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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA. TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/98. · Registro digital (IUS): 6432
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, , Pág. 720.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/98. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de marzo del año dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Rafael Hernández Villalpando y Fernando García Barna González, en sus respectivos caracteres de presidente municipal y síndico único, del Municipio de Xalapa, Veracruz, ocurrieron en la vía de controversia constitucional, demandando lo siguiente:

"1. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para municipalizar el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver., haciendo nugatorio el derecho que para todos los Municipios del país establece el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Carta Magna, para prestar el mencionado servicio público. 2. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 3. La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el 12 de enero y el 24 de noviembre de 1988. En virtud de que ambos ordenamientos jurídicos impiden la aplicación del artículo 115 constitucional, en materia de municipalización del servicio público de tránsito y vialidad. Requisitos de la demanda. Para cumplir con lo que establece el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, a continuación manifestamos bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: I. Parte actora en el juicio. El H. Ayuntamiento constitucional de Xalapa, Ver., representado en términos de lo que disponen los artículos 36 fracción V, 38 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por el presidente municipal Lic. Rafael Hernández Villalpando y por el síndico único Lic. Fernando García Barna González, ambos con domicilio oficial en el Palacio Municipal de la ciudad capital del Estado de Veracruz. II. Parte demandada en el juicio. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, representado por su depositario el Gobernador Constitucional Lic. Patricio Chirinos Calero, y por el secretario general de Gobierno Lic. Salvador Mikel Rivera; el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por el presidente de la Comisión Permanente de la H. Legislatura del Estado. III. Entidades, poderes u órganos terceros interesados. No existen. IV. Procurador general de la República, en los términos que señala el numeral 102 de la Carta Magna. V. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. 1o. La respuesta negativa para municipalizar el tránsito y vialidad, contenida en oficio número SG-J2666/98, de fecha 21 de agosto del año en curso, suscrito por el jefe del Jurídico de Gobierno, quien atendiendo a las instrucciones del licenciado Salvador Mikel Rivera, secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, afirma que la petición formulada al gobernador del Estado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., mediante oficio No. 075/98 de fecha 5 de agosto anterior, resulta jurídicamente improcedente y por ende se niega la transferencia y entrega material de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se presta el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 2o. La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, No. 8 de 19 de enero de 1988, y la No. 141 de 24 de noviembre de 1998, respectivamente. VI. Preceptos constitucionales violados. El artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece para todos los Municipios del país la facultad de prestar el servicio público de tránsito y vialidad. VII. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda, se concretan en los siguientes: Antecedentes: a) El H. Ayuntamiento Constitucional que fungió en el periodo 1995-1997 de Xalapa, Veracruz, suscribió con fecha 5 de junio de 1996, un convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz, para coordinar de manera conjunta el servicio público de tránsito y vialidad a través de la Delegación de Tránsito dependiente de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Gobierno del Estado de Veracruz. b) Por su parte, el H. Ayuntamiento Constitucional 1998-2000 de Xalapa, Veracruz, actualmente en funciones, mediante acuerdo de Cabildo del día 16 de abril del año en curso, determinó anular y dejar sin efecto el convenio a que se refiere el párrafo que antecede, por considerar que en estricto cumplimiento de los principios municipalistas de autonomía e independencia política, no debía existir subordinación y dependencia del Municipio al Gobierno del Estado. En cuanto a la prestación del multicitado servicio público, toda vez que la autoridad municipal está capacitada y dispuesta a prestar dicho servicio en beneficio de los habitantes de la capital veracruzana. c) Con posterioridad y para estar en condiciones jurídicas adecuadas para la prestación del servicio público de tránsito y vialidad, el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., aprobó en sesión de Cabildo celebrada el 23 de julio del año en curso, el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Xalapa, en cuyos artículos 3o. y 4o. transitorios, se acuerda solicitar al Gobierno del Estado de Veracruz, la transferencia y entrega material de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que se viene prestando el tantas veces referido servicio público. d) Mediante oficio No. 075/98 de fecha 5 de agosto anterior, se hizo el requerimiento antes mencionado al gobernador del Estado, obteniéndose como respuesta la negativa contenida en el oficio SG-J2666/98 de fecha 21 de agosto anterior, que suscribe el jefe del Jurídico de Gobierno y quien afirma actuar por instrucciones del secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz. VIII. Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez. El fortalecimiento municipal que fue el principal motivo de la reforma constitucional al artículo 115, introducida en el año de 1983, tiene como propósito delimitar de manera clara y precisa los renglones, materias y atribuciones de los Ayuntamientos que gobiernan en los Municipios del país. A ello obedece la relación de servicios públicos que de acuerdo con las condiciones territoriales y socioeconómicas de cada municipalidad, los Ayuntamientos deben prestar por sí mismos o con el concurso del Gobierno Estatal ‘cuando así fuere necesario’. En la especie, el servicio público de tránsito y vialidad concedido en favor de los Municipios, lleva el propósito de garantizar la libertad municipal para ordenar el tránsito vehicular dentro de su territorio y la vialidad peatonal, sin injerencia o subordinación a las decisiones del Gobierno del Estado. En el caso particular de Veracruz, el contacto con las autoridades estatales es inaccesible para los gobernados según lo prueba su incapacidad de atender las demandas ciudadanas en los 210 Municipios en que se divide la entidad. La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, constituyen un candado aparentemente legal para impedir que los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presten el servicio público de tránsito y vialidad, en franca contravención del artículo 115 constitucional, propiciando así los fuertes intereses económicos y de control político que el Gobierno del Estado mantiene con algunas agrupaciones de transportistas de pasajeros y de carga, que ven en ese renglón una fuente de ingresos que beneficia a las partes involucradas, sin consideración alguna para usuarios y población en general. Por ello, la negativa a municipalizar el tránsito y la vialidad por parte del Gobierno de Veracruz, atenta contra y vulnera el espíritu justiciero del artículo 115 constitucional en su fracción III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente económicos y de control político para mantener en estado de subordinación y dependencia económica al Ayuntamiento de Xalapa, respecto del Gobierno del Estado que no escucha las demandas de la población para terminar con el caos vial y los fuertes intereses de quienes lucran con el transporte público en agravio de la población avecindada en la capital veracruzana. Beneficios que conlleva la municipalización del tránsito. La Ley de Tránsito y Transporte vigente en el Estado de Veracruz, tal parece que fue elaborada con fines meramente económicos y de control político y contubernio para la protección de intereses de los caciques del transporte público, olvidándose de los derechos del peatón, del usuario del transporte de pasajeros, de los niños, minusválidos y del entorno ecológico, puesto que la revisión de su contenido así lo demuestra. En cambio, la legislación municipal que se aplicará con la municipalización del servicio, cubre plenamente las lagunas jurídicas anotadas y muestra el interés de las autoridades municipales en favorecer y proteger a la ciudadanía en general. El Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Xalapa, aprobado en sesión de Cabildo el 23 de julio pasado, contiene capítulos cuya importancia nadie puede negar, como aquellos en que se tutelan los derechos de los peatones, escolares, ciclistas, niños, ancianos y discapacitados, cuya protección está por encima del tránsito vehicular, imponiendo una ordenación en la conducción de automóviles y transportes a los que se obliga a contar con equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad tanto para sus ocupantes como para los transeúntes. De igual forma, el reglamento en comento, dispone medidas tendientes a la protección del medio ambiente para preservar el entorno ecológico de la localidad, cuya justa demanda social no ha sido escuchada hasta la fecha por las autoridades de tránsito del Gobierno Estatal. En materia de señalización, carga y descarga en la vía pública, ascenso y descenso de pasajeros, educación vial y control de estacionamientos públicos y privados, el ordenamiento emitido por el Ayuntamiento de Xalapa, contiene disposiciones de alto contenido social cuyos destinatarios, los habitantes de la capital de Veracruz, han venido demandando desde hace varios años. Por las consideraciones anteriores, la negativa a la municipalización del tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, resulta un acto de Gobierno del Estado, contrario a la Constitución Política Federal que rebasa y aniquila la esfera de acción en materia de servicios públicos consagrada en favor de todos los Municipios del país y particularmente agravia al Ayuntamiento que venimos representando por tratarse de una materia reservada en principio en favor del nivel de gobierno municipal, que caprichosamente y sin fundamento legal alguno mantiene bajo control económico y político el Gobierno que encabeza el Lic. Patricio Chirinos Calero. Dos tesis emitidas por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirven de precedente para fundar la controversia constitucional que venimos planteando, a saber: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 70/96, página 329. ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EL NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS JEFES DE POLICÍA QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE LAS FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS. (la transcribe con precedentes). En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 70/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis. ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. (la transcribe con precedentes). El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.’. Segundo concepto de invalidez. Pretexta el Gobierno del Estado de Veracruz, para fundar su negativa a la municipalización del tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, que por tratarse de la capital del Estado y por ser sede permanente de los poderes, corresponde al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia el mando de la policía, puesto que así lo prevé la Constitución Federal en el artículo 115, fracción VII y la Constitución Política del Estado, en el artículo 87, fracción XXVI, y que como la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz en su artículo 61 indica que: ‘Todo el personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte, así como el de los Ayuntamientos que desempeñen trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad pública y será de confianza; sus relaciones laborales se regirán por lo señalado en las disposiciones siguientes: ...’. Tal respuesta mañosa, que constituye un sofisma y que carece de ética política y de respeto al orden jurídico constitucional federal, es nula de pleno derecho, por tratarse de un acto autoritario que sustentado en leyes locales inconstitucionales, conculca en agravio del Ayuntamiento de Xalapa, su derecho constitucional a prestar el servicio público de tránsito y vialidad, establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Ley Fundamental. El artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, en materia de controversias constitucionales, tienen el propósito de confiar a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación la defensa de la Constitución, anulando los actos de autoridad que la conculcan, cuando están de por medio cuestiones de constitucionalidad, como en el caso que nos ocupa en que el Ayuntamiento de Xalapa, Ver., para prestar el servicio público de tránsito y vialidad, ha emitido el reglamento correspondiente y ha requerido formalmente al Gobierno Estatal, la transferencia y entrega material de los bienes, recurso presupuestal y personal con que se presta el aludido servicio, recibiendo una respuesta negativa, infundada y violatoria de la Carta Magna. No se acepta por el Ayuntamiento de Xalapa, el débil argumento en que se apoya la negativa del Gobierno del Estado, porque no se está demandando la municipalización del servicio de seguridad pública, que en todo caso podría reclamarse también sin contravenir lo establecido en la Constitución Federal, que únicamente confiere a los gobernadores de los Estados ‘el mando de la fuerza pública’, pero no les otorga derechos exclusivos para la prestación del servicio de seguridad pública. Lo anterior encuentra fácil ejemplificación en el Gobierno del Distrito Federal, que siendo la capital del país y residencia habitual del Ejecutivo Federal, la seguridad pública, el tránsito y la vialidad, son servicios que están a cargo del Gobierno Local y sin embargo, el presidente de la República conserva el mando de la fuerza pública."

SEGUNDO. Por auto de diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó pasar el expediente al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como instructor.

Mediante proveído de veintiuno de septiembre de ese mismo año, el Ministro instructor ordenó tener por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan; admitir la demanda que se presenta en vía de controversia constitucional y emplazar mediante oficio a las demandadas para el efecto de que produjeran contestación dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la legal notificación de este proveído. Asimismo se tuvo por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por designados como sus delegados a los profesionistas que en el propio escrito de demanda se indican. Adicionalmente, se tuvieron como pruebas de la parte actora las documentales que se anexaron al mismo escrito, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia de ley. Finalmente, se ordenó correr traslado con copia autorizada de este auto, del acuerdo de radicación y turno, además de un ejemplar del escrito de demanda al procurador general de la República.

TERCERO. Mediante oficio presentado el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, Pericles Namorado Urrutia y Carlos Rodríguez Moreno, en sus respectivos caracteres de presidente y secretario de la Diputación Permanente de la LVII Legislatura del Estado de Veracruz, comparecieron a dar contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

"Que en cumplimiento al auto de radicación y turno de la H. Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 10 de septiembre del año en curso, venimos por medio del presente ocurso a dar contestación al escrito de demanda de controversia constitucional planteado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, por lo que en términos del artículo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procedemos de la siguiente forma: I. El H Ayuntamiento de Xalapa, Ver., plantea la invalidez por su carácter inconstitucional de: 1. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para municipalizar el servicio público de tránsito y vialidad para el Municipio de Xalapa, Ver., haciendo nugatorio el derecho que para todos los Municipios del país establece el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Carta Magna, para prestar el mencionado servicio público. 2. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 3. La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el 12 de enero y el 24 de noviembre de 1988. En virtud de que ambos ordenamientos jurídicos impiden la aplicación del artículo 115 constitucional, en materia de municipalización del servicio público de tránsito y vialidad. El objeto de esta demanda de controversia es de que se ordene al Gobierno del Estado de Veracruz la transferencia material al Ayuntamiento de Xalapa de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y el personal con que actualmente se viene prestando el servicio público de tránsito y vialidad de Xalapa, Veracruz. II. Señala a este Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que representamos como parte demandada en el juicio, y en su fracción V del capítulo de requisitos de la demanda, en el punto 2o., la invalidez por su carácter inconstitucional de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento. Nos abocamos entonces a dar respuesta a este planteamiento, en relación con el apartado VI de dicho capítulo, porque menciona que existe la violación del artículo 115, fracción III, inciso h), y considerando el primer concepto de invalidez, manifestamos: A) Los actores en su planteamiento de controversia constitucional, señalan en el primer concepto de invalidez: ‘La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, constituyen un candado aparentemente legal para impedir que los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presten el servicio público de tránsito y vialidad, en franca contravención del artículo 115 constitucional, propiciando así los fuertes intereses económicos y de control político que el Gobierno del Estado mantiene con algunas agrupaciones de transportistas de pasajeros y de carga, que ven en ese renglón una fuente de ingresos que beneficia a las partes involucradas, sin consideración alguna para usuarios y población en general.’. ‘Por ello, la negativa a municipalizar el tránsito y la vialidad por parte del Gobierno de Veracruz, atenta contra y vulnera el espíritu justiciero del artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente económicos y de control político para mantener en estado de subordinación y dependencia económica al Ayuntamiento de Xalapa, respecto del Gobierno del Estado que no escucha las demandas de la población para terminar con el caos vial y los fuertes intereses de quienes lucran con el transporte público en agravio de la población avecindada en la capital veracruzana.’. Como se puede notar de la transcripción el planteamiento de la controversia por lo que se refiere a este Poder Legislativo, únicamente estriba en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento; por lo que, sostenemos la constitucionalidad de la citada ley, en virtud de que fue el resultado de un proceso legislativo en términos de las facultades que se conceden a este poder por la fracción I del artículo 68 de la Constitución Política Local; y por lo que respecta al Reglamento de Tránsito, no es un acto imputable a esta entidad legislativa, toda vez que éste fue dado por el gobernador del Estado en términos del artículo 87, fracción I, de la Constitución Local mencionada. Por otra parte, al hacer una interpretación correcta de la fracción III del artículo 115 de la Constitución General de la República, en su primera parte claramente menciona que los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a cargo los siguientes servicios públicos, entre ellos, el de seguridad pública y tránsito; nótese que la fracción h) del citado artículo conjuntamente se refiere al servicio público de seguridad pública y tránsito, considerándolo como uno solo; luego entonces, cuando se expide la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, se está considerando a tránsito, como parte de seguridad pública, y así lo establece el artículo 61 de la citada ley, que a la letra dice: ‘Todo el personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte así como de los Ayuntamientos que desempeñen trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad pública ...’. Es entonces claro que no existe inconstitucionalidad de la ley que emitió este cuerpo legislativo, sino una mala interpretación por parte de quien plantea la controversia constitucional. Aunque no es el planteamiento imputado a este Poder Legislativo la negativa del Gobierno del Estado de hacer entrega de lo que solicita el Ayuntamiento de Xalapa, el criterio anterior que exponemos, se fortalece al referirnos a lo que se establece en la fracción VII del artículo 115 constitucional, y en el caso que nos ocupa, el mando de la fuerza pública corresponde en donde reside habitual o transitoriamente el gobernador del Estado. Es decir, ésta es una de las excepciones a que se refiere la fracción III del artículo 115 constitucional, porque así lo determinan las leyes. Tal es el criterio que ya ha dejado establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 19/95, planteada por el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, y a la que hacen alusión los actores, pero que desde luego no es en su beneficio como se desprende de ésta, que dice: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, P./J. 69/96, página 330: ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. (se transcribe). En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.’. III. El segundo concepto de invalidez en que fundan la controversia constitucional los actores señala que: ‘... su negativa a la municipalización del tránsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, que por tratarse de la capital del Estado y por ser sede permanente de los poderes, corresponde al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia el mando de la policía, puesto que así lo prevé la Constitución Federal en el artículo 115, fracción VII y la Constitución Política del Estado, en el artículo 87, fracción XXVI y que como la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz en su artículo 61 indica que ...’. Menciona que tal respuesta es mañosa, que constituye un sofisma y que carece de ética política y de respeto al orden jurídico constitucional federal; sin embargo, éstas son apreciaciones que carecen de congruencia, pues la decisión del Ejecutivo del Estado tiene su fundamento en la Constitución Federal, en la Local y en la Ley de Tránsito en el Estado y la respuesta negativa se realizó en términos de la fracción XV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Es en tal virtud que el acto reviste constitucionalidad, y así lo deberá de resolver este Tribunal Máximo de la nación. IV. En otro orden de ideas por lo que se refiere a este Poder Legislativo, consideramos que la controversia constitucional fue planteada fuera del término legal a que se refiere el artículo 21 fracción II de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, suscribió el día 5 de junio de 1996, un convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz, para coordinar en manera conjunta el servicio público de tránsito a través de la Delegación de Tránsito dependiente de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Gobierno del Estado de Veracruz; es decir, el hecho de que el Ayuntamiento que es representado por los ahora quejosos, haya dejado sin efecto mediante sesión de Cabildo el mismo, se infiere en primer lugar que la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, ya había sido aplicada anteriormente; incluso el Ayuntamiento actual conocía perfectamente la aplicación del mismo, toda vez que como lo acepta, expidió un nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad el 23 de julio del año en curso; luego entonces, el término para impugnar la norma general, ya había excedido con demasía al plantear la controversia constitucional; por lo que, tomando en cuenta que la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz fue publicada el 8 de enero de 1988, es de aplicarse el criterio que esta Suprema Corte ha sostenido: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 64/96, página 324: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, SE INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.’ (la transcribe)."

CUARTO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, Patricio Chirinos Calero y Salvador Mikel Rivera, en sus respectivos caracteres de gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, comparecieron para rendir su contestación a la demanda interpuesta en los términos siguientes:

"Improcedencia de la controversia. Reiteramos que el objeto de la demanda que se contesta resulta jurídicamente inalcanzable por ser ésta notoriamente infundada como lo precisaremos al hacer referencia específica a los antecedentes de la misma y a los conceptos de invalidez que dicha demanda contiene. La controversia constitucional planteada por el presidente municipal y el síndico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, es improcedente por falta de pruebas de su personalidad, ya que sólo podrá formularse controversia constitucional mediante acuerdo de Cabildo, situación que en este caso no se dio para acreditar la personalidad de los promoventes. Tiene aplicación en este aspecto la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL. (la transcribe). El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de junio del año en curso, aprobó, con el número 54/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete.’. Estimamos pertinente invocar además la causal de improcedencia que para e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6432-f2d57d0b/controversias-constitucionales-los-ayuntamientos-tienen-legitimacion-para-plantearlas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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