ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ANALIZADO EN EL CONTEXTO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES CONCURRENTES EN ESA MATERIA, ES CONSTITUCIONAL. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA. ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA NORMA IMPUGNADA CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CORRIGE A TRAVÉS DE UNA FE DE ERRATAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2009. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de marzo de dos mil once.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 94/2009, y;
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por oficio recibido el catorce de octubre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Margain Berlanga, María Emilda Ortiz Caballero y Cecilia Carolina Rodríguez Valdez, ostentándose como presidente municipal, secretario y síndico segundo, respectivamente, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de lo siguiente:
Normas generales:
Decreto Número 418, que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el nueve de septiembre de dos mil nueve.
Señalaron como autoridades demandadas al:
a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
1. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León fue turnada al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales de su promulgación y publicación, y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 120-I, tomo CXLVI, el nueve de septiembre de dos mil nueve, para entrar en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación, atento a lo dispuesto en su artículo primero transitorio.
2. Aunque la ley impugnada no ha entrado en vigor, causa perjuicio al Municipio actor con la sola publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, toda vez que en el artículo cuarto transitorio obliga al Municipio actor a promover "... en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias para ajustar los reglamentos municipales a las disposiciones de esta ley, en las materias de su competencia".
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:
Primer concepto. Violación de la facultad concurrente, relativa a la regulación de la tenencia de la tierra urbana, estatuida en los artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-C y 115, fracciones I, II, III, penúltimo y último párrafos, y V, de la Constitución Federal.
Impugnación de los artículos 5, fracción XXVII, 8, fracción IX; 9, fracciones XIX, XXII y XXXIII (sic), 52, 54, fracción V, inciso c), 67, 159, fracciones IV, V, VI y VII, 160, 179, 180, fracción I, 184, fracción III, 185, 186, 192, último párrafo, y 310 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
Con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León se trastoca el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución Federal, toda vez que, a través de los artículos señalados, se crean facultades unilaterales al Gobierno Estatal para que éste, en forma directa o a través de diversas dependencias estatales a su cargo, regule la tenencia de la tierra e incorporación de suelo al desarrollo urbano, excluyendo la potestad del Municipio actor de regular los usos de suelo, dentro de sus respectivos territorios, estableciendo un trámite estatal, sustitutivo o paralelo, al ejercicio de una función (expedir y aprobar los planes de desarrollo urbano) que, por mandato expreso de la Constitución Federal, únicamente corresponde a las autoridades municipales.
Los artículos señalados facultan a la dependencia estatal competente en materia de desarrollo urbano, así como al gobernador del Estado, para sancionar, analizar y verificar los planes y programas de desarrollo urbano aprobados por el Ayuntamiento actor, como requisito previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo cual equivale a un derecho de veto, al tener el Municipio actor que sujetar la inscripción, orden y sanción de los planes de su centro de población expedidos y aprobados para su respectivo territorio, a la autorización del Gobierno Estatal, violentándose de tal suerte la facultad constitucional concurrente otorgada al Municipio actor y regulada por el artículo 9, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, misma que establece que corresponde a los Municipios formular, aprobar y administrar los planes y programas de desarrollo urbano de centros de población, sin establecer dicho artículo limitación o restricción alguna a través de la cual se otorgue facultades al Gobierno Estatal para efecto de sancionar dichos planes y programas.
Las facultades que otorgan los artículos 5, fracción XXVII, 52, 54, fracción V, inciso C), 67, 160, 179, 185, 186 y 310 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León a la "dependencia estatal" invaden el ámbito de competencia concurrente que la Constitución Federal prevé para el Municipio actor, por los siguientes motivos:
a) Se conculca lo previsto en el artículo 115, fracción V, inciso c), toda vez que faculta a la "dependencia estatal" a analizar y verificar los proyectos de planes y programas de desarrollo urbano aprobados, como requisito previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, dotando a dicho órgano de facultades de veto, tales que implican el sometimiento del Ayuntamiento, de forma que para que éstos puedan desarrollar sus funciones y publicar en el Periódico Oficial del Estado los planes de desarrollo urbano conforme a la ley citada, deben contar con la autorización previa de la referida agencia.
b) Las normas impugnadas resultan contrarias al artículo 115, fracción V, inciso a), porque es una facultad municipal formular y aprobar los planes de desarrollo urbano municipal y las normas impugnadas autorizan a la "dependencia estatal" unilateralmente para modificar total o parcialmente los programas o planes de desarrollo urbano en el territorio del Municipio actor.
c) La fracción XXVII del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León es contraria al artículo 115, fracción V, inciso e), en virtud de que constitucionalmente corresponde a los tres órganos de gobierno de forma concurrente la materia de regularización de la tierra, y la norma impugnada otorga facultades unilaterales a la "dependencia estatal" para efecto de aprobar los planes de desarrollo urbano formulados, emitidos y aprobados por el Ayuntamiento actor, lo que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación equivale a "un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno".
d) La fracción XIX del artículo 9 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León establece: "Son facultades y obligaciones de la dependencia estatal competente en materia de Desarrollo Urbano: ... XIX. Establecer y administrar el registro de los directores responsables de obra, así como participar en la comisión que al efecto se establezca.", lo cual vulnera la facultad concurrente que otorga la Constitución Federal al Municipio actor en su artículo 115, fracción V, regulada a través de la fracción X del artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, que señala que es atribución del Municipio expedir licencias de construcción y, consecuentemente, todo lo que se relaciona con ellas, como lo es el registro y administración de los responsables de las obras.
e) La función de la legislación federal y estatal relativa a la administración de los usos de suelo, por parte de los Municipios, se circunscribe a definir los términos en que éstos ejercerán tal atribución, sin que sea posible interpretar que tal potestad abarca la sustitución en cuanto a la titularidad de la atribución, aun cuando se trate de materias concurrentes, como lo es en la especie la regulación de la tenencia de la tierra e incorporación de suelo al desarrollo urbano, toda vez que, aun en tal supuesto, el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal es claro al determinar que la distribución que realice el Congreso Estatal debe atender a las competencias que, explícitamente o implícitamente, derivan de la propia Constitución a favor de los tres órdenes de gobierno.
Segundo concepto. Creación de autoridades intermedias entre el Municipio actor y el Estado, vulnerando los artículos 115, fracciones I, II, III, penúltimo párrafo y V, incisos a), b), c), d), e) y f); 73, fracción XXIX-C, así como el artículo 133 de la Constitución Federal.
Impugnación de los artículos 13, 14, 15, 16, 18, 30, 33, 34, 38, 39, 41, 47 y 71 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
Los artículos impugnados otorgan facultades unilaterales a las dependencias "Comisión Estatal de Desarrollo Urbano", "Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural", "Comisión de las Zonas Conurbadas", "Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano" y "Comisión de Planeación Regional", sustituyendo y limitando las facultades concurrentes contempladas en la Constitución Federal, erigiendo a dichas dependencias como autoridades intermedias entre el actor y el Estado de Nuevo León, dado que analizarán y verificarán que los proyectos de planes y programas de desarrollo urbano aprobados por el Ayuntamiento guarden congruencia entre los distintos niveles de planeación, como requisito previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, siendo esto incongruente, toda vez que la Constitución Federal prohíbe la creación de autoridades intermedias entre los Municipios y los Estados. Además, al ser las citadas dependencias ajenas a la estructura orgánica del Estado, las mismas no pueden interferir y mucho menos limitar las facultades que ya se encuentran contempladas en nuestra Constitución Federal.
Los artículos impugnados confieren a las citadas comisiones estatales facultades vinculantes y obligatorias para hacer valer los acuerdos tomados en ellas y la votación que se lleva a cabo para la aprobación de dichos acuerdos es inequitativa para el Municipio actor, dado que la intervención que este último tiene ante dichas comisiones está supeditada a la aprobación de las demás partes integrantes. Con ello, se violenta la seguridad jurídica del Municipio actor, así como la autonomía conferida por los artículos 73, fracción XXIX-C y 115, fracción V, de la Constitución Federal, mismos que se encuentran reglamentados por la Ley General de Asentamientos Humanos que, en su artículo 9, dispone: "La autorización de obras se materializa mediante un acto administrativo denominado ‘licencia’, las licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, corresponde otorgarlas a los Municipios.".
Dichas comisiones no sólo son órganos de planeación y coordinación, sino que se les dota de facultades que implican el sometimiento del Municipio actor y de sus Juntas Auxiliares, de forma que para que éstos puedan desarrollar sus funciones conforme a la ley citada, deben contar con los planes, programas y jerarquización de obras y acciones autorizadas por las referidas comisiones; por lo que, en tal virtud, estas últimas interrumpen la comunicación directa que debe existir entre el Gobierno del Estado y los Municipios, ya que con la intervención de dichas comisiones los Municipios estarán obstaculizados para coordinarse directamente con el Gobierno del Estado para llevar a cabo sus atribuciones sobre aquellas materias que en común tienen ambos niveles.
Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis de jurisprudencia de rubros: "AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS."
Las facultades que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León otorga a las citadas comisiones invaden el ámbito de atribuciones que constitucionalmente corresponde al Municipio actor, al contravenir, restringir y sustituir las facultades concurrentes que en el ámbito de la tenencia de la tierra urbana tienen los tres niveles de gobierno y, por ende, dichas comisiones se erigen como autoridades intermedias, máxime que éstas no forman parte integrante del organigrama del Gobierno Estatal. Cita en apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.".
Por lo anterior, se deberá declarar la invalidez del Decreto Número "418" que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en razón de que violenta lo dispuesto en los artículos 115, fracciones I, II, III, penúltimo párrafo y V, incisos a), b), c) d), e) y f); 73, fracción XXIX-C, así como el artículo 133, todos de la Constitución Federal.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 27, 73, fracción XXIX-C, 115, fracciones I, II, III, penúltimo párrafo y V, así como el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 94/2009 y, por razón de turno, se designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como Ministro instructor.
Por acuerdo de quince de octubre de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, para que formularan su contestación, también se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de los poderes demandados.
Poder Legislativo del Estado Local. El Poder Legislativo Local, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
1. Es cierta la existencia del decreto impugnado.
2. Los antecedentes expresados por el Municipio actor son ciertos.
3. Es falso que a pesar de que la ley que se combate no haya entrado en vigor cause perjuicio al Municipio actor con su sola publicación.
4. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 11, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el Municipio actor carece de legitimación procesal para acudir en esta vía, dado que no acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento. Es requisito sine qua non que las determinaciones provengan del Ayuntamiento como autoridad superior y con decisiones adoptadas de manera colegiada, en este sentido, si bien podría pensarse que el presidente municipal y el síndico segundo tienen la representación conjunta legal del Municipio, en todo caso, es indispensable que el Ayuntamiento se pronuncie sobre el particular, para que sus representantes estén en condiciones de actuar bajo la decisión de mérito, pues habrán de ser los síndicos y regidores en su carácter de representantes de la sociedad quienes determinen en forma deliberante, colegiada y por mayoría de los presentes en la sesión respectiva, si es preciso acudir en representación del Ayuntamiento al juicio de controversia constitucional y ante la ausencia de un acta de Cabildo que avale dicha cuestión, resulta que los firmantes de la controversia carecen de legitimación procesal para acudir en la vía propuesta.
Además, no existe disposición alguna que establezca puntualmente que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados expresamente para presentar controversias constitucionales, pues la actuación de dichos funcionarios no puede estar por encima de sus propias facultades, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Norma Fundamental y los diversos artículos 27 y 30, primer párrafo, de la Constitución Local.
5. Respuesta al primer concepto de invalidez. En relación a los argumentos donde se aduce violación a la facultad concurrente que existe entre los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal en lo correspondiente a la regulación de la tenencia de la tierra urbana estatuida en los artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-C y 115, fracciones I, II, III, penúltimo párrafo y V, de la Constitución Federal, así como que con la Ley de Desarrollo Urbano impugnada se crean facultades unilaterales al Gobierno Estatal para que de forma directa o a través de dependencias regulen la tenencia de la tierra e incorporación de suelo al desarrollo urbano, señala que:
a) Debe decretarse la improcedencia de la demanda, ya que aun y cuando el Municipio actor combate el decreto impugnado que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, realmente sólo enumera algunos artículos de dicha normatividad, específicamente los artículos 5, fracción XXVII; 8, fracción IX; 9, fracciones XIX, XXII y XXXIII; 52, 54, fracción V, inciso c); 67, 159, fracciones IV, V, VI y VII; 160, 179, 180, fracción I, 184, fracción III; 185, 186, 192, último párrafo y 310, pero omite señalar en qué consiste la violación acusada.
b) Los argumentos del Municipio actor son inoperantes, pues erróneamente acusa una violación a su facultad concurrente de legislar en materia de asentamientos humanos, siendo de primer orden establecer qué debe entenderse por facultades concurrentes: son aquellas en que las entidades federativas, los Municipios y la Federación pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una ley. En materia de asentamientos humanos, dicha facultad alcanza su propósito con la Ley General de Asentamientos Humanos, que tiene por objeto establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, de conformidad con su artículo 1o., fracción I. Por ello, las normas que expidan los Estados, o bien, los Municipios, deben sujetarse a las leyes generales que en materia de asentamientos humanos expida el Congreso de la Unión, que en el caso específico, en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos se establecen en forma particularizada cuáles facultades corresponden a la Federación, a los Estados y a los Municipios, respectivamente.
La norma general impugnada fue expedida por el Poder Legislativo en apego del principio de legalidad consistente en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados por ella, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y los diversos artículos 29 y 30 de la Constitución Local.
c) El Municipio actor interpreta en forma parcial y en franca tendencia a sus intereses la Ley General de Asentamientos Humanos, ya que si bien el artículo 9 forma parte de la mencionada ley general, ésta se encuentra compuesta por otros numerales que deben interpretarse en forma armónica e integral, de donde resulta que la parte actora en forma desafortunada y tendenciosa omite referirse al contenido de los artículos 7 y 8 de la mencionada ley, que disponen las facultades que corresponden a la Federación y a los Estados, respectivamente.
En efecto, el numeral 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos en sus XIII fracciones establece dentro de las facultades concurrentes cuáles ha delimitado el Congreso de la Unión a favor de los Estados, de manera que deben desestimarse los argumentos del Municipio actor cuando señala que los artículos impugnados crean "facultades unilaterales" al Gobierno Estatal. Lo anterior, en razón de que el citado artículo 8, en su fracción I, dispone que corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Federal.
Respuesta al segundo concepto de invalidez. Ninguna de las comisiones tiene las características de autoridades intermedias, ya que de acuerdo a los numerales de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, dichos órganos están conformados por el Ejecutivo Local y por los presidentes municipales de los respectivos Municipios, por lo que queda plasmada en ella el espíritu de coordinación y concurrencia en la materia de desarrollo urbano, por lo tanto, resulta infundado el concepto de invalidez.
Las funciones y atribuciones de las mencionadas comisiones no vulneran el marco normativo constitucional municipal, sino por el contrario, lo que se busca es que exista verdadera coordinación entre las distintas autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial, de asentamientos humanos y de desarrollo urbano.
La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural contenidas en la ley impugnada son creadas como órganos auxiliares con funciones y atribuciones de estudio, evaluación, seguimiento y de propuesta en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano, que no tienden a restar atribuciones propias del Municipio, más bien se crean con el propósito de apoyar a los mismos de una manera subsidiaria, de conformidad con los artículos 12, 28, 37, 38 y 45 de la ley impugnada. Por lo que las citadas comisiones no son autoridades intermedias que invadan la esfera municipal o estatal, o que pretendan obstaculizar la coordinación de estas entidades.
Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS, DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El Poder Ejecutivo Local, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
1. No es cierto que el decreto impugnado entre en vigor de manera total a los sesenta días naturales siguientes al de su publicación, ya que si bien eso establece el primero de sus transitorios, algunas de las disposiciones entrarán en vigor cuando se cumplan diversas condiciones y otras en periodos más prolongados, lo que claramente se desprende de los otros transitorios del citado decreto.
El nueve de noviembre de dos mil nueve, en el Periódico Oficial del Estado se publicó una fe de erratas del Decreto 418, que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
2. El decreto impugnado no es inconstitucional. Tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 75, 77 y 85, fracción X, de la Constitución Local, además, fue emitido respetando las normas previstas tanto en la Constitución Federal como en la Local. El Poder Ejecutivo Local, dentro del proceso legislativo, se encuentra obligado a publicar las leyes aprobadas por el Congreso Estatal, como lo disponen los artículos 75 y 85, fracción X, de la Constitución Local.
3. No se invade la autonomía del Municipio actor, ya que si bien es cierto que el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal reconoce que los Municipios están facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, también lo es que esa facultad debe regirse por las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, ya que la misma no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que constituye una facultad derivada y, en consecuencia, debe someterse a las bases normativas que establezcan las legislaturas de las entidades federativas.
La Ley General de Asentamientos Humanos establece, en su artículo 8, fracción I, que corresponde a las entidades federativas legislar en materia de ordenamientos territoriales de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución, mientras que el artículo 9, fracción I, establece que le corresponde a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la atribución de formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local.
Así, el Legislativo de la Unión determinó, a través de una ley general (Ley General de Asentamientos Humanos), que le corresponde a las Legislaturas de los Estados la regulación en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, y que los Ayuntamientos tienen facultades para llevar a cabo también dicha regulación, pero de una manera derivada y, por esa razón, debe estar ajustada a lo que establezcan las leyes estatales.
4. Los artículos 5, fracción XXVII, 52 y 54, fracción V, inciso c), de la Ley de Desarrollo Urbano impugnados, mismos que tienen relación entre sí, no afectan la esfera competencial del Municipio, toda vez que no viola su autonomía municipal, pues el establecer que el Estado, por medio de alguna dependencia, sea el que permita que un plan municipal aprobado por su Ayuntamiento pueda ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y, posteriormente, se realice su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y surta los efectos legales correspondientes, no es otra cosa que verificar que los planes que autoricen los Municipios sean congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y, de esa manera, tener un crecimiento ordenado, sobre todo en el área metropolitana, facultad que le es concedida al Estado, como se precisó con anterioridad.
El artículo 8, fracción IX, no vulnera la autonomía municipal, en atención a que el gobernador solamente podrá publicar y realizar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los planes municipales que éstos les soliciten, por lo que queda expedita la autoridad municipal de llevar dicha publicación y registro sin que sea obligatorio que lo realice el titular del Ejecutivo.
Las fracciones XIX y XXII del artículo 9 cesaron los efectos de su contenido, por lo que ya no podrían afectar al Municipio actor, ello en atención a la fe de erratas al Decreto "418" publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 120-I, de nueve de septiembre de dos mil nueve, pues el contenido de las citadas fracciones pasó a las diversas fracciones XVIII y XXI, respectivamente. En cuanto a la impugnación de la fracción XXXIII, dicha fracción no existe dentro del artículo 9, sin embargo, seguramente quiso impugnar la fracción XXIII, que ahora le corresponde a la XXII, según la fe de erratas aludida.
El artículo 67 no afecta la autonomía del Municipio actor, ya que para elaborar, modificar o aprobar un programa de ordenación de zona conurbada se someterá a la aprobación de cada uno de los Ayuntamientos que integran la conurbación para su consideración y aprobación, por lo que no se trata de una "imposición" del Estado.
Por su parte, los artículos 159 y 160 establecen lineamientos generales que las Leyes de Desarrollo Urbano prevén, los que son de carácter general y otorgados a favor de las Legislaturas de los Estados a través de la ley general, los cuales deben respetarse por los Municipios al elaborar los planes y programas de desarrollo urbano, según lo establece el propio artículo 115, fracción V, constitucional.
Por otro lado, en cuanto al diseño especial a que alude el artículo 160, será sometido a dictamen en coordinación con el Municipio que corresponda, en ese sentido, tampoco se vulnera la esfera competencial del Ayuntamiento, ya que ambos trabajarán en forma coordinada y no se trata de supuestas imposiciones ni condiciones estatales.
Por su parte, los artículos 179, 180, fracción I, 184, fracción II, 185, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 186 y 192, no afectan la esfera competencial de los Municipios, pues no se aprecia que se viole la autonomía municipal, ya que se trata de disposiciones de carácter general y que son otorgadas a favor de las Legislaturas de los Estados por el Congreso de la Unión, a través de la ley general, lo que se hace extensible al artículo 310 de la ley impugnada.
5. Señala que, al igual que lo anterior, el segundo concepto de invalidez resulta infundado, pues de los artículos 13, 14, 15, 16, 18, 30, 33, 34, 38, 39, 41, 47 y 71, no puede considerarse la creación de diversas autoridades intermedias entre el Municipio actor y el Estado, vio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23002-46b0316d/asentamientos-humanos-el-articulo-52-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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