CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. CARECE DE FACULTADES PARA SUPERVISAR OFICIOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, ASÍ COMO PARA CREAR COMISIONES ESPECIALES QUE VIGILEN QUE NO SE DESVÍEN AQUÉLLOS EN UN PROCESO ELECTORAL ESTATAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/99. ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día primero de marzo de dos mil uno.
Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 34/99, promovida por el Lic. Jesús Ricardo Cisneros Hernández, en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Coahuila, en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el licenciado Jesús Ricardo Cisneros Hernández, en su carácter de procurador general de Justicia del Estado de Coahuila, y en representación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, promovió controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio:
"A) El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
"B) El presidente de la Mesa Directiva de la propia Cámara de Diputados.
"C) La Junta de Coordinación Política.
"D) La Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila.
"...
"IV. Actos cuya invalidez se demanda.
"A) El Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para constituir una ‘Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila’. La propuesta para la creación de la comisión, fue leída y aprobada por dicho órgano legislativo el 13 de septiembre de 1999, según lo asentó el diputado secretario Francisco Vera González. El acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 347, de fecha 14 de septiembre de 1999.
"B) La propuesta del acuerdo a que alude el inciso anterior, planteada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mediante acuerdo que adoptó dicha junta el 10 de septiembre de 1999, a petición de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
"C) Los efectos y consecuencias que derivan del precitado acuerdo, entre otros: La integración de la comisión especial mencionada; la ministración de recursos materiales necesarios para cumplir su objeto; y muy señaladamente las facultades que se le otorgan para ‘... definir su plan de trabajo, considerando todas las actividades que habrá de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto.’; así como el informe que dicha comisión deberá rendir ‘... a fin de que la Cámara de Diputados proceda de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.’.
"D) La ejecución de las disposiciones del referido acuerdo por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien fue facultado para ello en el apartado octavo del propio acuerdo; y
"E) La presencia de la comisión especial en el Estado de Coahuila, así como los actos realizados en diversas dependencias gubernamentales del Estado y las que en el futuro puedan realizar en la propia entidad o en el ámbito federal."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"VI. Hechos que constan al actor y que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda:
"A) El 7 de septiembre del presente año, el diputado Alberto González Domene, a nombre de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, presentó al Pleno un punto de acuerdo para la integración de una Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Fondos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila.
"B) El 10 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por voto ponderado y con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la creación de la multicitada comisión especial.
"C) En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de septiembre, se aprobó el punto de acuerdo por el cual se creó la comisión especial, mismo que entró en vigor, según el artículo transitorio primero del propio acuerdo, al día siguiente de su publicación. De conformidad con el acuerdo, dicha comisión se integra por 10 diputados, cuatro designados por el grupo parlamentario del PRI, dos por el del PRD, dos por el del PAN, y uno, respectivamente, por los del PT y PVEM y su junta directiva quedaba conformada por los diputados y diputadas señalados en el mismo. Asimismo, el acuerdo señala que la comisión especial deberá definir su plan de trabajo; y que a la conclusión de sus tareas, y a la brevedad posible, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado de sus trabajos respecto al proceso electoral de Coahuila, a fin de que la Cámara de Diputados pueda ejercer sus atribuciones constitucionales y legales.
"D) El 20 de septiembre se le notificó al C. Gobernador del Estado de Coahuila el acuerdo tomado por la Cámara de Diputados para crear la comisión especial.
"E) El mismo día 20 de septiembre, el C. Gobernador del Estado de Coahuila recibió a los miembros de la comisión especial, manifestándoles que con pleno respeto y reconocimiento a los Poderes Federales, consideraba que la comisión especial violaba la Constitución al invadir esferas de competencia exclusivas del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y de otros órganos de la propia Cámara de Diputados, por lo que se acudiría a las vías legales constitucionales para impugnar su creación y actuación, a efecto de que se restituya así el orden constitucional del Pacto Federal.
"F) Mediante oficio fechado el 21 de septiembre de 1999, el diputado Carlos Medina Plascencia, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le comunicó al C. Gobernador del Estado, cambios en la conformación de la junta directiva de la comisión especial.
"G) Por oficio de fecha 22 de septiembre de 1999, la diputada Elodia Gutiérrez Estrada, en su carácter de presidenta de la comisión especial, requirió al C. Gobernador del Estado información ‘con respecto a la aplicación de los programas federales que utilizan recursos públicos de la Federación que se destinan al Estado de Coahuila’.
"H) Lo mismo ha hecho en otras dependencias del Estado, la diputada Elodia Gutiérrez Estrada y la actuación de la comisión se sigue proyectando tanto en el ámbito estatal como en el federal."
TERCERO.-El actor expresó como conceptos de invalidez los siguientes:
"VII. Conceptos de invalidez:
"A) Invasión de competencias sin fundamentación y motivación del acto.
"Es de explorado derecho y criterio firme e invariable de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que las autoridades, todas y sin excepción, sólo pueden actuar en el marco de las competencias y facultades expresas que les señalan las normas constitucionales y las legales que son conformes con las primeras. Pero también las autoridades deben motivar debidamente sus actos. No basta que se cite el precepto legal, resulta indispensable que el mismo sea aplicable al caso concreto. La Cámara de Diputados y sus órganos internos no están exceptuados de tales obligaciones.
"En un régimen federal, adicionalmente, las autoridades federales únicamente pueden tomar resoluciones para actuar válidamente en el territorio de un Estado y respecto de sus autoridades, cuando el Pacto Federal y las leyes que de él derivan, así lo autorizan expresamente. Si no se dan esos supuestos, las actuaciones de la instancia federal se constituyen en una invasión de competencias por territorio y materia, dado que si bien dichas autoridades federales tienen facultades que, en principio, se ejercen en todo el territorio nacional, ello no puede justificar que puedan ejercer otras que no derivan de las que expresamente les otorga la Constitución, en un Estado en particular. Precisamente ésta es la materia de las controversias constitucionales.
"En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Constituyente, en el apartado denominado ‘Las controversias constitucionales’, para justificar esa nueva figura de control, expresó: ‘... Con la modificación propuesta, cuando alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior (todos los hoy mencionados en el texto de la fracción I del artículo 105 constitucional) estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos órganos, podrá ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulación del acto o disposición general. ...’. Y para cerrar ese apartado de las controversias constitucionales, agrega el Ejecutivo Federal: ‘... El otorgamiento de estas nuevas atribuciones reconoce el verdadero carácter que la Suprema Corte de Justicia tiene en nuestro orden jurídico el de ser un órgano de carácter constitucional. Es decir, un órgano que vigila que la Federación, los Estados y los Municipios actúen de conformidad con lo previsto por nuestra Constitución.’. Esa misma idea fue ratificada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados al dictaminar la iniciativa de reformas constitucionales. Por lo que cabe estimar que se viola la competencia constitucional de un Estado cuando un órgano del poder público federal se arroga y ejerce competencias que constitucionalmente están conferidas a una entidad federativa u órganos federales pretenden actuar en una entidad, sin tener facultades expresas para ello (sic).
"Es el caso que el acuerdo que se impugna por esta acción de controversia constitucional, se pretende fundamentar en los siguientes preceptos constitucionales y legales: 74, fracción V y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 42, 43 y 34 (sic) apartado 1, incisos a), b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los razonamientos que se contienen en el acuerdo combatido, al tenor literal siguiente: ‘considerando que las disposiciones constitucionales y legales invocadas, así como las consideraciones expresadas por los proponentes, son motivaciones y fundamentos pertinentes, toda vez que se trata de vigilar que los recursos federales no se destinen a fines electorales, para que con base en las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta soberanía en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones políticas. ... Estas facultades han sido revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la controversia constitucional presentada por el Estado de Tabasco, en cuya resolución se establece explícitamente que la Cámara de Diputados es competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad política, en términos del artículo 74, fracción V, en relación con el artículo 110 de la Constitución General de la República, bajo la consideración de que la legalidad del procedimiento que para ello haya seguido no puede ser analizado en una controversia constitucional por no significar una invasión de competencias.’.
"Ahora bien, la fundamentación y motivación aducidos son incorrectos por las siguientes razones:
"En primer término, respecto a los fundamentos constitucionales, debe decirse que los artículos 74, fracción V y 110 de la Constitución Federal, no otorgan facultades discrecionales de investigación y vigilancia a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hizo una interpretación equivocada del texto fundamental, por la cual pretende ampliar su competencia y facultades en materia de responsabilidades de los funcionarios públicos. Dichos preceptos establecen la competencia de ese órgano legislativo para conocer de las denuncias que se presenten de conformidad con el título IV de la Constitución e iniciar el procedimiento que corresponda. Por supuesto cualquier diputado puede hacer una denuncia y, en consecuencia, iniciar el procedimiento. Lo que es absolutamente incorrecto es pretender que de ello se desprenda una facultad por la que la Cámara de Diputados pueda formar una comisión especial para ‘vigilar’ que no se desvíen recursos federales en un proceso electoral local, cuyo desarrollo y vigilancia únicamente compete a las autoridades locales como se acreditará en un apartado posterior de este escrito.
"‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
"‘...
"‘V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
"‘Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.’
"Por su parte, el artículo 110 de la propia Constitución General de la República, en ninguna parte establece una facultad de ‘vigilar’; este precepto prevé quiénes pueden ser sujetos de juicio político, entre los cuales ciertamente señala a determinadas autoridades locales por violaciones graves al texto fundamental o leyes federales y por el manejo indebido de fondos federales, pero sujetando a la Cámara a los procedimientos establecidos en la ley de la materia y conforme a las formalidades en ella establecidas, entre las que se encuentra la necesidad de que exista una denuncia previa. También previene el artículo que se comenta que la Cámara de Diputados actúa como órgano acusador ante la de Senadores, una vez que ha agotado todo el procedimiento regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenamiento que establece que la Cámara de Diputados sólo iniciará juicio político bajo la condición inexcusable de que exista una denuncia y que sea a la ‘sección instructora’ a la que le corresponde practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia. De igual manera, este ordenamiento establece en su artículo 32 que: ‘En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los capítulos segundo y tercero de este título.’, capítulos que se refieren respectivamente a los procedimientos en el juicio político y para la declaración de procedencia.
"Es evidente, y no existe duda, que los preceptos constitucionales citados en ninguna forma autorizan o facultan a la Cámara de Diputados para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en un proceso electoral local, ya que con ello se vulnera la soberanía de un Estado al intervenir en el desarrollo y vigilancia de un proceso electoral que sólo es competencia de las autoridades locales.
"La Cámara puede recibir denuncias en los términos de la ley de la materia y, una vez planteadas de acuerdo a sus disposiciones, incoar (sic) el juicio político a alguno de los funcionarios señalados en el artículo 110 constitucional, pero de ninguna manera puede convertirse en un investigador oficioso para ver si detecta una anomalía y entonces iniciar el juicio político. Actuar sin denuncia previa distorsiona su naturaleza y vulnera el orden constitucional.
"Además, no debe perderse de vista que el artículo 110 de la Constitución no contempla en su texto, como sujetos de juicio político a los funcionarios federales que desempeñan cargos en las entidades federativas, responsables de los programas federales en los Estados y en el D.F., lo que pone de manifiesto que la intención encubierta en el acuerdo que se combate, es la de vigilar a las autoridades locales, concretamente a las enunciadas en el párrafo segundo del citado precepto constitucional, sin seguir los procedimientos correspondientes y ante las instancias competentes.
"En segundo término, por lo que hace a los funcionarios en leyes ordinarias, se hacen las siguientes consideraciones:
"Si bien es cierto que del texto de los artículos 34, incisos a), b) y c), 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se colige la facultad del Pleno de la Cámara de Diputados para crear comisiones especiales a propuesta de la Junta de Coordinación Política y establecer los asuntos específicos de que se ocuparán, el número de sus integrantes y el plazo en que deben efectuar sus tareas; sin embargo, esta facultad se haya circunscrita por los artículos 3o., 20, 33 y 39 de la propia ley orgánica, dado que en el ejercicio de esta atribución deben observarse las disposiciones legales y constitucionales, esto es, para que la Cámara de Diputados pueda formar una comisión especial para atender un asunto específico, es menester que el objeto por el que se crea la misma, corresponda a sus atribuciones constitucionales y legales.
"En este orden de ideas, la vigilancia y, en su caso, la determinación de responsabilidades por uso indebido de recursos federales está encargado por la Constitución y por la ley a otros órganos de la propia Cámara de Diputados, como se precisará más adelante y de ahí que un acuerdo de la Cámara no puede despojar de la competencia legal a unos órganos para dársela a otros. En todo caso se requiere de un ordenamiento de la misma jerarquía, es decir, de una ley formal y material, para poder hacerlo. Las comisiones especiales pueden crearse para atender asuntos específicos, siempre y cuando correspondan a las atribuciones de la Cámara y no invadan el ámbito de competencia que constitucional o legalmente está otorgado a otros órganos. Lo contrario sería verdaderamente absurdo y provocaría que una mayoría en la Cámara pudiese distorsionar las competencias que legalmente se imputan a ciertos órganos, situación (sic) que ocurre con el acuerdo que se impugna, como se demostrará a continuación.
"El artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso señala en su apartado cuatro que: ‘La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda realiza las tareas que le marcan la Constitución y la correspondiente ley reglamentaria.’. Esta comisión por disposición del artículo 74, fracción IV, tiene a su cargo vigilar el exacto cumplimiento de las funciones de la Contaduría Mayor; y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados, a ese órgano técnico le corresponde revisar la cuenta pública, analizar las desviaciones y promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de responsabilidades por las irregularidades encontradas. Asimismo, en su apartado cinco, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso, determina: ‘La comisión jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.’. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como se ha señalado, establece el procedimiento y las instancias competentes para su sustanciación y, en ningún caso o supuesto, autoriza la intervención de otros órganos, mucho menos de una comisión especial. No debe olvidarse que en estos casos la Cámara de Diputados y los órganos competentes por ley para intervenir en el procedimiento de responsabilidades, actúan en funciones jurisdiccionales o quasi (sic) jurisdiccionales.
"Todos los anteriores razonamientos y conceptos de invalidez que atañen al propio Congreso de la Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, se esgrimen toda vez que derivado de esa falta de fundamentación nace una comisión especial que, so pretexto de vigilar el uso de recursos federales, se inmiscuye en el proceso electoral de Coahuila y violenta el orden constitucional y la distribución de competencias que en el Pacto de nuestra República federal se han establecido, en perjuicio del Estado. De otra parte, debe tomarse en cuenta que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales sólo y exclusivamente competen a las autoridades locales. El artículo 116 de la Constitución General de la República establece en los incisos h) e i), de su fracción IV, que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán: ‘h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias.’; e ‘i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.’. Consecuentemente, si el objeto para el que fue creada la comisión especial de la Cámara de Diputados, es que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral de Coahuila, exigiéndosele presentar, a la brevedad posible, un informe detallado de los trabajos desarrollados en dicho proceso, a fin de que la propia Cámara proceda de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, es incuestionable que importa una invasión de competencias que afecta la soberanía del Estado y vulnera el Pacto Federal.
"Por otro lado, es de señalar que, si bien es cierto que el Pleno de la Cámara de Diputados tiene facultades para acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, tal como lo señala el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también es cierto, que las comisiones constituidas con este fundamento, no tienen facultades de investigación. La única comisión con facultades de investigación, según lo preceptúa el artículo 41 de la multicitada ley, es cuando se trata del funcionamiento de organismos descentralizados federales y empresas de participación estatal mayoritaria, y los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal, de lo cual se infiere que la comisión especial cuya invalidez se demanda, en modo alguno tiene facultades para investigar y vigilar en un Estado la aplicación de los recursos federales a fin de evitar que sean utilizados con fines electorales.
"Por lo anterior, es concluyente que los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se pretenden invocar para fundar el acuerdo de creación de la comisión especial que se impugna, no encuentran apoyo en los artículo (sic) 74, fracción V y 110 de la Constitución y tampoco pueden ser fundamento de una comisión especial que pretende realizar las tareas que corresponden a otros órganos constitucional y legalmente facultados para ejercerlas. Dichos preceptos no pueden ser fundamento de una comisión cuyo objeto es inconstitucional e ilegal.
"Por otra parte, por lo que hace a la falta de fundamentación del acuerdo por el que se creó la comisión especial, debe señalarse que los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quedan sujetos a las mismas consideraciones que se han formulado anteriormente. La Cámara de Diputados, como se ha venido insistiendo, puede crear por acuerdo comisiones especiales para atender un asunto específico, siempre y cuando su objeto quede comprendido en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales y no invada el ámbito de competencia de otro u otros órganos previstos en la Constitución o en las leyes. De llegarse a considerar que la Cámara puede crear mediante un simple acuerdo que aprueba la mayoría de los miembros presentes, comisiones especiales como la impugnada, se llegaría al absurdo de aceptar que ese órgano legislativo, podría crear tantas de tales comisiones especiales como sea necesario para vigilar que las dependencias del Ejecutivo Federal no vayan a disponer de recursos públicos en un proceso electoral federal, que cada una de ellas pudiere presentarse en las oficinas de la dependencia, exigir informes y convocar a los servidores públicos de las mismas a denunciar anomalías o desviaciones.
"En tercer término, por lo que toca a la pretendida motivación del acuerdo que se combate, se expresan las siguientes consideraciones para demostrar su absoluta inconsistencia y falta de sustento jurídico:
"Como se ha dicho, la motivación del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados consiste en argumentar que: ‘Las disposiciones constitucionales y legales invocadas, así como las consideraciones expresadas por los proponentes, son motivaciones y fundamentos pertinentes, toda vez que se trata de vigilar que los recursos federales no se destinen a fines electorales, para que en base a las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta soberanía en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones políticas.’.
"Respecto a la afirmación que se hace en el acuerdo presentado al Pleno por la Junta de Coordinación Política, respecto a que las disposiciones constitucionales y legales invocadas para sostener la validez del mismo son pertinentes, ha quedado palmariamente demostrada la inexactitud de esta aseveración; y en relación a que las consideraciones expresadas por los proponentes también son motivaciones pertinentes, basta la lectura de la versión estenográfica de la sesión de la Cámara de Diputados del 7 de septiembre de 1999, en la que constan tales consideraciones para demostrar que son absolutamente carentes de sustento y contrarias a derecho; no hay un solo argumento de carácter jurídico para justificar la razón de la creación de la comisión especial. Pero no sólo eso, sino que los que propusieron la creación de la comisión especial demuestran que lo que se pretende es erigirse en los supremos Jueces y redentores de la democracia, lo que a su juicio justifica, aunque se violen la Constitución y las leyes, inmiscuir a la Cámara de Diputados en el desarrollo y vigilancia del proceso electoral de Coahuila, independientemente de que se aportará como prueba la versión estenográfica citada, se transcriben, como muestra incontrovertible de lo que realmente subyace en la creación de la comisión especial, el primero y el séptimo párrafos de la exposición de motivos del punto de acuerdo, fechado el 2 de septiembre y presentado en la sesión del 7 del mismo mes por los proponentes del mismo.
"No existe democracia sin condiciones equitativas en las contiendas electorales. Las funciones públicas no pueden estar al servicio de partidos políticos que aprovechando su posición, alteran la voluntad de los electores. Si en verdad aspiramos a construir un Estado plenamente democrático, debemos comenzar por impedir que los recursos del pueblo mexicano se distraigan de su verdadero destino: crear mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
"Coahuila es una entidad que merece nuestra particular atención por diversas razones. En primer lugar, porque el próximo proceso electoral se inscribe en una novedosa dinámica de construcción de alianzas y acuerdos políticos fundamentales para impulsar gobiernos que representen a la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar, este proceso se desarrollará en vísperas de una elección presidencial con características insólitas, lo que sin duda alguna propiciará un ambiente de efervescencia política. Por último, es preciso hacer especial mención que la proximidad de la contienda electoral en la entidad, exige una rápida atención en la constitución de los órganos parlamentarios plurales, que tengan como único fin garantizar el adecuado ejercicio de los recursos federales. Es bajo este contexto que la Cámara de Diputados debe valorar tomar acciones para hacer de estos procesos locales, verdaderos ejercicios democráticos.
"Los miembros de la Junta de Coordinación Política que propusieron al Pleno la creación de la comisión especial, invocaron además como sustento los siguientes argumentos:
"‘Se trata de vigilar que los recursos federales no se destinen a fines electorales, para que en base a las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta soberanía en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones políticas; y
"‘b) ... Estas facultades han sido revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la controversia constitucional presentada por el Estado de Tabasco, en cuya resolución se establece explícitamente que la Cámara de Diputados es competente para investigar el uso indebido de los recursos federales para efectos de responsabilidad política, en términos del artículo 74, fracción V, en relación con el artículo 110 de la Constitución General de la República, bajo la consideración de que la legalidad del procedimiento que para ello haya seguido no puede ser analizado en una controversia constitucional por no ser invasión de competencia.’
"Respecto a esos razonamientos, cabe hacer las siguientes consideraciones: en primer término, la Junta de Coordinación Política pretende darle efectos generales a una determinación adoptada por mayoría de votos de los señores Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en un caso concreto y sobre las argumentaciones vertidas por las partes en el litigio. En segundo lugar, nunca se señaló que el Congreso de la Unión aprobó una nueva ley orgánica qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7059-876294b4/camara-de-diputados-del-congreso-de-la-union · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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