CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 369/2001. ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el treinta de noviembre de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio H. Santibáñez Franco, quien se ostentó como procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del Estado de Oaxaca, demandando la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por la autoridad que a continuación se precisa:
"2. Demandada: La Comisión Federal de Competencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considerada como tal en los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, con residencia en la capital de la República. Acto cuya invalidez se demanda: Procedimiento que tramitó la autoridad demandada en contra de mi representada bajo el expediente número IO-22-2000 y resolución de 20 de septiembre del año en curso, dictada en el propio expediente por medio de la cual declara la existencia de una barrera al comercio interestatal por parte de autoridades del Estado de Oaxaca, para la internación al mismo de productos avícolas provenientes del Estado de Chiapas, que es contrario al artículo 117, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"Acabo de enterarme en mi carácter de procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca y, en consecuencia, como representante de éste en los términos expuestos más arriba, que la Comisión Federal de Competencia siguió un procedimiento, según expediente IO-22-2000, en contra del Estado de Oaxaca, sin embargo, nunca se me dio intervención con el carácter con el que promuevo para proveer a su defensa. El inicio del procedimiento se debió a que el Ing. Jaime Macías Orantes, presidente de la Asociación de Avicultores de Villa Flores, A.C., del Estado de Chiapas, presentó ante dicha dependencia una queja por petición que hizo la empresa Cerro Brujo, S.P.R. de R.L., porque ésta se ha visto obligada a pagar una cuota de movilización de productos avícolas (pollo procesado) y desinfección al pasar por la caseta de inspección fitozoosanitaria de Malvinas, Estado de Oaxaca; que el pago que ha hecho es por la cantidad de $0.05 (cinco centavos M.N.) por ave, circunstancia que en su opinión constituye el pago de una alcabala, salvo conducto, o impuesto local, pero que a todas luces daña severamente la libre comercialización como la economía de dicha empresa. Según se advierte de la resolución de la Comisión Federal de Competencia, cuya copia fotostática debidamente certificada por el secretario ejecutivo de la misma, Luis A. Prado Robles, tengo a la vista, el denunciante acompañó cuotas y recibos de pago a su escrito de queja, identificándose que los cobros por movilización los efectúa el Comité Estatal de Sanidad Animal de Oaxaca, que es una sociedad civil, y lo hace en la caseta de inspección fitozoosanitaria de Malvinas, Estado de Oaxaca. De acuerdo con los antecedentes de dicha resolución señalados con números tercero, cuarto y quinto se solicitó información respecto a los hechos de la queja a las siguientes autoridades: director general de Salud Animal de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Gobierno del Estado de Oaxaca y delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el Estado de Oaxaca. También se requirió de información de acuerdo con el número séptimo de antecedentes al Comité Estatal de Sanidad Animal de Oaxaca, Sociedad Civil y también al gobernador constitucional de la entidad, conforme lo establece el número octavo, para que este último en un plazo no mayor de veinte días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, acompañando las pruebas documentales que obran en su poder y ofreciera aquellas que ameritaran desahogo en términos del artículo 8o. del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. El artículo 8o. citado se encuentra situado en el capítulo II del reglamento aludido que lleva como título ‘De las prácticas monopólicas’. De la lectura de las disposiciones que contiene el capítulo de referencia se infiere que éste establece un procedimiento en forma de juicio por los siguientes conceptos: En el artículo 5o. se estatuye cuáles son los indicios de la existencia de una práctica monopólica. En su numeral 6o. se indica la facultad que tienen los agentes económicos para acreditar ante la propia comisión si las ganancias en eficiencia que se deriven de la práctica monopólica, inciden en el proceso de competencia y libre concurrencia. El artículo 7o., a su vez, establece cuáles son las prácticas monopólicas y el artículo 8o. señala que la comisión requerirá a las autoridades estatales o Municipios para que en un plazo máximo de veinte días contados a partir de la notificación del requerimiento manifiesten por escrito lo que a sus derechos convenga, acompañen las pruebas documentales que obren en su poder y ofrezcan las pruebas que ameriten desahogo, para que después, en un término máximo de diez días se admitan o desechen las pruebas, fijándose día y hora para que, en su caso, se desahoguen las procedentes dentro de un término de quince días siguientes, transcurrido el cual, la comisión dictará resolución dentro de los treinta días siguientes. Como se advierte, si se llamó al señor gobernador al procedimiento fue supuestamente porque había de por medio una irregularidad que se atribuía a las autoridades del Estado de Oaxaca en su actuar, pero el titular del Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 93, fracción II, de la Constitución Particular del Estado de Oaxaca, no tiene la representación legal de éste, por lo que si al final la referida Comisión Federal de Competencia concluyó su procedimiento declarando la existencia de una barrera al comercio interestatal por parte de autoridades del Estado de Oaxaca para la internación a esa entidad de productos avícolas provenientes del Estado de Chiapas, por ser contraria al artículo 117, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, simple y sencillamente dejó sin defensa a la entidad oaxaqueña porque jamás se le emplazó en términos de la ley para ocurrir al juicio. En consecuencia, con la actuación del órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se lesionan los intereses de mi representada sin haberle dado oportunidad de defensa."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Es notoria la infracción del artículo 14 de la Constitución General de la República en perjuicio del Estado de Oaxaca, toda vez que la Comisión Federal de Competencia siguió un procedimiento en su contra sin darle las oportunidades de defensa y prueba, porque jamás le emplazó por mi conducto y no obstante, culminó dicho procedimiento emitiendo una declaración que le agravia, por haberlo hecho teniendo como apoyo, para ello, solamente la queja y supuestas pruebas del hoy tercero interesado, circunstancias que son bastantes para que se declare inconstitucional el procedimiento y la resolución impugnados."
CUARTO. La parte actora considera violado en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil uno el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 369/2001, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.
Por auto de diez de diciembre de dos mil uno el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que produjera su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO. La autoridad demandada Comisión Federal de Competencia manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que es cierto el acto cuya invalidez se demanda, consistente en el procedimiento tramitado por esa comisión, bajo el número IO-22-2000, así como la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil uno, emitida por el Pleno y por el secretario ejecutivo de la misma comisión dentro del referido expediente.
b) Que es improcedente la presente controversia constitucional, ya que de las constancias del expediente del cual deriva el acto cuya invalidez se solicita, se advierte que la representación del Estado de Oaxaca no agotó el recurso de reconsideración previsto en los artículos 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 52 y 53 de su reglamento, medio de impugnación capaz de revocar o modificar la resolución emitida por el Pleno de la comisión con fecha veinte de septiembre de dos mil uno impugnada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que aparece bajo el rubro: "CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 1996, SUSCRITO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. SU CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEXTA Y EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PREVÉN UNA VÍA LEGAL PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DEL CITADO CONVENIO, POR LO QUE SI ÉSTA NO SE AGOTÓ, LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PLANTEADA DEBE SOBRESEERSE POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA.".
c) Que del expediente del cual deriva la resolución impugnada, se advierte que el Gobierno del Estado de Oaxaca fue notificado de dicha resolución el treinta de octubre de dos mil uno, por lo que el plazo para recurrirla, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Federal de Competencia Económica, venció el día catorce de diciembre de dos mil uno, y como no la recurrió, consintió la multicitada resolución; por tanto, quedó firme y no puede ser modificada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VI, ambos de la ley reglamentaria de la materia, se debe sobreseer la presente controversia.
d) Que resultan correctas las manifestaciones contenidas en el apartado de hechos, abstenciones y antecedentes que se refieren a los antecedentes de la resolución emitida por el Pleno de esa comisión, dentro del procedimiento administrativo IO-22-2000, excepto por lo que hace al antecedente octavo, porque el promovente de la demanda alega que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, al estar contenido en el capítulo II, debe entenderse referido a la comisión de prácticas monopólicas; sin embargo, el referido artículo hace referencia al artículo 15 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual regula los actos que se indican en el artículo 14 del mismo ordenamiento, por lo que el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, si bien con falta de técnica legislativa se encuentra en el capítulo II "De las prácticas monopólicas", se ocupa del procedimiento a seguir en aquellos asuntos en los cuales esa comisión, de oficio o a petición de parte, investiga si las autoridades establecen barreras al comercio interestatal, cuestión expresamente prohibida en el artículo 117, fracción V, de la Constitución Federal.
e) Que es cierto que esa autoridad notificó al gobernador del Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera los medios probatorios que considerara convenientes, actuación que el Estado demandante estima violatoria del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esa comisión no debió haber notificado al titular del Poder Ejecutivo Estatal, puesto que éste no tiene la representación legal del Estado, sino al procurador general de Justicia de la entidad, quien ejerce la función de representante jurídico del Estado para intervenir en todos los actos que celebre y en los juicios en que sea parte, de conformidad con el artículo 97, fracción II, de la Constitución del Estado de Oaxaca.
f) Que esa comisión no notificó al gobernador acto alguno que requiriese del representante jurídico del Estado que promueve, puesto que la naturaleza jurídica del acuerdo emitido no es ni un acto que celebre el Estado de Oaxaca ni un juicio en el que éste sea parte, sino que es un acto emitido en un procedimiento de carácter administrativo que puede concluir con una declaratoria de existencia de barreras interestatales, pero de ninguna forma con una resolución que prive a los Estados integrantes de la Federación de sus propiedades, posesiones o derechos, caso en el cual debe ser tramitado un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de un procedimiento y en el que es factible violar la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional, por lo que esa comisión no privó al Estado de Oaxaca del derecho de ser oído, al notificar el referido acuerdo al gobernador de la entidad.
g) Que el artículo 79, fracción XVI, de la Constitución Local dispone, que es facultad del gobernador representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales regionales, independientemente de lo anterior, el artículo 82 de la misma Constitución indica que para el despacho de asuntos a cargo del Poder Ejecutivo del Estado habrá los secretarios y demás funcionarios que las necesidades de la administración pública demanden, entre los que se encuentra el procurador general de Justicia el cual, de conformidad con el artículo 95 de la citada Constitución, es nombrado y removido por el Ejecutivo del Estado, lo que trae como resultado que dicho procurador sea parte del Ejecutivo y, por ende, que sea correcta la notificación hecha al titular del Poder Ejecutivo, ya que aun cuando se considerara que el procurador general es el servidor público que representa al Estado de Oaxaca, al ser el gobernador su superior jerárquico, éste debió acordar con aquél respecto del proveído que le fue notificado, como lo prevé el artículo 23, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
h) Que con fecha cuatro de octubre de dos mil uno, precluido el plazo otorgado en el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil uno al gobernador de Oaxaca para que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara convenientes, el gobernador realizó diversas manifestaciones en relación con ese acuerdo, con lo cual queda demostrado que tiene facultades suficientes para actuar en representación de la entidad que gobierna, por lo que el acto cuya invalidez se demanda es válido y, por ende, resulta infundada la controversia constitucional que nos ocupa.
SÉPTIMO. El procurador general de la República manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y un Estado, por lo que si el procurador general de Justicia promovió la presente controversia constitucional en representación del Estado de Oaxaca, en contra del procedimiento administrativo instrumentado por la Comisión Federal de Competencia, bajo el expediente IO-22-2000, y de la resolución de veinte de septiembre de dos mil uno, dictada en el propio expediente, se actualiza la competencia de este Máximo Tribunal para conocer de la controversia en que se actúa.
b) Que el procurador general de Justicia compareció a juicio en representación del Estado de Oaxaca y acreditó su personalidad con copia certificada del oficio de designación para tal cargo, emitido por el titular del Ejecutivo del Estado; por tanto, si el artículo 97, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca señala que el procurador general de Justicia ejerce funciones como representante jurídico del Estado para intervenir en todos los actos que celebre y en los juicios en que sea parte, dicho procurador está legitimado para representar al Estado en la presente controversia constitucional.
c) Que considerando que la presente controversia constitucional se promovió el treinta de noviembre de dos mil uno y que la declaratoria emitida por la Comisión Federal de Competencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de febrero de dos mil dos, resulta que la misma se presentó de manera extemporánea, toda vez que se interpuso antes de que la declaratoria se publicara y, consecuentemente, no se perfeccionó lo señalado en el artículo 15 de la Ley Federal de Competencia Económica en el sentido de que la declaratoria podrá combatirse ante esta Suprema Corte una vez que haya sido publicada, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia y, en consecuencia, se debe sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento legal.
d) Que se debe sobreseer en el presente juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción VIII, en relación con el 10, fracciones I y II, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Estado de Oaxaca carece de interés jurídico para apersonarse en el presente asunto, porque no fue parte en el juicio administrativo instaurado por la Comisión Federal de Competencia; por tanto, no tiene interés jurídico en esta controversia constitucional.
e) Que del artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica se advierte que las partes en el procedimiento, entre las que se encuentra el gobernador del Estado, tenían expedita la vía para recurrir la resolución de veinte de septiembre de dos mil uno que recayó a dicho procedimiento, mediante el recurso de reconsideración, no así el Estado de Oaxaca, puesto que esa entidad no fue parte en el juicio administrativo, por lo que resulta infundado lo que alega la demandada en el sentido de que el presente juicio es improcedente toda vez que la representación del Estado de Oaxaca no agotó dicho recurso.
f) Que la actora incurre en una falsa apreciación al afirmar: "Acabo de enterarme en mi carácter de procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca y, en consecuencia, como representante de éste en los términos expuestos más arriba, que la Comisión Federal de Competencia siguió un procedimiento, según expediente IO-22-2000 en contra del Estado de Oaxaca, sin embargo, nunca se le dio intervención con el carácter con el que promueve para proveer a su defensa"; toda vez que de los resolutivos de la resolución impugnada se aprecia que la Comisión Federal de Competencia Económica instauró un procedimiento en contra de diversas autoridades del Estado de Oaxaca, por lo que ese Estado no tenía interés alguno para apersonarse en el juicio de mérito y, por ende, la comisión mencionada no se encontraba obligada a darle intervención, ni mucho menos a notificarle a través de su representante legal un procedimiento en el cual no formó parte. Consecuentemente, no se transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.
OCTAVO. Con fecha veintidós de marzo de dos mil dos, se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de lasFracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, porque dado el sentido de la resolución propuesta en este asunto, se hace innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, en virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar indudable que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que hace valer la demandada, contenida en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que el promovente de la demanda no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto planteado en esta controversia; por tanto, de conformidad con el último párrafo del precepto citado, en primer lugar se estudia la causal de improcedencia en cuestión.
El artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia establece:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
De la disposición transcrita se desprende que la controversia constitucional será improcedente cuando, previamente a la presentación de la misma, no se haya agotado la vía correspondiente establecida para dar solución al conflicto planteado en la controversia, esto es, el precepto de mérito contempla el principio de definitividad que consiste, precisamente, en que previamente a la interposición del juicio de controversia constitucional debe agotarse la vía prevista en la legislación ordinaria aplicable para solucionar el conflicto.
De esta forma, el principio contenido en la citada disposición implica, sin lugar a dudas, que cuando existe una vía por la que se puede dar solución al conflicto planteado en la controversia constitucional, la parte afectada está obligada a agotarla previamente a este medio de control constitucional.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial P./J. 12/99, publicada a páginas doscientos setenta cinco del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
" La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.
"Controversia constitucional 32/97. Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México. 22 de febrero de 1999. Mayoría de nueve votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar."
Al respecto, la autoridad demandada, Comisión Federal de Competencia Económica, plantea que la representación del Estado de Oaxaca no agotó el recurso de reconsideración previsto en los artículos 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 52 y 53 de su reglamento, medio de impugnación capaz de revocar o modificar la resolución que se impugna a través de la presente vía, por lo que el presente juicio resulta improcedente, puesto que previamente a la promoción del mismo debió agotarse dicha instancia legal para la solución del conflicto.
Los artículos 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 52 y 53 de su reglamento disponen:
Ley Federal de Competencia Económica.
"Artículo 39. Contra las resoluciones dictadas por la comisión con fundamento en esta ley, se podrá interponer, ante la propia comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones.
"El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
"La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al presidente de la comisión, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
"La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 y se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, el recurso se concederá si el promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.
"La comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso. El silencio de la comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado."
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.
"Artículo 52. El recurso de reconsideración sólo procederá contra las resoluciones que pongan fin a un procedimiento o que tengan por no presentada una denuncia o por no notificada una concentración.
"Cuando se trate de los procedimientos previstos en el capítulo V, así como en los artículos 8o. y 50 de este reglamento, la resolución impugnada se apreciará con base en las constancias del procedimiento y los únicos medios probatorios adicionales admisibles serán aquellos supervenientes que guarden relación con los hechos controvertidos, que puedan modificar el sentido de la resolución, los cuales deberán acompañarse al escrito del recurso de reconsideración y se regirán por las disposiciones relativas en el capítulo V del presente reglamento.
"Sólo tendrán interés jurídico para interponer el recurso de reconsideración contra las resoluciones de la comisión, el denunciante, el presunto responsable, quienes sean parte en un procedimiento de notificación de concentración o los involucrados en el procedimiento previsto en el artículo 50 de este reglamento."
"Artículo 53. El presidente de la comisión deberá dictar acuerdo que admita o deseche el recurso dentro de los cinco días siguientes a su presentación. En caso de que admita el recurso, dará vista al presunto responsable, al denunciante y a los agentes económicos a que se refiere el artículo 50, según corresponda, para que, en el término de diez días, manifiesten lo que a su derecho convenga."
Los preceptos transcritos señalan las hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración (resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia Económica con fundamento en la Ley Federal de Competencia Económica, que pongan fin a un procedimiento o que tengan por no presentada una denuncia o por no notificada una concentración); quiénes tienen interés jurídico para interponerlo (el denunciante, el presunto responsable, quienes sean parte en un procedimiento de notificación de concentración o los involucrados en el procedimiento previsto en el artículo 50 del reglamento citado); su objeto (revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada), las reglas para su sustanciación y resolución, así como que la interposición de dicho recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada.
De lo anterior se concluye, que de conformidad con los preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento transcritos, el recurso de reconsideración constituye la vía idónea para la solución del conflicto que plantea el Estado de Oaxaca, por lo que previamente a la promoción de la presente controversia constitucional se debió agotar ese medio de defensa, ya que a través de éste se puede revocar o modificar la resolución administrativa que dio origen a la afectación jurídica de que se duele el promovente de la demanda, lo que podría traer como consecuencia que se hiciera innecesario el presente medio de control constitucional; máxime que la interposición del referido recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.
Se debe precisar que a fojas seis a diecinueve de este expediente, obra la resolución impugnada e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17400-b15fc8d2/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-no-se-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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