PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y, POR TANTO, A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTADUAL LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de junio de dos mil uno.
Vistos para resolver los autos que integran el expediente señalado al rubro, relativo a la controversia constitucional número 18/97, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en contra del Congreso de la Unión, presidente de la República y otros; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito sin número y sin fecha recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, los CC. Adalberto Núñez Ramos, Francisco Félix Garza González y José E. Carrillo Mateos, en su carácter de presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quienes acreditaron la personalidad con que se ostentaron con las copias certificadas del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizaron para oírlas a los licenciados Ricardo Hiram Barbosa Alanís, Arturo Ignacio Cardona Calderón, Enrique Vázquez González y Erick Rafael Barbosa Alanís, promovieron demanda de controversia constitucional, en los términos siguientes:
"I. Entidad, poder u órgano actor, su domicilio y los nombres y cargos de los funcionarios que lo representan: El H. Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial en la cabecera del Municipio del mismo nombre y señalando domicilio convencional para oír notificaciones en la calle de Berlín número 100, despacho 2, colonia Del Carmen Coyoacán, en la Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 04100; representado por los suscritos, quienes manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los cargos que ostentamos no nos han sido revocados en forma alguna.-II. Entidades, poderes u órganos demandados y sus domicilios. Tienen el carácter de demandados: 1. El H. Congreso de la Unión; 2. El C. Presidente de la República; 3. El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público; 4. El C. Secretario de Gobernación; 5. El C. Director del Diario Oficial de la Federación; 6. El H. Congreso del Estado de Nuevo León; 7. El C. Gobernador del Estado de Nuevo León; 8. El C. Secretario general de Gobernación del Estado de Nuevo León; 9. El C. Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León; y 10. El C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.-Las autoridades demandadas precisadas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 que anteceden, con domicilio conocido en sus recintos oficiales en la Ciudad de México, Distrito Federal, y las autoridades precisadas en los puntos 6, 7, 8, 9 y 10, con domicilio conocido en sus recintos oficiales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.-III. Entidades, poderes u órganos terceros interesados y sus domicilios: Salvo lo que determine esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimamos que no existen entidades, poderes u órganos que en el presente caso tengan o puedan tener el carácter de terceros interesados.-IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó: 1. La Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1978 y sus correspondientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 30 de diciembre de 1980, 31 de diciembre de 1981, 31 de diciembre de 1982, 30 de diciembre de 1983, 31 de diciembre de 1986, 31 de diciembre de 1987, 31 de diciembre de 1988, 28 de diciembre de 1989, 26 de diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 20 de julio de 1992, 3 de diciembre de 1993, 29 de diciembre de 1993, 11 de mayo de 1995, 15 de diciembre de 1995 y 30 de diciembre de 1996; 2. El Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979; 3. El Convenio de Coordinación Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito (sic), y el Gobierno del Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1996 y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 20 de enero de 1997; 4. El oficio número 531/97, suscrito por el C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León el 26 de junio de 1997; y 5. El oficio número C-3-785-97, suscrito por el C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León el 26 de junio de 1997.-V. Preceptos constitucionales que se estiman violados: Los artículos 31, fracción IV, 49 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. En el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1978 se publicó la Ley de Coordinación Fiscal, y en dicho Diario Oficial de la Federación de los días 30 de diciembre de 1980, 31 de diciembre de 1981, 31 de diciembre de 1982, 30 de diciembre de 1983, 31 de diciembre de 1986, 31 de diciembre de 1987, 31 de diciembre de 1988, 28 de diciembre de 1989, 26 de diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 20 de julio de 1992, 3 de diciembre de 1993, 29 de diciembre de 1993, 11 de mayo de 1995, 15 de diciembre de 1995 y 30 de diciembre de 1996, se publicaron diversas reformas a la mencionada Ley de Coordinación Fiscal; 2. En el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1979 se publicó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León; 3. En el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1996 se publicó el Convenio de Coordinación Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito (sic) y el Gobierno del Estado de Nuevo León; 4. El 26 de junio de 1997, el C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, suscribió el oficio número 531/97; y 5. El 26 de junio de 1997, el C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, suscribió el oficio número C-3-785-97."
TERCERO.-La demanda se funda en los artículos 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 10, 11, 21, 22 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo que disponen los artículos 10, 27 y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
CUARTO.-Los conceptos de invalidez expuestos en la demanda son los siguientes:
"Primero. Las normas generales y el acto cuya invalidez se demanda son contrarios a lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV y 115, fracción IV, constitucionales, en virtud de que, por una parte, se impide al Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ejercer la facultad de recaudar las contribuciones para los gastos públicos que le otorgan los citados preceptos constitucionales y, por la otra, se anula la facultad que el Congreso del Estado de Nuevo León tiene para establecer dichas contribuciones.-En efecto, la Ley de Coordinación Fiscal establece la posibilidad de que por un mero convenio entre el secretario de Hacienda y Crédito Público y el Ejecutivo del Estado, se impida al Congreso Estatal el ejercicio de la facultad de establecer contribuciones a favor del Municipio, así como dejar de aplicar las contribuciones establecidas a su favor, lo que evidentemente atenta en contra del Estado de derecho y del principio de división de poderes contenido en el artículo 49 constitucional, pues se permite que por un mero acto del Ejecutivo se anulen las facultades legislativas y las facultades que tiene el Municipio de cobrar las contribuciones.-En consecuencia, es procedente que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete la invalidez de las normas generales y del acto impugnados en la presente controversia constitucional.-Segundo. Además de lo aducido en el anterior concepto, las normas generales y el acto cuya invalidez se demanda son contrarios a lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV y 115, fracción IV, constitucionales, en virtud de que, tal y como lo acreditaremos en la audiencia de pruebas, los porcentajes de participación que se han otorgado al Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, son insuficientes para hacerse cargo de los gastos públicos que dicho Municipio tiene.-En efecto, en términos de lo dispuesto por los citados preceptos constitucionales, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional que dispongan las leyes, es decir, el propósito o finalidad de las contribuciones es la de cubrir los gastos públicos; por tanto, y toda vez que las bases fijadas por la Ley de Coordinación Fiscal no permiten que el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuente con lo suficiente para cubrir sus gastos públicos, dicho ordenamiento legal resulta contrario a los preceptos constitucionales invocados.-En consecuencia, es procedente que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete la invalidez de las normas generales y del acto impugnados en la presente controversia constitucional.-Tercero. El acto cuya invalidez se demanda del C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, es contrario a lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV y 115, fracción IV, constitucionales en vía de consecuencia, y en virtud de que dicho funcionario sólo se concreta a mencionar diversas cantidades, pero omite precisar la forma y procedimientos mediante las que fueron determinadas, lo que atenta en contra de los principios de orden y transparencia en el manejo de los recursos públicos que caracteriza al Estado de derecho.-En efecto, en términos de lo dispuesto por los citados preceptos constitucionales, es obligación del C. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León manejar las cuentas claras y darle a conocer a nuestro representado la forma y procedimientos empleados para la determinación de las cantidades precisadas en el oficio cuya invalidez se demanda, ya que de lo contrario se atenta en contra de la administración del presupuesto municipal, en detrimento de la prestación de los diversos servicios públicos que deben prestarse.-En consecuencia, es procedente que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete la invalidez del acto impugnado en la presente controversia constitucional."
QUINTO.-Por acuerdo de fecha siete de julio de mil novecientos noventa y siete, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondiéndole el número 18/97, y se ordenó turnar el asunto al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Mediante proveído de la misma fecha, se tuvo por reconocida la personalidad de los promoventes, se admitió la demanda de controversia constitucional, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación de demanda, se reconoció el carácter de delegados de la parte actora, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara su pedimento correspondiente, y se tuvieron por exhibidas las documentales de la actora, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia respectiva.
SEXTO.-Mediante escritos presentados ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, el secretario de Gobernación y el director del Diario Oficial de la Federación dieron contestación a la demanda, respectivamente, en los términos siguientes:
"Carlos Justo Sierra, director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en mi carácter de autoridad demandada en la controversia constitucional en que se actúa, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en el número 99 de las calles de Bucareli, edificio anexo, planta baja, de la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, autorizando como delegados en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en mi nombre oigan y reciban toda clase de documentos y ejerciten los derechos procesales que corresponda, conjunta o separadamente, a los licenciados Morelos Canseco Gómez, Andrés Alberto Reyes Bermúdez, Patricia Sánchez Avendaño y Elisa Elguezabal Dávila, así como a los pasantes en derecho Alberto Manuel Alcántara Martínez, Gilberto García Rosales, Maki Adriana Bonfigli Saito, Manuel Sanciprián Ávila, Óscar Eduardo Ceniceros Franco y Juan Carlos Maltos Mitre, comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándome en tiempo y forma dentro de los términos de ley, ocurro a dar contestación a la demanda que en vía de controversia constitucional promueven el presidente municipal, secretario y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y a efecto de cumplir con lo establecido en el diverso numeral 23 de la ley de la materia, manifiesto: I. Normas generales cuya invalidez se demanda: De los actos cuya invalidez demanda la parte actora, es cierto el consistente en la publicación en este órgano informativo del Gobierno de la República, de los ordenamientos legales siguientes: 1. De la Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1978 y sus reformas difundidas el: a) 30 de diciembre de 1980; b) 31 de diciembre de 1981; c) 31 de diciembre de 1982; d) 30 de diciembre de 1983; e) 31 de diciembre de 1986; f) 31 de diciembre de 1987; g) 31 de diciembre de 1988; h) 28 de diciembre de 1989; i) 26 de diciembre de 1990; j) 20 de diciembre de 1991; k) 3 de diciembre de 1993; l) 29 de diciembre de 1993; m) 11 de mayo de 1995; n) 15 de diciembre de 1995, y o) 30 de diciembre de 1996.-2. Del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León, difundido el 28 de diciembre de 1979.-3. Del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, publicado el 28 de diciembre de 1996.-La publicación de la ley impugnada y sus reformas se efectuó con fundamento en los artículos 72, inciso a), de la Constitución Federal; 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o. y 3o., fracción I, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y 14, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.-Respecto de los convenios controvertidos, la publicación se realizó de conformidad con los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o. y 3o., fracción III, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y 14, fracción VI, del reglamento interior de esta dependencia.-En este orden de ideas, la publicación de los ordenamientos mencionados se efectuó con estricto apego al mandato constitucional y a derecho, por lo que debe declararse su validez constitucional.-II. Hechos: Es cierto que el 27 de diciembre de 1978 se publicó la Ley de Coordinación Fiscal.-Es cierto que en este órgano informativo del gobierno se publicaron diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal el 30 de diciembre de 1980, 31 de diciembre de 1981, 31 de diciembre de 1982, 30 de diciembre de 1983, 31 de diciembre de 1986, 31 de diciembre de 1987, 31 de diciembre de 1988, 28 de diciembre de 1989, 26 de diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 3 de diciembre de 1993, 29 de diciembre de 1993, 11 de mayo de 1995; 15 de diciembre de 1995 y 30 de diciembre de 1996.-Es cierto que el 28 de diciembre de 1979 se publicó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León.-Es cierto que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, fue publicado el 28 de diciembre de 1996.-Se ignora, por no ser propio, que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, suscribiera algunos oficios el 26 de junio de 1997.-III. Improcedencia: La presente controversia constitucional deviene notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Lo anterior es así, toda vez que el artículo 21, fracción II, de ese ordenamiento legal, dispone: 'Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: ... II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.'.-En este orden de ideas, si la Ley de Coordinación Fiscal fue publicada por este Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978 y su última reforma el 30 de diciembre de 1996, al haberse interpuesto la demanda hasta el 4 de julio del año en curso, resulta que ha transcurrido en exceso el término de treinta días que al efecto concede la ley de la materia.-La misma causal opera respecto de los convenios controvertidos, los cuales se difundieron en 1979 y 1996, respectivamente, de lo que se advierte de manera indubitable que también ha transcurrido en demasía el término legal de 30 días que establece la ley de la materia.-Por lo tanto, la controversia constitucional intentada resulta notoriamente improcedente, razón por la cual deberá decretarse el sobreseimiento respectivo, atento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-De las relacionadas consideraciones, es de concluirse que la demanda intentada por la parte actora resulta infundada y es de pleno derecho que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la validez constitucional de las normas impugnadas.-Por lo anterior, atentamente solicito: Primero. Tenerme por presentado dando contestación en tiempo y forma a la demanda que en vía de controversia constitucional se promueve.-Segundo. Tener por autorizados a los profesionistas y pasantes en derecho que se citan en el proemio del presente escrito, para los efectos señalados.-Tercero. En caso de desestimarse la causal de improcedencia que se hace valer, declarar la validez constitucional de las normas impugnadas en la controversia constitucional en que se actúa."
"Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación, personalidad que acredito en términos del nombramiento que acompaño al presente, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en el número 99 de las calles de Bucareli, edificio anexo, planta baja, de la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, autorizando como delegados en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en mi nombre oigan y reciban toda clase de documentos y ejerciten los derechos procesales que corresponda, conjunta o separadamente, a los licenciados Morelos Canseco Gómez, Andrés Alberto Reyes Bermúdez, Patricia Sánchez Avendaño y Elisa Elguezabal Dávila, así como a los pasantes en derecho Alberto Manuel Alcántara Martínez, Gilberto García Rosales, Maki Adriana Bonfigli Saito, Manuel Sanciprián Ávila, Óscar Eduardo Ceniceros Franco y Juan Carlos Maltos Mitre, comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándome en tiempo y forma dentro de los términos de ley, ocurro a dar contestación a la demanda que en vía de controversia constitucional promueven el presidente municipal, secretario y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y a efecto de cumplir con lo establecido en el diverso numeral 23 de la ley de la materia, manifiesto: I. Normas generales cuya invalidez se demanda: De los actos cuya invalidez demanda la parte actora, es cierto el consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los ordenamientos legales siguientes: 1. De la Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1978 y sus reformas difundidas el: a) 30 de diciembre de 1980; b) 31 de diciembre de 1981; c) 31 de diciembre de 1982; d) 30 de diciembre de 1983; e) 31 de diciembre de 1986; f) 31 de diciembre de 1987; g) 31 de diciembre de 1988; h) 28 de diciembre de 1989; i) 26 de diciembre de 1990; j) 20 de diciembre de 1991; k) 3 de diciembre de 1993; l) 29 de diciembre de 1993; m) 11 de mayo de 1995; n) 15 de diciembre de 1995; y, o) 30 de diciembre de 1996.-2. Del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León, difundido el 28 de diciembre de 1979.-3. Del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, publicado el 28 de diciembre de 1996.-La publicación de la ley impugnada y sus reformas se efectuó con fundamento en los artículos 72, inciso a), de la Constitución Federal; 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o. y 3o., fracción I, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y 14, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.-Respecto de los convenios controvertidos, la publicación se realizó de conformidad con los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o. y 3o., fracción III, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y 14, fracción VI, del reglamento interior de esta dependencia.-En este orden de ideas, la publicación de los ordenamientos mencionados se efectuó con estricto apego al mandato constitucional y a derecho, por lo que debe declararse su validez constitucional.-II. Hechos: Es cierto que el 27 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal.-Es cierto que en ese mismo órgano informativo del gobierno se publicaron diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal el 30 de diciembre de 1980; 31 de diciembre de 1981; 31 de diciembre de 1982; 30 de diciembre de 1983; 31 de diciembre de 1986; 31 de diciembre de 1987; 31 de diciembre de 1988; 28 de diciembre de 1989; 26 de diciembre de 1990; 20 de diciembre de 1991; 3 de diciembre de 1993; 29 de diciembre de 1993; 11 de mayo de 1995; 15 de diciembre de 1995 y 30 de diciembre de 1996.-Es cierto que el 28 de diciembre de 1979 se publicó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León.-Es cierto que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, fue publicado el 28 de diciembre de 1996.-Se ignora, por no ser propio, que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León suscribiera algunos oficios el 26 de junio de 1997.-III. Improcedencia: La presente controversia constitucional deviene notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Lo anterior es así, toda vez que el artículo 21, fracción II, de ese ordenamiento legal, dispone: 'Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: ... II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.'.-En este orden de ideas, si la Ley de Coordinación Fiscal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978 y su última reforma el 30 de diciembre de 1996, al haberse interpuesto la demanda hasta el 4 de julio del año en curso, resulta que ha transcurrido en exceso el término de treinta días que al efecto concede la ley de la materia.-La misma causal opera respecto de los convenios controvertidos, los cuales se difundieron en el Diario Oficial de la Federación en 1979 y 1996, respectivamente, de lo que se advierte de manera indubitable que también ha transcurrido en demasía el término legal de 30 días que establece la ley de la materia.-Por lo tanto, la controversia constitucional intentada resulta notoriamente improcedente, razón por la cual deberá decretarse el sobreseimiento respectivo, atento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-De las relacionadas consideraciones, es de concluirse que la demanda intentada por la parte actora resulta infundada y es de pleno derecho que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la validez constitucional de las normas impugnadas.-Por lo anterior, atentamente solicito: Primero. Tenerme por presentado con la personalidad con que me ostento, dando contestación en tiempo y forma a la demanda que en vía de controversia constitucional se promueve.-Segundo. Tener por autorizados a los profesionistas y pasantes en derecho que se citan en el proemio del presente escrito, para los efectos señalados.-Tercero. En caso de desestimarse la causal de improcedencia que se hace valer, declarar la validez constitucional de las normas impugnadas en la controversia constitucional en que se actúa."
SÉPTIMO.-Mediante escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, los CC. Senador José Álvaro Vallarta Ceceña y diputado Jorge Abel López Sánchez, secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dieron contestación a la demanda, en los términos siguientes:
"Los suscritos, secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, carácter que se acredita en los términos del acta de elección que en copia certificada al presente se adjunta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución General de la República; 100 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, citaciones y documentos el Palacio Legislativo de la H. Cámara de Diputados, sito en avenida Congreso de la Unión s/n, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Distrito Federal; autorizando para los mismos efectos y designando como delegados de esta autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera indistinta, conjunta o separada, a los CC. Licenciados en derecho Miguel Ángel Garita Alonso, Francisco Javier Hernández Rodríguez, María Soledad Rodríguez González, José Gerardo Chávez Sánchez y Eliseo Juan Hernández Villaverde, así como a los pasantes en derecho Jorge Martín Avilés Vejar, Aureliano González Linares y Diana Ozuna Millán; ante usted, como mejor proceda en derecho comparecemos a exponer: Por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a dar contestación a la demanda de controversia constitucional instaurada en contra del H. Congreso de la Unión y otras autoridades, respecto de los actos competencia de la Cámara de Diputados, como colegisladora del Poder Legislativo Federal, negando desde este momento toda acción y derecho en beneficio del demandante, en virtud de actualizarse las causales de improcedencia y motivos de constitucionalidad que a continuación se exponen: Improcedencia y sobreseimiento. 1) La demanda fue presentada fuera del plazo de 30 días señalado en la ley.-En el presente caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia establecida en los artículos 19, fracción VII y 21 de la Ley Re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7313-e8a3a709/participaciones-federales-en-terminos-de-lo-previsto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS MUNICIPIOS. PROCEDEN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LA VÍA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY ORGÁNICA D (94)
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