CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS. CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día primero de abril de mil novecientos noventa y ocho, Alfredo Ahuja Pérez, Pedro Martínez Rosas y Adrián Díaz Aguilar, en su carácter de presidente municipal, síndico primero y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Estado de Oaxaca, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"Poderes y autoridades demandadas y su domicilio: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, con domicilio en Pino Suárez número 509, Centro, Oaxaca, Oaxaca. Normas generales o actos cuya invalidez se demandan y medios oficiales en los que fueron publicados: El Acuerdo Administrativo Número 112 de fecha 11 de febrero de 1998, que establece las bases generales para la instrumentación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales en el año de 1998. La publicación del citado Acuerdo Administrativo Número 112, fue realizada en el Periódico Oficial Extra de fecha 12 de febrero de 1998, dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, Oaxaca. El Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 1998. El mencionado manual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en ejemplar Extra, de fecha 20 de febrero de 1998."
SEGUNDO. Los antecedentes manifestados en la demanda son los siguientes:
"Los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez demandamos, son los siguientes: A) El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, crea el Ramo 33 con cinco fondos destinados a las entidades federativas y Municipios, respectivamente. B) El 29 de diciembre de 1997, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Congreso de la Unión, por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal en un capítulo V, denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’. C) El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a través de su honorable Ayuntamiento aprobó un manual de operación para dicho fondo, apegándose a los lineamientos que marca el presupuesto de la Federación para 1998 y la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo V; asimismo, el manual emitido por este H. Ayuntamiento atiende la obligación constitucional de la planeación democrática. D) Con fecha 11 de febrero de 1998, el Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca en unión del secretario de Finanzas, el contralor general y el coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, suscribieron el Acuerdo Administrativo Número 112 que establece las bases generales para la instrumentación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en el año de 1998. En el citado acuerdo, el Ejecutivo del Estado asume las facultades de distribuir, administrar, ejercer y supervisar a los cinco fondos del Ramo 33 del presupuesto federal, designando para ello a la Secretaría de Finanzas, Contraloría General y Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, como autoridades ejecutoras de dicho acuerdo. E) Con fecha 20 de febrero del presente año en el Periódico Oficial número Extra se publica un manual de operaciones para el Ramo 33 en el Estado de Oaxaca, decretado por el jefe del Ejecutivo de esta entidad federativa, en cumplimiento al Acuerdo Administrativo Número 112 antes referido.
"Consideraciones previas: Los recursos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, son recursos federales descentralizados a las entidades federativas y Municipios en los términos que marcan los lineamientos del citado presupuesto y del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. En los cuerpos normativos señalados en el párrafo que antecede, con toda claridad se establecen cinco fondos que se descentralizan a las entidades federativas y Municipios, precisando la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 32, 33 y 35, que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fondo III del Ramo 33), corresponderá al Fondo de la Infraestructura Social Estatal y al Fondo de la Infraestructura Social Municipal, puntualizando en el segundo párrafo, del citado artículo 32, que la Federación enviará dichos recursos a los Municipios a través de los Estados, esto es, que son recursos que se destinan directamente a los Municipios, teniendo a la entidad federativa únicamente como conducto por orden constitucional. El mencionado artículo 33, etiqueta con claridad el destino que deberá darse al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban los Estados y los Municipios. El artículo 35, de la misma ley, encomienda a las entidades federativas distribuir los recursos del Fondo III, con una fórmula igual a la decretada para los Estados. El Fondo del Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, al igual que el Fondo III, en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, con toda claridad se dice que las aportaciones federales con cargo a este Fondo IV, lo recibirán los Municipios a través de los Estados y el Distrito Federal, reiterándose en el segundo párrafo del artículo 38 del citado ordenamiento, que las entidades federativas distribuirán los recursos que correspondan a los Municipios. Todos los artículos del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, tratándose de recursos de los Fondos III y IV del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, respecto de lo correspondiente a los Municipios, únicamente faculta a las entidades federativas a distribuir los recursos, por ser el conducto constitucional de los citados Municipios y solamente en el artículo 42, en su párrafo segundo, faculta a cada entidad federativa a vigilar directamente y constatar la correcta aplicación de todos los fondos del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación a través de las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto de cada entidad federativa; esto es, que para el caso de la entidad federativa, la autoridad de control interno del Gobierno del Estado, es la Contraloría General del mismo y la autoridad de control interno de los Municipios, es su propia contraloría interna o las sindicaturas; y, la autoridad de supervisión del ejercicio del gasto público, tanto de los Gobiernos de los Estados, como de los Municipios, es el Congreso Local a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. De lo anterior, se desprende que en el Acuerdo Administrativo Número 112, que hoy se impugna, existe una completa invasión de competencias que la ley reserva a los Municipios en el ejercicio de su autonomía, al arrogarse la facultad de administrar, ejercer, controlar, evaluar y supervisar los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, sin ningún fundamento legal; toda vez que, como se especifica en los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, únicamente tiene facultades de distribuir estos fondos. El fundamento legal que se menciona en el artículo 1o., tiene una aplicación errática por parte del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en virtud de que la administración y ejercicio que faculta el artículo 42, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal atribuye tanto a las entidades federativas como a los Municipios que reciban fondos del Ramo 33 a administrarlos y ejercerlos cada uno en el ámbito de su competencia, siéndoles aplicable la legislación correspondiente, esto es, que las entidades federativas tendrán que apegarse a la normatividad estatal, y los Municipios a la normatividad que para el caso han expedido; y, por ello resulta una invasión al ámbito de competencia municipal lo dispuesto en los artículos 6o., 9o. y 10 del Acuerdo Administrativo 112 que hoy se impugna, al facultar a la Secretaría de Finanzas, Contraloría General y Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, a administrar, ejercer, controlar y evaluar los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Estado pertenecen a la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quienes ejercen y despachan los asuntos de la estricta competencia del titular del Poder Ejecutivo, y la Coordinación del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca coordina la participación de los sectores público, social y privado para el cumplimiento del Plan Estatal para el Desarrollo y Mejoramiento de la Administración Pública y Gasto Público del Gobierno del Estado, en los términos de los artículos 17, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo que desde luego tienen amplias facultades en la esfera de competencia del Ejecutivo Estatal únicamente. Estas dependencias del Poder Ejecutivo no tienen facultades expresas en ninguna ley para administrar, ejercer y controlar los recursos descentralizados por la Federación a los Municipios; toda vez que los Municipios cuentan con una organización política y administrativa propia, investidos de personalidad jurídica y con un órgano de gobierno denominado Ayuntamiento. Por lo que hace a las legislaciones aplicables para la administración, ejercicio y control de los recursos correspondientes a los fondos del Ramo 33, denominados fondos de aportaciones federales; tienen su sustento original en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, publicado el 29 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación; y, en el mismo presupuesto de egresos mencionado, en su artículo 16 in fine, nos remite al capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal para el ejercicio 1998, respecto de la forma en que deben aplicarse los recursos de los ya multicitados fondos. El marco jurídico aplicable para el ejercicio de estos recursos es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en aquello en que no se opone a la citada Carta Magna, la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca; ahora, por lo que hace a la competencia estatal, es aplicable la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y en la competencia municipal tenemos una Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, ordenanzas para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y el manual de operaciones para el Fondo III, del Ramo 33 del ejercicio fiscal 1998, para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Por todo lo anterior, son insostenibles los fundamentos legales del Acuerdo Administrativo 112, para la administración, ejercicio, control, vigilancia, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, que fueron descentralizados por la Federación a los Municipios de la entidad de Oaxaca, por conducto de ésta; facultando únicamente a la entidad federativa para la distribución de los mencionados fondos a los Municipios. Asimismo, cada nivel de gobierno Estado-Municipio, tiene su respectivo órgano de control interno. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Oaxaca, se aplica para los tres Poderes del Estado de Oaxaca y los Municipios a falta de reglamentación propia la aplican a través de su propio órgano de control que son la contaduría interna, sindicaturas y el Cabildo municipal. Por otra parte, la naturaleza jurídica de los fondos del Ramo 33 es de carácter federal, por lo que con toda claridad el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que las responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas del desvío de recursos de los fondos señalados serán sancionadas en los términos de la legislación federal, ya sea que en el desvío incurran autoridades estatales o municipales. Efectivamente, la Federación no puede renunciar a la vigilancia de los recursos de carácter federal que descentraliza, porque su responsabilidad delegada lo es únicamente en cuanto al ejercicio y, por ello, el sujeto pasivo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, en caso de afectación."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:
"Primero. Se viola en perjuicio del Municipio que representamos lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se viola en perjuicio del Municipio que representamos lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que cada Municipio es administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no requiere que el Gobierno del Estado le administre y ejerza los recursos que la Federación le descentraliza al Municipio, por conducto de la entidad federativa correspondiente (párrafo I del citado artículo 115). Los Municipios están investidos de personalidad jurídica propia, manejan su patrimonio conforme a la ley y se autorreglamentan en el ámbito de su competencia (párrafo II del citado numeral constitucional). Así mismo, los Municipios administran libremente su hacienda, la cual se forma con los rendimientos de los bienes que le pertenecen y con las contribuciones u otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Segundo. El artículo 2o. de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su último párrafo dice: ‘El poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y deben hacer lo que la ley les ordena.’. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por ese Alto Tribunal, que aparece bajo el número 293, consultable a fojas 512, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro: ‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’. De lo anterior y como se detalla en las consideraciones previas, el jefe del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no tiene facultades que emanen de ley alguna para ejercer y administrar los recursos emanados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ni del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. Así mismo, el órgano de control interno y fiscalización para los Municipios de Oaxaca, no es la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado. Tampoco el Ejecutivo del Estado tiene facultad alguna para emitir un Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, en virtud de que la facultad que le otorga el artículo 42, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se circunscribe a los Fondos I, II, V y el porcentaje correspondiente al Fondo III del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación, que se transfieren directamente a las entidades federativas para su administración y ejercicio, dejando a salvo los Fondos de Infraestructura Social Municipal y el de Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, que desde luego los administra y ejerce el Municipio de conformidad a la legislación aplicable. El Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, incurre en las mismas violaciones del acuerdo impugnado, ya que pretende que la administración y ejercicios de los citados fondos se dé a través de las dependencias del Ejecutivo Estatal. Y, también pretende la supervisión y evaluación de estos fondos, siendo que como se menciona con anterioridad, la supervisión corresponde al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través de su Contaduría Mayor de Hacienda y la evaluación será materia federal por tratarse de recursos federales. Por otra parte, tampoco la ley le otorga al Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la facultad de suscribir convenios de coordinación con los Municipios de la entidad, respecto de la operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, como se pretende mediante la disposición contenida en el artículo 13 del acuerdo administrativo que se impugna; excepto el convenio sobre el 2% para el desarrollo institucional que deberá convenirse entre la Federación, la entidad y el Municipio."
CUARTO. La parte actora consideró violado en su perjuicio el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y se designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Por auto del seis del mes y año aludidos, el Ministro instructor tuvo a los promoventes con la personalidad con que se ostentaron y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para la formulación de su contestación de demanda; correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera y tuvo como pruebas de la parte actora las documentales que adjuntó a su demanda.
SEXTO. El gobernador del Estado de Oaxaca y el procurador general de la República, por escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete y veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, manifestaron lo que a su derecho correspondía en relación con la demanda; sin embargo, resulta innecesaria su transcripción en atención al sentido del fallo.
SÉPTIMO. Por acuerdo de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se tuvieron por exhibidas las pruebas presentadas por el síndico municipal del Ayuntamiento actor y por presentados sus alegatos; y como lo solicitó se requirió a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el término de diez días exhibiera copia certificada del acuerdo y del convenio especificados por el Ayuntamiento actor. Se difirió la celebración de la audiencia programada y se reservó señalar nueva fecha hasta el momento procesal oportuno.
OCTAVO. Por auto de once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se tuvo al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social, remitiendo a este Alto Tribunal, la copia certificada del Convenio de Desarrollo Social mil novecientos noventa y ocho, que suscribieron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Asimismo, por lo que hizo al Acuerdo que Establece las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria, por no obrar en poder de la secretaría aludida, se acordó por el Ministro instructor agregar una copia certificada al expediente de la constancia referida, misma que obraba en la diversa controversia constitucional número 12/98, lo anterior, para efectos de no retardar el procedimiento y con ello se dio vista a la parte actora.
NOVENO. Con fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo se pusieron los autos en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que se trata de una controversia suscitada entre el Estado de Oaxaca, a través de uno de sus poderes y el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, de la misma entidad.
SEGUNDO. Antes de entrar al estudio de la presente controversia constitucional, se procede analizar si la demanda fue promovida oportunamente.
Los actos impugnados y las fechas de publicación que se contienen en el escrito inicial de demanda son los siguientes:
"El Acuerdo Administrativo Número 112 de fecha 11 de febrero de 1998, que establece las bases generales para la instrumentación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipales en el año de 1998. La publicación del citado Acuerdo Administrativo Número 112 fue realizada en el Periódico Oficial Extra de fecha 12 de febrero de 1998, dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, Oaxaca. El Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 1998. El mencionado manual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en ejemplar Extra de febrero de 1998."
De la transcripción anterior sobresale que el actor, al mencionar los actos cuya invalidez demanda, si bien precisa la fecha de publicación del Acuerdo Administrativo 112 impugnado, omite precisar el día del mes de febrero en el cual fue publicado el diverso acto consistente en el Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal mil novecientos noventa y ocho.
No obstante, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que en el punto VII de antecedentes, inciso e), se precisó de manera expresa:
"... Con fecha veinte de febrero del presente año, en el Periódico Oficial número Extra, se publica un manual de operaciones para el Ramo 33 en el Estado de Oaxaca, decretado por el jefe del Ejecutivo de esta entidad federativa, en cumplimiento al Acuerdo Administrativo Número 112 antes referido."
Ahora, si bien la denominación del ordenamiento no coincide con el que es impugnado, no puede considerarse distinto, ya que la propia parte actora anexó a su escrito de demanda el periódico que contiene el manual de que se trata y que obra a fojas treinta y dos del expediente en que se actúa.
Además, cabe señalar que del capítulo "De la suspensión" del propio escrito inicial, se dice en el número II:
"... II. Se solicita la suspensión de la aplicación del Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal 1998, emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de febrero de 1998."
Por lo tanto, se concluye que la fecha de publicación del Manual de Lineamientos Normativos para la Operación de Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal mil novecientos noventa y ocho, fue el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
Las fracciones I y II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia señalan:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
Conforme al precepto transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, el cual se computará:
a) Tratándose de actos, a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
b) Tratándose de normas generales, a partir de su publicación o de su primer acto de aplicación.
Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza de lo demandado, en el caso concreto se trata de actos y no de normas generales, ya que éstos no poseen los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad que caracterizan a las normas y, además, existe la circunstancia de que los actos jurídicos están referidos a una particularidad concreta y una vez aplicado se extingue, como lo es la regulación de aspectos que corresponden al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho. La generalidad del acto implica su permanencia después de su aplicación, de allí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto sin distinción de persona, lo cual no acontece en la especie, precisamente porque el origen y finalidad de los actos cuestionados son establecer las bases y lineamientos para operaciones de aportaciones federales para la infraestructura social municipal de los Municipios y del Distrito Federal, en el año de mil novecientos noventa y ocho, contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación de ese año.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número 24/99, emitida por este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 251, Novena Época, que dice:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por ‘Ley del Presupuesto’ se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por ‘Presupuesto de Egresos’ se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El ‘Decreto del Presupuesto de Egresos’ constituye un acto de aplicación de la ‘Ley del Presupuesto’, en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre ‘Ley del Presupuesto’ y ‘Presupuesto de Egresos’ está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al presupuesto de egresos; en cambio, la ‘Ley del Presupuesto del Distrito Federal’, esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el presupuesto de egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente.
"Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González."
De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del precepto legal transcrito, el plazo para la interposición de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7095-13a2d160/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIA DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUAND (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O VÍA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. EL REGLAMENTO QUE LA CREA, EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRE (64)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRE (216)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRE (P./J. 85/2001)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis