CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ES DE MERA INSTRUCCIÓN Y DIO INICIO A UN PROCEDIMIENTO QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HA CONCLUIDO POR ACTUALIZARSE L A CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2003. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Jaime López Farías y Ricardo Hernández Aguilar, quienes se ostentan como síndicos primero y segundo, respectivamente, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, en representación del propio Municipio promovieron controversia constitucional en la que demandan la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades siguientes:
"1. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, depositado en el H. Congreso de la LVIII Legislatura del propio Estado Libre y Soberano de Oaxaca, representado por el presidente en turno que corresponda, y quien en el caso actúa por conducto de su órgano de fiscalización y control gubernamental, en la especie, la Contaduría Mayor de Hacienda, y que en lo subsecuente citaré sólo como el Congreso; con domicilio conocido en Avenida Juárez, frente al Paseo Juárez (El Llano), en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, pues constituye el órgano del Congreso que emitió la orden de auditoría que se combate, mediante esta controversia y que es precisamente por igual la que la lleva a cabo por conducto de sus auditores y auditor o despacho externo contratado, y que en lo subsecuente anotaré como la Contaduría, y cuyo domicilio para efectos de su legal notificación está ubicado en la Calzada Porfirio Díaz número 317, colonia Reforma, Centro, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca."
Los actos cuya invalidez se demanda, son los siguientes:
"La orden de auditoría emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, suscrita por el contador mayor de Hacienda, LAE. Etzael Octavio García Padilla, mediante el oficio número PL/CMH/DA/3259/2003 de fecha primero de octubre del actual, mediante la cual ordena a los auditores que al efecto para ello designa, revisar la cuenta pública municipal del año 2002 y primer semestre del 2003, correspondiente al ramo 28 y 33 en sus fondos III y IV del Municipio que legalmente representamos. En consecuencia, demandamos la invalidez total del proceso de auditoría relativo que se desprende de dicha orden, realizados por "el Congreso" a través de su órgano de fiscalización, la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto esta última de los auditores designados."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"a) El ocho de octubre del actual, a las once horas, se presentó en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal una persona que dijo ser el C.P. Daniel Zárate Carballido, quien comentó con la tesorera municipal que su presencia obedecía a que llevaría a cabo una auditoría a los recursos financieros que maneja el H. Ayuntamiento, por lo que, ante ello, la misma solicitó la presencia del síndico segundo municipal, quien se encontraba de turno, mismo que por su parte solicitó la presencia de fedatario público, quien por igual estuvo presente y dio fe de la reunión que en tal lugar, fecha y hora se llevó a cabo entre los anotados. b) Resulta pues que dicha persona manifestó que él mismo ya había dado legal notificación al Municipio de la orden de auditoría respectiva, señalándose por parte del síndico indicado que jamás por nuestra parte nos habíamos enterado de tal acontecimiento legal, por lo que en dicho momento exhibió el supuesto auditor los documentos donde a su dicho constaba la legal notificación de la auditoría, los que se agregaron al acta notarial respectiva en copia certificada, y que consiste en el oficio número PL/CMH/DA/3259/2003 de fecha primero de octubre de 2003, suscrito por el C. Etzael O. García Padilla, dirigido al presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo, mediante el cual ordena se realice una auditoría al H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por lo que respecta al año dos mil dos y primer semestre del dos mil tres, respecto de los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33 en sus fondos III y IV; cita de espera a nombre del licenciado Gabino Cué Monteagudo para notificación de la orden de auditoría contenida en el oficio anteriormente señalado de fecha seis de octubre del actual suscrita por el C. Daniel Zárate Carballido, y acta de inicio de auditoría de fecha siete de octubre del mismo año, suscrita igualmente por el C. Daniel Zárate Carballido, quien firma por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca. Dándose por concluida la reunión en dichos términos previa la reserva de los derechos municipales que solicitó el síndico presente. Así las cosas, el síndico en comento procedió a solicitar la información que consideró indispensable a la Contaduría Mayor de Hacienda con el objeto de dar cuenta al cabildo de los acontecimientos y que éste determinara, como órgano supremo que nos rige, las acciones y derechos a ejercitar. c) Adicionalmente a los hechos narrados, y antes de que se llevara a cabo la sesión de cabildo mencionada, se apersonaron nuevamente quienes dijeron ser auditores adscritos e integrantes del área de auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Oaxaca, quienes levantaron el acta de inicio de la auditoría que hoy calificamos de ilegal, el quince de octubre de este año, y en fecha posterior procedieron a requerir la información que consideraron pertinente para el desahogo del procedimiento de fiscalización a que hemos hecho referencia continuamente. d) Llevada a cabo que fue la sesión de cabildo el catorce de octubre respectivo, tal órgano colegiado acordó que se realizara el estudio legal del caso y que, de encontrarse alguna irregularidad o ilegalidad los síndicos municipales procediéramos como legalmente correspondiera, por lo que, una vez realizado tal análisis y, considerando que el procedimiento de auditoría indicado es completamente inconstitucional, es por lo que procedemos a ejercitar los derechos correspondientes por conducto de la presente controversia constitucional."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:
"En cuanto a la inconstitucionalidad de la auditoría se refiere, al efecto manifestamos lo siguiente: Las autoridades responsables violan en perjuicio del Municipio de Oaxaca de Juárez, cuyo H. Ayuntamiento representamos, el principio de legalidad y debido proceso, ‘por falta de motivación y fundamentación’ y por ‘no seguir el procedimiento o método establecido en la ley’, previstos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y en total contravención con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, del Supremo Ordenamiento citado, al ordenar se lleve a cabo la auditoría que por este medio combato. Esto se considera así, por lo siguiente: Primero. Para llevar a cabo una auditoría a cualquier Municipio en el Estado de Oaxaca, si atendemos al contenido de la facultad que le confiere al Legislativo la Constitución Federal que nos rige, en su fracción IV del numeral 115, donde se establece con claridad meridiana que ‘... las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles ...’, esto es, de entrada, que la Legislatura Local en el caso que nos ocupa sí está facultada para revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal. Sin embargo, la facultad en comento no puede ser arbitraria ni fuera del propio marco constitucional que la rige y, por ende, se deben de cubrir determinados requisitos y/o procedimientos para dar legalidad y certeza precisamente al acto de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. En la especie, los extremos requeridos para ello no se dan ni en el fondo ni en la forma en la auditoría que pretende realizar el Congreso del Estado al H. Ayuntamiento que representamos. Ciertamente, en este primer apartado (inconstitucionalidad de la auditoría), que identificamos con el fondo de la misma, resulta ser que precisamente el marco legal que rige la constitucionalidad de tal medio de revisión o fiscalización de la cuenta pública está constreñido precisamente a lo que el propio legislador estableció en los ordenamientos estatales que la rigen. Concretando, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece de inicio en sus artículos 1o. y 2o., las premisas legales en las que basamos con posterioridad el silogismo que determina la inconstitucionalidad del acto que pretende la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano del Congreso Local. El numeral primero determina que el Estado de Oaxaca, aunque pertenece a la Federación y, por ende, se asume que tiene plena aplicabilidad el párrafo anotado de la fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna, determina que es libre y soberano para todo aquello que se refiere a su régimen interior. Seguidamente, el numeral segundo en su párrafo tercero establece que, en nuestro Estado, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, sin la posibilidad de hacer o dar lugar a exégesis equivalente a aquella que permita pensar que por igual pueden realizar lo que no les prohíba, pues tal hipótesis sólo es aplicable a los particulares. De ahí que si, como es, aplicamos dichos principios a la materia que nos ocupa, necesariamente debemos deducir que en el ámbito de la fiscalización de la cuenta pública municipal, sí está facultada para ello la Legislatura del Estado en términos de la Constitución Federal, pero que esta última está constreñida, acotada, por lo que la Constitución Local y las leyes aplicables correspondientes le permitan expresamente, mayormente si consideramos que ello obedece precisamente al régimen interior que señala el primero de los numerales citados. Así pues, congruente con lo establecido en la Constitución Federal, los artículos 30 y 31 de la Local establecen la división de poderes que detenta el poder público en el Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que el segundo poder de los mencionados se ejerce precisamente por el Congreso del Estado. Por su parte, los artículos 42 al 46, determinan prístinamente que la Legislatura Estatal tendrá dos periodos ordinarios de sesiones al año, a saber, el primero dará inicio el quince de noviembre y concluirá el treinta y uno de marzo, y el segundo comenzará a partir del primero de junio y concluirá el quince de julio respectivamente. Por igual determina que el quince de noviembre en sesión solemne dará inicio al primer periodo ordinario de sesiones y, que la misma únicamente será para declarar tal situación y recibir el informe del gobernador del Estado correspondiente, sin que pueda ser tratado otro asunto en la misma fuera del indicado. Continúa pues determinando que existe la posibilidad de que la legislatura sesione de forma extraordinaria, pero acotando los asuntos que pueden ser tratados en tal tipo de reuniones exclusivamente al estudio de aquellos que se contengan en la convocatoria que al efecto se lance, y que al tenor de los numerales 63 al 65, no podrían por lógica contener el asunto relativo a revisar, fiscalizar o calificar la cuenta pública de cualquier Ayuntamiento, pues si únicamente pueden citar a sesión extraordinaria el Ejecutivo y la Diputación Permanente existe fuera de los periodos ordinarios de sesiones, la propia Constitución establece con claridad cuáles son las atribuciones de esta última, y de las mismas se observa claramente que ninguna se refiere a fiscalizar o revisar la cuenta pública municipal. Finalmente, por cuanto al caso que se analiza, determina en forma meridianamente clara, que el segundo periodo de sesiones ordinarias se destinará de preferencia a la revisión y calificación de las cuentas de inversión del Estado y de los Municipios relativas del año anterior. Ante lo expuesto surge la primer interrogante de la que se sigue la primer ilegalidad de la auditoría que se pretende realizar al H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: ¿Cuándo la legislatura fundó y motivó que se lleve a cabo la revisión y calificación de la cuenta pública municipal, fuera del segundo periodo de sesiones? Porque, como tenemos dicho, si bien es verdad la Constitución Local simplemente ordena que esto se realice en tal periodo de preferencia, tal determinación no puede tomarse a la ligera, sino que necesariamente debe obedecer a una razón lógica y legal que, fuera de determinarla en este apartado, de la misma se sigue que, si el Congreso desea realizar dicha revisión y calificación en diferente periodo o aún en sesión de carácter extraordinario, evidentemente que como cualquier acto de autoridad debe fundar y motivar el mismo, y en la especie no existe acuerdo o determinación, independientemente de la denominación que le corresponda, por parte del Congreso del Estado para llevar a cabo la revisión que pretende, fuera ya no sólo de tal periodo de sesiones, sino incluso de periodo ordinario de sesiones. Pero no sólo ello, sino que en forma por igual clara se determina en nuestra Máxima Ley que dicha calificación y revisión corresponderá a la cuenta pública relativa al año anterior, y no como pretenden, esto es, fiscalizar el primer semestre del año en curso, lo que constituye una aberración jurídica, pues si aplicamos ahora los fundamentos del silogismo jurídico que construimos de inicio, esto es, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita y que la Constitución y leyes locales son las aplicables a la auditoría que se intenta por tratarse del régimen interior del Estado, no puede entonces llegarse a conclusión diferente que no sea aquella que sostenga que el Congreso del Estado sólo puede revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal relativa al año anterior y que, sin embargo, en nuestro caso tampoco es procedente ni siquiera por lo que atañe al año dos mil dos, pues tal determinación no está fundada ni motivada en la específica orden de auditoría que emite el contador mayor de Hacienda, y cuyo estudio más detallado realizamos más adelante. Ahora bien, si al criterio anterior aunamos lo que establece la propia Constitución al determinar las facultades del Poder Legislativo, de inmediato se corrobora todo lo que aquí sostenemos. El artículo 59 fracción XXIII, (sic) pues del ordenamiento anotado determina que será facultad del Legislativo: examinar, fiscalizar y calificar cada año las cuentas de inversión de las rentas de los Municipios del Estado y exigir en su caso las responsabilidades consiguientes, ante lo cual no queda lugar a dudas de lo que sostenemos rotundamente: el Congreso Local solamente puede revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública municipal una vez al año, de preferencia en el segundo periodo ordinario de sesiones, y siempre y cuando se trate de la cuenta relativa al año pasado de la revisión, siendo el caso que ninguno de dichos extremos se cumple en la inconstitucional orden de auditoría que pretenden realizar y que por este medio combatimos. Y si con lo narrado consideramos más que suficiente para decretar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en la causa, la orden de auditoría respectiva, verdaderamente aberrante se vuelve la situación si consideramos que, en nuestro caso específico ni siquiera existe ni en sesión ordinaria ni extraordinaria autorización o acuerdo o decreto alguno que determine la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Esto es, la orden de auditoría es un acto que realiza en forma ilegal, inconstitucional e incluso delictivo por su propia cuenta el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca. Lo anterior se deriva simplemente de la propia orden de auditoría que suscribe, pues en ella jamás fundamenta ni motiva la misma, pues no indica, al no existir evidentemente, la orden del Congreso o acuerdo del mismo para llevar a cabo la auditoría en cuestión, ni otros datos a los que aludimos posteriormente. En los propios términos del estudio que venimos realizando, ¿por qué no está facultado en términos de la ley local, el contador mayor de Hacienda para ordenar tal revisión de mutuo propio o bajo las facultades o atribuciones que la ley local le confiere? La respuesta es sencilla, y procedemos a desglosar la respuesta enseguida. El artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, establece claramente las atribuciones de tal servidor público y, en concreto, nunca le faculta para determinar u ordenar la fiscalización o revisión de las cuentas públicas ni del Estado, ni de los Municipios por determinación propia. Y si aunado a ello consideramos que por su parte el reglamento interior de la contaduría establece por igual, en forma indubitable las atribuciones del contador mayor de Hacienda, incluso expresamente, le ordena formular y presentar a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Oaxaca los planes y programas de trabajo para que éstos sean puestos a consideración del H. Congreso del Estado, de donde nuevamente con lógica legal se sigue que, entonces, es indispensable la autorización de tal soberanía para la procedencia de la fiscalización respectiva y, en la especie, para llevar auditorías de la naturaleza que pretenden. Y más aún, el propio reglamento en cita, cuando determina las atribuciones o competencia de las áreas que conforman la estructura orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, por lo que hace a la de auditoría, prevé, en el numeral 12, fracciones II y III, la facultad para celebrar auditorías previo acuerdo de la Comisión de Vigilancia y de la Presidencia de la Gran Comisión en tratándose de auditorías a Ayuntamientos que presenten irregularidades y aquellas que solicite el Congreso de los casos en que no existan irregularidades por conducto de la Comisión de Vigilancia respectiva. Anotamos simplemente ante tanta ilegalidad que el Municipio de Oaxaca de Juárez no sólo no presentó irregularidad alguna, pues ni siquiera se dignó el contador mayor de Hacienda cumplir con el servicio público que le fuera encomendado y omitió dar respuesta al pliego de contestación de observaciones que realizaron en la auditoría pasada, comentario este último que me lleva directamente al último, y no menos execrable, razonamiento legal que funda y motiva nuestro actuar. Y éste precisamente estriba en que ya no sólo la auditoría carece del fondo legal que la sustenta, y asimismo no obedece a autorización o petición alguna del Congreso del Estado de Oaxaca, sino que ordena el contador se lleve a cabo respecto del año dos mil dos, el que ya fue auditado por la propia contaduría y resueltas las observaciones que realizaran con motivo de la misma, como fehacientemente demostramos con las pruebas que desde este momento exhibimos con este ocurso y que detallamos en el capítulo correspondiente más adelante, y si bien es cierto no existe disposición que determine que no se podrá auditar lo ya auditado, también lo es que resultan nuevamente aplicables los silogismos utilizados de inicio, esto es, que no basta que una operación no esté prohibida para que una autoridad esté facultada para realizarla, sino que se requiere que expresamente la ley les faculte para ello, y mayormente si aunado a tal cuestión como se ha detallado expresamente la Constitución y la ley local determinan que sea una vez cada año, del ejercicio anterior, previa autorización del Congreso, etc., etc. En cuanto al proceso de auditoría se refiere, al efecto manifestamos lo siguiente: Las autoridades responsables violan nuevamente en perjuicio del Municipio de Oaxaca de Juárez, cuyo H. Ayuntamiento representamos, el principio de legalidad y debido proceso, ‘por falta de motivación y fundamentación’ y por ‘no seguir el procedimiento o método establecido en la ley’, previstos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y en total contravención con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, del Supremo Ordenamiento citado, al ordenar se lleve a cabo la auditoría que por este medio combato. Esto se considera así, por lo siguiente: Primero. Obviando pues los defectos de fondo que convierten en deleznable el acto de pretendernos auditar en tales términos, igualmente aberrante es desgraciadamente la forma en que dicha orden se realiza, y desde luego inconstitucional en atención a lo que exponemos enseguida: 1. Para llevar a cabo la auditoría en comento, la contaduría contrató los servicios de un despacho externo, que dirige precisamente el CP. Daniel Zárate Carballido, pero sin que igual que en el caso de la auditoría exista autorización del Congreso del Estado de Oaxaca para llevar a cabo dicha contratación. Pues si bien es verdad la ley orgánica aplicable (de la Contaduría Mayor), les autoriza a contratar en casos especiales personal ‘especializado’ (artículo 18, último párrafo de la ley orgánica que la rige), la propia legislación les requiere la preexistencia de un dictamen de la Comisión de Vigilancia y la aprobación del presidente de la legislatura. Ahora bien, suponiendo, sin conceder, la existencia de dichos documentos, el costo de la auditoría no está presupuestado o contenido dentro del gasto del año en curso del Congreso del Estado de Oaxaca, como tampoco se siguió el procedimiento de licitación correspondiente, pues lo anterior lo sostenemos debido a que jamás fuimos notificados de ello ni siquiera al momento de presentarse el auditor en comento, pues éste simplemente se identificó con su credencial de elector. Y todavía más, como pueden ustedes observar en los documentos que como pruebas anexamos a esta controversia, la ‘notificación’ del contador público Daniel Zárate Carballido es totalmente ilegal, ante la serie de anomalías e irregularidades que derivan de tal ‘acto legal’, como sigue: El profesionista anotado no es un servidor público que detente fe pública para certificar hechos, como pretendió, y mucho menos para protestar legalmente a un pobre empleado que encontró a las nueve de la mañana en que dolosamente se presentó a ‘notificar’ la orden de auditoría. El acta respectiva indica que se apersonaron tres auditores a notificar el acta, pero sólo la firma y en nombre de la Contaduría Mayor de Hacienda el C.P. Daniel Zárate Carballido. Dejó una cita de espera, sin ser autoridad alguna y sin haber fundado ni motivado, en caso de que así fuera, ninguno de sus actos, pues no sabemos de donde siguió un procedimiento de cita de espera que la ley constriñe para los procedimientos procesales o juicios, pero que no son aplicables al caso. Jamás se cercioró o identificó como empleado a la persona con la que entendió el ilegal acto, pues éste simplemente se identificó con una licencia de manejo; y por su conducto manifiesta que está legalmente notificado de la orden de auditoría el Ayuntamiento. Asentó o, en sus propios términos, certificó el auditor externo que se asentaba en el acta respectiva el sello oficial del Ayuntamiento, cuando resulta ser simplemente el sello de correspondencia recibida de la sindicatura segunda. Incumplió con la ley procesal civil aplicable en la materia, pues no dijo en qué lugar específico se apersonó y cómo buscó o requirió al representante legal del Municipio para poder así, dejar cita de espera para el mismo. Contrario a ello la cita de espera la dirigió y requirió, en efecto, la presencia del presidente municipal, licenciado Gabino Cué Monteagudo, cuando debía haberse dirigido a los representantes legales del Ayuntamiento, que en la especie resultamos los suscritos. Y peor aún, si se supone que dicho auditor vino a notificar que por su conducto se cumpliría la orden de auditoría, se extralimitó en los términos en que fue ordenada ésta, pues si ustedes observan, claramente se desprende de la orden que serán auditados los recursos correspondientes a los ramos federales 28 y 33 en sus fondos III y IV del año 2002 y primer semestre de 2003, pero ello no lo dijo en su notificación el auditor, sino que sostuvo simplemente que auditaría el año dos mil dos y primer semestre del dos mil tres, en la ‘inteligencia’ que podría auditar ejercicios anteriores. El auditor multicitado, luego entonces, no puede detener o poseer las facultades de fe pública y demás que pretende al intentar torpemente notificar la auditoría, e incluso a nuestro entender sus actos implican una presunción de la comisión del delito de usurpación de funciones. Tampoco la ley permite la delegación de funciones por parte del contador mayor de Hacienda hacia un particular, y mucho menos sin la aprobación y determinación legal que pertenece en todo caso al Congreso del Estado de Oaxaca. 4. Por nuestra parte hemos procedido, como también consta en los oficios de los que anexamos copia para su conocimiento, a solicitar tanto al contador mayor de Hacienda como al Congreso del Estado por conducto de quien corresponda, una serie de documentos que ofertamos como pruebas documentales públicas de nuestra parte, y que al no detentarlas procedemos a incluir el oficio correspondiente para los efectos legales a que haya lugar."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte actora considera violados, son el 14, 16 y 115.
QUINTO. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 98/2003 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Inconformes con el auto que admitió la demanda, interpusieron recurso de reclamación Etzael Octavio de Jesús García Padilla, quien se ostentó como contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, así como Juan Ramón Díaz Pimentel, quien se ostentó como presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del mismo Estado, formándose, respectivamente, los recursos de reclamación 314/2003 y 315/2003, los cuales se declararon infundados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de febrero de dos mil cuatro.
En estos asuntos se sostuvo que los planteamientos que se hicieron valer, respecto de la falta de legitimación pasiva de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado Oaxaca y de improcedencia de la demanda, no constituyen motivos manifiestos e indudables que den lugar a desecharla, por lo que en todo caso se decidirán al resolverse la controversia constitucional.
SÉPTIMO. Atento al sentido de la resolución, no es necesario aludir a los argumentos esgrimidos por las autoridades demandadas y el procurador general de la República al emitir su opinión.
OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y el Municipio de Oaxaca de Juárez, de la misma entidad federativa, en la que, debido al sentido del fallo, se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. En el caso resulta intrascendente el estudio de las cuestiones relativas a la legitimación de las partes, toda vez que esta Segunda Sala advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que no se cumple con el principio de definitividad inmerso en ese supuesto y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal.
Los preceptos invocados son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. ..."
En torno a la causal de improcedencia de mérito, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio conte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18356-cde90e18/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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