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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE EN CONTRA DEL SÍNDICO MUNICIPAL EXISTA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPEDIMENTO LEGAL A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y QUE DARÍA LUGAR A QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ASUMA LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO Y PUEDA ACCIONAR ESA VÍA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2003. · Registro digital (IUS): 17906
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 1264.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2003. MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de noviembre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el siete de febrero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fausto Horacio Pineda Pelayo, quien se ostentó como presidente del Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:

"Poderes o autoridades responsables demandadas y domicilios: a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, depositado en el H. Congreso de la LVIII Legislatura del propio Estado Libre y Soberano de Oaxaca, representado por el presidente en turno que corresponda y que en lo subsecuente citaré también sólo como el Congreso; con domicilio conocido en Avenida Juárez número 703, frente al Paseo Juárez (El Llano), en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, representado por su gobernador constitucional, licenciado José Nelson Murat Casab a quien en lo subsiguiente sólo citaré como gobernador; con domicilio conocido en el Palacio de Gobierno ubicado frente al Jardín de la Constitución, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en que fueron publicados: Del Poder Legislativo. La Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, aprobada por Decreto 293, publicada en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca del 10 de enero del año en curso. Del Poder Ejecutivo: La promulgación y publicación de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, aprobada por Decreto 293 de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca del 10 de enero del año en curso. En consecuencia, demando la invalidez total del proceso legislativo, doctrinalmente también conocido como ‘procedimiento congresional’, realizado por ‘el Congreso’ y el ‘gobernador’ para crear el Decreto Número 293 que se dice fue dado en su salón de sesiones el 23 de marzo del año 2001 y que contiene la ‘Ley Municipal para el Estado de Oaxaca’, publicado en el Extra del Periódico Oficial, órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tomo LXXXV, de fecha 10 de enero del año en curso. Forma parte por igual de este proceso, la promulgación y publicación del decreto cuya invalidez también reclamo y los actos de ejecución que de él se puedan derivar. Como consecuencia de la invalidez del proceso legislativo, demando también se restituya la validez plena del Decreto 118 de fecha 25 de junio del año de 1993, creado por quienes conformaron la Legislatura del Congreso del propio Estado de Oaxaca y que contiene la ‘Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca’, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca del 20 de noviembre de 1993, y se ordene al gobernador su promulgación y publicación inmediatas con las debidas reformas que ésta sufrió a lo largo de su existencia jurídica."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"a) En el mes de marzo de 2001, el gobernador envió a la Legislatura Estatal la iniciativa de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, suscrita conjuntamente con los señores diputados de todas las fracciones parlamentarias que integraron la H. LVII Legislatura Local; con esa iniciativa se dio cuenta al Congreso en sesión plenaria y en tal virtud fue turnada inmediatamente a su Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, la cual produjo su correspondiente dictamen aprobatorio que fue puesto a la consideración de la plenaria en su sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo del año 2001; analizado y discutido este dictamen fue aprobado por unanimidad, creándose así el Decreto Número 393 de la misma fecha 16 de marzo de 2001 y que contiene la citada Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. b) Creado así este Decreto 393, que cumplió con las formalidades del proceso legislativo que prevé la Constitución Particular, fue enviado al gobernador para su promulgación y publicación, envío que hicieron los secretarios del Congreso en oficio número 2284, expediente 13/01 de la secretaría del propio Congreso, suscrito por los diputados secretarios Alfredo E. Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, fechado el 23 de marzo del mismo año 2001. c) Así las cosas e independientemente de que el gobernador debió haber promulgado y publicado ese Decreto 393 sin demora alguna por dos fundamentales razones: la primera, porque fue iniciativa suya y no sufrió modificación alguna (no puede autovetarse o vetarse a sí mismo); la segunda, porque en materia de legislación municipal el gobernador carece del derecho de veto, como así lo acreditaré en el apartado de conceptos de invalidez. Estando pues obligado el gobernador a promulgar y publicar inmediatamente ese Decreto 393, no lo hizo así y empezó la violación al proceso legislativo, ya que el 11 de junio de 2002, es decir, después de un año de su creación, pretendió vetarlo mediante un escrito de observaciones al que deliberadamente no se le puso fecha (posiblemente pretendiendo ocultar que se les venció con mucho el término de 10 días previsto por el artículo 53, fracción II, de la Constitución Particular), pero con el cual se dio cuenta inmediatamente a la plenaria del Congreso; mediante este escrito el gobernador propuso reformas a los artículos 6o. y 11, a la denominación del capítulo III del título tercero para quedar como ‘Municipios indígenas’ y 68, párrafos primero y cuarto, y propuso también adicionar un párrafo al artículo 31, todos de la citada Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. De la presentación de este escrito de observaciones dieron cuenta puntual los medios masivos de comunicación y también difundieron que se turnó a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, pero después nunca se supo del caso, ni en la Cámara de Diputados consta que esa comisión haya dictaminado respecto de la procedencia o no de ese escrito de observaciones, lo cual se presume fundadamente no se haya dictaminado, ya que el Congreso entró inmediatamente después en receso (16 de julio del año 2002) y reinició su primer periodo de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio hasta el 15 de noviembre en curso. d) Conforme vengo narrando, sin que se haya sabido en la Cámara de Diputados, ni en los medios masivos de comunicación que se hayan discutido y aprobado las supuestas observaciones que realizó el Ejecutivo Estatal, el hecho es que la legislatura siguiente, esto es, la LVIII y no la LVII que fue la que creó tal decreto, publicó el Decreto 104 que contenía la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el día 21 de octubre del año en curso, pero que empezó a circular hasta el martes 5 de noviembre siguiente, y que en su primer transitorio indicaba entraba (sic) en vigor a partir del 1o. de diciembre de dos mil dos. e) Adicionalmente a los hechos y abstenciones narrados, debo agregar que en el escrito de observaciones (veto constitucional) presentado muy extemporáneamente por el gobernador, sólo propone las reformas y adiciones al Decreto 393 de la H. LVII Legislatura y que crea la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, a las que he hecho referencia en el párrafo que antecede (esto es, a los artículos 6o. y 11, de la denominación del capítulo III del título tercero, para quedar como ‘Municipios indígenas’ y 68, párrafos primero y cuarto; y propone adicionar un párrafo al artículo 31 que será el tercero, con el subsecuente corrimiento); así que, admitiendo sin conceder que el gobernador tuviere en este caso derecho de veto, el Congreso debió haberse ocupado solamente de analizar, discutir y, en su caso, aprobar los artículos acabados de citar, pero no lo hizo así y contrario totalmente al proceso legislativo o procedimiento congresional emitió (pues no aprobó en términos de ley) el Decreto 104 anotado, reformando y adicionando con ello el Decreto 393 sin que hubiere petición (iniciativa), menos motivación y fundamentación para ello. f) En virtud de esto último, fueron modificados en el mentado Decreto 104, sin poder determinarse si lo hizo el Congreso o el gobernador, solamente en la publicación, los artículos siguientes: 68, 73, fracción XV y párrafos penúltimo y último; 86, fracción IX, en su última parte; 91, en su último párrafo; 92, párrafo último; 93, parte final del primer párrafo; todo el título segundo, capítulo único ‘De la contraloría interna’ desconfigurando así la estructura y articulado respectivo. g) Atento tan aberrante situación, que fue por igual motivo de escándalo en los medios de prensa locales y que incluso la propia Legislatura del Estado de Oaxaca reconoció haber sido ‘engañada’ en el proceso de publicación, pues sin su consentimiento se adicionó el famoso Decreto 104, determinó mediante la emisión del Decreto Número 170, aprobado por la legislatura en sesión del Pleno de fecha 9 de enero de dos mil tres, decretar en sus dos únicos artículos que ‘Deroga y deja sin efecto todo el contenido del Decreto Número 104, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 21 de octubre del año dos mil dos, relativo a la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y ordena la publicación del Decreto 293 que por su parte fue aprobado por la LVII Legislatura del Estado’. h) Todo lo anterior independientemente de lo deleznable de la historia, pues es verdaderamente inconcebible que este tipo de situaciones se den en un país como el nuestro, con la tan mentada modernidad, democratización y demás argumentos políticos que desgraciadamente no cuajan en la realidad social, resultó en que a partir del 10 de enero de este año, se publicó el Decreto 293 aprobado en sesión del Pleno de la LVII Legislatura del Estado de Oaxaca, de fecha 23 de marzo del año dos mil uno, y del cual solicito su declaración de inconstitucionalidad, atento las consideraciones que respecto del procedimiento de creación y articulado realizo en los conceptos de invalidez que para ello esgrimo."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"a) En cuanto al proceso legislativo, las autoridades responsables violan en perjuicio del Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Estado de Oaxaca, y en general de todos los Municipios y habitantes del Estado, el principio de legalidad ‘por falta de motivación y fundamentación’, previsto en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Carta Magna, al publicar incorrectamente el Decreto 293 de la citada H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que contiene la ‘Ley Municipal para el Estado de Oaxaca’; b) En cuanto al contenido de dicha ley municipal, se violan los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 2o., in fine, 59, fracciones X y XVII, y 113 de la Constitución Particular, por cuanto a la autonomía municipal en ellos consignada, así como en lo referente a la extralimitación que hace de las facultades concedidas por nuestra Carta Magna Local al Congreso del Estado y a la falta de certeza jurídica al decretar facultades sin determinar el procedimiento y límites de su ejercicio. Esto se considera así por lo siguiente: Primero. Conceptos de invalidez en el proceso legislativo: 1) Para la creación de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, al que se refiere el Decreto 293 de fecha 23 de marzo del año 2001, el H. Congreso de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca observó, de inicio, puntualmente las disposiciones de la Constitución Particular y de su reglamento interior, que es el único que da las reglas para los debates, tal como consta en el Diario de los Debates correspondiente al primer periodo de sesiones ordinario del tercer año de ejercicio legal de la LVII Legislatura del Estado de Oaxaca, en sesiones de fechas 15 y 23 de marzo, respectivamente, del año dos mil uno y que dio lugar a la actual Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, ordenando como es constitucional, una vez aprobado en lo general y en lo particular el decreto multicitado, turnar éste a la Comisión Permanente de Estilo y Editorial y al Ejecutivo, para los efectos de su debida publicación, que es donde se presenta el primer problema tocante a la forma o procedimiento legislativo, pues a pesar de que hasta lo ahí acontecido todo era legal, resulta que no lo fue la publicación del decreto en comento por parte del gobernador del Estado, esto es así porque aprobado el Decreto 393, la citada LVII Legislatura lo remitió al Ejecutivo del Estado para su inmediata promulgación y publicación en oficio número 2284, expediente 13/01 de la secretaría del propio Congreso, suscrito por los diputados secretarios Alfredo E. Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, fechado el 23 de marzo del mismo año 2001. En estas circunstancias, el gobernador del Estado tenía la obligación de promulgar y ordenar la publicación de ese decreto sin demora, por imponérselo así los artículos 53, fracciones I, II, III y V, 58 y 80, fracción IX, todos de la Constitución Particular, sin derecho a hacer observaciones (derecho de veto) por impedírselo expresamente la fracción II del artículo 81, en relación con la fracción X del artículo 59, ambos de la citada Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y mucho menos después de un año transcurrido a partir de su debida aprobación; esto es así porque el Constituyente oaxaqueño estableció que las leyes o decretos que la legislatura expidiere ejerciendo sus facultades de Colegio Electoral o de Gran Jurado, ni los que expidiere en virtud de sus facultades de emitir ‘la ley municipal’ y ‘las bases generales para su reglamentación’ (artículo 59, fracción X, citado) puedan ser observadas (vetadas) por el gobernador; esta prohibición es correlativa a la que el Constituyente Federal estableció para el presidente de la República en el artículo 72, inciso j), en relación con el inciso a) de este propio artículo y son tan correlativas o equivalentes que ambos ordenamientos usan el mismo término ‘no puede hacer observaciones’. En cuanto al denominado ‘derecho de veto’, esta H. Corte Suprema de Justicia y la doctrina en materia constitucional son uniformes y no dejan lugar a dudas que ‘hacer observaciones’ es ejercer el derecho de veto; hacer pues consideraciones doctrinarias a este respecto resulta innecesario, por ser muy claro el texto de la ley y sólo transcribo (por resultar exactamente aplicable al caso) lo que para el procedimiento congresional federal, Enrique Sánchez Bringas denomina ‘el veto suspensivo’ en su derecho constitucional, Editorial Porrúa, cuarta edición, página 422 y que dice: ‘Cuando el presidente de la República recibe una ley o decreto para su promulgación debe proceder en consecuencia. La Constitución, sin embargo, le otorga la facultad de vetar la ley o el decreto dentro del plazo de diez días hábiles. Si el presidente ejerce la facultad de veto, devolverá la ley o decreto a la Cámara de Origen, junto con las observaciones que estime pertinentes hacer. La Cámara de Origen recibirá la ley o decreto vetado para discutirlo nuevamente y, en su momento, enviarlo a la Cámara Revisora para los mismos efectos. Si fuese confirmado por las dos terceras partes del quórum de ambas Cámaras, se enviará al Ejecutivo para su promulgación y éste tendrá que someterse a la voluntad política del Congreso de la Unión. Si las observaciones hechas por el presidente son atendidas por el Congreso se entenderá aprobada la ley o el decreto con las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. Adviértase que el veto presidencial se restringe a la formulación de observaciones que sólo darán lugar a ciertas modificaciones. El presidente de la República de ninguna manera tiene competencia para rechazar en su integridad una ley o decreto aprobado por el Congreso de la Unión. En términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 72, inciso j), el presidente de la República no tiene facultades para ejercer el veto en los siguientes casos: en la expedición de la Ley Orgánica del Congreso; cuando el Congreso o alguna de las Cámaras desarrollen funciones de cuerpo electoral o de jurados; cuando la de diputados declare que procede acusar a alguno de los importantes servidores públicos de la Federación por delitos oficiales; y cuando se trate del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente’. Por todo lo anteriormente expuesto, necesariamente debemos concluir que el gobernador del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones constitucionales citadas y la LVIII Legislatura dejó de cumplir con su obligación de exigir la promulgación y publicación de ese decreto; por el contrario, contraviniendo la Constitución Particular y con la confabulación de la actual Legislatura LVIII al entrar en ejercicio de sus funciones y después de un año de haberse creado el Decreto 293 de la anterior legislatura, el gobernador ejerció el veto que no le concede la Constitución Particular mediante un escrito, deliberadamente formulado sin fecha, pero del cual se dio cuenta a la plenaria en la sesión del 11 de junio de 2002, turnándose el escrito de observaciones a la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, misma que nunca emitió el dictamen correspondiente y, por tanto, la legislatura vigente no pudo haber analizado la procedencia o no de ese veto gubernamental. Con todo lo anterior y al margen de otras violaciones al procedimiento legislativo a las que me referiré a continuación, la LVIII Legislatura y el gobernador dejaron de cumplir o violentaron las disposiciones constitucionales citadas, violando también sus artículos 51 y 52 y con todo ello, sin fundamentación ni motivación, dejan de cumplir con el principio de legalidad consagrado en el párrafo primero del artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal, causando con ello el concepto de invalidez que he invocado, pues ‘promulgaron y publicaron’ ilegalmente el Decreto 104, abrogando en un principio el Decreto 293 en comento, para después decretar mediante el Decreto 170 que se dejaba sin validez el 104 y nuevamente dejaba vigente el 293, lo que conlleva una irregularidad para este último que atentamente solicito sea analizada. 2) Adicionalmente al concepto de violación precisado, pero en el mismo sentido, resulta que, en la especie, la publicación que se realizó en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de fecha 10 de enero del actual es incorrecta, pues no es coincidente al cien por ciento con lo que la LVII Legislatura en su oportunidad aprobara, y que consta precisamente en el Diario de los Debates anotado correspondiente al día 23 de marzo de 2001. Esto es, en dicho Diario de Debates consta que en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo del año 2001, el decreto de Ley Municipal para el Estado de Oaxaca consta de diecisiete títulos con sus respectivos capítulos, en los cuales se establecen los lineamientos generales que regularán la administración municipal en el Estado de Oaxaca y determinando al efecto el contenido de cada uno de ellos, resultando que no son en su totalidad coincidentes con el decreto publicado en el periódico del 10 de enero de este año, pues en el título quinto en el Diario de los Debates se consigna que éste estará compuesto por tres capítulos sin definirlos, lo que aunado a que ya de sí esto da lugar a una falta de certeza jurídica, resulta que en la publicación del decreto tal título se conforma por cuatro capítulos, ante lo cual se evidenciaría el ‘agregado’ ilegal de un capítulo más; el título octavo considera siete capítulos, y expresamente en el Diario de los Debates se consigna únicamente el capítulo VI, que indica en específico (sic) se refiere a la inclusión de servicios públicos que con anterioridad no eran competencia de los Municipios prestarlos, esto como consecuencia de las reformas al artículo 115 constitucional, sin embargo, no señala para efectos de la certeza jurídica a qué se refieren los otros seis capítulos legales, y de explorado derecho legislativo lo es que la Comisión Permanente de Estilo y Editorial no puede decidir por su parte tales denominaciones o contenidos, pues ello implicaría en la praxis llevar a cabo realmente una labor legislativa que no corresponde a ellos, ni la ley los faculta o concede tales atribuciones; el título undécimo en el Diario de los Debates contempla tres capítulos indicando expresamente que el segundo y tercero de ellos se refieren particularmente, el primero a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios muebles e inmuebles, y el segundo anotado propone los nuevos contenidos de la hacienda pública municipal, disponiendo que los recursos municipales serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley y no obstante ello, en el periódico del 10 de enero en el Decreto 293, en tal título se consignan cinco capítulos, y el segundo y tercero, respectivamente, no corresponden a dicha nomenclatura o contenido aprobado por la LVII Legislatura del Estado de Oaxaca, sino que, en el mismo orden, contienen la normatividad del presupuesto de egresos y en el último de los bienes municipales, lo que resulta aberrante e inconstitucional, máxime ante el agregado fuera de todo proceso legislativo de dos capítulos adicionales que refieren como de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles y de la deuda pública municipal; en el título décimo segundo no se señala en el debate que esté conformado por algún número de capítulos, por lo que a falta de la técnica legislativa respectiva, se debe interpretar en el sentido que utiliza en el propio título primero, en el que por igual al no hacer referencia a tal número se conforma de un solo capítulo, sin embargo, nuevamente en la publicación del decreto se insertan en el título en comento dos capítulos con el consecuente agravio constitucional; finalmente, en el título décimo séptimo establece, conforme al debate, las responsabilidades de los servidores públicos, siendo que en el decreto tal apartado legal aparece bajo el rubro servidores públicos municipales y que, aunque perfectamente reconocemos que debe referirse en efecto a tales servidores, ello no obsta para que se haya modificado sin ninguna autoridad la nomenclatura de tal apartado. Como se observa, entonces resulta completamente inconstitucional y dolosa una publicación de un decreto que no coincide completamente con el aprobado, en lo general y lo particular, por la legislatura en su oportunidad, ante lo cual es evidente que la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca publicada en el Extra del Periódico Oficial del Estado del 10 de enero de 2003 es inconstitucional y falta al proceso legislativo, a la certeza jurídica y a la debida fundamentación legal, de lo que nos dolemos. Todas estas modificaciones se hicieron violando, una vez más, el proceso legislativo, por desacato a los artículos 2o., párrafo último, 30, 31, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, in fine, 59, in fine y 62, párrafo final, de la propia Constitución Particular, esto es así por que el poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena (artículo 2o. de la Constitución Local) y, en el caso, ni la Comisión Permanente de Editorial y Estilo del Congreso, ni el gobernador acataron esta disposición; se violentó el proceso legislativo porque no se respetó, en todo caso, independientemente de quien resultara responsable de ello, la división de poderes y el Legislativo delegó sus facultades en el Ejecutivo o éste invadió las atribuciones de aquél (artículos 30 y 31 de dicha Constitución Local) convirtiéndose en omnipotente legislador; a este respecto y aun cuando la doctrina y jurisprudencia también son unánimes, considero conveniente citar lo que don Felipe Tena Ramírez dice de la división de poderes en su Derecho Constitucional Mexicano (Editorial Porrúa, vigésima tercera edición, páginas 212, 213 y 219): ‘La limitación del poder público, mediante su división, es en Locke, y, sobre todo, en Montesquieu, garantía de la libertad individual. Cuando se concentra el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados -dice el pensador francés- no hay libertad ... no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo ... todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables o de aristócratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes. ... Nuestra Constitución (sigue diciendo Tena Ramírez en otro párrafo) consagra la división de los tres poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y realiza su colaboración por dos medios principales: haciendo que para la validez de un mismo acto se necesite la participación de dos poderes (ejemplo: en la celebración de los tratados participan el presidente de la República y el Senado), u otorgando a uno de los poderes algunas facultades que no son peculiares de ese poder, sino de alguno de los otros dos (ejemplo: la facultad judicial que tiene el Senado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios con fuero). Así pues, aunque el primer párrafo del artículo 49 no hace sino expresar la división de Poderes Federales, es posible deducir de la organización constitucional toda entera que esa división no es rígida, sino flexible o atenuada; no hay dislocamiento, sino coordinación de poderes.’. Quedando hecha la transcripción doctrinaria respecto de la división de poderes, abundo que en el caso que nos ocupa se violentó, además, el proceso legislativo o procedimiento congresional, porque en ninguno de sus periodos legislativos el Congreso oaxaqueño conoció ni aprobó las modificaciones con las cuales finalmente se publicó el Decreto 293 cuya invalidez demando, ni convocó a un periodo extraordinario para ello (artículos 42, 44, 45 y 46). Con todas las violaciones a los artículos citados de la Constitución Particular se viola el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Constitución Federal al no existir motivación ni fundamentación para alterar el Decreto 393, generándose así la controversia entre estas disposiciones generales y nuestra Constitución Federal. 3) Finalmente a este respecto, el procedimiento legislativo fuera de lo extraño e inusual que resulta el caso del Decreto 293 ante el cúmulo de aberraciones legislativas y de promulgación y publicación que en su caso se dieron, no queremos dejar de manifestar que, por nuestra parte, consideramos por igual violatorio de tal procedimiento, puesto que en el Decreto Número 104 publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de fecha 21 de octubre del año 2002, en sus artículos primero, segundo y octavo transitorios, que conforme a la jurisprudencia sentada ya por este Alto Tribunal forman parte integrante del cuerpo de leyes a que pertenezcan, establecieron por su parte la entrada en vigor de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca contenido en tal decreto a partir del primero de diciembre de tal año y, en consecuencia, en los demás transitorios anotados indica que se deroga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca aprobada por el Decreto 118 de fecha 25 de junio de 1993, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 20 de noviembre de tal año y, asimismo, aunque equivocadamente en el número de decreto establece enseguida que, en idénticos términos, en dicho decreto se contenía el Decreto 273 del año 2001, por medio del cual la LVII Legislatura del Estado aprobara la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca con la incorporación de las observaciones efectuadas por el Ejecutivo en el ejercicio del derecho de veto, ante lo que emitir con posterioridad el Decreto Número 170 de fecha 9 de enero de 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 10 de enero del mismo año, mediante el cual simplemente ‘derogaron y dejan sin efecto’ el Decreto Número 104 anotado, resulta, fuera de lo sui generis del caso, inconstitucional, atento que no es posible que, por un lado, se decrete derogar simplemente el Decreto Número 104 y dejarlo sin efectos y, por otro, volver a dar ‘vigencia’ al Decreto 293 que habían derogado con antelación, puesto que tal acción requeriría, en todo caso, de un nuevo proceso legislativo para la creación de una ley, lo que en el caso jamás acontece. Y si a ello aunamos la circunstancia de que en el propio Decreto 170 en mención, artículos transitorios, se dijo que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su publicación y que por lo que hacía al Decreto 293 ordenó que entrara en vigor por igual al día siguiente de su publicación, pero acontece que en la publicación de este último decreto que aparece en el mismo periódico del 10 de enero del actual, en su artículo primero transitorio, definió el Legislativo que la ley municipal en él contenida entrara en vigor a partir del 1o. de diciembre del año 2001, lo que es simple y llanamente un reconocimiento expreso de la inconstitucionalidad existente y que hemos anotado, puesto que si bien es verdad que tal publicación hay que entenderla en el sentido de que tal transitorio así estaba inserto textualmente en el Decreto 293, y al ser precisamente éste el que se publica, en principio parece coherente que, luego entonces, esté contenido en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17906-2caeae1d/controversia-constitucional-el-hecho-de-que-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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