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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 45, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DADO QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2001. · Registro digital (IUS): 17248
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 1170.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2001. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de agosto del año dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Rodríguez González, ostentándose con el carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y en representación del mismo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Autoridad demandada: La LVII Legislatura del Estado de Oaxaca de Juárez, con domicilio en Avenida Juárez No. 703, Centro, Oaxaca. ... IV. Actos cuya invalidez se demanda: El acuerdo de 23 de mayo pasado, que admitió a trámite la solicitud formulada por los dos síndicos y 14 regidores municipales del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que se me revoque o suspenda en el mandato como presidente municipal del propio Ayuntamiento, por estimar que se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; el decreto que contiene la determinación tomada el día cuatro de junio del presente año, en sesión pública, que me suspende temporalmente en el ejercicio del mandato de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. Este último decreto no ha sido publicado, ni notificado oficialmente hasta esta fecha. Todo ello dentro del expediente 298/2001."

SEGUNDO. La accionante refiere como antecedentes de los actos impugnados, lo siguiente:

"VII. Manifiesto que los hechos, abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda son: Fui electo presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, para el periodo 1999-2001, como se acredita con el acta de toma de posesión relativa. He cumplido con mi encargo desde el primero de enero de 1999 hasta la fecha. El Ayuntamiento que presido está compuesto de dos síndicos, primero y segundo, y diecinueve regidores. Mediante escrito de fecha 22 del mes de mayo pasado, los dos síndicos titulares del propio Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, en unión de catorce regidores, formularon solicitud escrita a la legislatura mediante la cual piden se me revoque o suspenda en el mandato conferido como presidente municipal, aduciendo como motivos: (se transcribe). La petición la formulan con el carácter indicado y, además, como ciudadanos vecinos del Municipio de Oaxaca de Juárez, pero sin que exista acuerdo alguno de Cabildo. Se me corrió traslado y se me otorgó un plazo de 8 días para contestarla, lo cual hice mediante escrito al cual acompañé las documentales correspondientes a cada uno de los hechos imputados. En el escrito mediante el cual contesté, solicité se abriera el plazo de prueba correspondiente para que se desahogaran las que se ofrecerían oportunamente y que se anuncian en el escrito mismo. Hasta esta fecha no me ha sido notificado proveído alguno al respecto. No obstante lo anterior, la legislatura demandada, sin fundamento ni motivo, en la sesión pública celebrada el día de hoy, decreta la suspensión del mandato en cuanto a mi persona. No he sido notificado ni se ha publicado el punto de acuerdo de la legislatura."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1. Que el decreto mediante el cual se determinó la suspensión del mandato, no satisface las garantías de audiencia y legalidad que tutelan los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, por los siguientes motivos:

a) Que el numeral 115 en cita prevé la suspensión o revocación del cargo a alguno de los miembros del Ayuntamiento por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan y, en el caso, se declaró la suspensión temporal del cargo sin observar dicha garantía de audiencia previa; que una vez seguido el procedimiento respectivo, la Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes, podrá suspender o revocar en el cargo, mas no imponer las dos sanciones, esto es, suspenderlo primero y posteriormente resolver si se revoca o no el mandato; que, además, se le impone una medida cautelar no autorizada por la Constitución Federal.

b) Que la suspensión como medida cautelar puede dictarse por la Legislatura del Estado desde el momento en que se inicia el procedimiento, únicamente en el caso de desaparición de Ayuntamientos, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, mas no para la suspensión de miembros del Cabildo.

c) Que en la legislación del Estado no se señala alguna causa grave que motive la revocación del mandato de los miembros del Cabildo, como lo establece el artículo 115 de la Constitución Federal, siendo que, además, las causas que se mencionan en la solicitud de revocación respectiva, contenidas en las fracciones IV, V y VI del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, son de suspensión del mandato, mas no de revocación.

d) Que la suspensión del mandato decretada como medida cautelar tiene por consecuencia la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda cumplir con las funciones que por ley tiene encomendadas, pues el presidente municipal es el ejecutor de los acuerdos y mandatos de aquél, ocasionándose graves daños a la comunidad al menoscabarse la correcta prestación de los servicios públicos y cancelarse importantes programas de carácter social.

e) Que las causas en que el Congreso Local apoya la suspensión del mandato son meras afirmaciones sin sustento probatorio, y que no se le dieron a conocer previamente como motivos del inicio del procedimiento, ya que el escrito relativo de solicitud de revocación del mandato no contiene tales hipótesis y, además, tampoco están previstas en ninguna disposición del orden jurídico local como causas graves de revocación.

f) Que la aplicación del artículo 59 de la Constitución Local es indebida, pues se le sanciona con la suspensión del mandato, sin que haya concluido el procedimiento establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, esto es, sin que se haya satisfecho la garantía de audiencia previa y de legalidad.

2. Que son motivos de invalidez del acuerdo que admitió la solicitud de revocación de mandato, los siguientes:

a) Que la Constitución del Estado de Oaxaca no contiene base alguna que determine los alcances del concepto "causa grave", como se estableció en el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal de mil novecientos ochenta y tres, a fin de que conforme a ello la Ley Orgánica Municipal del Estado pudiera desarrollar dichas causas dentro de ese marco jurídico, por lo que las que establece este último ordenamiento carecen de sustento constitucional y violan el numeral 115 constitucional.

b) Que la Ley Orgánica Municipal de la entidad no armoniza el sentido y alcance de la reforma de mil novecientos ochenta y tres al artículo 115 de la Constitución Federal, en cuanto a las garantías de audiencia y legalidad que deben ser previamente cumplidas a la emisión del acto que suspende o revoca en el mandato a alguno de los miembros de un Ayuntamiento.

c) Que es inválida la aplicación del artículo 59, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, al ser contrario al artículo 16 de la Constitución Federal, al sentido que orientó la citada reforma al artículo 115 de dicha Norma Fundamental, al artículo segundo transitorio de dicha reforma, así como al párrafo tercero del artículo 2o. de la propia Constitución Local, porque el poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena; y, en el caso, el Constituyente Local no proveyó en la Constitución Estatal las causas graves que motiven la suspensión o revocación del mandato de los miembros de un Ayuntamiento, delegando indebidamente al legislador ordinario proveer sobre las bases de dichas causas en la ley reglamentaria.

d) Que el legislador ordinario tampoco determinó en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica Municipal cuáles son las causas graves que originan la revocación del mandato a los miembros del Ayuntamiento, sino únicamente de la suspensión, por lo que el acuerdo que da inició al procedimiento respectivo es ilegal.

e) Que la admisión a trámite de la solicitud de revocación transgrede el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad federativa, ya que conforme a ese numeral dicha solicitud debe ser presentada por el Cabildo, por un ciudadano o grupo de ciudadanos del Municipio en cuestión o por el diputado del Distrito Electoral Local a que pertenece el Municipio; y, en el caso, los que suscriben la solicitud de revocación de mandato lo hacen como miembros individuales del Ayuntamiento y ciudadanos, por lo que es evidente que no pueden concurrir las dos categorías, puesto que se trata de los síndicos y regidores municipales, esto es, de servidores públicos y, por tanto, la solicitud debió ser formulada por el Cabildo.

f) Que es indebida la aplicación del artículo 365 de las ordenanzas municipales, ya que no es una ley desde el punto de vista formal, y no puede quedar comprendida en el supuesto del artículo 115 de la Constitución Federal.

CUARTO. La parte actora estima violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 40, 41, 115 y 133 de la Constitución Federal.

QUINTO. Por acuerdo de quince de junio de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y designó, por razón de turno, como instructor al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

Mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil uno, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca formuló contestación a la demanda, en los siguientes términos:

1. Que en la demanda de controversia constitucional, Alberto Rodríguez González manifiesta ser Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, siendo que en la fecha de presentación de dicho escrito ya no estaba en funciones, pues mediante Decreto Número 305 de cinco de junio de dos mil uno el Congreso del Estado lo suspendió en el cargo, por lo que no ostentaba el carácter que dijo tener y, por ende, no podía interponer la presente controversia.

2. Que el actor, Alberto Rodríguez González, no tiene la facultad para promover a nombre y representación del Municipio de Oaxaca de Juárez, aun cuando estuviera en funciones de presidente municipal, pues conforme al artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y 40 de la Ley Orgánica Municipal de esa entidad, los síndicos son los únicos que tienen la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, mientras que el presidente municipal sólo ostenta la representación política del Ayuntamiento.

Que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 36 de la citada Ley Orgánica Municipal que invoca el actor en su demanda, ya que dicho precepto se refiere a que el presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios, cuando los síndicos estén ausentes o impedidos legalmente para ello y, en el caso, los síndicos del mencionado Ayuntamiento están en funciones, no se han ausentado y no tienen impedimento legal y, por tanto, quien promueve la demanda de controversia constitucional carece de personalidad y de acción para hacerlo.

Que además se debe tomar en cuenta que Alberto Rodríguez González es una persona particular, pues fue suspendido en su cargo de presidente municipal con anterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, por lo que no tiene derecho a promoverla, ya que conforme al artículo 105 constitucional este juicio sólo le compete instarlo a las autoridades federales, estatales o municipales en ejercicio de sus funciones y atribuciones y, en el caso, el actor obedece a sus intereses personales, pues se inconforma con la falta de procedimiento para suspenderlo de sus funciones.

3. Que como consta en el expediente número doscientos noventa y ocho que se sigue en esa Legislatura Local, el presidente municipal suspendido fue notificado del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil uno, a través de notario público número 75 en el Estado de Oaxaca, y se le corrió traslado tanto de la solicitud de revocación como del legajo de pruebas exhibidas por los solicitantes.

Que en cuanto al Decreto Número 305 en cita, fue publicado en el Extra del periódico oficial de seis de junio de dos mil uno, publicación que causa los efectos de una notificación y, además, la Comisión Permanente de Gobernación, no obstante dicha publicación, el día siete del mismo mes y año, a través de notario público, notificó al actor tanto el dictamen de suspensión de cuatro de junio de ese año, el Decreto Número 305 del día siguiente, así como el citado Extra del periódico oficial.

Que, por tanto, contrario a lo que señala la parte actora, sí fue notificado de los actos impugnados.

4. Que aun cuando el actor señala como autoridad demandada a la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, ésta no tiene ese carácter, ya que no existe controversia alguna entre dicho Congreso Local y el Municipio de Oaxaca de Juárez, toda vez que fueron los propios síndicos y catorce regidores de ese Ayuntamiento los que promovieron la solicitud de revocación del mandato como presidente municipal de Alberto Rodríguez González.

5. Que es cierto que la Comisión Permanente de Gobernación emitió el veintitrés de mayo de dos mil uno, el acuerdo en que se ordenó la iniciación del procedimiento de revocación de mandato, a solicitud de dos síndicos municipales y catorce regidores del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que se revocara y suspendiera del mandato al presidente municipal de ese Ayuntamiento, ya que conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, 59 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y 67 de la Ley Orgánica Municipal de esa entidad, el Congreso tiene facultades para declarar la suspensión o revocación del mandato de los concejales municipales, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 68, 74, 79, 80, 81 y 82 de la citada Ley Orgánica Municipal, la iniciación del procedimiento respectivo corresponde a la citada Comisión Permanente, seguido de las etapas de notificación, emplazamiento y desahogo de pruebas y alegatos.

6. Que como resultado de la mencionada solicitud de revocación del mandato y del análisis que la Comisión Permanente de Gobernación realizó de las constancias que se acompañaron como pruebas, con fundamento en los artículos 73 y 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se emitió dictamen de suspensión del mandato del presidente municipal Alberto Rodríguez González, por lo que el acto impugnado es constitucional y legal.

7. Que los argumentos del actor relativos a que la petición de revocación no está efectuada por acuerdo de Cabildo, y que no pueden promover los concejales como vecinos del Municipio de Oaxaca de Juárez, resultan infundados, ya que en ningún precepto constitucional y legal vigente en el Estado de Oaxaca se les impide ejercer el derecho de promover o solicitar la revocación del mandato de un miembro del Ayuntamiento del que forman parte.

8. Que la suspensión del mandato decretada en contra de Alberto Rodríguez González no carece de fundamentación y motivación, ya que diecisiete concejales promovieron la revocación de su mandato, aunado a las imputaciones que en su escrito de solicitud le hacían al presidente municipal, lo que redundó en perjuicio de los intereses del Municipio y fue suficiente para decretar dicha suspensión.

Que, por tanto, lo que el hoy presidente municipal suspendido señala como controversia constitucional no existe, puesto que el artículo 105 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria no establecen que la revocación del mandato de un miembro del Ayuntamiento constituya una controversia constitucional entre el Poder Legislativo de un Estado y un Municipio, en virtud de que con la suspensión del presidente municipal no se causa perjuicio alguno al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, sino que, por el contrario, se protege el interés social del Municipio y, por ende, resulta improcedente el presente juicio.

9. Que no existe desacato a los artículos 14, 16, 40, 41, 115 y 113 de la Constitución Federal, como lo hace valer la parte actora, pues se han respetado sus garantías constitucionales, y la suspensión del cargo es sólo una medida cautelar, estando pendiente de resolver sobre la revocación o no del mandato.

Que, además, el artículo 115 constitucional claramente establece que los Congresos de los Estados tienen facultades para ordenar la suspensión del mandato de los concejales municipales; asimismo, el artículo 73, en relación con el 80, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, confieren esa atribución al citado Congreso; aunado a que el dictamen de suspensión emitido por la Comisión Permanente de Gobernación fue aprobado por la mayoría de los diputados de las diversas fracciones parlamentarias, en términos del artículo 59, fracción IX, párrafo primero, de la Constitución Estatal, que exige el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, lo que se cumplió con el voto de treinta y cinco diputados, de un total de cuarenta y dos que conforman el Congreso Local.

10. Que no se contravienen los citados preceptos fundamentales, en virtud de que las disposiciones que contienen la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, están adecuadas a la Constitución Federal, por lo que si bien es cierto que se suspendió en el cargo a Alberto Rodríguez González, ello no implica la invalidez de los preceptos constitucionales y legales locales en que se funda el dictamen relativo, y menos aún se violan las garantías de legalidad y de seguridad jurídica del accionante, porque la suspensión del cargo no implica una resolución definitiva al caso planteado.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al formular su opinión, señaló lo siguiente:

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de los litigios que se presenten entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, por lo que si en el presente juicio el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, plantea la inconstitucionalidad de diversos actos realizados por el Poder Legislativo de esa entidad, se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la presente controversia constitucional.

2. Que por lo que hace al acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil uno, que admitió la solicitud de revocación del mandato del presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, impugnado, de autos se advierte que fue notificado en esa misma fecha a dicho funcionarioy, por tanto, el plazo para la presentación de la demanda comenzó el día veinticinco de mayo y concluyó el cinco de julio de dos mil uno; por lo que si la demanda se presentó el siete de junio del mismo año, es oportuna.

3. Que respecto al decreto de cinco de junio de dos mil uno, mediante el cual se suspendió al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, de las constancias de autos se advierte que dicho acto le fue notificado al funcionario municipal el siete de junio de dos mil uno; por lo que si la demanda de controversia constitucional se presentó el mismo día siete de junio, es evidente que fue promovida en tiempo.

4. Que conforme al artículo 11 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal, el actor podrá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlo y, en el caso, compareció a juicio en representación del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el presidente municipal; sin embargo, los artículos 36 y 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establecen que los síndicos son los representantes jurídicos del Ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte, y el presidente municipal excepcionalmente asumirá dicha representación sólo en los supuestos de que dichos funcionarios estén ausentes o impedidos legalmente, situación que no está acreditada en autos.

Que, por tanto, es evidente que si el actor en el presente juicio no tiene facultades para representar al citado Ayuntamiento, entonces carece de legitimación activa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia y, por ende, se debe sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el numeral 20, fracción II, del propio ordenamiento legal.

5. Que por lo que se refiere a los conceptos de invalidez que se plantean, se aduce lo siguiente:

a) Que es infundado que los actos impugnados violen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que al servidor público sancionado se le notificó y emplazó al procedimiento de revocación del mandato, se le otorgó un plazo para la preparación de su defensa y se le dio oportunidad de presentar pruebas, lo cual, además, se reconoce por el propio actor en la demanda de controversia constitucional.

b) Que por lo que se refiere al argumento de la parte actora, acerca de que la suspensión del mandato decretada por la demandada es una medida cautelar no autorizada por la ley, es infundado, toda vez que el artículo 73, en relación con el 80, ambos de la Ley Orgánica Municipal estatal se aprecia que es facultad del Congreso Local suspender del mandato a alguno de los miembros del Ayuntamiento desde el momento en que inicie el procedimiento de revocación, es decir, permite la suspensión como medida preventiva del servidor público municipal dentro del procedimiento relativo.

c) Que respecto al argumento de la accionante en el sentido de que la solicitud de revocación fue signada por miembros del Ayuntamiento y ciudadanos, y no por el Cabildo, como lo requiere la ley, también es infundado, ya que el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca establece que la solicitud de suspensión o revocación de un miembro municipal puede ejercitarse por el Ejecutivo del Estado, por el Cabildo, por un ciudadano o grupo de ciudadanos del Municipio en cuestión, o por el diputado del distrito electoral de que se trate y, en la especie, los solicitantes de la revocación actuaron con el carácter de ciudadanos y concejales.

d) Que en cuanto a que con la suspensión del presidente municipal se dejó al citado Ayuntamiento imposibilitado jurídicamente para cumplir con las funciones que tiene encomendadas por ley, pues dicho servidor público es la autoridad encargada de ejecutar los acuerdos y mandatos del Ayuntamiento, también es infundado en virtud de que conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, cuando se declare la suspensión del mandato de algún miembro de un Ayuntamiento, la Legislatura del Estado requerirá al suplente que corresponda para ocupar el cargo, y de las constancias de autos se advierte que en el dictamen de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, aprobado el cinco de junio de dos mil uno, se requirió al suplente relativo para que asumiera el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por lo que está en posibilidad de llevar a cabo las funciones propias encomendadas en las leyes locales.

e) Que respecto al argumento de la actora acerca de que la suspensión decretada está indebidamente fundamentada, es fundado, ya que en el decreto impugnado y su dictamen se citó como fundamento para suspender al presidente municipal el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, siendo que los artículos aplicables son el 73 y 80 de la propia ley, pues éstos establecen la suspensión de un miembro de un Ayuntamiento durante el procedimiento de revocación de su mandato.

f) Que también está indebidamente motivado el decreto impugnado, ya que el órgano legislativo local tuvo por probadas las causas de suspensión consignadas en el artículo 78, fracciones IV, VI y VII, de la Ley Orgánica Municipal, que se refieren a la suspensión en su carácter de sanción, mas no de medida cautelar.

Que, además, en el dictamen previo al decreto impugnado, la Legislatura Local determinó la aplicación de la medida suspensional con fundamento en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, constitucional, siendo que éste sólo prevé la suspensión y revocación del mandato como sanciones administrativas para los servidores públicos municipales.

Que también los actos impugnados son inconstitucionales, toda vez que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, establece que las leyes locales podrán suspender o revocar el mandato de algún miembro de los Ayuntamientos municipales, por causa grave prevista en las propias leyes y, en el caso, la Ley Orgánica Municipal únicamente establece cuáles serán causas graves para suspender el mandato, mas no para revocarlo.

Que, por tanto, se transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto impugnado carece de una debida fundamentación y motivación.

g) Que aun cuando la parte actora y la demandada no señalaron argumento acerca de la violación a los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Federal, conforme a lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, tratándose de controversias constitucionales procede la suplencia de la demanda, por lo que deben analizarse tales aspectos.

Que en virtud de que se ha demostrado que el Congreso del Estado de Oaxaca vulneró el principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, así como el numeral 115, fracción I, párrafo tercero, ambos de la Constitución Federal, se transgrede también el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 del propio ordenamiento.

Que respecto a la supuesta violación a los preceptos 40 y 41 constitucionales, como éstos no se relacionan con la materia de la litis, debe declararse infundado.

OCTAVO.-Una vez celebrada la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas, por presentados los alegatos y agotado el trámite respectivo, se pusieron los autos en estado de resolución.

NOVENO.-Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Oaxaca, por conducto de su Poder Legislativo, con el Municipio de Oaxaca de Juárez, de la propia entidad, en el que se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado que no se entrará al estudio de fondo por haber sobrevenido una causa de improcedencia.

SEGUNDO.-En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, por virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar, indudablemente, que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del propio ordenamiento legal.

Los preceptos señalados son del tenor siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

De las disposiciones transcritas se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se actualice una causal que derive de alguna disposición de la propia ley reglamentaria; asimismo, que las resoluciones que se dicten en este tipo de procedimientos constitucionales no tienen efectos retroactivos, salvo que se trate de la materia penal, lo cual implica que de manera general las declara

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17248-4c521e69/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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