CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES VÁLIDO EL DECRETO NÚMERO 18972 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE MARZO DE 2001, POR EL QUE AUTORIZA QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE OBTENGAN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SEAN FIDEICOMITIDOS AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, EN VIRTUD DE QUE TALES RECURSOS SON LOS QUE SE RECAUDEN Y PERTENEZCAN AL ESTADO, SIN AFECTAR LOS PERTENECIENTES O QUE DEBAN DESTINARSE A LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio depositado el catorce de mayo de dos mil uno en la Oficina de Correos Número Uno del Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alfredo Argüelles Basave, ostentándose como síndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, promovió controversia constitucional, demandando de las autoridades que a continuación se mencionan, la invalidez de los actos que se señalan en el párrafo siguiente:
"II. Autoridades demandadas: A) El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con domicilio en el Palacio Legislativo ubicado en la Avenida Hidalgo número 222, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. B) El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con domicilio en Palacio de Gobierno ubicado en la Avenida General Ramón Corona esquina Pedro Moreno sin número. ... IV. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda: 1. Del Poder Legislativo del Estado de Jalisco: El Decreto Número 18972, de fecha 28 de febrero de 2001, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 29 de marzo del año 2001, mediante el cual se autoriza que la totalidad de los recursos económicos que se obtengan por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, sean fideicomitidos al fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y que éstos sean utilizados para el pago de los ahorradores afectados por las cajas de ahorro, en los términos que establece la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: la publicación en el Periódico Oficial del Estado 'El Estado de Jalisco', del decreto ahora impugnado y a través de la cual surtió plenos efectos contra terceros. 3. Del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: Los actos que con motivo de la entrada en vigencia del decreto controvertido realice en perjuicio del patrimonio municipal, previstos en el artículo tercero del decreto impugnado en el párrafo anterior, mediante el cual se le faculta para que realice todos los trámites administrativos que se deriven de dicho decreto para disponer de los recursos obtenidos con motivo del registro de vehículos de procedencia extranjera, para incorporarlos al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"VI. Antecedentes de los actos reclamados: 1. El día 12 de marzo del año 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, la cual en su artículo quinto establece: 'La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta ley. Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán ante las oficinas que autoricen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por este concepto se obtenga. Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un fondo estatal especial, para aplicarse en función de las prioridades de cada Estado. Del monto recaudado, se destinará un 40% a los Municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.'. 2. El día 29 de marzo del año 2001 fue publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco', el Decreto Número 18972 que autoriza que la totalidad de los recursos económicos que se recauden en el Estado por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, sean fideicomitidos al fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y que éstos sean utilizados para el pago de los ahorradores afectados por las cajas de ahorro, en los términos que establece la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Asimismo, dicho decreto faculta, en su artículo tercero, al Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Finanzas realice todos los trámites administrativos que se deriven del presente decreto."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Violación a la autonomía municipal. En efecto, los actos que se describen en la presente demanda de controversia constitucional fueron emitidos contraviniendo los preceptos 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999, que entraron en vigor el día 29 de marzo del año 2001, vienen a fortalecer la autonomía municipal y a refrendar la intención del Constituyente en el sentido de que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Asimismo, en su fracción IV, este artículo establece: 'Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que sean cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. ...'. En concordancia, el penúltimo párrafo del inciso c) señala: '... Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.'. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el Congreso de la Unión, en el artículo quinto de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, determina de manera clara y en forma tajante, que como incentivo por la realización de los trámites efectuados para este efecto, por las entidades federativas, del total de la recaudación, se integre un fondo especial para aplicarse en función de las prioridades de cada Estado. Sin embargo, expresa enseguida que 'del monto recaudado se destinará el 40% a los Municipios' y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales locales. A este respecto, cabe mencionar que dicha ley no menciona algún destino para los recursos otorgados a los Municipios, solamente establece los criterios de repartición. Al no determinar su destino, lógicamente dichos ingresos deberán incorporarse a la hacienda municipal. Es de hacer notar que en la redacción del decreto en cuestión, no se desprende la opción de que se podrá, sino que por el contrario, se emite la orden al utilizar la palabra destinará. En este sentido, el Congreso del Estado de Jalisco no tenía porqué interpretar una ley que es clara en sus disposiciones. Al integrarse dichos recursos a la hacienda municipal, resulta evidente que serán los Cabildos de los Municipios los únicos órganos facultados para poder disponer de éstos, facultad refrendada en las reformas y adiciones sufridas por el artículo 115 de nuestra Carta Magna, con respecto al ejercicio exclusivo de sus recursos, sin que la Legislatura o el Ejecutivo Estatales puedan comprometer o predeterminar cualquier elemento de su destino. Resulta absurdo que en una etapa histórica en la que las reformas constitucionales tienden a perfeccionar cada día más nuestro sistema federal, teniendo como uno de los principales propósitos el fortalecimiento de los Municipios, en este caso, el Congreso del Estado dispone de manera unilateral y totalmente arbitraria de recursos económicos que una ley federal les asigna, y aún más, autorizando al Ejecutivo para que realice todos los trámites necesarios que se deriven del decreto demandado, mismo que señala que será la totalidad de lo recaudado lo que se incorporará al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, olvidando que solamente le corresponde al Estado única y exclusivamente un 60% del fondo estatal de lo recaudado con motivo de la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, cantidad sobre la que sí está facultado el Congreso Estatal para determinar su destino y el 40% restante deberá destinarse a los Municipios, de conformidad con el artículo quinto del decreto por el cual se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Resultan anticonstitucionales los actos demandados, toda vez que tanto el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se toman atribuciones que corresponden de origen y justamente a los Municipios, lesionando su patrimonio, haciendo a un lado a la autoridad municipal y, por consecuencia, violentando la autonomía consagrada en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. En esa tesitura y como se ha demostrado con los documentos que se anexan a la presente demanda, es a todas luces evidente que las autoridades demandadas invaden la esfera de competencia de los Municipios, atribuyéndose facultades que van más allá de lo establecido por la Constitución General de la República, por lo que deberá resolverse en su momento y en definitiva por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando que todos y cada uno de los actos que se demandan son anticonstitucionales y, por tanto, no pueden producir efectos jurídicos. Abundando, es indudable que el decreto en contra del cual se interpone la presente controversia constitucional es de carácter local o estatal, en tanto que la norma que se ve vulnerada es de carácter federal. En este sentido, el tratadista Efraín Moto Salazar, señala que: 'las normas jurídicas se pueden definir como un conjunto de normas (mandatos) que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad.'. Ahora bien, la ley es el tipo de norma jurídica dictada por el poder público que tiene como finalidad el encausamiento de la actividad social por el bien común. Es además, un medio para facilitar a los individuos el conocimiento del derecho positivo. Al respecto, el artículo 133 constitucional contempla: 'Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.'. Es así que se desprende un segundo aspecto, al observarse que el decreto del Congreso del Estado de Jalisco que se controvierte viola leyes de mayor jerarquía según lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el artículo 115 constitucional y el artículo quinto de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Efectivamente, se transgrede el artículo 115 constitucional, toda vez que se invade la esfera municipal, en razón de que se coarta la facultad constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara de administrar libremente su hacienda. Por lo que ve al artículo 133 constitucional, este artículo se transgrede, además, con la violación a lo dispuesto por el artículo quinto de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, esto es, una ley federal expedida por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se contraviene por un decreto emitido posteriormente por la Legislatura Local del Estado de Jalisco. Lo anterior contraviene el criterio de jerarquía de leyes que se desprende de la lectura del contenido del referido artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal principio doctrinal para resolver antinomias jurídicas, es normalmente enunciado con el aforismo brocardo lex superior derogat inferior, que ordena una preferencia de la norma superior sobre la inferior, además de que en el presente asunto, la norma inferior es posterior a la ley federal. Desde el punto de vista político, el criterio de la jerarquía es una consecuencia de la rígida jerarquización del derecho, constituyendo un reflejo del principio de separación de poderes. Pero desde el punto de vista jurídico, este criterio es el resultado del principio de la jerarquía que organiza las relaciones normativas dentro de un ordenamiento, atribuyendo distinta fuerza o eficacia jurídica a las distintas fuentes que operan en él, lo que se realiza en función de la autoridad normativa y, eventualmente, del procedimiento de creación. Se trata, por ello, de un criterio que sólo puede dirimir los conflictos entre normas creadas o fuentes con distinta fuerza, pero capacitadas para establecer el mismo tipo de regulaciones, es decir, competentes. Con todo, los ordenamientos actuales, que son sistemas complejos en los que existe una pluralidad de fuentes, suelen jerarquizar éstas atendiendo principalmente al modelo de legitimidad política. La resolución de una antinomia por aplicación del criterio jerárquico, es en realidad la forma en que los órganos de la jurisdicción ordinaria aseguran la observancia del principio jerárquico, lo que tiene lugar aplicando directamente la norma superior y actuando eventualmente los mecanismos para declarar la invalidez de la norma inferior. No obstante, en los sistemas donde existe el llamado 'privilegio jurisdiccional de la ley' o 'privilegio del legislador', el respeto de la ley a la Constitución sólo puede garantizarlo un órgano específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, para resolver los conflictos entre ley y Constitución en aplicación del criterio de jerarquía, los Jueces ordinarios se verán obligados a plantear la cuestión ante el Máximo Órgano Jurisdiccional. Por último, no es legal que se establezca el destino de una contribución para un fin específico, toda vez que viola el principio de contribución de los impuestos. Bajo esa tesitura, es palmario que las autoridades estatales emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, haciendo caso omiso de tales principios, emitieron los actos ahora combatidos, por lo que en estricto apego a derecho deberá declararse, en consecuencia, la ilegalidad de los mismos. Bajo ese mismo esquema y aunado a lo anterior, cabe resaltar que: derivado del proyecto del artículo 115 elaborado por el señor Venustiano Carranza, quien entonces ejercía las funciones de jefe de Estado, se desprende la emisión del siguiente dictamen: 'Teniendo en cuenta que los Municipios salen a la vida después de un largo periodo de olvido de nuestras instituciones y que la debilidad de sus primeros años los haga víctimas de ataques de autoridades más poderosas, la comisión ha estimado que deben ser protegidos por medio de disposiciones constitucionales y garantizarles su hacienda, condición sine qua non de vida y su independencia, condición de su eficacia.'. La anterior cita sirve como marco referencial del agravio que de igual manera le ocasiona al Municipio de Guadalajara la aplicación del Decreto Número 18972 emitido por el H. Congreso del Estado, por el cual se autoriza que la totalidad de los recursos económicos que se obtengan por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, sean fideicomitidos al fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores afectados por las cajas de ahorro, en los términos que establece la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Efectivamente, es de explorado derecho que los recursos que integran las haciendas municipales deberán ser ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley, en la especie, única y exclusivamente por el Cabildo municipal de la ciudad de Guadalajara; bajo tal premisa, el decreto del H. Congreso del Estado de Jalisco conculca tal principio, al haber promulgado un decreto que va en contra de la autonomía municipal, específicamente el decreto que se comenta, es atentatorio de la ley que se crea para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, misma que fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 12 de marzo de 2001. Toda vez que en el artículo quinto de la ley que se comenta se ordena: '... Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un fondo estatal especial, para aplicarse en función de las prioridades de cada Estado. Del monto recaudado se destinará el 40% a los Municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.'. Ante esa franca ofensiva del H. Congreso del Estado en contra de los Municipios, se evidencia la flagrante conculcación del principio de legalidad, el cual consiste en que las autoridades no tienen más facultades que las que les otorgan las leyes, y que sus actos únicamente son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que las leyes prescriben. Ahora bien, como se podrá advertir diáfanamente, el Congreso Estatal, pasando por alto tal principio, va más allá de lo que la misma ley que se crea para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera establece, puesto que es clara la orden en el sentido de que del monto recaudado se destinará el 40% a los Municipios, sin embargo, y sin considerar o más bien acatar tal disposición, en el Decreto 18972 del 6 de marzo de 2001, emitido por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en su artículo segundo, ordena en evidente rebeldía a la norma expresamente que: 'Se autoriza que la totalidad de los recursos económicos estatales que se recauden en el Estado por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, sean fideicomitidos al fideicomiso ...'. Bajo ese contexto, se deja en un claro estado de indefensión a los Municipios de la entidad, en el caso concreto, al Municipio de Guadalajara, puesto que no se respeta el contenido del previamente referido artículo quinto y es contrario al principio de legalidad. Por otro lado, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República establece el principio de que la recaudación tributaria se destine a satisfacer los gastos públicos tanto de la Federación como del Estado o Municipios en que residan los contribuyentes, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el destino de los gastos públicos es una condición de validez constitucional de los tributos, este principio es conocido como principio de destino de los impuestos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tanto la emisión del decreto ahora impugnado, como su publicación y los actos que con motivo de la entrada en vigencia del decreto controvertido realice el titular del Poder Ejecutivo del Estado en perjuicio del patrimonio municipal, previstos en el artículo tercero del decreto impugnado en el párrafo anterior, mediante el cual se le faculta para que realice todos los trámites administrativos que se deriven de dicho decreto para disponer de los recursos obtenidos con motivo del registro de vehículos de procedencia extranjera, para incorporarlos al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, están viciados de origen al contravenir el principio de destino de los impuestos. Como colofón, únicamente resta reiterarle a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación la flagrante y evidente conculcación de los preceptos contenidos en la Constitución General de la República, específicamente en los artículos 115 y 133, desde el momento mismo en que entró en vigor el decreto demandado, así como las consecuencias legales emanadas del mismo, y que evidentemente invaden el ámbito de competencia de la esfera municipal, así como de la jerarquización de leyes a que está obligado todo poder público; es en ese sentido como las autoridades del orden estatal pasaron por alto tales referencias; primero, emitieron el Decreto Número 18972, por medio del cual se autoriza que la totalidad de los recursos económicos que se obtengan por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, sean fideicomitidos al fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y que éstos sean utilizados para el pago de los ahorradores afectados por las cajas de ahorro, en los términos que establece la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; segundo, en esa virtud fue que se ordenó la publicación de dicho decreto el 29 de marzo de 2001 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco; y tercero, como consecuencia de ello, los actos que con motivo de la entrada en vigencia del decreto controvertido realice el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en perjuicio del patrimonio municipal, actos previstos en el artículo tercero del decreto impugnado, mediante el cual se le faculta para que realice todos los trámites administrativos que se deriven de dicho decreto para disponer de los recursos obtenidos con motivo del registro de vehículos de procedencia extranjera, para incorporarlos al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados, son el 31, fracción IV, 115 y 133.
QUINTO. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil uno, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 13/2001, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
En proveído de la misma fecha el Ministro instructor tuvo por presentado al síndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco, con la personalidad que ostenta, y requirió a la parte actora para que aclarara la demanda en el sentido de precisar cuáles son los actos atribuidos al Ejecutivo Estatal, y si éste ha realizado acto alguno en cumplimiento al decreto impugnado en esta vía; requerimiento que fue desahogado dentro del plazo otorgado, en el que manifestó que los actos atribuidos a la citada demandada son: a) la publicación en el Periódico Oficial del Estado "El Estado de Jalisco", del decreto impugnado; b) los posibles actos administrativos que con motivo de la entrada en vigor del decreto controvertido realice en perjuicio del patrimonio municipal, y que desconoce si la referida autoridad demandada ha realizado acto alguno en cumplimiento a ese decreto.
Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil uno, el Ministro instructor tuvo por desahogada la prevención de referencia, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde; asimismo, de un análisis integral del oficio de demanda, se advirtió que en la controversia constitucional también se impugnó la expedición, promulgación y publicación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; en estas circunstancias, se requirió de nueva cuenta a la parte actora para que remitiera un ejemplar del periódico oficial en el que se publicó dicho ordenamiento legal.
En auto de catorce de junio de dos mil uno, se tuvo por desahogada la prevención de referencia, y toda vez que la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, es una norma general de carácter federal, se regularizó el procedimiento y se ordenó emplazar como autoridades demandadas al Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como al presidente de la República.
SEXTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, al contestar la demanda en la presente controversia constitucional manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en la fracción I del artículo 21 del mismo ordenamiento legal, el cual prevé que tratándose de actos como en la especie, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto impugnado, y que en el caso, la notificación se materializó el veintinueve de marzo de dos mil uno, fecha en que se publicó en el periódico oficial de la entidad; luego entonces, el plazo corrió del treinta del citado mes y año, y concluyó el once de mayo, y si la demanda se presentó el día catorce de este mes, es claro que se hizo en forma extemporánea.
b) Que los actos impugnados no afectan el interés jurídico ni el patrimonio de la parte actora, en virtud de que si bien es cierto que en él se autorizó que la totalidad de los recursos económicos estatales que se recauden por la aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, serían fideicomitidos al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, también lo es que tal autorización no versa sobre recursos económicos municipales, sino sólo los estatales, como claramente se señala en el propio decreto, o sea, que el sesenta por ciento del total de lo recaudado, el cual conforme a la citada ley corresponde al Estado, es destinado a dicho fideicomiso, en tanto que el cuarenta por ciento restante pertenece íntegramente a los Municipios, ya que no constituye el objeto del decreto impugnado.
Por su parte, el Congreso del Estado de Jalisco, al formular contestación de demanda manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que la demanda de controversia constitucional fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, el cual es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación oficial del decreto impugnado, lo que ocurrió el veintinueve de marzo de dos mil uno; por tanto, el plazo para la presentación de la demanda feneció el once de mayo del mismo año, en tanto que la demanda fue presentada hasta el catorce de este mes; en estas circunstancias, debe sobreseerse en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 19 del citado ordenamiento legal.
b) Que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Ayuntamiento actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; toda vez que si se toma en cuenta que el asunto es de carácter fiscal, además de que la actora considera que el decreto impugnado es oscuro, debió entonces solicitar al Congreso Local la interpretación del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
c) Que el decreto impugnado no es violatorio del artículo 115 de la Constitución General de la República, en virtud de que fue emitido de acuerdo con las atribuciones que el propio precepto, en su fracción IV, inciso c), le otorga a los Congresos Locales, consistentes en aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, y revisar y fiscalizar sus cuentas públicas, de tal suerte que la autonomía municipal se encuentra circunscrita a lo que dispongan el citado precepto constitucional y las leyes locales, puesto que la libre administración hacendaria no significa que esa libertad no tenga límites, sino que se encuentra sujeta al control por parte del Poder Legislativo del Estado.
d) Que el decreto controvertido no conculca, de igual forma, el principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 de la Constitución Federal, toda vez que el artículo segundo de dicho decreto, claramente prevé que la totalidad de los recursos estatales recaudados en aplicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, serían fideicomitidos al Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, o sea, únicamente de los recursos económicos del Estado, mas no los municipales, los cuales quedan intocados en la proporción qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17508-9679afca/controversia-constitucional-es-valido-el-decreto-numero-18972 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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