CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA (ABROGADA) QUE FACULTA A ESE ÓRGANO PARA USAR LOS MEDIOS DE APREMIO NECESARIOS CUANDO LOS OBLIGADOS LEGALMENTE SE NIEGUEN A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Rafael Hernández Villalpando y Fernando García Barna González, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal y síndico único, del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, promovieron controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades mencionadas en el párrafo siguiente:
"Parte demandada en el juicio. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por el presidente de la LVIII Legislatura del Estado, Lic. Carlos Brito Gómez y por el C.P. René Mariani Ochoa, contador mayor de Hacienda de la legislatura, con domicilio conocido en el Palacio Legislativo del Estado, sito en avenida Encanto esquina Lázaro Cárdenas de Xalapa, Ver.-Norma general o acto cuya invalidez se demanda: Ley Número 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, en particular los artículos 9o., 11, 12 y 20, que otorgan facultades metaconstitucionales al contador mayor de Hacienda y a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para sustituir en sus funciones a la honorable Legislatura del Estado de Veracruz que se integra con cuarenta y cinco diputados; así como los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre de 1999, dirigidos al C. Lic. Rafael Hernández Villalpando, Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., signados por el contador mayor de Hacienda de la H. Legislatura del Estado, mediante los cuales formula observaciones a la cuenta pública del H. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 1998."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"a) El primero de enero de 1998, tomaron posesión en la entidad veracruzana 210 nuevos Ayuntamientos, de los cuales 107 son presididos por alcaldes que fueron propuestos por partidos de oposición; correspondiendo 59 Ayuntamientos al Partido de la Revolución Democrática; 47 Ayuntamientos al Partido Acción Nacional y 1 (uno) al Partido Verde Ecologista. Dichos alcaldes, actualmente administran los principales Municipios de la entidad como son: Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Tuxpan, Boca del Río, entre otros.-b) El 10 de marzo de 1998, fue adicionada la fracción XV del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, con un párrafo cuyo texto dice: ‘Para el estudio de la cuenta pública del Gobierno del Estado, la legislatura contará con la Contaduría Mayor de Hacienda ...’.-c) El 11 de septiembre de 1998, la LVIII Legislatura del Estado, compuesta en su mayoría por diputados del Partido Revolucionario Institucional, aprobó con asistencia de 34 miembros; 30 votos a favor y 4 abstenciones, la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del propio cuerpo colegiado.-d) El 27 de octubre de 1998, en sesión pública ordinaria de la LVIII Legislatura Estatal designó al contador mayor de Hacienda, recayendo el nombramiento en la persona del C.P. René Mariani Ochoa de una terna propuesta al Pleno de la Legislatura del Estado, por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que a su vez está integrada por 9 diputados de los cuales 6 son del Partido Revolucionario Institucional. El resultado de la votación para la designación del contador mayor de Hacienda, fue de 35 a favor y 7 en contra (según consulta hecha al Diario de los Debates de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, año 1, primer periodo ordinario, tomo V, número 1).-e) El 2 de marzo de 1999, con la asistencia de 41 diputados fue aprobado por 35 votos a favor y 5 en contra, el Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, bajo cuya normatividad está siendo revisada la cuenta pública del ejercicio de 1998, aplicando en forma retroactiva una legislación con la que se fiscaliza el manejo hacendario de los 210 Municipios veracruzanos y con clara tendencia a escudriñar el gasto público en aquellos Municipios gobernados por la oposición al partido oficial.-De lo anterior, se deduce con claridad que las adiciones a la Constitución, la aprobación y vigencia de la ley orgánica y su reglamentación, no tienen otro propósito que ejercer sobre los Ayuntamientos una vigilancia y sometimiento, como jamás se había realizado hasta ahora en que más de la mitad de los Ayuntamientos de la entidad veracruzana, están siendo administrados por alcaldes de partidos de oposición.-f) En diferentes fechas, según consta con el sello de recibido del Departamento de Programación y Presupuesto de la H. Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, se remitió a ese cuerpo colegiado, la cuenta pública del Ayuntamiento de Xalapa, correspondiente a cada uno de los doce meses del ejercicio 1998.-g) Con fecha 13 de los corrientes, el C.P. René Mariani Ochoa, contador público de Hacienda envía al C. Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas 11 y 13 de octubre del presente año, que contienen las observaciones resultantes de las revisiones al Ramo 033 financieras y técnicas por la ejecución de obras y a la cuenta pública por el plan de arbitrios."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Es motivo de la presente controversia constitucional, la violación por parte del Poder Legislativo Local, a través de diversos actos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción IV, inciso c). Se establece en dicho numeral que: ‘... Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. ...’. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz aprobó, que en su oportunidad entró en vigor, la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y su reglamento que atribuye al contador mayor en su artículo 9o., fracción VI, la facultad de ‘formular pliegos de observaciones a la cuenta pública de los Municipios’. De esta manera, dicho contador, mediante oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre del año en curso, respectivamente, envía al Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., los pliegos de observaciones a la cuenta pública 1998, para que en un término de 15 días, a partir de su notificación que fue el 18 del mes anterior, solvente las mismas o en su defecto, reintegre los fondos del Ramo 033, que se precisan en tales oficios.-De lo anterior, debemos desprender una clara violación a la Constitución Federal, en perjuicio de la administración municipal que representamos, porque las observaciones que formula el contador mayor de Hacienda, con apoyo en la Ley 112 y su reglamentación, son actos de autoridad contrarios al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, que confiere al Pleno de la Legislatura Local, la facultad de aprobar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas; es decir, dada la naturaleza del asunto que la Constitución General confiere al Poder Legislativo Local, actuando en Pleno, la Contaduría Mayor de Hacienda no puede atribuirse una facultad que es exclusiva del mencionado cuerpo legislativo, porque la mencionada Contaduría Mayor, como órgano técnico y auxiliar de las funciones del Poder Legislativo, no puede ser revisor de los actos del Ayuntamiento, que jerárquicamente es un ente público superior, constituido en la célula de la división territorial y organización política y administrativa del Estado; de ahí que ha de invalidarse la inconstitucional facultad de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado, para formular observaciones a la cuenta pública municipal.-Segundo concepto de invalidez. El oficio número DAF.3291/1711, expediente 200, de fecha 13 de octubre de 1999, signado por el contador mayor de Hacienda, C.P. René Mariani Ochoa, dirigido al suscrito Rafael Hernández Villalpando, presidente constitucional de Xalapa, es un acto inconstitucional. Porque si bien el artículo 9o., fracción VI, de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor, atribuye la facultad para formular los pliegos de observaciones, de dicho numeral no se desprende que el pliego mencionado deba hacerse de manera directa a las autoridades auditadas, porque esta facultad originariamente y de manera exclusiva corresponde a la H. Legislatura, sin que ésta pueda delegar dicha facultad en un órgano técnico, cuyas funciones y atribuciones sólo surten efectos en el ámbito del Poder Legislativo, de ahí que el acto de autoridad cuya invalidez se demanda no solamente contraviene la Constitución General de la República, sino que además causa graves perjuicios a la administración municipal, que infundadamente es desacreditada, ya que los medios informativos publicaron los pliegos de observaciones, calificando a éstas como ‘irregularidades’, que, dolosamente tradujeron en malversaciones millonarias ($30'000,000.00), sin que el resultado de las auditorías gubernamentales se haya notificado previamente a esta autoridad para que en tiempo y forma se pudieran solventar las mencionadas observaciones a la cuenta pública.-Corrobora este concepto de invalidez, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis que aquí usamos en nuestro apoyo y que reza: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.’ (se transcribe).-Los actos que se combaten ejecutados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado, convierten a dicho órgano técnico meramente auxiliar de la Legislatura Estatal, en una autoridad intermedia que se arroga facultades metaconstitucionales en agravio de la autonomía económica e independencia política de los Municipios veracruzanos.-Por otra parte, resulta contrario a la Constitución Federal, el infundado requerimiento, formulado por el propio contador mayor de Hacienda en el oficio mencionado, para que este Ayuntamiento en un plazo de 15 días, a partir de la fecha de su recepción, solvente las observaciones que en concepto de ese órgano técnico encontró a la documentación relativa a la cuenta pública de 1998, con el apercibimiento para que, en caso de incumplimiento a tan inconstitucional requerimiento, el H. Ayuntamiento de Xalapa, reintegre los conceptos del Ramo 033.-Tercer concepto de invalidez. La Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y el acto de aplicación de la misma, según se desprende del oficio DAF.3291/1711, son contrarios no solamente a la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción IV, inciso c), sino que además contravienen la Constitución Política Local, en sus artículos 53, fracción II, inciso b y 68, fracción XXXVII, que corroboran la decisión constitucional en el sentido de reservar de manera exclusiva a favor de las Legislaturas Locales, la facultad de revisar y aprobar en su caso, la cuenta pública que presentan los Ayuntamientos; por lo anterior, debe invalidarse la ley y el acto de que se trata, por contravenir la disposición constitucional, dejando sin efecto las disposiciones a que se refieren los artículos 9o., 11, 12 y 20, de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz y obligar, a la autoridad demandada a dejar sin efecto los mandatos contenidos en los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre del año en curso.-Cuarto concepto de invalidez. La propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en su artículo 12, fracción I, corrobora los conceptos de invalidez expresados, al atribuir a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, la facultad de ‘presentar a la legislatura los informes y dictámenes que le remita la contaduría, respecto del análisis de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos’, situación legal que remite necesariamente, a la competencia exclusiva de la Legislatura Local para que, con apoyo en los artículos 53, fracción II, inciso b) y 68, fracción XXXVII, de la Constitución del Estado, sea ésta la autoridad responsable de formular, en su caso, las observaciones a la cuenta pública del Municipio de Xalapa; por tanto es inaceptable jurídicamente, que la Comisión Permanente de Vigilancia o el contador mayor de Hacienda de la misma legislatura, estén facultados para formular pliegos de observaciones, requerimientos o apercibir a las autoridades municipales respecto del manejo de la cuenta pública que ejercen los Ayuntamientos."
CUARTO.-El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido, es el 115, fracción IV, inciso c).
QUINTO.-Por acuerdo del doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Por auto de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por presentado al síndico del Ayuntamiento promovente con la personalidad con que se ostentó y no así al presidente del propio Municipio, en virtud de que la representación legal de dicho Ayuntamiento correspondía únicamente al anterior servidor mencionado y, en términos del artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia, requirió a la parte actora, en los siguientes términos:
"... requiérase a la parte actora para que, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son las autoridades que señala como demandadas, atento a la naturaleza de los actos que impugna, y precise claramente los actos que le atribuya a cada una, toda vez que, al reclamar la ley orgánica citada, debería emplazarse a juicio al Congreso Estatal y al gobernador del Estado que, respectivamente, expidieron y promulgaron la ley combatida, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de las controversias constitucionales; y, por otra parte, respecto de los oficios impugnados, deberá señalar si debe tenerse como demandadas a la autoridad emisora de los mismos y al órgano legislativo del que dependen. Todo lo anterior en virtud de que únicamente señala como demandado al Poder Legislativo Estatal y, del presidente de la legislatura y del contador mayor de Hacienda de la misma, únicamente los menciona como representantes y no como demandados por lo que, atendiendo a los actos y disposiciones impugnadas, se requiere hacer las aclaraciones antes precisadas. Además de lo anterior, en su caso, deberá precisar también los conceptos de invalidez respecto de cada uno de los actos que impugne de cada una de las autoridades que señale como demandadas ..."
SEXTO.-Por oficio del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Fernando García Barna González, en su carácter de síndico único del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, desahogó el requerimiento formulado, precisando:
"... señalo concretamente como demandadas a las siguientes personas e instituciones: I. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz.-II. El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz.-III. El contador mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz.-IV. El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.-Actos reclamados que se atribuyen: a) Al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, la aprobación de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, por considerar contrario a lo establecido en el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, lo dispuesto por los artículos 9o., 11, 12 y 20 del ordenamiento inicialmente señalado.-Concepto de invalidez. El acto que se atribuye al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, consistente en la expedición de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, es inconstitucional porque atribuye al contador mayor de Hacienda facultades que el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal le concede únicamente al Poder Legislativo y no a un órgano técnico de su dependencia; igualmente es inconstitucional porque crea y faculta a una Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para sustituir al Pleno de la Legislatura del Estado para dictaminar y aprobar las cuentas públicas municipales; resultando que los organismos creados a través de dicha ley disponen de mayores atribuciones que los que la Carta Magna reserva para las Legislaturas Locales en Pleno.-Actos reclamados que se atribuyen: b) Al presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura Local, el ejercicio de facultades metaconstitucionales, apoyándose en los artículos 11 y 12 de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.-Concepto de invalidez. Las atribuciones que viene ejerciendo el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura Local, rebasan lo establecido por el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, toda vez que el dictamen y aprobación de las cuentas públicas municipales es facultad exclusiva de las Legislaturas Locales y no de una comisión ‘integrada por un diputado de cada grupo legislativo, por cada diez puntos porcentuales de representación que mantenga en el Pleno’, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. En el caso particular de la Legislatura de Veracruz, dicha comisión se integra por seis diputados del PRI, dos del PAN, y uno del PRD, sin que las fracciones del PT y PVEM, estén incluidas en la multicitada comisión.-Actos reclamados que se atribuyen: c) Al contador mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz, el ejercicio indebido e ilegal de facultades que sustenta en los artículos 9o. y 20 de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con vista de los cuales se permitió emitir los oficios números 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas 11 y 13 de octubre del año en curso, mediante los que hizo saber al C. Presidente municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Ver., un pliego de observaciones derivado de la auditoría complementaria que realizaron auditores enviados por el propio contador mayor de Hacienda para revisar la cuenta pública municipal del ejercicio de 1998.-Concepto de invalidez. Si bien es permisible legalmente que las Legislaturas de los Estados puedan contar con organismos técnicos auxiliares para desahogar las amplias funciones que tienen encomendadas, resulta inconstitucional la pretensión del contador mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, de convertirse en fiscalizador de las cuentas públicas municipales, a sabiendas de que tal facultad es exclusiva de la Legislatura en Pleno, según lo dispone el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal.-Esa facultad indebidamente ejercida por el contador mayor de Hacienda, sin haber sometido previamente un dictamen técnico de auditoría al Pleno de la LVIII Legislatura del Estado para su discusión y aprobación, es lo que se reclama como ejercicio indebido de la función pública que tiene encomendada como órgano técnico auxiliar de la multicitada dependencia.-Actos reclamados que se atribuyen: d) Al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, la promulgación y publicación de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.-Concepto de invalidez. Los artículos 9o., 11, 12 y 20 de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, resultan inconstitucionales en primer término porque al crear la Contaduría Mayor de Hacienda otorgándole facultades que sólo competen a la Legislatura en Pleno, viola el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal; y en segundo lugar porque al crear la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y al concederle a dicha comisión facultades metaconstitucionales en la revisión y aprobación de las cuentas públicas municipales, indudablemente que conculca lo previsto por el precepto número 115 de la Carta Magna.-Manifiesto expresa conformidad en la corrección que se señala respecto a la intervención del C. Procurador general de la República, como parte y no como tercero interesado en la presente controversia constitucional."
SÉPTIMO.-Mediante proveído del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación, manifestando lo que a su derecho conviniera, girar oficio al procurador general de la República, para que produjera las manifestaciones conducentes al caso y tuvo por ofrecidas las pruebas documentales acompañadas al escrito de demanda.
OCTAVO.-Los diputados, presidente de la diputación permanente y de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, secretario de la diputación permanente y contador mayor de Hacienda, los tres integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, al formular su contestación de demanda manifestaron:
"Diputado Carlos Brito Gómez y diputado Flavino Ríos Alvarado, contador público René Mariani Ochoa presidente de la diputación permanente y de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, secretario de la diputación permanente y contador mayor de Hacienda, respectivamente, todos integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, de conformidad con los artículos 59, 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 10, fracción II, 22 y 23, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 10, fracción II, 22 y 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1o., 4o. y 9o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave; 10, fracción II, 22 y 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la avenida Encanto, esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, de esta ciudad, y autorizando como delegados en los términos del artículo 11 de la ley que rige esta controversia, a los licenciados Jorge Martínez Reyes, Miguel Ángel Cruz García, Esperanza Miranda García y Silvia Maritza Sánchez Rosado, con números de cédula profesional 182876, 1587468, 1813712 y 2776231, respectivamente, venimos a dar contestación a la demanda de controversia constitucional número 37/99, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por los licenciados Rafael Hernández Villalpando y licenciado Fernando García Barna González, presidente y síndico único, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, que nos fue notificada con fecha ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante oficios números 00182, 00183 y 00184 en los siguientes términos.-En cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contestación a la demanda manifestamos.-Primero. De conformidad a lo establecido en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia constitucional que han planteado el presidente y síndico municipales de Xalapa, Veracruz, es improcedente porque el primer acto de aplicación de las normas que contravienen, que es el oficio número 2541/18/99, expediente 200/99, de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve (recibido en la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, el once de agosto del mismo año, como consta en el sello correspondiente, en donde se le informa que la Contaduría Mayor de Hacienda iniciará la revisión de la gestión financiera al H. Ayuntamiento) hasta el día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha de la interposición de la demanda de controversia constitucional, ha transcurrido con exceso el término previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la controversia, por lo que en estricta aplicación de la ley, la demanda debe considerársele absolutamente improcedente.-Al respecto cabe la aplicación de la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 2898 del libro 4 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, jurisprudencia 1917-1988, Ediciones Mayo, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL.-El sobreseimiento en el amparo debe decretarse tan luego como aparezca alguna causa de improcedencia, circunstancia que debe interpretarse en el sentido de que el juzgador se dé cuenta de ese motivo, durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el sentido de que surja ese motivo después de que el juicio ha sido entablado.’.-Quinta Época. Tomo LX, página 644. Carrillo Cavero Luis.-Segundo. Sin perjuicio de lo anterior, resulta infundado el primer concepto de invalidez que pretenden hacer valer los representantes del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, cuando argumentan que las observaciones formuladas mediante oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711 expediente 200, de fechas once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, que fueron enviados por la Contaduría Mayor de Hacienda de esta H. Legislatura al Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz, contravienen las normas que invocan.-Al respecto, formulamos los siguientes razonamientos.-El demandante reclama a este Poder Legislativo ‘la aprobación de la Ley 112 Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, por considerar contrario a lo establecido en el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, lo dispuesto por los artículos 9o., 11, 12 y 20 del ordenamiento inicialmente señalado’.-I. Efectivamente, el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, establece que las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán las cuentas públicas.-La facultad conferida por la Carta Magna a las Legislaturas Locales es la de revisar, que en su acepción gramatical significa ‘someter una cosa a nuevo examen, para cerciorarse de que es correcta, o en caso contrario, proceder a su modificación o reparación’ (Diccionario Enciclopédico Océano, edición 1999); este concepto implica que ese examen, como una acción de indagar, no es un acto instantáneo, sino un proceso que concluye en una ratificación, modificación o reparación. En sí misma, la revisión, sobre todo de la cuenta pública, por su naturaleza no puede agotarse en un solo acto, porque requiere del examen de un sinnúmero de documentos.-Congruente con estas ideas, la Constitución Política Local, en su artículo 68, fracción XXXVII, establece como facultad de la H. Legislatura la de ‘revisar las cuentas, actas, inventarios, avalúos, recibos y demás documentos que presenten o se soliciten a los Ayuntamientos en los términos de sus leyes respectivas’; resulta entonces evidente que este examen es una serie de acciones que deben ejecutarse en los tiempos y procedimientos que señalen las leyes secundarias y no un acto del Pleno de la H. Legislatura, con cuarenta y cinco diputados que la integran ocupados en examinar cuentas, actas, inventarios, avalúos, recibos y demás documentos de la cuenta pública de los Ayuntamientos; pensarlo como quiere entender la representación del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, resultaría absurdo, porque el total de los diputados no pueden en cada sesión plenaria examinar millares de documentos de los doscientos diez Municipios del Estado, y enseguida conjuntar las observaciones derivadas del examen y acto continuo, proceder a votar las determinaciones; y es por ello que, precisamente, el legislador a la hora de darle congruencia a esa actividad revisora, emitió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, como ley reglamentaria de la norma constitucional local, para regular adecuadamente toda esa serie de actos de la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado, de las entidades y de los Municipios.-El texto de la ley citada anteriormente es muy claro en su artículo primero que dice: ‘La presente ley es reglamentaria de las facultades de la honorable Legislatura del Estado, comprendidas en los apartados A y B de la fracción II del artículo 53 y en las fracciones XV y XXXVII del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamientos de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Contadurí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7049-6c2b560e/contaduria-mayor-de-hacienda-de-la-legislatura-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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