiéndose con ello la naturaleza jurídica de los recursos que son federales y que por ello compete al Gobierno Federal propietario de los recursos, la vigilancia en la aplicación de los mismos y el rendimiento a la cuenta pública federal a través del Congreso de la Unión. Lo anterior se sustenta en el propio artículo 19 del citado decreto del presupuesto de egresos de la Federación 1998, tanto en el tercer párrafo en el que marca que la administración de los recursos estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo So
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7036-93919ea2/cesacion-de-efectos-en-materia-de-amparo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUAND (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUAND (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ES DE MERA INSTRUCCIÓN Y DIO INICIO A UN PROCEDIMIENTO QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO. TIENE ESE CARÁCTER EL INTERVENTOR DESIGNADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EMITIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, RESPECTO DE LA (1a. XXXIV/2008)
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (P./J. 10/99)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis