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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. SI NO EXISTE ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO A LA PROPUESTA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LOS NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS, SE ACTUALIZA LA APROBACIÓN TÁCITA O FICTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/97. · Registro digital (IUS): 5330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA VS. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, , Pág. 835.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/97. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA VS. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos para resolver los autos que integran el expediente señalado al rubro, relativo a la controversia constitucional número 36/97, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima en contra del Congreso del propio Estado; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito sin número fechado el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día siguiente, el C. Fernando Moreno Peña, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, personalidad que acreditó con el bando solemne publicado en el ejemplar que en copia certificada acompañó a su escrito, del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, planteó controversia constitucional con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse suscitado un conflicto de poderes entre el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima y el Poder Ejecutivo que representa, porque deliberadamente el Congreso del Estado de Colima omitió tomar protesta constitucional a los Magistrados que fueron nombrados por el gobernador y aprobados por el Congreso del Estado, en tres casos expresamente y en cuatro tácitamente, por no haber tomado resolución en un lapso de diez días, conforme lo establece el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, haciendo nugatorias las facultades del Ejecutivo en la integración del Poder Judicial.

Señaló en su escrito de demanda, la existencia de un conflicto de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo del Estado de Colima, porque la omisión en que incurrió el Congreso del Estado impide llevar a conclusión el procedimiento establecido en la Constitución de Colima para la integración del Supremo Tribunal de Justicia, que consta fundamentalmente de tres etapas, a saber, la primera que está a cargo del gobernador del Estado y consisten en el nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal del Estado, conforme lo establece su artículo 70, la segunda etapa consiste en la aprobación por parte del Congreso del Estado de manera expresa o tácita, de los nombramientos hechos por el gobernador del Estado y la tercera en la toma de protesta por parte del Congreso del Estado, de los Magistrados nombrados por el gobernador y aprobados por el propio Congreso y en el caso concreto, se presentó un conflicto de poderes entre el titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado, toda vez que el último ha omitido realizar la tercera etapa del proceso de integración del Supremo Tribunal del Estado, con lo que impide la constitución de dicho tribunal, haciendo nugatorias las facultades que el titular del Ejecutivo ha ejercido constitucionalmente, estando en presencia de una obligación de carácter estatal por parte del Congreso, con la vulneración del orden constitucional.

SEGUNDO.-El actor señaló como tercero interesado al Poder Judicial del Estado de Colima y el acto cuya invalidez se demanda el consistente en la omisión por parte del Congreso del Estado de Colima para tomar protesta a los Magistrados nombrados por el C. Gobernador y aprobados, tres de ellos de manera expresa y cuatro en forma tácita, por el propio Congreso del Estado, indicando como preceptos constitucionales violados los artículos 16, 17, 116 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y manifestó los antecedentes y conceptos de invalidez al tenor literal siguiente:

"VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor, y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda. 1. El día 6 de noviembre de 1997, el ciudadano Gobernador del Estado de Colima, en uso de sus facultades constitucionales, nombró como Magistrados propietarios a los CC. Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, Rocío López Llerenas Zamora, Fidel Vega Gudiño, Rafael García Rincón, José Alberto Peregrina Sánchez, Ramón Cervantes Amezcua y Felipe Chávez Carrillo, extendiendo los nombramientos correspondientes.-2. El mismo día 6 de noviembre, el gobernador envió un oficio al H. Congreso del Estado, comunicando tales nombramientos y solicitando su aprobación en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A dicho oficio, acompañó copias al carbón de cada uno de los nombramientos expedidos.-3. El oficial mayor del H. Congreso del Estado, Jaime Salazar Silva recibió el oficio y las copias de los nombramientos el mismo 6 de noviembre y extendió la anotación respectiva en una copia de dicho oficio.-4. El Congreso del Estado celebró sesión ordinaria el miércoles 12 de noviembre, en la cual el Pleno dio entrada al oficio y a los nombramientos y aprobó turnarlos a las Comisiones Unidas de Justicia y de Poderes.-5. En la sesión del viernes 14 de noviembre, las comisiones presentaron sus dictámenes, sesión en la cual se le dio primera lectura a cada uno de esos tres dictámenes.-6. Los días 15 y 16 de noviembre el Congreso realizó otra sesión, que fue permanente, ya que se inició el sábado 15, se abrió un receso y se continuó el domingo 16 de noviembre.-7. El 16 de noviembre, el Pleno analizó y discutió los tres dictámenes. El primero de ellos, que proponía al Pleno la renuncia como Magistrado suplente del Lic. Ramón Cervantes Amezcua, fue aprobado por unanimidad de 20 votos (la totalidad de los diputados que integran el Congreso). El segundo, que proponía a la asamblea la aprobación de los Magistrados Eugenio Olmos Mendoza, Rocío López Llerenas y Fidel Vega Gudiño, fue aprobado por 18 votos a favor y 2 abstenciones. El tercero, que proponía al Pleno la no aprobación de los Magistrados Rafael García Rincón, José Alberto Peregrina Sánchez, Ramón Cervantes Amezcua y Felipe Chávez Carrillo, fue votado por 10 diputados a favor y 10 diputados en contra.-8. Ante dicho resultado, la presidenta del Congreso declaró que no había resolución en este asunto y pasó al siguiente punto del orden del día, pero en ese momento los diputados de oposición (7 del PAN y 3 del PRD), iniciaron una discusión exigiendo a la presidenta la aplicación del artículo 112 reformado del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, argumentando que el empate debía resolverse por esa vía. Como la sesión subió de tono y se acaloraron los ánimos, la presidenta declaró clausurada la sesión y citó para sesión solemne para el martes 18 de noviembre.-9. El lunes 17 de noviembre, la presidenta del Congreso y una de las secretarias enviaron al gobernador el oficio 093/97 en el que le informaban que se habían aprobado la renuncia del Magistrado suplente y tres nombramientos y le informó que en relación con los otros cuatro Magistrados, la votación había sido de diez a favor y diez en contra, por lo que no hubo resolución en este caso, de manera tal que en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Colima, esos cuatro nombramientos habían sido aprobados de manera tácita.-10. El propio lunes 17 de noviembre la presidenta y una de las secretarias del Congreso, mediante oficios 094/97 al 100/97, les informaron a cada uno de los siete Magistrados que habían sido aprobados expresa y tácitamente, para el efecto de que comparecieran ante el Congreso el día 18 de noviembre a las 11:00 horas a fin de que en sesión solemne les fuera tomada la protesta de ley como Magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.-Adicionalmente, dichos citatorios publicados en los periódicos de la localidad del día 18 de noviembre.-11. La sesión solemne convocada para el día 18 de noviembre no se pudo llevar a cabo, porque al inicio de la misma los diez diputados de oposición iniciaron una acalorada discusión que desembocó en un verdadero caos, dándose jalones, ofensas verbales, etc., todo lo cual derivó en la clausura de la sesión sin haberse podido verificar ésta. Como consecuencia de ésta suspensión, los 7 Magistrados aprobados no pudieron rendir la protesta de ley necesaria para estar en posibilidad de ejercer plenamente sus funciones, por lo que se ha impedido la legal instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.-12. El jueves 20 de noviembre nuevamente se intentó realizar la sesión solemne, misma que tampoco se pudo realizar, citándose nuevamente para el jueves 27 de noviembre.-13. El jueves 27 de noviembre nuevamente se intentó realizar la sesión, pero en el inicio de la misma, los tres coordinadores de las fracciones parlamentarias informaron que por acuerdo entre ellos se suspendería la sesión.-14. Hasta la fecha de presentación de la presente demanda de controversia constitucional, no ha podido celebrarse la sesión solemne a la que citó la Presidencia del Congreso y, por lo mismo, los Magistrados nombrados y aprobados no han podido rendir la protesta de ley, requisito indispensable para iniciar el ejercicio de sus atribuciones, con lo que no se ha podido integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.-VII. Los conceptos de invalidez: 1. Violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El acto omisivo imputado al Congreso del Estado de Colima viola el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin justificación alguna se ha negado y, por lo tanto, ha omitido, tomar la protesta a los Magistrados nombrados por el Ejecutivo, y que han sido aprobados expresa y tácitamente por el propio Congreso del Estado de Colima. En efecto, el artículo 16 constitucional es del tenor siguiente: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’.-Como se ha relatado en los hechos que constituyen los antecedentes de esta controversia constitucional, el Congreso del Estado de Colima analizó y discutió el 16 de diciembre pasado tres dictámenes producidos por las Comisiones Unidas de Justicia y de Poderes, de los cuales el primero de ellos proponía al Pleno la renuncia como Magistrado suplente del Lic. Ramón Cervantes Amezcua, el cual fue aprobado por la totalidad de los diputados que integran el Congreso, es decir por veinte votos favorables; el segundo dictamen proponía al Congreso la aprobación de los Magistrados Eugenio Olmos Mendoza, Rocío López Llerenas Zamora y Fidel Vega Gudiño el cual fue aprobado por 18 votos a favor con dos abstenciones; el tercero de los dictámenes proponía al Pleno la no aprobación del nombramiento de los Magistrados Rafael García Rincón, José Alberto Peregrina, Ramón Cervantes Amezcua y Felipe Chávez Carrillo, dictamen que fue votado por diez diputados a favor y diez diputados en contra.-Los antecedentes contenidos en el párrafo anterior demuestran claramente que los siete Magistrados nombrados por el Ejecutivo del Estado fueron jurídicamente aprobados por el Congreso del Estado de Colima, en virtud de que tres de los nombramientos fueron aprobados por unanimidad de manera expresa el día 16 de noviembre de 1997, y cuatro de los nombramientos hechos por el gobernador fueron aprobados tácitamente o de manera ficta conforme lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Colima que a la letra dice: ‘Artículo 70. Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días.-Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados.’.-Tal como se desarrollaron los hechos que han sido relatados en el inciso VI de esta demanda respecto del nombramiento de los cuatro Magistrados en que hubo empate en la votación, se configuró la aprobación ficta o tácita de los nombramientos del gobernador que recayeron en las personas anteriormente mencionadas. En efecto, el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Colima dispone: ‘Artículo 47. Las iniciativas de ley o decreto no se considerarán aprobadas, sino cuando hayan sido aprobadas por el voto de la mayoría de los miembros del Congreso.’.-De la transcripción de este artículo se debe concluir que los proyectos de ley o decreto sólo son aprobados cuando emiten a favor su voto por la mayoría de los miembros del Congreso. En otros términos, los proyectos de ley o decreto son aprobados por el Congreso sólo cuando exista mayoría de votos favorables al proyecto de ley o decreto en cuestión. Cuando por virtud de la votación llevada a cabo en el Congreso no se obtiene la mayoría requerida por la Constitución, en virtud de que existe una votación en la que un mismo número de diputados votan a favor y en contra, es decir cuando hay empate, no existe ley o decreto aprobado pues para ello se requiere que exista el voto favorable de una mayoría de los diputados al Congreso.-No debe confundirse la no aprobación de un proyecto de ley o decreto con el rechazo o el voto mayoritario en contra del proyecto en cuestión. En este último caso, existe una mayoría y existe una resolución que no aprueba un proyecto de ley o decreto. En cambio, cuando hay empate, es decir, cuando no se ha llegado a una votación mayoritaria o de rechazo, es decir, no se ha tomado resolución alguna al respecto. Dado lo anterior, en la votación del dictamen que se refiere a los cuatro Magistrados anteriormente mencionados, no existió ni aprobación ni rechazo de los mismos, sino simplemente no se reunió el número de votos requerido constitucionalmente para su aprobación o rechazo. De este modo, y al no existir resolución aprobatoria o de rechazo, se está precisamente en el supuesto de aplicación del segundo párrafo del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Colima, pues el empate que se obtuvo en la votación impidió que el Congreso resolviera sobre los nombramientos de los Magistrados, y como ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 70 mencionado, se deben tener por aprobados los nombramientos hechos por el gobernador en favor de esos Magistrados.-Todo lo anterior demuestra que el Congreso del Estado de Colima debió haber convocado a una sesión solemne a efecto de tomar la protesta a los Magistrados cuyos nombramientos hechos por el gobernador del Estado, fueron aceptados por el Congreso, de conformidad con el artículo 33, fracción XXXI, en relación con la fracción XXVI del mismo artículo, de la Constitución de Colima. Al no haberlo hecho así, violó la Constitución del Estado de Colima y, por vía de consecuencia, el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, puesto que, en vez de fundar y motivar la causa legal del procedimiento, sin motivación y fundamentación está impidiendo la normal continuación del procedimiento y, como consecuencia, la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, afectando, a su vez, las facultades del Ejecutivo de nombrar a los Magistrados de dicho tribunal.-2. Violación del artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 17 de la Constitución dispone textualmente lo siguiente: ‘Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.-Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’.-La conducta omisiva del Congreso del Estado de Colima de tomar la protesta a los Magistrados nombrados por el gobernador y aprobados por el propio Congreso de manera expresa y tácita, viola el contenido del artículo 17 antes transcrito, toda vez que con ello se está violando el contenido del segundo párrafo del artículo 17, pues impide la administración de justicia al no realizar los actos necesarios para que el tribunal que la va a administrar quede debidamente constituido. La conducta omisiva del Congreso del Estado está impidiendo que se constituya el Supremo Tribunal del Estado, y con ello se está desconociendo que la administración de justicia debe impartirse en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Si bien el artículo 17 es una garantía individual que favorece a los gobernados, es claro que las autoridades públicas, en especial el Congreso del Estado de Colima, se encuentra obligado a constituir los tribunales que se encargarán de administrar justicia en la forma y términos que se señalan en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. El proceder del Congreso del Estado de Colima de no reunirse para tomar la protesta a los Magistrados nombrados y ya aprobados por el propio Congreso, viola en consecuencia el contenido del segundo párrafo del artículo constitucional que se comenta en este concepto de invalidez.-En el caso concreto de la presente controversia constitucional, se ha presentado un conflicto de poderes entre el titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado, toda vez que este último ha omitido deliberadamente realizar la tercera etapa del proceso de integración de dicho tribunal del Estado, con lo que está impidiendo la constitución de dicho tribunal, haciendo nugatorias las facultades que el titular del Ejecutivo ha ejercido constitucionalmente. Se está en presencia del incumplimiento de una obligación de carácter estatal por parte del Congreso, con la consecuente vulneración del orden constitucional.-3. Violación al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 116 de la Constitución Federal establece las bases fundamentales conforme a las cuales se constituirá y se ejercerá el poder público en los Estados miembros de la Federación. Esta función debe necesariamente estar establecida en la Constitución, por virtud de que esta última organiza los poderes federales y da las bases conforme a las cuales se deberán organizar y ejercer los poderes de los Estados conforme a la Constitución de cada uno de ellos. La Constitución Federal contiene en el artículo 116 los principios fundamentales de la organización del poder estatal, y con ello determina los contenidos fundamentales que las Constituciones de cada uno de los Estados deben establecer para organizar dichos poderes y dividir su ejercicio en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-La conducta del Congreso del Estado de Colima omite llevar a cabo los actos necesarios para que se constituya legítimamente el Poder Judicial del Estado de Colima, e impide que se ejerza dicho poder con base en las Constituciones Estatal y Federal. En efecto, la fracción III del artículo 116 constitucional dice que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas, y el Poder Judicial del Estado de Colima está establecido en el título V de la Constitución Local. En consecuencia, el Congreso del Estado se encuentra en la obligación de realizar los actos necesarios para la debida integración de los órganos del Poder Judicial Estatal, es decir, de manera destacada, de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.-La omisión en que ha incurrido el Congreso del Estado de Colima, genera un conflicto constitucional entre el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Legislativo, toda vez que al gobernador se le obstaculiza el ejercicio de sus facultades constitucionales, pues el Ejecutivo se encuentra en la obligación de integrar, junto con el Legislativo, a los órganos del Poder Judicial Estatal. El gobernador, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, ha realizado los nombramientos que le corresponden de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y, como ya se ha demostrado, dichos nombramientos fueron aprobados por el Congreso, unos de manera expresa y otros de manera tácita. Al omitir el Congreso del Estado celebrar la sesión solemne donde se tomará la protesta de los Magistrados nombrados y aprobados, impide que el ejercicio de las facultades del gobernador transcurra hasta su conclusión, generando con ello un conflicto de carácter constitucional, toda vez que no existe norma alguna en la Constitución Local o Federal que permita o justifique que el Congreso del Estado obstaculice o dilate la generación de los efectos que deben producir los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia por parte del gobernador en ejercicio de sus facultades constitucionales.-Se viola el citado artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque resulta obvio que la intención contenida en este precepto es que funcionen adecuadamente los órganos de poder estatales, de conformidad con la propia Constitución Federal y la Constitución Estatal; no obstante la omisión del Congreso del Estado impide el adecuado funcionamiento del Poder Judicial del propio Estado. Sobre esta base, el Congreso también está afectando la función del Ejecutivo, al impedir que produzcan sus efectos o consecuencias jurídicas los actos realizados por el gobernador en ejercicio de sus facultades constitucionales.-4. Violación al artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.’.-Esta disposición constitucional establece un requisito necesario que debe cumplirse no solamente por los titulares de los órganos de la Federación, sino también por los titulares de todos los órganos de los Estados. En concordancia y cumplimiento del artículo constitucional transcrito, el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Colima establece textualmente que: ‘Artículo 75. Los Magistrados rendirán su protesta ante el H. Congreso del Estado, en la sesión pública extraordinaria que para tal efecto se convoque.’.-La omisión por parte del Congreso del Estado de Colima de tomar la protesta de los Magistrados nombrados y aprobados, viola conjuntamente los artículos constitucionales transcritos, uno de la Constitución Federal y otro de la de Colima, en virtud de que no ha completado el proceso necesario para integrar al Supremo Tribunal de Justicia de Colima, y de ese modo ha inobservado los preceptos constitucionales locales y federales que establecen a los tribunales como órganos del Estado encargados de administrar justicia. La no integración del órgano que ejercerá uno de los poderes del Estado de Colima, el Judicial, viola las disposiciones constitucionales mencionadas, generando una controversia entre el Congreso del Estado y el Ejecutivo, toda vez que aquél omite cumplir con su obligación de completar el proceso de integración del Supremo Tribunal de Justicia, impidiendo con ello que el ejercicio de sus facultades por parte del gobernador se lleven hasta su normal y cabal conclusión.-Este conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por omitir este último la realización de los actos que le competen para terminar con el proceso de integración del Supremo Tribunal de Justicia, debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la presente controversia constitucional, misma que versa sobre la constitucionalidad de los actos omisivos del Congreso del Estado de Colima."

TERCERO.-Por proveído de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, cuyo número correspondió al 36/97 y turnarlo al Ministro ponente Juventino V. Castro y Castro como instructor del procedimiento conforme al turno que al efecto lleva la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante acuerdo de esa misma fecha admitió la demanda en vía de controversia constitucional promovida contra actos del Congreso del Estado de Colima y ordenó emplazar a la demandada, así como correr traslado al tercero interesado Poder Judicial del Estado de Colima y al procurador general de la República; se tuvieron por autorizadas las personas señaladas en su escrito de demanda y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

CUARTO.-Mediante escrito de fecha doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, recibido el trece siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este tribunal, los diputados a la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, coordinador general y Marco Antonio García Toro, presidente por el periodo que comprendió del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete al quince de enero de mil novecientos noventa y ocho, en representación del H. Congreso del Estado de Colima, personalidad acreditada con las constancias expedidas por el Consejo Federal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima que acreditan su carácter de diputados electos al Congreso del Estado; acta de sesión pública ordinaria número uno, celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Colima celebrada con fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y siete; ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, dieron contestación a la controversia constitucional promovida por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en contra de actos del Congreso del Estado consistentes esencialmente en la omisión para tomar la protesta a los Magistrados nombrados por el gobernador y aprobados, tres de ellos de manera expresa y cuatro de ellos de manera tácita, por lo que expusieron los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se transcriben:

"Antecedentes. I. El día seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el C. Gobernador del Estado de Colima, en uso de la facultad que otorga el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Colima tuvo a bien nombrar a los C. Licenciados en derecho Eugenio Olmos Mendoza, Rocío López Llerenas Zamora, Fidel Vega Gudiño, Rafael García Rincón, José Alberto Peregrina Sánchez, Ramón Cervantes Amezcua y Felipe Chávez Carrillo como Magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.-II. En cumplimiento del artículo constitucional local citado en el párrafo anterior, el gobernador del Estado sometió a la consideración del H. Congreso del Estado los nombramientos arriba aludidos, mediante oficio de fecha 6 de noviembre de 1997 y recibido por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado en esa fecha.-III. Con fecha 12 de noviembre de 1997, el Pleno del Congreso del Estado dio entrada al oficio donde constaban los nombramientos en comento, turnando la solicitud del Ejecutivo del Estado a las Comisiones Unidas de Justicia y Poderes.-IV. Las Comisiones Unidas de Justicia y Poderes del H. Congreso del Estado analizaron las propuestas de nombramiento de Magistrados presentadas por el Ejecutivo Estatal, y en uso de sus atribuciones, presentaron al Pleno cameral, para su primera lectura, tres dictámenes en donde se aprobaban la solicitud de renuncia del C. Magistrado suplente Lic. Ramón Cervantes Amezcua a tal cargo, un segundo dictamen que proponía la aprobación de los nombramientos como Magistrados de los CC. Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega Gudiño y Rocío López Llerenas Zamora y un tercer dictamen en donde se proponía la no aprobación de los nombramientos como Magistrados realizados por el Ejecutivo de los CC. Licenciados, Rafael García Rincón, José Alberto Peregrina Sánchez, Ramón Cervantes Amezcua y Felipe Chávez Carrillo. Sujetos a la consideración del Pleno congresional los dictámenes aludidos en sesión celebrada durante los días 15 y 16 noviembre de 1997, obtuvieron, respectivamente, las siguientes votaciones: 20 votos a favor del primero (unanimidad de votos), 18 votos a favor y dos abstenciones el segundo, y 10 votos a favor por 10 en contra del dictamen en el tercero de éstos.-V. Realizadas las votaciones señaladas en el párrafo anterior, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada Martha Licea Escalera declaró, con respecto al tercero de los dictámenes que proponía la no aprobación de los nombramientos de Magistrados propuestos por el Ejecutivo Estatal, que no había resolución en ese asunto. Ante tal declaración, los diputados de los grupos legislativos de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática hicieron uso de la palabra para solicitar la aplicación del artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, a fin de que las propuestas de Magistrados rechazadas en el tercer dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y Poderes se considerasen, tal como lo proponía el dictamen en cuestión, y una vez votado éste por segunda ocasión, como no aprobadas, y en consecuencia, se comunicara al Ejecutivo del Estado esa situación para que, en los términos prescritos en el artículo 70 de la Constitución particular del Estado, presentase nuevas propuestas de nombramientos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5330-452e78ab/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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