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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. EL REGLAMENTO QUE LA CREA, EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. UN SOLO SÍNDICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA CONTESTAR LA DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. LA FACULTAD PARA CREARLOS ESTÁ RESERVADA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2000. · Registro digital (IUS): 7055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 852.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2000. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de febrero del dos mil uno.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el quince de marzo del año dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Hampshire Santibáñez Franco, en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, promovió demanda en la vía de controversia constitucional, contra actos del H. Ayuntamiento Constitucional de Huajuapan de León, Oaxaca, por las normas y actos que a continuación se indican:

"4. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en que fueron publicados. El acto de aprobación que hizo el H. Ayuntamiento Constitucional de Huajuapan de León, en sesión de Cabildo de fecha dieciocho de enero del presente año, del reglamento que crea la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapan de León, Oaxaca y regula su actividad. El propio reglamento denominado Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapan de León, Oaxaca, que fue publicado en el ejemplar número 10 de cuatro de los corrientes del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca."

SEGUNDO. En la demanda se formularon como antecedentes del caso los siguientes:

"6. Hechos que constituyen los antecedentes de la norma general y acto cuya invalidez se demanda. Por la publicación que se hizo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha cuatro del presente mes se tuvo conocimiento que el H. Ayuntamiento ahora demandado aprobó con fecha dieciocho de enero del año en curso el reglamento por el que crea a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, de cuya lectura se advierte que se le establece, de acuerdo con su artículo 2o., como un organismo autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, previstos por el orden jurídico mexicano. En el desempeño de sus funciones y en ejercicio de su autonomía no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno y su jurisdicción será todo el territorio municipal, para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstos fuesen imputados a autoridades y servidores públicos de carácter municipal, según lo disponen los numerales 4o. y 6o. del ordenamiento de consulta. El segundo de los preceptos en cita establece la posibilidad de que la comisión municipal de que se trata, conozca de presuntas violaciones a los derechos humanos que se imputen a autoridades o servidores públicos del Estado, previo acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En suma, se estructura al órgano defensor de los derechos fundamentales del hombre, cuya creación se atribuye al cuerpo colegiado que se demanda, en una forma similar a las comisiones nacional y estatal del mismo género, pues se le integra con un presidente, una Secretaría Ejecutiva, un visitador general, así como un número de visitadores adjuntos, contando además con un consejo (artículo 10); se le otorgan facultades para conocer e investigar, ya sea a petición de parte o de oficio, violaciones a derechos humanos de servidores públicos administrativos de carácter municipal, así como para emitir recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades competentes; procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades o servidores públicos señalados como responsables (artículo 11, fracciones II, III y IV); se limita su competencia ya que se le prohíbe conocer entre otros, de asuntos electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional y conflictos de carácter laboral (artículo 12); la presentación de la queja deberá hacerse dentro de un año por escrito y en casos urgentes por cualquier otro medio de comunicación, que no sea de carácter anónimo (artículos 36, 37 y 38). Se pide un informe a las autoridades contra quienes se promueva la queja denominándolas responsables (artículos 44 y 47); inclusive se conceden facultades para investigar pues el visitador general tiene facultades para practicar visitas e inspecciones (artículo 79). Basta lo anterior para darse cuenta que la recién creada Comisión Municipal de Derechos Humanos tendrá las funciones dentro del territorio del Municipio de Huajuapan de León para conocer de las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades municipales de índole administrativa, como la tiene la estatal tratándose de las autoridades estatales y la nacional, cuando se refiere el caso a las autoridades federales."

TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 16, 102, inciso b) y 115 de la Constitución General de la República, y se formularon los siguientes conceptos de invalidez:

"7. Conceptos de invalidez. En México siempre ha existido una amplia tradición jurídica en la creación de instituciones y mecanismos que han dado la garantía al respeto de los derechos de cada individuo. Esta es una característica de un sistema político-social que a lo largo de muchos años se desenvuelve dentro de una estabilidad y paz social. Se ha contado siempre con un medio de defensa de los derechos humanos o garantías individuales. Ese medio de defensa ha sido el tradicional y orgullo de las instituciones de la nación, juicio constitucional de amparo; pero ante las importantes transformaciones que se han venido dando en nuestro país, ha sido preciso adoptar nuevas formas y mecanismos jurídicos que permitan asegurar el ejercicio de las facultades y la ampliación de la justicia social, dentro del ejercicio de nuestra soberanía y bajo el imperio del derecho. El proceso de cambio fue visto estrechamente vinculado a la creación de una nueva relación entre la sociedad y el Estado, a un diálogo más próximo entre el ciudadano y su gobierno, a una mayor confianza y credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones públicas, a un cabal respeto a los derechos de cada individuo. En este contexto se creó la Comisión de Derechos Humanos el cinco de junio de mil novecientos noventa, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, concibiéndola como una institución que diera cauce a la participación activa de la sociedad en la identificación y denuncia de los actos de autoridad que pudieran constituir o configurar una violación de derechos humanos. La experiencia y el resultado de su buen oficio hizo posible la presencia y consolidación de dicho organismo, como un espacio para la libre expresión y protección de los mexicanos y de todo individuo en el territorio nacional, frente a actos de autoridades que afectaran su vida, libertad, dignidad y derechos. En el avance por ofrecer y consolidar un firme respeto a los derechos humanos en México, fue necesario dotar al Estado nacional de un medio más sólido teniendo la experiencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal forma que la idea fue consolidar su permanencia y nivel. En este orden de ideas se procedió a la reforma del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno por el titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuya iniciativa pretendió darle cabida no sólo al aludido organismo, sino también se previó que las entidades federativas contaran con el suyo propio, mediante las leyes que emitieran las Legislaturas Locales, proyecto que tuvo feliz término en el mes de enero del año siguiente, al aprobar tanto el Congreso de la Unión como los Congresos Locales el mecanismo que le dio firmeza y solidez a la comisión de que se trata, al considerársele en la Ley Suprema del país, pero no solamente eso, sino que también se dispuso que las entidades federativas tuvieran su órgano protector de derechos humanos y a partir de entonces empezaron a dar vida a sus propias comisiones a través de las disposiciones que al efecto emitieron. En el mes de septiembre del año de mil novecientos noventa y nueve, se publicó con fecha trece en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones que se hicieron al invocado artículo 102 constitucional, consistentes en el reconocimiento a su personalidad jurídica, patrimonio y autonomía que se otorgó a dichos organismos. Pero el Constituyente ordinario a la fecha no ha considerado que los Municipios tengan sus comisiones de derechos humanos para conocer de la infracción a éstos, cuando sus autoridades municipales en el rango administrativo los vulneren y, por consiguiente, que los Cabildos tengan facultades para crearlos. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Huajuapan de León, distrito del mismo nombre de este Estado de Oaxaca, en sesión del dieciocho de enero del año en curso aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de ese Municipio, en contravención expresa del artículo 102, inciso b), de la Carta Magna, que no lo faculta para emitir una norma general en ese sentido, con lo cual invadió las esferas de competencia de la Federación y la del Estado de Oaxaca, pues sólo estas dos entidades están autorizadas para crear organismos de la naturaleza de que se trata y por ello procede declarar la nulidad del acto de aprobación como del ordenamiento jurídico impugnado, dada la manifiesta y notoria infracción al precepto constitucional invocado. Consecuentemente con lo anterior, el cuerpo colegiado municipal, hoy demandado, desconoció en forma terminante el artículo 16 de la Constitución Federal, que manda que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente. En apoyo a lo anterior me permito invocar la jurisprudencia número 100 que obra en el tomo correspondiente al Pleno y a las Salas del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, publicado en el año de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido ha desconocido el Ayuntamiento demandado al invadir la esfera de competencia de la entidad oaxaqueña y que al efecto dice: 'AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.'. Igualmente el Ayuntamiento de Huajuapan de León deja de observar el artículo 115 de la Carta Magna, porque no está facultado para legislar, y al expedir el reglamento impugnado sin tener facultades para ello, desconoce el contenido de dicha disposición que versa, entre otras cosas, de cuáles son las facultades que constitucionalmente le están señaladas a los Cabildos en materia reglamentaria, que no son precisamente el de crear y dar funciones a un organismo protector de derechos humanos. Para sostener lo anterior, me permito invocar la siguiente tesis jurisprudencial que dice lo siguiente: 'MUNICIPIOS, CARECEN DE FACULTADES LEGISLATIVAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, los Municipios son la base de la división territorial de los Estados, es decir, son organismos que corresponden a la descentralización territorial o por región cuyas funciones se limitan a la gestión de los asuntos administrativos de carácter local, mediante la realización de actos creadores de situaciones jurídicas concretas e individuales y no generales y abstractas como son los actos legislativos, puesto que ningún precepto constitucional les confiere facultades legislativas. Y si bien, la fracción III del citado artículo 115 concede a los Municipios personalidad jurídica para todos los efectos legales, no puede derivarse de tal personalidad la facultad legislativa, porque si la persona física goza del derecho de libertad y puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, la autoridad sólo puede obrar dentro de las facultades que le confiere la ley, aunque tenga personalidad jurídica como los Municipios. Amparo en revisión 5658/59. Virginia Sosa Hernández. 18 de enero de 1966. Unanimidad de quince votos. Ponente: José Castro Estrada. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época: Volumen CIII. Página: 51. La argumentación anterior es bastante, para que después de tramitado el juicio se declare la nulidad del acto y normas generales que se combaten a través de esta vía."

CUARTO. Por acuerdo de veinte de marzo del año dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructor al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Por auto de fecha veinticuatro de marzo del citado año, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente en su calidad de procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca; admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la parte demandada para el efecto de que produjese su contestación; reconoció el carácter de terceros interesados en la presente controversia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, ordenó que se les corriera traslado tanto a los terceros interesados como al procurador general de la República a fin de que manifestasen lo que a su interés correspondiese y, finalmente, tuvo por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la parte actora a su demanda.

QUINTO. Mediante escrito presentado el ocho de mayo del año dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, por conducto de la síndica primera, Guillermina Guadalupe González García, rindió su contestación de demanda, en los siguientes términos:

"Guillermina Guadalupe González García, síndica primera municipal del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, actuando con la representación jurídica del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, personalidad que me otorgan los artículos 22, fracción II y 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, tal como lo acredito con la copia debidamente certificada del acta de sesión solemne de Cabildo de fecha primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en Paseo de la Reforma número 10, Torre Caballito, piso 11, oficina 14, colonia Tabacalera, código postal 06030, delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad capital, y autorizando para tales efectos al licenciado Mario Alberto Magaña Magaña, con cédula profesional número 2105094 y al pasante en derecho José de Jesús Ruiz Munilla y/o Wenceslao Rodríguez Salazar, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: Que con fundamento en lo establecido por el artículo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a contestar en tiempo y forma la controversia constitucional planteada por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en contra del H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, según escrito de fecha catorce de marzo del presente año presentado ante la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo las siguientes consideraciones: Terceros interesados. El Ayuntamiento por mí representado niega que se vean afectadas o menoscabadas las atribuciones y facultades legales tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, por las razones que expondré más adelante en el cuerpo del presente escrito. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en que fueron publicados. El Ayuntamiento que represento niega asimismo que el acto de aprobación que hizo el H. Ayuntamiento de Huajuapan de León, en sesión de Cabildo de fecha dieciocho de enero del presente año, del Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y que regula su actividad, menoscabe las atribuciones del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que en todo caso quien tendría que intentar la controversia constitucional tendría que ser el gobernador local del Estado de Oaxaca ya que, suponiendo sin conceder, hipótesis con la que no concuerdo, que hubiera una extralimitación del Ayuntamiento de Huajuapan de León, sería en detrimento de ese órgano legislativo, quien tiene las facultades legales para establecer comisiones estatales de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República, precepto que de ninguna manera menciona al Poder Ejecutivo Estatal. Por tal motivo, si la actora no se ve afectada por el acto objeto de la litis, mucho menos se ve afectada por el medio oficial en que fue publicado, que en este caso en particular fue el ejemplar número 10 del día cuatro de marzo del presente año del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Así mismo, niego categóricamente que el Ayuntamiento por mí representado haya aprobado en la sesión de Cabildo del dieciocho de enero del año que se cursa, la creación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Preceptos constitucionales violados. De igual modo y con base en los mismos argumentos jurídicos mencionados anteriormente, rechazamos terminantemente que se hayan violado los preceptos constitucionales federales que menciona la actora, ya que la misma pretende hacer valer el razonamiento que el H. Ayuntamiento de Huajuapan de León carece de facultades para emitir un reglamento, lo cual contraviene expresamente lo establecido por el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, que a la letra dice: '... Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.' (el subrayado es nuestro para efecto de ilustrar a su Señoría). Como se puede apreciar a simple vista, el Ayuntamiento de Huajuapan de León, sí tenía facultades legales para expedir el reglamento interno que la actora señala como inválido, ya que además el mismo en perfecta concordancia con la ley orgánica del Estado de Oaxaca, cuerpo legal emitido por la Legislatura Estatal competente para ello. En cuanto al segundo precepto constitucional federal señalado por la actora como violado por la demandada, menciona al artículo 102, apartado B, también negamos tajantemente que el acto impugnado objeto de la litis lo haya contrariado, ya que el mismo en su primer párrafo textualmente dice: 'El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. ...'. Y es el caso de que el Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapan de León principalmente se enfoca a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, siendo ésta una labor académica no prohibida ni contemplada por el precepto legal antes citado. El Gobierno del Estado de Oaxaca no puede evitar que un Ayuntamiento reconozca la defensa de los derechos humanos como se ha hecho en el presente caso. Lo anterior se desprende de las atribuciones asignadas a dicha comisión contenidas en el artículo 11 del reglamento interno, entre las que sobresalen las fracciones siguientes: 'IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades o servidores públicos señalados como responsables. ... V. Impulsar la observancia y protección de los derechos humanos en el Municipio. VI. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito municipal. VII. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.'. Como es fácil de apreciar, este tipo de atribuciones en ningún caso invaden la esfera de competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. Por lo que respecta al tercer artículo constitucional federal invocado como violado por la actora, menciona al 115, en cuanto a que los Municipios no pueden legislar. A esta cuestión, manifiesto que remitimos a su Señoría a la respuesta que hicimos de la presunta violación del artículo 16 constitucional, para no tener que transcribir de nueva cuenta el mismo razonamiento. Hechos que constituyen los antecedentes de la norma general y acto cuya invalidez se reclama. En este apartado, la actora hace una síntesis del contenido del Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapan de León, pero sin que de ninguna parte de su análisis se desprenda nada que viole los artículos constitucionales invocados por la actora. Conceptos de invalidez. En este apartado de su escrito, la actora se limita a emitir una serie de opiniones de carácter subjetivo y político, sin contener nada de carácter jurídico, como se desprende de las expresiones siguientes: 'En México siempre ha existido una amplia tradición jurídica en la creación de instituciones y mecanismos que han dado garantía de respeto de los derechos de cada individuo. Ésta es una característica de un sistema político-social que a lo largo de muchos años se desenvuelve dentro de una estabilidad y paz social.' (primer párrafo). 'El proceso de cambio fue visto estrechamente vinculado a la creación de una nueva relación entre la sociedad y el Estado, a un diálogo más próximo entre el ciudadano y su gobierno, a una mayor confianza y credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones públicas, a un cabal respeto a los derechos de cada individuo.' (segundo párrafo). 'En este contexto se creó la Comisión de Derechos Humanos el cinco de junio de mil novecientos noventa, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, concibiéndola como una institución que diera cauce a la participación activa de la sociedad en la identificación y denuncia de los actos de autoridad que pudieran constituir o configurar una violación de derechos humanos.' (tercer párrafo). 'La experiencia y el resultado de su buen oficio hizo posible la presencia y consolidación de dicho organismo, como un espacio para la libre expresión y protección de los mexicanos y de todo individuo en el territorio nacional, frente a actos de autoridades que afectaran su vida, libertad, dignidad y derechos.' (cuarto párrafo). En fin, que de lo antes transcrito no se desprende ningún concepto de violación, como vanamente pretende hacerlo la parte actora. Debe quedar completamente claro que la Comisión Municipal de Derechos Humanos se creó por iniciativa popular en el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis y así se estructuró su directiva. El Ayuntamiento, en su sesión de Cabildo de fecha cuatro de marzo de ese año sólo recibió la presentación de los vecinos comisionados y los reconoció, como así lo acredito con la copia certificada de la mencionada acta de Cabildo. El Ayuntamiento, en su carácter de gobernador y no de administrador municipal, tiene el deber y la facultad de regular el funcionamiento de los entes colectivos, principalmente de los protectores de los derechos humanos en el territorio municipal. Por todo lo que se ha vertido en esta contestación, la estructura y funcionamiento de esta Comisión Municipal de Derechos Humanos no contraviene ninguna disposición constitucional, ni federal, ni local, por el contrario, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que los Municipios constituyen un poder público en su territorio y, por ello, con poder, regulan la armónica convivencia de su población, en consecuencia, la regulación de esta comisión municipal no es inconstitucional por ser parte del deber del gobernante municipal. Aun el acto de creación de dicha comisión sí pertenece al ámbito de facultades del gobierno Municipal, porque se trata de una facultad originaria y natural, desde el punto de vista del concepto de vecindad que se ha convertido en un elemento del Municipio en el marco de la teoría del Estado. La protección de derechos humanos no forma parte del elenco de facultades distribuidas en el artículo 124 de la Constitución Federal, luego entonces, el Gobierno Estatal no puede reservarse en exclusiva esas facultades. El artículo 102 de la Constitución General de la República expresa la existencia de la comisión nacional, y a su vez el artículo 138 bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca pone énfasis en la existencia de una comisión local, pero en el espíritu genérico de la parte dogmática de la Constitución Federal y en el marco del sistema federal, cambia el deber de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para crear y regular la protección de los derechos humanos. La creación y regulación de mecanismos técnicos protectores de derechos humanos con efectos de cosa juzgada, como el juicio de amparo, sí requieren de una expresión indubitable en el sistema jurídico mexicano, pero los mecanismos protectores de derechos humanos que sólo emiten recomendaciones públicas, autónomas no vinculatorias, son implícitas en la parte dogmática y no requieren una especial expresión. En el orden de ideas que se contesta esta controversia constitucional, cabe considerar que una vez creada la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos ¿en qué se contravienen las Constituciones Federal y Local para que exista la municipal, si los tres órdenes del gobierno forman el sistema federal? Además, la comisión protectora de derechos humanos más genuina es la municipal porque su población forma la vecindad que es exigente de esa protección. Las comisiones nacional y estatal pertenecen a ficciones jurídico-políticas. Debe considerarse el Municipio, como la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia social y base de la organización política nacional, debe ser comunidad de vida y no simple circunscripción política, fuente y apoyo de libertad y sobre todo protectora de los derechos humanos, como debe entenderse en la nueva realidad del Municipio mexicano. En mérito a lo anteriormente expuesto y para reforzar nuestros argumentos, nos acogemos al nuevo texto del artículo 115 de la Constitución General de la República, por vía de la retroactividad que beneficia a mi representado, en términos del primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, que aunque la reforma no concede facultades legislativas, sí establece a favor de los Ayuntamientos el carácter de gobernante y no de administradores, lo que implica un deber mayor para reglamentar la protección de los derechos humanos en su territorio sin invadir la esfera estatal y federal como se ha hecho. Nuevo texto que rediseña y crea su propio marco reglamentario municipal, en donde se reafirma su dimensión del Municipio de orden de gobierno, como parte de la adecuación a la realidad del Municipio mexicano. Suspensión. Consideramos que no es procedente otorgarla, en virtud de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que dispone: 'La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.'. Es el caso de que el reglamento impugnado por la actora son precisamente normas de carácter general. Cabe señalar que este mismo criterio fue tomado en cuenta en el acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año, en el que se le niega la suspensión a la actora, además de que el argumento que hace valer en su escrito inicial vuelve a contener expresiones de carácter subjetivo y político, sin mayor argumentación jurídica, como lo es la contenida en el segundo párrafo de este apartado de suspensión: 'La actuación de una comisión de derechos humanos causaría desorden en el Estado de Oaxaca, pues en lo subsecuente cualquiera de los 570 Municipios con que cuenta el Estado, seguirá el ejemplo de su similar de Huajuapan de León, lo que provocaría una situación que mermaría la seriedad con la que ha venido actuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos en agravio de los gobernados, quienes verían la actuación del órgano protector de derechos humanos con falta de firmeza y seguridad de las que ha sido investida por la Carta Magna.'. Como se aprecia, habla en futuro de situaciones hipotéticas y a nombre de terceras personas genéricamente consideradas, sin que nada de lo que dice se traduzca en algo concreto, real y presente. Ya que en realidad la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Huajuapan de León, Oaxaca, como ya se dijo, se creó desde el año de mil novecientos noventa y seis y no ha causado desorden en el Estado de Oaxaca."

SEXTO. En proveído de treinta y uno de mayo del año dos mil, se tuvo por contestada la demanda.

Por auto de primero de junio del año dos mil el licenciado Pedro Alberto Nava Malagón, secretario auxiliar de Acuerdos de la Presidencia, titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días hábiles concedido al Estado Libre y Soberano de Oaxaca y al procurador general de la República, para que manifestaran lo que a su d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7055-b5ca5ee2/comision-municipal-de-derechos-humanos-de-huajuapan-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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