CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN AQUÉLLA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2003. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA, CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de abril de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jaime López Farías, quien se ostentó como síndico primero del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
"a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, depositado en el H. Congreso de la LVIII Legislatura del propio Estado Libre y Soberano de Oaxaca, representado por el presidente en turno que corresponda y que en lo subsecuente citaré también sólo como el Congreso; con domicilio conocido en avenida Juárez, frente al Paseo Juárez (El Llano), en la ciudad de Oaxaca de Juárez. b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, representado por su gobernador constitucional, licenciado José Murat Casab, a quien en lo subsiguiente sólo citaré como gobernador; con domicilio conocido en el Palacio de Gobierno ubicado frente al Jardín de la Constitución, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. ... Normas generales o actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en que fueron publicados: Del Poder Legislativo. La Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, aprobada por Decreto 104, publicada en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de 21 de octubre del año en curso. Del Poder Ejecutivo. La promulgación y publicación de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, aprobada por Decreto 104 de la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicada en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de 21 de octubre del año en curso. En consecuencia, demando la invalidez total del proceso legislativo, doctrinalmente también conocido como ‘procedimiento congresional’, realizado por el Congreso y el gobernador, para crear el Decreto Número 104 que se dice fue dado en su salón de sesiones el 15 de julio del año 2002 y que contiene la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tomo LXXXIV, de fecha 21 de octubre del año en curso. Forman parte de este proceso la promulgación y publicación del decreto cuya invalidez también reclamo y los actos de ejecución que de él se puedan derivar. Como consecuencia de la invalidez del proceso legislativo, demando también se restituya la validez plena del Decreto 393 de fecha 16 de marzo de 2001 creado por la H. LVII Legislatura del Congreso del propio Estado de Oaxaca y que contiene la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y se ordene al gobernador su promulgación y publicación inmediatas."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"a) En marzo de 2001 el gobernador envió a la Legislatura Estatal la iniciativa de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, suscrita conjuntamente con los señores diputados de todas las fracciones parlamentarias que integraron la H. LVII Legislatura Local; con esa iniciativa se dio cuenta al Congreso en sesión plenaria y en tal virtud fue turnada inmediatamente a su Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, la cual produjo su correspondiente dictamen aprobatorio que fue puesto a la consideración de la plenaria en su sesión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2001; analizado y discutido este dictamen fue aprobado por unanimidad, creándose así el Decreto 393 (sic) de la misma fecha 16 de marzo de 2001 (no el 273 que equivocada o deliberadamente citan las responsables en el transitorio octavo de su Decreto 104) y que contiene la citada Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. b) Creado así el Decreto 393 (sic), que cumplió con las formalidades del proceso legislativo que prevé la Constitución Particular, fue enviado al gobernador para su promulgación y publicación, envío que hicieron los secretarios del Congreso en oficio 2284, expediente 13/01 de la secretaría del propio Congreso, suscrito por los diputados secretarios Alfredo E. Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, fechado el 23 de marzo del mismo año. Así las cosas, el gobernador debió haber promulgado y publicado ese Decreto 393 (sic) sin demora alguna, por dos fundamentales razones: la primera, porque fue iniciativa suya y no sufrió modificación alguna, no puede autovetarse o vetarse a sí mismo; la segunda, porque en materia de legislación municipal el gobernador carece del derecho de veto, como así lo acreditaré en el apartado de conceptos de invalidez. Estando pues obligado el gobernador a promulgar y publicar inmediatamente ese Decreto 393 (sic), no lo hizo así y empezó la violación al proceso legislativo, ya que el 11 de junio de 2002, es decir, después de un año de su creación, pretendió vetarlo mediante un escrito de observaciones al que deliberadamente no se le puso fecha (posiblemente pretendiendo ocultar que se les venció con mucho el término de 10 días previsto por el artículo 53, fracción II, de la Constitución Particular), pero con el cual se dio cuenta inmediatamente a la plenaria del Congreso; mediante este escrito el gobernador propuso reformas a los artículos 6o., 11, a la denominación del capítulo III del título tercero para quedar como ‘Municipios indígenas’ y 68, párrafos primero y cuarto; y, propuso también adicionar un párrafo al artículo 31, todos de la citada Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. De la presentación de este escrito de observaciones dieron cuenta puntual los medios masivos de comunicación y también difundieron que se turnó a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, pero después nunca se supo del caso, ni en la Cámara de Diputados consta que esa comisión haya dictaminado respecto de la procedencia o no de ese escrito de observaciones, lo cual se presume fundadamente que no se haya dictaminado, ya que el Congreso entró inmediatamente después en receso (16 de julio de 2002) y reinició su primer periodo de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio, hasta el 15 de noviembre en curso, es decir, después de que se publicó el Decreto 104 cuya invalidez demando. Así las cosas, sin que se haya sabido en la Cámara de Diputados, ni en los medios masivos de comunicación que se haya discutido y aprobado el Decreto 104, éste aparece publicado irregular e innecesariamente en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 21 de octubre del año en curso, pero que empezó a circular hasta el martes 5 de noviembre siguiente. c) Adicionalmente a los hechos y abstenciones narrados, debo agregar que en el escrito de observaciones (veto constitucional) presentado muy extemporáneamente por el gobernador, sólo propone las reformas y adiciones al Decreto 393 de la H. LVII Legislatura y que crea la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, a las que he hecho referencia en el párrafo que antecede (esto es, a los artículos 6o., 11, a la denominación del capítulo III del título tercero, para quedar como ‘Municipios indígenas’ y 68, párrafos primero y cuarto, y propone adicionar un párrafo al artículo 31 que será el tercero, con el subsecuente corrimiento), así que, admitiendo sin conceder que el gobernador tuviere en este caso derecho de veto, el Congreso debió haberse ocupado solamente de analizar, discutir y, en su caso, aprobar los artículos acabados de citar, pero no lo hizo así y contrario totalmente al proceso legislativo o procedimiento congresional, el Decreto 104 cuya invalidez reclamo, reformó y adicionó el Decreto 393 sin que hubiere petición (iniciativa), menos motivación y fundamentación para ello. En virtud de esto último, fueron modificados, sin poder determinarse si lo hizo el Congreso o el gobernador solamente en la publicación, los artículos siguientes: 68, 73, fracción XV, y párrafos penúltimo y último; 86, fracción IX, en su última parte; 91, en su último párrafo; 92, párrafo último; 93, parte final del primer párrafo; todo el título segundo, capítulo único ‘De la Contraloría Interna’ desconfigurando así la estructura y articulado siguientes. Todo lo anterior, independientemente de la inconstitucionalidad del contenido de estos artículos, que se tratarán por separado, equivale a que el Congreso delegó sus facultades en el Ejecutivo o el gobernador usurpó las facultades del Poder Legislativo, en abierta contradicción al artículo 62 de la Constitución Particular. En las anteriores circunstancias es lógico concluir que para la creación del Decreto 104, tantas veces referido y que contiene la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, no se observaron las formalidades que establece la Constitución Local."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"a) En cuanto al proceso legislativo, las autoridades responsables violan en perjuicio del Municipio de Oaxaca de Juárez cuyo H. Ayuntamiento represento, el principio de legalidad ‘por falta de motivación y fundamentación’, previsto en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna, al crear o legislar el Decreto 104 de la citada H. LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que contiene la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca; b) En cuanto al contenido de dicha ley municipal, se violan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por cuanto a la autonomía municipal en ellos consignada. Esto se considera así por lo siguiente: Primero. Conceptos de invalidez en el proceso legislativo: 1) Para la creación de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, al que se refiere el Decreto 393 (sic) de fecha 16 de marzo de 2001, el H. Congreso de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca observó puntualmente las disposiciones de la Constitución Particular y de su reglamento interior, que es el único que da las reglas para los debates, no así el Congreso y el gobernador del Estado; esto es así porque, como lo tengo dicho, aprobado el Decreto 393 (sic), la citada LVII Legislatura lo remitió al Ejecutivo del Estado en oficio 2284, expediente 13/01 de la secretaría del propio Congreso, suscrito por los diputados secretarios Alfredo E. Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, fechado el 23 de marzo del mismo año, el citado decreto para su promulgación. En estas circunstancias, el gobernador del Estado tenía la obligación de promulgar y ordenar la publicación de ese decreto sin demora, por imponérselo así los artículos 53, fracciones I, II, III y V; 58, y el artículo 80, fracción IX, todos de la Constitución Particular, sin derecho a hacer observaciones (derecho de veto) por impedírselo expresamente la fracción II del artículo 81, en relación con la fracción X del artículo 59, ambos de la citada Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; esto es así, porque el Constituyente oaxaqueño estableció que las leyes o decretos que la legislatura expidiere ejerciendo sus facultades de Colegio Electoral o de Gran Jurado, ni los que expidiere en virtud de sus facultades de emitir la ley municipal y las bases generales para su reglamentación (artículo 59, fracción X, citado) puedan ser observadas (vetadas) por el gobernador; esta prohibición es correlativa a la que el Constituyente Federal estableció para el presidente de la República en el artículo 72, inciso J, en relación con el inciso A de este propio artículo y son tan correlativas o equivalentes que ambos ordenamientos usan el mismo término ‘no puede hacer observaciones’. En cuanto al denominado ‘derecho de veto’, esta H. Corte Suprema de Justicia y la doctrina en materia constitucional son uniformes y no dejan lugar a dudas que ‘hacer observaciones’ es ejercer el derecho de veto; hacer pues consideraciones doctrinarias a este respecto resulta innecesario, por ser muy claro el texto de la ley y sólo transcribo (por resultar exactamente aplicable al caso) lo que para el procedimiento congresional federal, Enrique Sánchez Bringas denomina ‘el veto suspensivo’ en su ‘Derecho Constitucional’, Editorial Porrúa, cuarta edición, página 422 y que dice: ‘Cuando el presidente de la República recibe una ley o decreto para su promulgación debe proceder en consecuencia. La Constitución, sin embargo, le otorga la facultad de vetar la ley o el decreto dentro del plazo de diez días hábiles. Si el presidente ejerce la facultad de veto, devolverá la ley o decreto a la Cámara de Origen, junto con las observaciones que estime pertinente hacer. La Cámara de Origen recibirá la ley o decreto vetado para discutirlo nuevamente y, en su momento, enviarlo a la Cámara Revisora para los mismos efectos. Si fuese confirmado por las dos terceras partes del quórum de ambas Cámaras, se enviará al Ejecutivo para su promulgación y éste tendrá que someterse a la voluntad política del Congreso de la Unión. Si las observaciones hechas por el presidente son atendidas por el Congreso se entenderá aprobada la ley o el decreto con las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. Adviértase que el veto presidencial se restringe a la formulación de observaciones que sólo darán lugar a ciertas modificaciones. El presidente de la República de ninguna manera tiene competencia para rechazar en su integridad una ley o decreto aprobado por el Congreso de la Unión. En términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 72, «J», el presidente de la República no tiene facultades para ejercer el veto en los siguientes casos en la expedición de la Ley Orgánica del Congreso; cuando el Congreso o alguna de las Cámaras desarrollen funciones de cuerpo electoral o de jurados; cuando la de Diputados declare que procede acusar a alguno de los importantes servidores públicos de la Federación por delitos oficiales; y cuando se trate del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.’. Por todo lo anteriormente expuesto, necesariamente debemos concluir que el gobernador del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones constitucionales citadas y la LVIII Legislatura dejó de cumplir con su obligación de exigir la promulgación y publicación de ese decreto; por el contrario, contraviniendo la Constitución Particular y con la confabulación de la actual Legislatura LVIII, al entrar en ejercicio de sus funciones y después de un año de haberse creado el Decreto 393 (sic) de la anterior legislatura, el gobernador ejerció el veto que no le concede la Constitución Particular mediante un escrito deliberadamente formulado sin fecha, pero del cual se dio cuenta a la plenaria en la sesión del 11 de junio de 2002, turnándose el escrito de observaciones a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, misma que nunca emitió el dictamen correspondiente y, por tanto, la legislatura vigente no pudo haber analizado la procedencia o no de ese veto gubernamental. Con todo lo anterior y al margen de otras violaciones al procedimiento legislativo a las que me referiré a continuación, la LVIII Legislatura y el gobernador dejaron de cumplir o violentaron las disposiciones constitucionales citadas, violando también sus artículos 51 y 52, y con todo ello, sin fundamentación ni motivación, dejan de cumplir con el principio de legalidad consagrado en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal, causando con ello el concepto de invalidez que he invocado. 2) Adicionalmente a los conceptos de violación precisados, el Congreso de la H. LVIII Legislatura Local y el gobernador de Oaxaca violentaron el proceso legislativo porque modificaron el Decreto 393 (sic) de la LVII Legislatura y mediante el Decreto 104 de la LVIII, sin poder determinarse quién hizo esta alteración, si lo hizo el Congreso o el gobernador solamente en la publicación, pero mediante esta alteración fueron modificados los artículos siguientes: 68; 73, fracción XV y párrafos penúltimo y último; 86, fracción IX, en su última parte; 91, en su último párrafo; 92, párrafo último; 93, parte final del primer párrafo; se agregó todo el título segundo, capítulo único ‘De la Contraloría Interna’; desconfigurando así la estructura y todos los artículos siguientes del Decreto 393 (sic). Todas estas modificaciones se hicieron violando una vez más el proceso legislativo por desacato a los artículos 2o., párrafo último; 30, 31, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53 in fine, 59 in fine y 62, párrafo final, de la propia Constitución Particular; esto es así porque el poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena (artículo 2o. de la Constitución Local) y en el caso, ni el Congreso, ni el gobernador acataron esta disposición; se violentó el proceso legislativo porque no se respetó la división de poderes y el Legislativo delegó sus facultades en el Ejecutivo o éste invadió las atribuciones de aquél (artículos 30 y 31 de dicha Constitución Local) convirtiéndose en omnipotente legislador; a este respecto y aun cuando la doctrina y jurisprudencia también son unánimes, considero conveniente citar lo que don Felipe Tena Ramírez dice de la división de poderes en su ‘Derecho Constitucional Mexicano’ (Editorial Porrúa, vigésima tercera edición, páginas 212, 213 y 219): ‘La limitación del poder público, mediante su división, es en Locke y sobre todo en Motesquieu, garantía de la libertad individual. «Cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados -dice el pensador francés- no hay libertad ... no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo ... todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes.» ... Nuestra Constitución (sigue diciendo Tena Ramírez en otro párrafo) consagra la división de los tres Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y realiza su colaboración por dos medios principales: haciendo que para la validez de un mismo acto se necesite la participación de dos poderes (ejemplo: en la celebración de los tratados participan el presidente de la República y el Senado), u otorgando a uno de los poderes algunas facultades que no son peculiares de ese poder, sino de alguno de los otros dos (ejemplo: la facultad judicial que tiene el Senado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios con fuero). Así pues, aunque el primer párrafo del artículo 49 no hace sino expresar la división de los Poderes Federales, es posible deducir de la organización constitucional toda entera que esa división no es rígida, sino flexible o atenuada; no hay dislocamiento, sino coordinación de poderes.’. Quedando hecha la transcripción doctrinaria respecto de la división de poderes, abundo que en el caso que nos ocupa se violentó, además, el proceso legislativo o procedimiento congresional, porque en ninguno de sus periodos legislativos el Congreso oaxaqueño conoció ni aprobó el Decreto 104 cuya invalidez demando, ni convocó a un periodo extraordinario para ello (artículos 42, 44, 45 y 46) y; finalmente, sin que haya habido iniciativa, ni discusión, ni aprobación, ni envío de decreto alguno, el Ejecutivo promulgó y publicó el Decreto 104 cuya invalidez demando, convirtiéndose así, como lo tengo dicho, en omnipotente legislador. Con todas las violaciones a los artículos citados de la Constitución Particular se viola el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Constitución Federal, al no existir motivación ni fundamentación para alterar el Decreto 393 (sic) y crear el 104 cuya invalidez demando, generándose así la controversia entre estas disposiciones generales y nuestra Constitución Federal. Segundo. Conceptos de invalidez en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos citados: Se viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: La Constitución es la Ley Fundamental del Estado, es decir, aquella que establece las bases mismas de organización y funcionamiento de su poder o actividad, esto es, que no puede estar supeditada a otra, pues se trata del sentir de la soberanía popular con que culmina; es una voluntad inmediata y superior, la cual al no proceder de ninguna ley, no puede ser regulada por norma jurídica anterior. La Constitución es un producto directo e inmediato de la voluntad popular, que se manifiesta a través de sus representantes populares en el ejercicio de su soberanía, los cuales crean a los órganos o poderes encargados del ejercicio de ésta. Los referidos órganos o poderes (autoridades) creados ex profeso, nunca deben violar o contravenir sus disposiciones, pues resultaría absurdo que a una autoridad le fuera dable violar la propia Constitución que la creó y le dio vida. Lo anterior se corrobora con el criterio de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dice: ‘Las autoridades del país están obligadas a aplicar ante todas y sobre todas las disposiciones que se dieren, los preceptos de la Constitución Federal.’ (Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV. Página 672). En relación con ello, las leyes de los Estados no podrán contravenir las prescripciones de la Constitución Federal, como bien lo establece la jurisprudencia de ese Alto Tribunal de Justicia Mexicano: ‘Las Constituciones Particulares y las leyes de los Estados no podrán contravenir nunca las prescripciones de la Constitución Federal; ésta es, por consecuencia, la que debe determinar el límite de acción de los Poderes Federales, como en efecto lo determinan y las facultades expresamente reservadas a ellos, no pueden ser mermadas o desconocidas por las que pretendan arrogarse los Estados.’ (Apéndice al Tomo CXVIII, tesis 268, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y tesis 78 de la compilación 1917-1965, materia general). En el caso que se atiende, los poderes involucrados del Estado de Oaxaca violentan la supremacía de la Constitución Federal con la aprobación de los artículos 86, fracción IX, 89, fracción III, 91, fracción VI, 207, 213 y 214, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, ya que cada uno en lo particular es contrario a lo establecido en el artículo 115 constitucional, transgrediendo la autonomía municipal contemplada en el mismo, como a continuación se considera, haciendo referencia a cada uno de los artículos citados: 1. Título quinto ‘Del procedimiento para la suspensión y desaparición del Ayuntamiento y de la suspensión y revocación del mandato de sus miembros’, capítulo I ‘De la suspensión y desaparición del Ayuntamiento’. En el artículo 86, fracción IX, se establece lo siguiente: ‘Artículo 86. Son causas graves para la desaparición de un Ayuntamiento: ... IX. La falta de comprobación y aplicación correcta de los recursos que integran la hacienda pública municipal, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás disposiciones aplicables; bastará para ello que en el primer año de ejercicio se hubiere omitido la comprobación y aprobación de la aplicación de los recursos.’. Es clara la violación del artículo 86 de la ley municipal en la parte conducente a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal y su correlativa de la Constitución Local, la cual trae implícita la facultad de los Ayuntamientos como órganos de gobierno de los Municipios, para la libre administración de su hacienda. En la facultad asignada a los Ayuntamientos, éstos tendrán la obligación de observar en la aplicación y comprobación de sus recursos las Leyes de Ingresos y, en todo caso, el presupuesto de egresos autorizado, el cual se concibe como un documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por el Cabildo, en el que se consigna el gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, acorde con el plan municipal de desarrollo que emita cada Municipio, para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y la operación administrativa en cada ejercicio fiscal. En tales documentos se contemplan los conceptos que integran la hacienda pública municipal, tales como contribuciones, las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por los distintos conceptos que integran la hacienda municipal, los Ayuntamientos también tienen la obligación de observar en la aplicación y comprobación de los recursos, leyes federales y estatales tales como la Ley de Coordinación Fiscal, que precisamente regula la aplicación de las participaciones federales que concede la Federación a los Municipios. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda tiene como objeto establecer las normas a que se sujetarán la organización y funcionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con su artículo 1o., estableciendo la estructura administrativa, funciones, atribuciones y obligaciones de dicho organismo. Con base en lo anterior, es inconcebible que la Legislatura del Estado disponga la observación, por parte de los Ayuntamientos, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que éstos no incurran en causa grave de desaparición; más aún tomando en cuenta que los Municipios se conciben ahora como un nivel de gobierno, con la facultad de gobernarse y administrarse a través del Ayuntamiento. Sin perjuicio de lo antes manifestado, la disposición no indica qué artículo o artículos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda tienen que observar los Ayuntamientos, o bien, sobre qué tema o capítulo, lo cual indudablemente deja en estado de indefensión al Ayuntamiento. Las Legislaturas de los Estados están facultadas para revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, con fundamento en las facultades que les concede la Constitución y basándose en las disposiciones que regulan la aplicación de los recursos municipales, que no es el caso de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, ya que como quedó asentado, ésta emitió (sic) para determinar la estructura y funcionamiento de dicho organismo, no para concebir obligaciones para los Ayuntamientos en cuanto a la aplicación de los recursos que integran sus haciendas municipales. Asimismo, la parte final del artículo que se combate establece que para considerarse como causa grave para la desaparición de un Ayuntamiento en la comprobación y aplicación correcta de los recursos que integran la hacienda pública municipal ‘bastará para ello que en el primer año de ejercicio se hubiere omitido la comprobación y aprobación de la aplicación de los recursos’, sin mencionarse ante quién se comprueban y quién emite la aprobación, cuáles son las bases o criterios que se seguirán para tales efectos, lo cual deja en estado de indefensión al Ayuntamiento, por la indefensión de la disposición. Capítulo II ‘De la suspensión y revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento’. Los artículos 89 y 91 establecen lo siguiente: ‘Artículo 89. La Legislatura del Estado, cuando lo considere necesario, desde el momento en que se dé inicio al procedimiento de revocación de mandato de algún miembro de un Ayuntamiento y hasta en tanto no se emita la resolución correspondiente, podrá decretar en forma precautoria por acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, la suspensión provisional del mandato ... Independientemente de lo anterior, son causas graves para la suspensión del mandato de algún miembro del Ayuntamiento: ... III. Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.’. ‘Artículo 91. Son causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del Ayuntamiento: ... VI. Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.’. Estas disposiciones, que se analizan de manera conjunta en obvio de repeticiones, ya que presentan las mismas violaciones a la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución Federal y 113 de la Constitución Local. La autonomía municipal, traducida en una capacidad amplia y decisión otorgada a los Municipios para que puedan cumplir satisfactoriamente con las necesidades de los vecinos, abarcando rubros como lo es la capacidad para elegir a sus autoridades; capacidad para darse sus propias leyes; libertad en el desarrollo económico, social y político; capacidad para diseñar su propio sistema de seguridad y justicia municipal; contenido mínimo con el que debe contar todo Municipio para considerarlo autónomo; se ve coartada en los artículos que se analizan. En efecto, el primero de ellos establece la facultad de la Legislatura del Estado para decretar en forma precautoria la suspensión del mandato de alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, cuando así lo considere necesario, sin especificar en qué casos se considerará necesario, ya que estos casos son independientes a los que en adelante cita como graves para la suspensión del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, como se entiende de la simple lectura de la disposición, lo cual se presta a la aplicación de criterios intencionales y discrecionales de las autoridades estatales, mismos que han sido aplicados a lo largo de la presente ad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17595-3f91cece/controversia-constitucional-si-durante-el-procedimiento-es-derogada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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