AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO. TIENE ESE CARÁCTER EL INTERVENTOR DESIGNADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DEL TESORERO MUNICIPAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado el ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Román García Martínez, Carlos González Martínez y Carlos Miguel de la Rosa López, en su carácter, respectivamente, de presidente del Municipio de Cosoleacaque, del Estado de Veracruz, síndico municipal único, y apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:
"a) H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado por conducto de su presidente. b) Presidente de la Comisión de Gobernación de la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, con domicilio en el Palacio Legislativo. c) Presidente de la Comisión de Vigilancia de la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado. d) Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal de la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado. e) Jefe del Departamento de Auditoría Financiera de la H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado. f) C. Contador mayor de Hacienda, C. René Mariani Ochoa, en su carácter de contador mayor de Hacienda. g) Al C. Abel Cazares Escobar.-La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado: La imposición de un interventor a la Tesorería Municipal de la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz, no existe medio oficial de publicación, toda vez que dicho acto fue dado a conocer el 24 de mayo de 1999, al H. Ayuntamiento municipal con escrito fechado 20 de mayo de 1999 firmado por el C. Contador mayor de Hacienda de la Quincuagésima Octava Legislatura, C.P. René Mariani Ochoa."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"a) Con fecha 24 de mayo de 1999, se presentó en el palacio municipal del H. Ayuntamiento de la Cd. de Cosoleacaque, Ver., una persona con los oficios 1763/05/999 y 1766/05/999, en el primero de los oficios se comunicaba al H. Ayuntamiento municipal de la ciudad de Cosoleacaque, Ver., que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado a través de la H. Comisión de Vigilancia, en uso de las facultades que le confieren los artículos 68, fracción LIV, de la Constitución Política Local; 4o., fracciones II, III, VI, VII, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado, decretó intervenir la Tesorería del H. Ayuntamiento que usted preside, por conducto de esta Contaduría Mayor de Hacienda.-Para poder cumplir con lo anterior, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado, he designado al C. Abel Cazares Escobar para que intervenga la Tesorería de ese H. Ayuntamiento, debiéndose hacer responsable de las funciones y actos que realice dicha Tesorería Municipal.-Dicho oficio firmado el 20 de mayo de 1999 en la ciudad de Xalapa, Ver., por el contador mayor de Hacienda, C.P. René Mariani Ochoa.-En el segundo de los oficios se comunicaba que los honorarios del interventor designado ascenderían a la cantidad de $13,500.00 (trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.-Cuestión que originó que el mismo día 24 de mayo del año en curso, una sesión de Cabildo extraordinaria en la que se invitó al contralor municipal, tesorero municipal y se llamó al C. Abel Cazares Escobar para que explicara cuál va a ser su función dentro de lo que es la entidad pública; a lo cual indicó: ‘Que su función como interventor, es la función de un tesorero, la finalidad es corregir las anomalías o las observaciones que la propia legislatura haya observado y durante el tiempo que se requiera y si es necesario que ya esté al corriente la tesorería, el Ayuntamiento estará en condiciones de nombrar un tesorero, pero la función primordial es la función de tesorero, haciendo a un lado al tesorero municipal.’.-Al término de la sesión de Cabildo se designó a la Comisión de Hacienda Municipal, presidente, síndico único y regidor séptimo para que en compañía del secretario del Ayuntamiento, le asignaran un lugar al C. Abel Cazares Escobar para que ejerciera las funciones de revisar, verificar, inspeccionar, practicar auditorías, pero no las de tesorero, a lo que se negó aduciendo que él venía en lugar del tesorero como se lo habían ordenado y como lo especificaba el oficio, cuestión que no es posible pues la legislatura no tiene ninguna capacidad para designar un tesorero al Ayuntamiento, aunque éste tenga el nombre de interventor y por otro lado no puede imponerle al Municipio el personal que ella contrata, para que se le pague una cantidad tan elevada.-Ante esta invasión de la autonomía municipal se optó por promover la presente controversia constitucional, en virtud de que la legislatura actúa fuera de todo marco constitucional que le dan sus atribuciones.-Es menester mencionar que el C. Abel Cazares Escobar ha insistido en que se le entregue la tesorería aduciendo que así se lo han ordenado y que el presidente del H. Ayuntamiento podría enfrentar serios problemas si no acata las órdenes de la legislatura. El acto que se demanda de la legislatura es inválido pues no se ajusta a las funciones que tiene contemplada la misma en la Constitución General de la República, en la Particular del Estado, en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, mismos ordenamientos que se invocan para pretender darle validez a un acto completamente inválido e ilegal, porque no se ajusta a la normatividad existente, pues esta es inaplicable al mismo, tal situación se analizará de manera más específica en el capítulo donde se mencionan los conceptos de invalidez del acto que demandados (sic) de las autoridades en mención."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados, son los siguientes:
"Del análisis del oficio 1763/05/999 de fecha 20 de mayo de 1999 firmado por el contador René Mariani Ochoa se desprende en forma total, ineludible, clara y precisa que el acto que se demanda es inválido, para lo cual se hace una transcripción de los fundamentos de derecho que en el mismo se invocan: Artículo 68, fracción LIV, de la Constitución Política Local (esto es de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave) que a la letra dice: ‘Son facultades y obligaciones de la legislatura: ... LIV. Nombrar inspectores, interventores o auditores, con el objeto de examinar las funciones, los servicios públicos, la contabilidad y demás actos que realicen los Ayuntamientos.’.-Del anterior artículo transcrito encontramos que el acto que se pretende de sustitución del tesorero es inválido, porque el interventor mencionado en este artículo es nombrado con el objeto de examinar y no de hacerse responsable de las funciones de la Tesorería como lo especifica el oficio 1763/05/999 que da origen al acto que se demanda como inválido.-Con el fin de concluir aún más sobre la invalidez del acto que se demanda es necesario recalcar sobre el artículo 68 de la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, sobre lo siguiente: ‘Artículo 68. Son facultades y obligaciones de la legislatura ...’. Conteniendo cincuenta y siete fracciones en donde no encontramos ninguna facultad de la Quincuagésima Octava Legislatura para nombrar interventor facultándolo para que ‘intervenga la tesorería de ese H. Ayuntamiento debiéndose hacer responsable de las funciones y actos que realice dicha Tesorería Municipal’ como lo establece el texto del oficio 1763/05/999 que da origen al acto cuya invalidez se demanda, la única fracción que menciona la facultad de la legislatura de nombrar interventores es la LIV, misma que ya fue transcrita al inicio de presente apartado y que es importante afirmar de la fracción en comento que se entiende de manera fehaciente que existen atribuciones para la legislatura de nombrar inspectores, interventores o auditores especificando de forma clara y precisa la actividad que se desarrollará, que es ‘con el objeto de examinar’ y desglosando las palabras con que se integra la función de los entes nombrados por la legislatura encontramos: Objeto. Cualquier cosa que se ofrece a la vista y afecta a los sentidos. Fin o intento.-Examinar. Inquirir, investigar con diligencia y cuidado una cosa, viendo si contiene algún defecto o error.-De lo anterior se desprende que la función a que se refiere el artículo 68 de la Constitución Local, en referencia a los entes que entre sus facultades tiene la legislatura nombrar, no está la de que (sic) ‘Intervenga la Tesorería de ese H. Ayuntamiento, debiéndose hacer responsable de las funciones y actos que realice dicha Tesorería Municipal’, como textualmente lo indica en el oficio 1763/05/999.-Por tal razón en un ajuste de estricto derecho encontramos que el acto que se demandó como inválido y el artículo 68 de la Constitución Política para el Estado, no son acordes y de ninguna forma se justifican; esto es, el acto no se adecua a la realidad jurídica que plantea la norma constitucional, lo que trae como consecuencia ineludible la invalidez del acto demandado.-Artículo 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que a la letra dice ‘4o. La Legislatura o diputación permanente en su caso podrán nombrar inspectores con el objeto de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, vigilar, evaluar y auditar los servicios públicos que presten los Ayuntamientos.’.-De este artículo se deduce en forma precisa y clara que el acto que se pretende como lo marca el oficio 1763/05/999 que el interventor deberá hacerse responsable de las funciones y actos que realice dicha tesorería es inválido, por el sentido de la misma norma transcrita, ya que el objeto de los inspectores es verificar, examinar, vigilar, evaluar y auditar; no sustituir en sus funciones al tesorero como lo indicó el mismo interventor Abel Cazares Escobar, por lo cual en el acto y la norma transcrita encontramos la invalidez del primero con relación a la norma.-Artículo 4o., fracciones II, III, VI, VII, VIII y XIII, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado: ‘La contaduría tendrá las siguientes atribuciones: ... II. Verificar que el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y las entidades, hayan realizado sus actividades y operaciones financieras con apego a la Constitución, a las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que regulan dichas actividades; III. Verificar que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos: a) Realizaron sus operaciones con apego a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos del Estado y a los de los Municipios, y demás ordenamientos aplicables en la ley de la materia; b) Ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas aprobados; c) Ejecutaron los programas de inversión y de gasto corriente, en los términos y montos aprobados y de conformidad con sus partidas; d) Aplicaron los recursos provenientes de financiamientos con la periodicidad y forma establecidas por las disposiciones legales correspondientes, y e) Observaron el procedimiento y registro contables, de acuerdo con la normatividad respectiva. ... VI. Ordenar visitas e inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros y documentos, para comprobar si la recaudación de los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia; VII. Ordenar inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros, documentos, inspeccionar obras para comprobar si las inversiones y gastos autorizados se han aplicado eficiente y oportunamente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados y, en general, realizar las investigaciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones; VIII. Comisionar al personal correspondiente para realizar las visitas, inspecciones y auditorías necesarias en el cumplimiento de su función y contratar los servicios profesionales de personal especializado, para el mejor desempeño de sus actividades. ... XIII. Practicar visitas, inspecciones y auditorías a los Ayuntamientos de la entidad, a fin de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, así como la prestación de los servicios públicos que administren los Ayuntamientos, informando de los resultados obtenidos de la misma.’.-Del estudio que se hace de las seis fracciones del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda se concluye que el acto que se reclama es inválido, pues en ninguna fracción faculta a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura de Estado a designar un interventor que ‘intervenga de ese H. Ayuntamiento, debiéndose hacer responsable de la (sic) funciones y actos que realice dicha Tesorería Municipal’. Y que se haga cargo de los ingresos y egresos así como de las chequeras del Ayuntamiento, según dicho del interventor designado C. Abel Cazares Escobar.-El acto que se demanda como inválido no tiene adecuación en las fracciones que se transcribieron del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, pues de una correcta interpretación de todas las fracciones transcritas se desprende que sus atribuciones son para: verificar (fracción II); verificar (fracción III); ordenar visitas e inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros, inspeccionar obras (fracción VII); visitas, inspecciones y auditorías (fracción VIII); visitas, inspecciones, auditorías y verificación (fracción XIII); del anterior resumen se obtiene que la legislatura y sus comisiones demandadas por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, se exceden en sus funciones al pretender nombrar al H. Ayuntamiento de la Cd. de Cosoleacaque, Ver., un tesorero con el nombre de interventor, por lo cual se violenta lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General de la República en sus fracciones I y II, pues cobra aplicación lo dispuesto en la fracción I del mencionado artículo constitucional, toda vez que de darse el nombramiento de tesorero por la legislatura con el nombre de interventor se violaría dicha fracción que consigna: ‘Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.’. De imponerse al Ayuntamiento al mencionado tesorero con nombre de interventor por la H. Quincuagésima Octava Legislatura a través de la H. Comisión de Vigilancia se violentaría el principio ‘De que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento’, pues el nombramiento de tesorero es única y exclusiva facultad del Ayuntamiento, según disposición expresa de los artículos 25 y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.-Asimismo, dispone el precepto constitucional que no habrá ‘ninguna autoridad intermedia ...’. Y el interventor, en funciones de tesorero, tendría ese carácter violando la autonomía del Municipio Libre; también cobra aplicación lo que dispone el artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que dispone: ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda, estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley’. Con lo que se actualiza la invalidez del acto que se reclama, pues si es facultad del Municipio administrar su hacienda libremente no se concibe que la legislatura pretende imponer un interventor en lugar del tesorero, máxime si esta figura no existe con funciones determinadas en la ley.-La fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Federal establece: ‘Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.’. Con lo que encontramos que de llevarse a cabo el acto cuya invalidez se reclama se violaría la fracción II del artículo en cita.-De la misma forma es de mencionarse el artículo 114 de la Constitución Política Local que sienta las bases a las que se sujetarán las leyes reglamentarias municipales y en ninguna de las dieciocho fracciones hace alusión a que deba existir subordinación o admitir intromisión en la esfera competencial por cuanto hace a la administración de la hacienda municipal, con lo que se concluye que el acto de nombrar un interventor en funciones de tesorero es un acto inválido constitucionalmente y sin fundamento legal aplicable al acto, lo que hace aún mayor la invalidez del mismo.-El acto que se reclama como inválido, también violenta lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura, que a la letra dice: ‘Son atribuciones de la comisión.’ (se refiere a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda), y es necesario invocar lo que dispone la fracción IV que indica: ‘Dictar las medidas que estime necesarias para que la contaduría cumpla con las funciones que le corresponden en términos de ley.’, es obvio que el acto que se demanda como inválido, no está comprendido dentro de las funciones que tiene la Contaduría Mayor de Hacienda; porque no es su función: ‘Que intervenga la Tesorería de ese H. Ayuntamiento debiéndose hacer responsable de las funciones y actos que realice dicha Tesorería Municipal’. Como se desprende del oficio 1763/05/999 y de lo analizado ya en el artículo 4o. de la citada ley.-El oficio 1766/05/999 es violatorio de lo que dispone el artículo 4o., fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura, pues es facultad de la mencionada contaduría contratar los servicios profesionales de personal especializado, para el mejor desempeño de sus actividades, y al querérsenos imponer que se le pague la cantidad de trece mil quinientos pesos mensuales al C. Abel Cazares Escobar se actualiza la invalidez del acto que se reclama, pues el Ayuntamiento no está contratando al mencionado interventor.-También se violenta lo que dispone el artículo 69 de la Constitución Política Local en su fracción I, que dispone: ‘Artículo 69. No puede la legislatura: I. Atentar contra el sistema representativo, popular, federal.’.-Cuestión que se actualiza y se traduce en violación, pues la legislatura al pretender imponernos en la tesorería un interventor, con las funciones ya multicitadas, atenta contra el sistema representativo, popular, federal, en contravención a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional y su ley reglamentaria; la Ley Orgánica del Municipio Libre, en sus artículos 25, 70 y 79 ya previamente analizados, en el presente apartado, correspondiente a los conceptos de invalidez, pues como ya se dijo el nombramiento de tesorero corresponde solamente al Ayuntamiento.-Al ir en contra de lo que dispone el artículo 69 de la Constitución Política Local, se transgrede, desde luego, el artículo 115 constitucional que en su primer párrafo determina: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre ...’.-Lo que refuerza los conceptos de invalidez del acto que se demanda."
CUARTO.-La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda, son violatorios de los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 10/99 y se designó como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.
Por auto de fecha quince de junio del mismo año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, únicamente por lo que respecta al síndico municipal único del Ayuntamiento del Municipio de Cosoleacaque, Estado de Veracruz, y no así por cuanto hace al presidente municipal y a Carlos Miguel de la Rosa López, por los motivos que en el propio auto se exponen, el cual no fue recurrido por la parte a quien pudiera perjudicar. Además, en el auto de mérito se ordenó emplazar a las autoridades demandadas con excepción de Abel Cazares Escobar; y se ordenó dar vista al procurador general de la República.
SEXTO.-El presidente de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, al formular contestación de demanda manifestó lo siguiente:
"1. En relación al inciso a) del punto 6 del escrito de demanda de controversia constitucional, expresamos que mediante acuerdo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de fecha 17 de mayo del año en curso, se tomó la determinación de intervenir la Tesorería Municipal de Cosoleacaque, Ver., ordenando al contador mayor de Hacienda de la H. Legislatura del Estado, el cumplimiento de la resolución.-2. Mediante oficio 1763/05/99 de fecha 20 de mayo del año en curso, el C. C.P. René Mariani Ochoa, contador mayor de Hacienda, comunicó al C. Román García Martínez, presidente municipal de Cosoleacaque, Ver., que en uso de las facultades que le confieren los artículos 68, fracción LIV, de la Constitución Política Local; 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 4o., fracciones II, III, VI, VII, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que la H. Legislatura del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría, acordó intervenir la Tesorería del H. Ayuntamiento que preside. También se le hizo saber que fue designado como interventor el C. Abel Cazares Escobar.-3. En oficio número 1766/05/99 del expediente 049/99 de fecha 20 de mayo del año en curso, el mismo contador mayor de Hacienda, C. C.P. René Mariani Ochoa, comunicó también al edil Román García Martínez, que con base en el acuerdo de la H. Comisión de Vigilancia se determinó que los honorarios que debían pagarse al interventor son por la cantidad de $13,500.00 (trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, recomendándole que se hiciera del conocimiento del Cabildo para que se incluyera en los acuerdos de éste. Acuerdo que nunca tomó el H. Ayuntamiento de Cosoleacaque, Ver.-4. En sesión del 2 de junio del año en curso, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría de esta H. Legislatura, tomó el acuerdo de retirar a todos los interventores de las Tesorerías Municipales del Estado, incluyendo al contador público Abel Cazares Escobar, ordenando al contador mayor de Hacienda que girara instrucciones para que aquéllos entregaran las tesorerías a las autoridades municipales. En el caso particular del mencionado contador, nunca pudo ejercer sus funciones por los obstáculos materiales que le pusieron los ediles, motivo por el cual no fue necesario hacer entrega alguna.-Causal de improcedencia de la demanda.-I. La demanda planteada por los representantes del H. Ayuntamiento del Cosoleacaque, Ver., es improcedente, de conformidad con lo prevenido en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal, en virtud de que de acuerdo como lo expusimos en el punto cuarto del capítulo de los antecedentes, el día 2 de junio del año en curso, la Comisión Permanente de Vigilancia de esta H. Legislatura, determinó retirar a todos los interventores de las Tesorerías Municipales, incluyendo la de Cosoleacaque, Ver., y en ese sentido han cesado todos los efectos de la determinación de intervenir la de este Municipio, surtiéndose con ello los efectos de improcedencia que prevé la norma que invocamos. Pero además, de acuerdo con el escrito de fecha 2 de junio del año en curso, signado por el C.P. Abel Cazares Escobar, que dirige al C.P. René Mariani Ochoa, contador mayor de Hacienda de esta H. Legislatura, el mencionado interventor nunca entró en funciones por el obstáculo material de que fue objeto por parte de los ediles del citado H. Ayuntamiento; asimismo, tampoco se le cubrieron los honorarios que recomendara el contador mayor de Hacienda; en consecuencia, se surte también la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ya mencionada ley reglamentaria.-Conceptos de validez de los actos emitidos por esta H. Quincuagésima Octava Legislatura del Estado. I. Contrariamente a lo que sostiene la entidad municipal respecto a la ilegalidad de la designación del interventor, no existe violación a los artículos 68, fracción LIV, de la Constitución Local; 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y 4o., fracciones II, III, VI, VII, VIII y XIII de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque el concepto de examinar las funciones de contabilidad al que hacen referencia las normas antes enunciadas, comprende desde el punto de vista jurídico-contable las funciones de vigilancia, evaluación y revisión de las cuentas públicas. a) El artículo 68, fracción LIV, de la Constitución Local, establece en forma enunciativa, dentro de las facultades de la Legislatura Local, la de nombrar interventores con el objeto de examinar las funciones, los servicios públicos, la contabilidad y demás actos que realicen los Ayuntamientos, sin clarificar las atribuciones específicas y la forma de desarrollarlas de los nombrados, de modo que para dilucidar esta cuestión, por principio de especialidad jurídica, debemos sujetarnos a lo que al respecto mencionen las leyes secundarias. Para fundar este criterio, resulta aplicable la tesis jurisprudencial que dice: ‘INTERVENTORES EN MATERIA MERCANTIL, LEY APLICABLE PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS.-Para todas las cuestiones no reglamentadas en la Ley General de Instituciones de Crédito y en el Código de Comercio, deben aplicarse las disposiciones correspondientes del Código de Procedimientos Civiles respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1051 del citado Código de Comercio, y si ni en éste ni en la ley que primero se menciona, se encuentran reglamentadas las facultades del interventor que se nombra en los juicios en que se demanda el pago de un crédito de habilitación o avío, reaccionario (sic) o inmobiliario, por una institución de crédito, es claro que tal cuestión debe resolverse de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado Código de Procedimientos Civiles.’.-Quinta Época. Tomo LXXII, página 4252. Cohen Salomón.-b) Así, el artículo 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, señala textualmente que la diputación permanente podrá nombrar inspectores con el objeto de verificar las entradas y salidas de los fondos, vigilar y evaluar los servicios públicos que presten los H. Ayuntamientos, así como examinar la contabilidad. La letra de la ley es clara en cuanto que las personas nombradas como interventores, tienen todas las facultades para el manejo de las entradas y salidas de los fondos municipales, porque precisamente la verificación en los términos como lo expresa la ley, implica que directamente asuma la función de administrar esos recursos, lo que de ningún modo quiere decir que el interventor ocupe el lugar del tesorero, ya que éste tiene atribuciones delimitadas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que no coincide en su totalidad con las que debe desempeñar el primero. El interventor no suple al tesorero, solo verifica que los ingresos y egresos se manejen en los términos que prevén las leyes aplicables.-II. Siguiendo el criterio que ya hicimos valer en el punto primero de este capítulo, en el sentido de que para la interpretación de la norma constitucional debemos ceñirnos a lo que marcan las leyes secundarias, el artículo 4o., fracción I, relacionada con las fracciones VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, menciona que la Contaduría Mayor tendrá como atribuciones, entre otras, la de nombrar auditores internos o externos, que en el presente caso se trata de un interventor, para la revisión de las cuentas públicas de los H. Ayuntamientos, lo que en términos del artículo 15 de la misma ley significa que el personal designado por aquélla, procederá al examen de las partidas de ingresos y egresos, revisión legal, económica, financiera, fiscal y contable del ingreso y gasto público, y determinará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas, verificando si los cobros y pagos se efectuaron de acuerdo con los precios y tarifas autorizadas o de mercado. De lo anterior se desprende que el interventor tiene facultades para revisar el manejo de los fondos públicos municipales en los términos amplios que prevén las fracciones del numeral que invocamos y que coinciden con las atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 70, señala en sus fracciones I, IV, V, VI, XI, como facultades de los tesoreros municipales; atribuciones concurrentes que dieron motivo a la apreciación errónea de los representantes de la entidad actora; pero la actuación del mencionado interventor de ninguna manera contradice la ley, sino que más bien le da cumplimiento. En adición a lo anterior, queremos clarificar que las atribuciones del interventor no comprenden todas las que la ley señala en el citado artículo, por lo que se pone de manifiesto que el interventor no sustituye al tesorero y que el sentido del oficio 1763/05/99 es en los términos que se ha planteado y no como lo hace valer la actora.-III. En relación a las fracciones II, III y XIII del artículo 4o. de la Ley de Contaduría Mayor de Hacienda, la naturaleza de la intervención prevista de manera particular en la última fracción mencionada, implica que este funcionario tenga fa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7041-04a01069/autoridad-intermedia-entre-el-gobierno-estatal-y-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIA DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA (ABROGADA) QUE FACULTA A ESE ÓRGANO PARA USAR LOS MEDIOS DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O VÍA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (155)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (P./J. 10/99)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis