CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL REQUIERE LA EXISTENCIA DE INVASIÓN DE COMPETENCIAS DE UN NIVEL DE GOBIERNO RESPECTO DE OTRO, POR LO QUE SI EN EL CASO NO SE ACTUALIZA ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA, DEBE DESECHARSE DE PLANO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 103/98-PL. RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/98.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
FALLADO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1998.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Es infundado el único concepto de inconformidad de la parte recurrente, por lo que se pasa a considerar.
En primer término, conviene destacar que con fecha veintitrés de abril del año que transcurre, el presidente del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y del Consejo de la Judicatura, demandó al Congreso de la propia entidad federativa, la invalidez del acuerdo de fecha dos de abril del año en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de mayo del mismo año, por medio del cual se designó Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia, de entre la terna propuesta por el Consejo del Poder Judicial, por estimar que el acuerdo reclamado viola lo previsto por los artículos 14, 16, 17 tercer párrafo, 100 y 116, fracción III de la Constitución Federal; 93, fracciones VIII y IX de la Constitución Política Local, 92, 93, 94, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El acuerdo impugnado a la letra reza:
"La H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
"Artículo único. De conformidad con los artículos 63 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de la terna propuesta por el Consejo del Poder Judicial, se designa al C. Licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, como Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para integrar una Sala Civil.
"Comuníquese el presente acuerdo al Supremo Tribunal de Justicia y al licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez; asimismo remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."
Ahora bien, los numerales 63, fracción XXI del Código Político Estatal y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en que se sustenta el acuerdo combatido, en el orden antes indicado disponen:
"Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado:
"XXI. Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de las propuestas que sometan a su consideración, por turnos alternativos, el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial, así como aprobar las solicitudes de licencia de más de seis meses por causa de enfermedad y las renuncias al cargo de Magistrado, cuando éstas sean presentadas al titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Consejo del Poder Judicial, según corresponda por el origen de la propuesta para su designación.
"Designar a los consejeros Magistrados del Poder Judicial en los términos que establece esta Constitución.
"Designar de entre sus miembros, a sus representantes ante el organismo autónomo a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, a los consejeros ciudadanos en términos de su competencia y a los integrantes del Tribunal Estatal Electoral de conformidad con la ley.
"Designar al titular del organismo estatal defensor de los derechos humanos, de acuerdo a la propuesta que formule el gobernador del Estado, en los términos de la ley respectiva y ratificar los nombramientos que conforme a la misma requieren de ello. Esta facultad la tendrá la Diputación Permanente cuando el Congreso no esté en periodo de sesiones.
"Ratificar el nombramiento del procurador general de Justicia a propuesta del gobernador del Estado en los términos que establece esta Constitución.
"Aprobar el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a propuesta del gobernador del Estado."
"Artículo 50. El Congreso del Estado hará la designación de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial.
"Las ternas que presente el gobernador del Estado, podrán estar integradas por personas que no tengan carrera judicial pero que se hayan distinguido por su honorabilidad y competencia en el ejercicio de la profesión jurídica.
"Las ternas que presente el Consejo del Poder Judicial, deberán estar integradas por Jueces de partido que hayan satisfecho los requerimientos de la carrera judicial, en los términos que establezca esta ley."
En íntima vinculación con lo anterior, el artículo 77 de la Constitución Estatal, dispone:
"Artículo 77. Las facultades y obligaciones del gobernador del Estado, son:
"...
"XII. Nombrar en términos de esta Constitución, los Magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y conocer de sus renuncias."
Los dispositivos antes insertos permiten establecer, que el Congreso del Estado está facultado para designar a los Magistrados que forman parte del Tribunal Superior de Justicia; que para llevar a efecto tal designación el gobernador del Estado o el Consejo del Poder Judicial, atendiendo al turno alternativo que corresponda, presentarán una terna con los candidatos a ocupar dicho encargo, de entre los cuales, la Legislatura Local hará la designación.
Por otra parte, en los conceptos de invalidez la demandante en síntesis sostiene:
Que el auto combatido es violatorio de los artículos 14, 16 y 17, tercer párrafo, 100 y 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 fracción VIII y IX de la Constitución Local del Estado de Guanajuato, 92, 93, 94, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque la terna que le compete presentar al Consejo del Poder Judicial, para la designación de Magistrados forma parte de un procedimiento de selección y designación denominado "carrera judicial" y la elección de dichos candidatos está sometida a las reglas que prevé la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; dentro del cual, al Poder Judicial se le asignó la fase preparatoria consistente en el examen de oposición y al Poder Legislativo la fase final de selección y designación, pero ambas fases están sometidas a las reglas constitucionales y legales que regulan la carrera judicial. Por ello se afirma, que el acto que compete al Congreso Estatal en relación a la designación de Magistrados para el Tribunal Superior de Justicia no es un acto político o discrecional, sino por el contrario, un acto jurídico en el que se deben aplicar los dispositivos legales que regulan la carrera judicial; lo que no ocurrió en la especie, porque el Congreso demandado fue omiso en fundar y motivar su determinación a favor del licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez.
Ahora bien, los artículos 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 10, fracción II, de la ley reglamentaria del dispositivo constitucional antes citado, establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en términos que señale la ley reglamentaria, de los siguientes asuntos: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre: ... h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; ..."
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ... II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
De conformidad con los dispositivos antes transcritos, la presente acción es procedente con motivo de controversias que se susciten, entre otros casos, entre dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; por otra parte, la parte demandada lo será la entidad, poder u órgano que emita el acto o disposición impugnada.
En estos términos, debe considerarse que no todo acto podrá ser materia de impugnación y no toda autoridad que lo emita, sea ente, poder u órgano, podrá ser demandada en esta vía, ya que la especialidad de estos procedimientos constitucionales tiende a preservar, esencialmente, la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con estricto apego a las disposiciones de la Carta Fundamental, con el fin de garantizar y fortalecer el sistema federal, por lo que, acorde con la propia naturaleza de estas acciones y de los fines que persigue, sólo cuando exista afectación en este ámbito es que podrá ejercitarse la acción de mérito en contra de un acto y autoridad determinados.
Así lo informa la iniciativa correspondiente a la reforma del artículo 105 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que al respecto cita:
"... Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo ... Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Aspectos generales y efectos de sus resoluciones ... Hoy se propone que, adicionalmente, los órganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas ... Las controversias constitucionales.-El artículo 105 del texto original de la Constitución le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre uno o más Estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado y entre órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos. Los mencionados supuestos del artículo 105 no prevén muchos de los conflictos entre los órganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana está planteando.-Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio puedan suscitar. Por este motivo, se propone la modificación al artículo 105, a fin de prever en su fracción primera las bases generales de un nuevo modelo para la solución de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal, la Federación y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sea como órganos federales o del Distrito Federal, dos Estados, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio; dos Municipios de diversos Estados; dos poderes de un mismo Estado; un Estado y uno de sus Municipios; y dos órganos del Distrito Federal o dos Municipios de un mismo Estado.-Con la modificación propuesta, cuando alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos órganos, podrá ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulación del acto o disposición general. El gran número de órganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno serán beneficiados con estas reformas."
Asimismo, la iniciativa correspondiente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 del Código Político Federal, publicada el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el Diario Oficial de la Federación, informa:
"... Mediante los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad será posible garantizar plenamente la supremacía de la Constitución de una manera general, y no como hasta ahora había acontecido en nuestro orden jurídico, sólo por la vía del juicio de amparo en el caso de violación de garantías individuales. La diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del artículo 105 constitucional es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y sólo de manera indirecta se protege a la Constitución, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protección directa de nuestra Carta Magna ... Igualmente, las nuevas atribuciones implican que la Suprema Corte de Justicia pueda llegar a determinar las competencias que correspondan a los tres niveles de gobierno que caracterizan a nuestro sistema federal, en tanto existe la posibilidad de que aquellos poderes u órganos que estimen que una de sus atribuciones fue indebidamente invadida o restringida por la actuación de otros, puedan plantear la respectiva controversia ante la Suprema Corte a fin de que la misma determine a cuál de ellos debe corresponder."
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión de que, por regla general, este tipo de acciones sólo procederá con motivo de controversias suscitadas entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estados o poderes, Municipio, Distrito Federal o sus órganos, Poder Ejecutivo, Congreso de la Unión o sus Cámaras o la Comisión Permanente), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por una entidad, poder u órgano, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda.
Por tanto, la controversia constitucional deviene improcedente cuando una autoridad emite un acto respecto del cual no se cuestiona indebida atribución de facultades o afectación en la esfera competencial de otro nivel de gobierno distinto del que lo emite.
Así las cosas, si en la especie se combate la invalidez del acuerdo de fecha dos de abril del año en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de mayo del mismo año, por medio del cual el Congreso del Estado designó al licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia, de entre la terna propuesta por el Consejo del Poder Judicial, por estimar que dicha determinación no está fundada ni motivada conforme lo dispone el artículo 14 y 16 y por contravención a otros preceptos de la Constitución Federal de la República y de la Constitución Estatal y demás legislación secundaria, es claro que no se debate invasión de facultades o competencias de un nivel de gobierno respecto de otro.
Igual criterio que el anterior, fue sustentado por este Tribunal Pleno al resolver las controversias constitucionales números 18/95, 3/96, 28/96, 53/96, 15/97, promovidas respectivamente, por el Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua y el presidente municipal de Tenancingo, Estado de México, falladas por unanimidad de votos. Siendo ponente en la primera el Ministro Humberto Román Palacios, el día diez de marzo del año próximo pasado, las tres siguientes el día diez de junio del mismo año, siendo ponentes respecto de la segunda y cuarta el Ministro Juan N. Silva Meza; de la tercera el Ministro Mariano Azuela Guitrón y, la última el día doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, siendo ponente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
En estas condiciones, al haber sido desestimado el concepto de agravio expuesto por la recurrente, lo procedente es confirmar el auto recurrido.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 51, fracción I, 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictado en la controversia constitucional 17/98, promovida por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en contra del Congreso de la propia entidad federativa.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán. El Ministro Mariano Azuela Güitrón se declaró impedido, lo que fue calificado de legal por unanimidad de diez votos, de conformidad con la fracción II del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5239-9d2780ef/controversia-constitucional-como-principio-fundamental-requiere-la-existencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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