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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES DE ADECUAR SU LEGISLACIÓN EN MATERIA MUNICIPAL CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, CONTRAVIENE TANTO EL CITADO DISPOSITIVO TRANSITORIO COMO EL PROPIO PRECEPTO CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN ACATAR PLENAMENTE LOS MANDATOS DEL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DENTRO DEL PLAZO QUE ÉSTE FIJE PARA ELLO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2002. · Registro digital (IUS): 19346
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1318.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2002. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de marzo de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el primero de agosto de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Garza Sada, Francisco Javier Garza Garza y Ricardo Martínez Elizondo, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente, síndico segundo y secretario del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron en su representación controversia constitucional, en la que demandaron de la autoridad que a continuación se señala, la invalidez de los actos que más adelante se precisan:

"Entidad, poder u órgano demandado: El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial sito en Palacio Legislativo, calle Matamoros número 555, Monterrey, Nuevo León. Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda. La omisión en la expedición de las disposiciones legales en materia municipal sobre las bases del procedimiento administrativo, incluyendo medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias (entre) la administración pública municipal y los particulares."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"I. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 veintitrés de diciembre del año de 1999 mil novecientos noventa y nueve, se reformó la Constitución Política de la República mexicana, para quedar contemplada en la fracción II, inciso a), del artículo 115 de la Carta Magna, la obligación a cargo del legislador ordinario estatal, para la expedición de leyes en materia municipal, en las que se establezcan los medios de impugnación o defensa de los particulares contra los actos de la administración pública municipal y los órganos, en el ámbito municipal, que diriman las controversias entre dicha administración y los particulares. II. En las disposiciones transitorias del decreto publicado en fecha 23 veintitrés de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, se establece, por una parte, en el artículo primero, la entrada en vigor del decreto de reforma del artículo 115 de la Constitución, a los noventa días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, en el artículo segundo, se desprende la obligación a cargo del Gobierno del Estado de adecuar la Constitución Local y leyes, a más tardar un año a partir de la entrada en vigor del decreto. III. El día de hoy, habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado en las disposiciones transitorias del decreto de reformas a la Constitución publicado en fecha 23 veintitrés de diciembre del año 1999 mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, no se han expedido las leyes en materia municipal en las que se establezcan los recursos y los órganos en el ámbito municipal, estableciendo su organización, funcionamiento y el procedimiento para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares. Siendo tal bloqueo por parte de la Legislatura Local lo que conculca a la Ley Fundamental de la nación, en atención a la ineficacia de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 115, fracción II, inciso a), 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 veintitrés de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, con la omisión en la expedición de los mandatos legales en materia legal a que hacen referencia."

TERCERO. El concepto de invalidez que adujo la parte actora es el siguiente:

"Único. Existe afectación al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con la violación a las normas programáticas que se incluyen en los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 115, fracción II, inciso a), y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 veintitrés de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto se han visto bloqueados en cuanto a su eficacia al no haberse discutido, aprobado, sancionado ni publicado las leyes en materia municipal que se ordenan. La inconstitucionalidad se presenta en el caso, por la omisión del órgano legislativo, por ‘mora legisferante’ que se imputa al Congreso del Estado de Nuevo León, al no elaborar las disposiciones legales en materia municipal o llamado por su correcto nombre, el ocio legislativo, respecto a la emisión de normas que establezcan los medios de defensa en el ámbito municipal (distinto del ámbito estatal) de los particulares y los órganos, su organización, funcionamiento y el procedimiento para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares. La falta a la Ley Fundamental al no crearse las leyes implica el incumplimiento en el mandato expreso conferido al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; cuando los mandatos constitucionales son directamente operativos e inaplazables, en cuanto a su jerarquía, sin que por ningún motivo o acto pueda dependerse de la voluntad del legislador ordinario; pues la Ley Fundamental tiene eficacia frente a los actos u omisiones de los poderes constituidos, dada su jerarquía. La supremacía constitucional traducida en la superioridad política y legal, conlleva a que de ningún órgano de poder distinto al Poder Constituyente pueda depender la operatividad o la eficacia de los preceptos constitucionales. Siendo inexcusable el dejar en el olvido el cumplimiento de lo preceptuado en la Carta Magna. Tomando en consideración el precepto constitucional, el del artículo 115, fracción II, y la segunda disposición transitoria del decreto reformatorio de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, debe corregirse la afectación y regularizar al ámbito de competencia que se establece en la Ley Fundamental. Debe regularizarse el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los órganos en el ámbito municipal, para que ejerzan la actividad jurisdiccional y diriman las controversias que se susciten, y tengan así solución pronta, operando en forma real y concreta, el fortalecimiento del Municipio previsto por el Constituyente en la exposición de motivos de la reforma, teniéndolo como modelo y base de la organización política, contenida en él, la célula vital de la democracia, el pilar del federalismo; espacio para que a través de los órganos que se establezcan, vean los ciudadanos la solución a sus solicitudes y diriman los conflictos, en el espacio inmediato de ejercicio de sus derechos democráticos con que cuentan los ciudadanos, y se consiga así la justicia, el orden y la paz social. La inactividad inexcusable, que se ha extendido hasta este día lo que lleva a este órgano de Gobierno Municipal, autoridad primera del Municipio, a incoar este medio de defensa de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando se declare la inconstitucionalidad del silencio del órgano encargado de la creación de las leyes en la entidad federativa y solicitando el libramiento del mandato de ejecución dirigido al órgano inactivo u omitente, para que cubra eficazmente el mandato constitucional, creándose las leyes en materia municipal, que garanticen la autonomía del Municipio, que establezcan los órganos que diriman las controversias de la administración pública municipal y los particulares; siendo necesaria e inaplazable la realización de la voluntad constitucional, para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pueda ejercer todo en cuanto corresponde la misión y función integral del mismo como poder público. Este concepto de invalidez debe ser declarado fundado y con ello la procedencia de la controversia constitucional que se plantea, cuando la omisión por parte de la legislatura conculca el principio rector de supremacía de la Constitución y de la distribución de competencias consignados en los artículos 115, fracción II, inciso a), y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 veintitrés de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son: 115, fracción II, inciso a), 128 y 133, así como el artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones al artículo 115 de la propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 46/2002, la cual por razón de turno fue remitida al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como instructor del procedimiento.

Mediante auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, teniendo únicamente por presentados al presidente y al síndico segundo del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, no así al secretario del Ayuntamiento; ordenó emplazar a juicio como autoridad demandada al Poder Legislativo de la entidad para que formulara su contestación, y se dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. En proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dos (foja treinta del expediente), se declaró que precluyó el derecho del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para formular la contestación de la demanda.

SÉPTIMO. El procurador general de la República al emitir su opinión señaló, esencialmente, lo siguiente:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.

b) Que el presidente y el síndico segundo cuentan con legitimación para promover la controversia constitucional, en representación del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.

c) Que al impugnarse la omisión en que presuntamente incurrió el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, al no expedir diversas disposiciones legales en materia municipal, la presentación de la demanda se realizó en forma extemporánea, ya que cuando un acto tiene señalada una fecha límite para su realización, válidamente puede determinarse que la omisión en su ejecución se presenta a partir del día siguiente a tal fecha.

Que en el caso, conforme al decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se otorgó a las Legislaturas Locales el plazo de un año para que adecuaran las leyes estatales, según lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del indicado decreto; por consiguiente, si éste inició su vigencia el veintidós de marzo de dos mil, el plazo de referencia venció el veintidós de marzo de dos mil uno, de ahí que resulte extemporánea la demanda, toda vez que fue presentada el primero de agosto de dos mil dos, transcurriendo en exceso el plazo a que se refiere el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que procede el sobreseimiento de la controversia.

d) Que es fundado el único agravio que hace valer la actora, en el sentido de que se conculcaron los artículos 115, fracción II, inciso a) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones al propio artículo 115, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León omitió la expedición de diversas disposiciones legales en materia municipal.

Que del artículo 115 de la Constitución Federal, se desprende que las leyes que en materia municipal emitan los Congresos Locales establecerán, entre otros aspectos, las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo; sin embargo, expresamente no se indica el alcance de tales conceptos, por lo que se estima que serán determinados por las mismas legislaturas respetando las atribuciones que para el Municipio prevé la propia Constitución.

Que además, la fracción II del citado artículo constitucional establece implícitamente dos limitantes para la expedición de leyes municipales; la primera radica en que éstas no deben dirigirse de manera particular a un Municipio; y la segunda, que al establecer las bases generales de la administración pública y del procedimiento administrativo municipal, se respete el orden jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que si el Municipio no cuenta con el procedimiento administrativo ni los medios de impugnación para dirimir las controversias entre la administración pública y los particulares, el fortalecimiento de la autonomía municipal puede resultar vulnerado, actualizándose la violación al referido precepto constitucional.

e) Que no se viola el artículo 128 de la Constitución Federal, que se refiere a que todo servidor público, al tomar posesión de su encargo, debe rendir la protesta de guardar la propia Constitución y las leyes que de ella emanen, puesto que de las constancias de autos no existe ningún dato que haga presumir que la obligación de rendir dicha protesta no se cumplió, ni tampoco existe prueba de que con motivo de los actos impugnados, todo el Congreso del Estado de Nuevo León no haya cumplido con la protesta de no violar la Constitución.

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y agotado el trámite respectivo se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Nuevo León, por conducto del Poder Legislativo, y el Municipio de San Pedro Garza García, de esa entidad federativa.

SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En primer término, debe señalarse que del análisis integral de la demanda se desprende que la materia de la litis se hace consistir en la omisión por parte del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, de adecuar las disposiciones legales en materia municipal de la entidad federativa, a las reformas realizadas al artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, mediante decreto aprobado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año.

Ahora bien, el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación, y tratándose de conflictos de límites diversos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal, el plazo será de sesenta días computados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine. Sin embargo, respecto de actos de carácter omisivo, la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional.

Estos actos, por su naturaleza, son aquellos que implican un no hacer por parte de la autoridad, ante un deber o una conducta que deba ser cumplida, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.

Esta peculiaridad que conllevan las omisiones conduce a que en la generalidad de los casos, y dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualice día a día, permitiendo entonces en cada una de esas actualizaciones la impugnación de la constitucionalidad de la conducta omisiva de la autoridad.

En vista de lo anterior, es de concluirse que, tratándose de la impugnación de omisiones, la demanda será oportuna mientras la omisión subsista.

En el caso, la parte actora señala en su oficio de demanda, que el órgano legislativo estatal ha sido omiso en adecuar las disposiciones legales municipales a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Asimismo, los artículos transitorios primero y segundo del decreto por el que se reformó el artículo 115 constitucional, publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, señalan:

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes."

"Artículo segundo. Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001.

"En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes."

Del artículo segundo transitorio se desprende, en lo que interesa, la obligación de los Estados para que a más tardar en un año a partir de la vigencia de la reforma constitucional, adecuen sus Constituciones y leyes y que, en tanto se realizan tales adecuaciones, continúen aplicando las disposiciones vigentes.

Por su parte, la autoridad demandada, Poder Legislativo de esa entidad federativa, no dio contestación a la demanda, por lo que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dos se determinó que precluyó su derecho para ese efecto; sin que, además, exista constancia alguna en autos que demuestre que la autoridad demandada sí adecuó las disposiciones legales municipales a la citada reforma constitucional.

Luego, es inconcuso que la omisión de la autoridad demandada de realizar las adecuaciones legales aludidas, a que estaba obligada por mandato constitucional expreso, constituyen el actuar omisivo que la actora impugna; actuar que por su propia naturaleza, conforme quedó explicado, es impugnable mientras subsista.

De lo anterior se concluye, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y para efecto de determinar la oportunidad de la demanda, que si a la fecha de presentación la parte actora manifestó que no se había subsanado dicha omisión y no obra ninguna probanza en autos que lo desvirtúe, entonces debe estimarse presentada en tiempo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2003, sustentada por este Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que a la letra señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."

Por consiguiente, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia, que hacen valer tanto la autoridad demandada, al formular sus alegatos, como el procurador general de la República, por considerar que la demanda se presentó en forma extemporánea; pues, como se ha apuntado, su presentación es oportuna en la medida en que el acto impugnado es de carácter omisivo y no se demostró que se hubiera subsanado dicha omisión.

TERCERO. Enseguida, se procede a analizar la legitimación de quien ejercita la acción de controversia constitucional.

El artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, en la parte que interesa, prevé:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De este precepto se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rijan, estén facultados para representarlos, así como que en todo caso se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En la presente controversia constitucional promovió la demanda el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, por conducto de Gerardo Garza Sada y Francisco Javier Garza Garza, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico segundo del Ayuntamiento de ese Municipio, carácter que acreditaron con copia certificada del ejemplar del Periódico Oficial de la entidad, de cuatro de agosto de dos mil, mediante el que se publicaron las "Actas de las Comisiones Municipales Electorales de la entidad, en las que se declara la validez de las elecciones municipales celebradas el pasado 2 de julio del presente, a la vez, se extienden las constancias de mayoría relativa a las planillas triunfadoras y se hace la asignación a aquellos partidos que obtuvieron el porcentaje requerido para obtener regidurías de representación proporcional", y en la que consta que fueron electos en ese cargo para el periodo comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil al treinta de octubre de dos mil tres (fojas 11 a 13 del presente expediente).

Los artículos 27 y 31 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Nuevo León, disponen:

"Artículo 27. El presidente municipal tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo ..."

"Artículo 31. Son facultades y obligaciones del síndico municipal o en su caso del síndico segundo:

"...

"II. Intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jurídica que corresponde al Municipio conjuntamente con el presidente Municipal. ..."

Por tanto, si el presidente y el síndico segundo, en forma conjunta, cuentan con la representación del Municipio y tomando en consideración que este último se encuentra comprendido dentro de los sujetos que enuncia el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que el Municipio actor está legitimado para plantear la presente controversia.

CUARTO. Enseguida, se procederá al estudio de la legitimación de la parte demandada.

El artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, transcrito en el considerando que antecede, dispone que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rijan, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, el artículo 10, fracción II, señala:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

En el caso, se tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; sin embargo, fue omiso en formular su contestación a la demanda dentro del plazo respectivo, por lo que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dos se determinó que precluyó su derecho para ese efecto.

Empero, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la propia ley reglamentaria, debe considerarse que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, tiene legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, en tanto se le imputan los actos omisivos impugnados.

QUINTO. Al no existir alguna otra causa de improcedencia que aleguen las partes o este tribunal advierta de oficio, procede examinar los conceptos de invalidez que se hacen valer.

SEXTO. La parte actora aduce, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que se violan las normas programáticas que se incluyen en los artículos 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, y segundo transitorio del decreto mediante el cual fue reformado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, toda vez que se bloquea la eficacia de tales numerales, al no haberse discutido, aprobado, sancionado ni publicado las leyes en materia municipal que se ordenan.

b) Que la omisión del órgano legislativo, al no elaborar las disposiciones legales en materia municipal, que establezcan los medios de defensa en el ámbito municipal de los particulares, los órganos, su organización y funcionamiento, así como el procedimiento para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, implica el incumplimiento del mandato expreso contenido en la norma constitucional, cuando éste es directo e inaplazable, dada su jerarquía, sin que dependa de la voluntad del legislador ordinario; que la supremacía constitucional conlleva el que de ningún órgano de poder distinto al Constituyente pueda depender la operatividad o eficacia de los preceptos constitucionales.

c) Que debe regularizarse el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los órganos del ámbito municipal para que opere en forma real y concreta el fortalecimiento del Municipio, previsto por el Constituyente al reformar el artículo 115 constitucional, teniéndolo como modelo y base de la organización política y pilar del federalismo.

d) Que la inactividad inexcusable del legislador resulta inconstitucional, ya que deben emitirse las leyes en materia municipal que garanticen la autonomía del Municipio, establezcan los órganos que diriman las controversias de la administración pública municipal y los particulares, siendo necesaria e inaplazable la realización de la voluntad constitucional, para que el Municipio actor pueda ejercer las funciones que le corresponden como poder público.

De lo expuesto se sigue que la actora argumenta, esencialmente, que la falta de adecuación de las leyes municipales de la entidad, a las citadas reformas al artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, le causa perjuicio, ya que no existen las disposiciones legales que hagan eficaz dicha reforma.

En primer término, debe señalarse que de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, se confiere a este Alto Tribunal la facultad de examinar en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, así como suplir la deficiencia de la demanda, por lo que el presente estudio se re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19346-91127d04/controversia-constitucional-la-omision-de-los-congresos-locales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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