CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR ACTOS DICTADOS EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de abril de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Arguijo Baldenegro y José Gómez Guzmán, ostentándose como presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez del acto que a continuación se señala, emitido por la autoridad que se menciona en el párrafo siguiente:
"Demandados. Tienen dicha calidad el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Lic. Fernando de Jesús Canales Clariond, así como el C. Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, Lic. Fernando Elizondo Barragán, quienes pueden ser debidamente notificados en sus respectivos recintos oficiales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.-Acto reclamado. Lo constituye la ilegal retención por parte del demandado de los recursos públicos municipales pertenecientes a la hacienda pública municipal de García, Nuevo León, cuyo monto asciende a $376,828.43 (trescientos setenta y seis mil ochocientos veintiocho pesos 43/100 M.N.), provenientes de participaciones estatales, aprobadas en el presupuesto de ingresos por el H. Congreso del Estado, destinadas a la aplicación de partidas presupuestales previamente aprobadas por el H. Cabildo, en sus respectivos presupuestos."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto los hechos y abstenciones que me constan del acto reclamado, y que constituyen los antecedentes del mismo: En fecha 21 de junio de 2000, el promovente mediante el oficio No. PM 953, del día 20 del mismo mes y año señalados, le requerí al ahora demandado la entrega de los recursos públicos municipales pertenecientes a la hacienda pública municipal de García, Nuevo León, cuyo monto asciende a $376,828.43 (trescientos setenta y seis mil ochocientos veintiocho pesos 43/100 M.N.), provenientes de participaciones estatales, destinadas a la aplicación de partidas presupuestales previamente aprobadas por el H. Cabildo, en sus respectivos presupuestos. Recursos los cuales se encuentran indebidamente retenidos por el mismo.-Ahora bien, en fecha 22 de junio de 2000, mediante el oficio No. DT-389/2000, el ahora demandado contestó en los siguientes términos el oficio enviado por el suscrito: ‘Con fecha 12 de marzo de 1999, esta secretaría recibió el oficio No. 2617 del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, ordenando que se retuviera a ese Municipio la cantidad de $180,305.24, monto embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil 238/99, promovido por el Lic. Raúl Valdivia Murillo en contra de ese Municipio.-Con fecha 31 de mayo del presente año, esta secretaría recibió el oficio No. 20/2000 del Tribunal de Arbitraje del Municipio de García, en el que se ordena se retenga la cantidad de $196,523.19, misma que dicho tribunal declaró embargada dentro del expediente laboral No. 2198, promovido por el C. Román de la Rosa Oyervides en contra de la presidencia municipal de García, Nuevo León.’.-Asimismo, en dicho oficio el demandado ‘justifica’ la indebida retención de los recursos públicos municipales, con la sola manifestación de que únicamente cumplimentó la orden recibida de autoridad competente, e inclusive sugiere que cualquier inconformidad relacionada con dicha retención se dirija a las autoridades cuyas resoluciones determinaron los embargos. Así también, manifiesta que a solicitud del tesorero municipal de García, Nuevo León, quien acudió a solicitar apoyo para las finanzas municipales, dicho demandado le otorgó al citado Municipio un préstamo por la cantidad de $200,000.00, que continúa insoluto, y cuyo propósito fue -según manifiesta- ‘permitir un alivio temporal a dichas finanzas municipales para hacer frente a las obligaciones de referencia’. En virtud de lo narrado con antelación y en defensa de los legítimos intereses del Municipio de García, Nuevo León, nos vemos en la imperiosa necesidad de concurrir ante H. Tribunal (sic), entablando la presente controversia constitucional."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Primero. El acto reclamado de la autoridad demandada violenta flagrantemente la autonomía de los Municipios y la libre administración de su hacienda pública; esto es así, toda vez que la retención de los fondos públicos municipales por parte del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, es a todas luces anticonstitucional, pues arrogándose facultades supralegales retiene recursos públicos del Municipio, pese a que los mismos se encuentran debidamente contemplados en los respectivos presupuestos de ingresos y egresos, y son necesarios e imprescindibles para realizar la obra social a cargo del Ayuntamiento. Así las cosas, decimos que es anticonstitucional el acto reclamado, pues el mismo no se encuentra contemplado en la legislación vigente en el Estado de Nuevo León, por lo que el ‘argumento’ esgrimido por el demandado, en el sentido de que únicamente cumplimentó la orden recibida de autoridad competente, carece de todo sustento de orden legal. Asimismo, como es de explorado derecho, los Municipios del país manejan de manera autónoma las arcas municipales y es a través de los presupuestos de ingresos y egresos como se determina la aplicación del gasto público; por lo tanto, el pago de las deudas contraídas por los Ayuntamientos debe ser debidamente autorizado por el H. Cabildo y figurar en el presupuesto de egresos, asignándole una partida especial, infiriéndose palmariamente que la retención de fondos públicos realizada por el demandado para -según él- hacer pago a diversos acreedores del Municipio, fue efectuada en franca contravención al espíritu del artículo 115 de nuestra Constitución Política Federal, al pasar por encima de la autoridad del Cabildo como si el mismo no existiera; lo cual aun y cuando lo hubiera realizado por un desconocimiento -alarmante por cierto- de nuestra Carta Magna y demás legislación vigente y aplicable, no lo exime de la responsabilidad en que ha incurrido, merced a sus arbitrarios actos. En el mismo orden de ideas, debe decirse que el debido ejercicio del gasto público municipal está condicionado al flujo de los ingresos a la hacienda pública municipal, los cuales, en un Municipio con tan pocos ingresos propios -como lo es el que nos honramos en representar- en una medida importante consisten en participaciones federales y estatales, de donde deviene la grande afectación ocasionada por el demandado en las obras, planes y proyectos municipales, la cual, desafortunadamente, siempre permea al grueso de la población que no encuentra satisfacción a sus muchas necesidades y justas demandas.-Teniendo aplicación a la presente controversia, la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el H. Pleno de ese Alto Tribunal: ‘MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACIÓN DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’.-Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Tesis P. XLI/96. Página 462 (se transcribe).-Segundo. Se violenta de manera flagrante por parte del demandado, lo preceptuado por el artículo 115 de nuestro Pacto Político Federal, esto, por la perniciosa e ilegal intromisión del Poder Ejecutivo del Estado, en la vida pública del Municipio que representamos, pues dicho numeral establece, entre otras cosas, que no habrá ningún poder intermedio entre el Ayuntamiento y sus mandantes; por lo que, el Ejecutivo del Estado a través de su tesorero no tiene facultades para escamotear la hacienda pública municipal, a la cual le corresponde su manejo de manera libre, sin intromisiones hacia el seno del Ayuntamiento. Así también, es de verse que el H. Congreso del Estado, tiene como una de sus facultades aprobar el presupuesto anual de ingresos de los Municipios; y al Cabildo, órgano de representación municipal, corresponde, por disposición constitucional, el ejercicio libre y soberano del gasto público, el cual, como debemos recordar, se ejerce en relación a las necesidades propias del Municipio; siendo aquí donde es vulnerada la citada garantía de libre administración de la hacienda pública municipal por el Poder Ejecutivo Estatal el cual, en franco abuso, por fuerza de la ilegalidad y en patente violación de la autonomía municipal, dispone sin acuerdo de quien tiene la obligación de fijar el destino del gasto público, es decir, el H. Cabildo del Municipio que nos honramos en representar, de los fondos públicos municipales, contraviniendo al orden público hecho imperio a través de nuestra Constitución Política Federal.-Tercero. El acto que se reclama del demandado es prístinamente anticonstitucional, lo cual se acredita con el contenido del oficio respuesta enviado al suscrito presidente municipal en fecha 22 de junio de 2000, el cual en su penúltimo párrafo refiere, ad literam: ‘Finalmente debo advertir que ambas retenciones arriba referidas se efectuaron sobre fondos descentralizados correspondientes al Municipio, los cuales no tienen la característica de inembargabilidad o inafectabilidad que corresponde a otros fondos, tales como las participaciones federales.’.-A lo cual debe decirse que los bienes públicos muebles e inmuebles pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno municipal, estatal o federal, en franca diferencia con los del dominio privado, tienen reconocidas doctrinaria y legalmente las características fundamentales de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.-Ahora bien, el dominio de los bienes públicos, en el caso de inmuebles y aguas, se deriva del artículo 27 constitucional y sus respectivas leyes reglamentarias, y en tratándose del tesoro público, en este caso municipal, el artículo 115 de nuestro Máximo Cuerpo de Leyes establece, de manera general, la forma y términos de su manejo, puesto que, siendo el gasto público el motor del desarrollo comunitario, su disposición no puede quedar al arbitrio o criterio ni de los Gobiernos Estatales ni de los Municipales, sino que éstos deben normar su manejo en franca armonía con dicho precepto. Asimismo, en el caso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, constitucionalmente están establecidos los procedimientos para la administración de los valores de la hacienda pública municipal, los cuales, al ser parte de los bienes públicos no pueden ser sujetos a embargo; puesto que no pueden coexistir dos tipos de haciendas públicas -como lo pretende considerar y establecer el Ejecutivo del Estado en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León-, la elitista e inembargable correspondiente a la Tesorería Estatal, y otra -la correspondiente a los Municipios- tercermundista y plebeya, sujeta a la manipulación indiscriminada de cualquiera que tenga acceso a los ingresos que a ella legalmente corresponden.-En virtud de lo anterior, en ejercicio de nuestro mandato constitucional, y en reclamo al respeto de la soberanía absoluta de la hacienda pública municipal, sin intromisiones anticonstitucionales a su manejo, exigimos el respeto irrestricto y sin condiciones de la norma constitucional contenida en el artículo 115 de nuestra Carta Magna pues, así como en nuestro país no existen mexicanos de primera, segunda o tercera clase, tampoco existen haciendas públicas de dicha naturaleza. Es por ello que a través de la presente controversia constitucional pretendemos dejar plenamente establecida la naturaleza de los bienes públicos, principio radicalmente violentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y su secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, al establecer linajes y distingos artificiosos a los recursos públicos. Exigiendo con verdadero espíritu republicano, trato igual a soberanía igual, respeto incondicional al imperio de la ley y al Estado de derecho, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometida por las autoridades señaladas como responsables."
CUARTO.-La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda, son violatorios del artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de diez de agosto de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 28/2000, y designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Por auto del once del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan; admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.
SEXTO.-Mediante oficio presentado el tres de octubre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Fernando Elizondo Barragán, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:
1. Que en términos de la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, por virtud de que se actualizan las causas de improcedencia siguientes:
a) La establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción II del artículo 10 de la propia ley, por virtud de que el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, no fue quien pronunció, ordenó o dictó el acto impugnado en esta vía, dado que únicamente se limitó a cumplimentar las órdenes emitidas por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial de la entidad, mediante oficio número 726/99, de once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de García, Nuevo León, mediante oficio número 20/2000, de trece de marzo de dos mil; en los cuales se declararon legalmente embargados los fondos descentralizados pertenecientes al Municipio actor, solicitándose a la ahora demandada la retención de esos fondos.
b) La contemplada en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que si, como se señaló con anterioridad, el acto impugnado emanó de los acuerdos dictados en diversos juicios, luego entonces, deben agotarse los recursos que establecen las leyes que regulan los procesos en los que se emitieron las órdenes de embargo correspondientes, inclusive, acudir al juicio de amparo en los términos de la legislación aplicable.
c) La prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, por virtud de que la demanda de controversia constitucional se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, ya que para tal efecto deben tomarse en cuenta las fechas en las que el Municipio actor fue notificado o tuvo conocimiento de las órdenes de embargo dictadas tanto por el Juez de lo Civil como por el Tribunal de Arbitraje antes referidos, cuyas constancias respectivas deben obrar en los expedientes relativos a los juicios de donde emanaron esas órdenes.
2. Que el acto impugnado no es conculcatorio de la Constitución General de la República y por tanto debe declararse su validez, por lo siguiente:
a) La retención de fondos descentralizados no contraviene lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, ya que no se viola la autonomía municipal si se toma en consideración que esos fondos forman parte del gasto público estatal que se integra con ingresos que éste recibe, y el gobierno los entrega a los Municipios para destinarse a la inversión en la construcción de obras y servicios, conforme lo dispone el artículo 6o. de la Ley de Egresos del Estado para el año dos mil; por tanto, esos fondos sí pueden ser embargados, por no tratarse de participaciones federales o estatales.
b) Que la actuación del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, sólo se concretó a ejecutar las órdenes dictadas por el Juez Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, así como por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de García, Nuevo León, emanadas, respectivamente, del juicio ejecutivo mercantil 238/99 y del juicio laboral 21/98, por lo que tal actuación se apegó estrictamente a lo previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, que obliga al demandado a cumplir las resoluciones dictadas en ese tipo de juicios, y sin tener alguna atribución para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de las sentencias o resoluciones que emitan las autoridades jurisdiccionales.
c) Que contrariamente a lo argumentado por el Municipio actor, la actuación del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, no violenta lo consagrado en la fracción I del artículo 115 de la Carta Magna, ya que no intervino de manera alguna en la administración de los recursos municipales, dado que únicamente se limitó a cumplimentar diversas órdenes emitidas por autoridades jurisdiccionales competentes, de las cuales se desprende la obligación de retener los fondos descentralizados en cuestión; en estas circunstancias, no se actuó como autoridad intermedia, en razón de que dichas órdenes derivaron de los juicios ejecutivo mercantil y laboral en los que la ahora demandante fue parte.
SÉPTIMO.-Por otra parte, mediante oficio presentado el cuatro de octubre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Fernando de Jesús Canales Clariond, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, lo siguiente:
1. Que en términos de la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, por virtud de que se actualizan las causas de improcedencia siguientes:
a) La contenida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 10, fracción II, del mismo ordenamiento legal, por virtud de que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León no tiene, en la presente controversia constitucional, legitimación pasiva en la causa, ya que no intervino en la emisión o ejecución del acto cuya invalidez se demanda, dado que fue el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado quien dictó el oficio número DT-389/2000, de veintidós de junio de dos mil; éste lo hizo en cumplimiento a las órdenes de carácter jurisdiccional pronunciadas por el Juez Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial de la entidad, así como por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de García; de tal suerte que la actuación del citado funcionario público fue de acuerdo con las atribuciones que en lo especial le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y no actuó como un órgano subordinado e integrante del Poder Ejecutivo Estatal.
b) La contenida, igualmente, en la fracción VIII del artículo 19 de la ley de la materia, en relación con la fracción II del artículo 10 de la propia ley, ya que según se puede advertir de la demanda de controversia constitucional que nos ocupa, de lo que realmente se inconforma el Municipio actor, aunque engañosamente no lo mencione, es de las resoluciones jurisdiccionales dictadas por el Juez Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial de la entidad, en el juicio ejecutivo mercantil número 238/99, así como por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de García, en el juicio laboral número 21/98, en las que se ordenó la retención de las cantidades, respectivamente, de ciento ochenta mil trescientos cinco pesos y veinticuatro centavos, así como de ciento noventa y seis mil quinientos veintitrés pesos y diecinueve centavos, en fondos descentralizados pertenecientes al Municipio actor; resoluciones jurisdiccionales estas en contra de las cuales resulta improcedente la acción de controversia constitucional, pues esta institución jurídica consagrada en la fracción I del artículo 105 constitucional, tiene como principios fundamentales controvertir actos de gobierno que invadan la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, cuestiones que no se satisfacen en el presente caso, pues los embargos decretados provienen de procedimientos jurisdiccionales del orden común, impetrados por particulares en contra de la ahora actora; luego entonces, la controversia constitucional no es la vía idónea para que se declare la invalidez de esas órdenes, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis número 2a. LXXXVII/98, página cuatrocientos veintiuno, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada con el rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.".
2. Que debe declararse la validez del acto impugnado, en virtud de que no es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo siguiente:
a) Que los fondos descentralizados forman parte del gasto público estatal que se integra con ingresos que éste recibe, y el gobierno los entrega a los Municipios para destinarse a la inversión en la construcción de obras y servicios, conforme lo dispone el artículo 6o. de la Ley de Egresos del Estado para el año dos mil; por tanto, esos fondos sí pueden ser embargados por no tratarse de participaciones federales o estatales; por tanto, la retención de fondos descentralizados de que se duele el demandante, no contraviene lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, ya que no se viola la autonomía municipal.
b) Que el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, únicamente se limitó a ejecutar las órdenes dictadas por otras autoridades, por lo que si la ahora demandante considera que le causa perjuicio la retención de fondos descentralizados que le pertenecían, debe hacer valer las acciones conducentes en contra de las autoridades ordenadoras, esto es, en contra del Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado y del Tribunal de Arbitraje del Municipio de García, Nuevo León, pues aquél actuó estrictamente conforme a los fundamentos legales que le obligan a cumplir debidamente con las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales en las que se decretaron los embargos; concretamente cumplió con los artículos 106 y 107 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, sin que se haya encontrado impedimento constitucional o legal alguno que le impidiera dar cumplimiento a los mandatos legítimos de autoridades jurisdiccionales.
c) Que contrariamente a lo argumentado por el Municipio actor, el gobernador del Estado de Nuevo León, a través del secretario de Finanzas y tesorero general, no violenta lo consagrado en la fracción I del artículo 115 de la Carta Magna, ya que no intervino de manera alguna en la administración de los recursos municipales, y únicamente se limitó a cumplimentar diversas órdenes emitidas por autoridades jurisdiccionales competentes, de las cuales se desprende la obligación de retener los fondos descentralizados en cuestión; en estas circunstancias no se actuó como autoridad intermedia, en razón de que dichas órdenes derivaron de los juicios ejecutivo mercantil y laboral en los que la ahora demandante fue parte, además que esa actuación no causa un menoscabo al derecho municipal para poder tener comunicación directa con las autoridades centrales del Estado, que ejercen la competencia originaria del gobierno al que pertenece el propio secretario del Estado; lo anterior, de acuerdo con la tesis jurisprudencial plenaria número P./J. 50/97, página trescientos cuarenta y tres, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que aparece con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.".
OCTAVO.-Por oficio número PGR/791/2000, presentado el veintiocho de noviembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el procurador general de la República externó, en síntesis, lo siguiente:
1. Que el presidente municipal y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de García, Nuevo León, sí cuentan con legitimación para promover la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que autorizan a dichos funcionarios públicos para representar al Municipio e intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento.
2. Que la demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente, en virtud de que la parte actora manifestó haber tenido conocimiento del oficio número DT-389/2000, emitido por el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, el veintitrés de junio de dos mil, y de esa fecha al dos de agosto del mismo año en que se presentó la demanda, es claro que aún no transcurría el plazo de treinta días que para la interposición de la demanda prevé el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
3. Que en cuanto se refiere a las causales de improcedencia invocadas por las demandadas en esta controversia constitucional, opinó que:
a) El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León no tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional, por lo que debe sobreseerse a su respecto, ya que quien emitió directamente el acto impugnado lo fue el secretario de Finanzas y tesorero general, y si bien es cierto que éste es titular de una secretaría del Estado que comprende una de las ramas de la administración pública, y es colaborador directo del gobernador, también lo es que, de conformidad con los artículos 1o., 4o., 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, la administración pública central estará conformada por secretarías, las que tendrán como objeto la atención de programas o asuntos específicos, a los que el Ejecutivo del Estado les delegará las facultades necesarias para el cumplimiento de sus fines, por lo que será auxiliado entre otras, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General; de tal suerte que el acto impugnado fue emitido dentro del marco legal establecido y en cumplimiento a las atribuciones que la ley expresamente le confiere a dicho secretario del Estado, por lo que su actuación no fue con el carácter de subordinada, sino como un órgano autónomo; de lo que se colige que es él quien debe tener el carácter de demandado en esta controversia constitucional y no el gobernador del Estado.
b) Que no obstante, como lo argumenta el secretario de Finanzas y tesorero general demandado, que él únicamente cumplió con las órdenes giradas por diversos órganos jurisdiccionales, debe considerarse que la parte actora impugnó el acto mismo de la retención de fondos descentralizados, el cual fue realizado por el titular de dicha dependencia en cumplimiento de sus funciones, y lo que se pretende cuestionar por el Municipio actor, es la afectación que se realizó a su hacienda, alegando que se viola en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, constitucional, y no se cuestiona la constitucionalidad de las resoluciones emanadas de órganos jurisdiccionales; por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia, pues dicho secretario del Estado fue quien emitió el acto objeto de esta controversia constitucional.
Que de acuerdo con lo anterior debe desestimarse, igualmente, la causa de improcedencia invocada por el gobernador del Estado de Nuevo León, en el sentido de que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones de autoridades jurisdiccionales; lo anterior, en virtud de que en esta vía no se cuestiona la constitucionalidad de las órdenes dictadas por dichas autoridades, sino el acto de retención de los fondos descentralizados pertenecientes al Municipio actor, lo cual fue realizado por el secretario de Finanzas y tesorero general de la entidad.
Bajo estas mismas consideraciones debe desestimarse, igualmente, la causa de improcedencia invocada por el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, en el sentido de que el Municipio actor debió agotar los medios de defensa legal para que se revocaran o dejaran sin efecto las órdenes dictadas por las autoridades jurisdiccionales; lo anterior es así, en virtud de que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7164-c027bb9c/controversias-constitucionales-no-son-la-via-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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