CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS. HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA REGULAR EL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). PREDIAL MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, INCISOS D) Y F), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, NO VIOLA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE LOS MOTIVOS QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA LEGISLATURA ESTATAL PARA ESTABLECER LAS TARIFAS RELATIVAS A DICHO IMPUESTO, DERIVAN DE UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE DENTRO DEL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2005. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA, FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de octubre de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el catorce de febrero de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gustavo González Hernández, con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, promovió controversia constitucional en representación del propio Municipio, en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:
"Nombre y domicilio de los demandados: 1) El Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Hidalgo número 222, colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 2) El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad que promulgó la ley materia de la presente controversia, quien tiene su domicilio legal en el Palacio de Gobierno, sito en la calle Corona sin número, esquina con Morelos, en la colonia Centro de la ciudad de Guadalajara. 3) El director del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con domicilio en Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, código postal 44270, Guadalajara, Jalisco. Acto reclamado de invalidez: 1) El Decreto Número 20844, publicado el día 14 de diciembre de 2004, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, decreto que contiene la ‘Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2005’; y 2) La Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2005, particularmente los artículos 25, fracción III, incisos d) y f), así como el artículo 29, fracción XII, mismos que transcribimos a continuación: ‘Artículo 25, fracción III, incisos d) y f).’ (se transcribe). ‘Artículo 29, fracción XII.’ (se transcribe)."
SEGUNDO. La parte actora expuso como antecedentes del caso, los siguientes:
"1) Con fecha 16 de noviembre de 2004, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Decreto Número 20844, que contiene la ‘Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2005’, misma que fue promulgada por el gobernador del Estado de Jalisco, y publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el 14 de diciembre de 2004. 2) Tenemos conocimiento que en Leyes de Ingresos de otros Municipios de Jalisco, como es el caso de Zapopan, el Congreso del Estado la aprobó el 6 de diciembre del 2004 y la publicó el Ejecutivo del Estado el 16 de diciembre del mismo año en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, tarifas en materia de impuesto predial mayores a las aprobadas para el Municipio de Guadalajara, particularmente tratándose de predios urbanos edificados y no edificados, en los cuales a pesar de que en la iniciativa remitida por el Ayuntamiento de Guadalajara se propusieron tarifas idénticas a las que le fueron aprobadas al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, sin que de la propia Ley de Ingresos, ni de los documentos relativos al procedimiento legislativo seguido, respecto de la misma se desprendan elementos objetivos, razonables, públicos y válidos que permitan esclarecer que las razones que movieron al Congreso del Estado de Jalisco a aprobar para Zapopan las tarifas que negó para Guadalajara, fueron acordes con los principios constitucionales de libertad hacendaria y autonomía municipal. 3) Asimismo, en la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, correspondiente al presente ejercicio fiscal, se establecieron en la fracción XII del artículo 29, porcentajes máximos de incremento al impuesto predial a pagar, por las cuales se omite en el cálculo del impuesto predial toda referencia a la base del impuesto establecida en la fracción IV del artículo 115 constitucional, así como la aplicación de las tasas y cuotas fijas previstas en la propia Ley de Ingresos, con lo cual se violan diversos preceptos constitucionales antes señalados, así como los principios constitucionales y legales en materia tributaria que se precisarán en el capítulo correspondiente de esta demanda. Cabe destacar que dichos topes o porcentajes máximos de incremento no formaban parte de la iniciativa de Ley de Ingresos enviada al Congreso del Estado de Jalisco por el Municipio que represento, sino que fueron incorporados por el Poder Legislativo del Estado sin que mediara razonamiento alguno que en forma objetiva, razonable, válida y pública hiciera suponer, al menos, que las razones que movieron al Congreso del Estado a introducir límites que modulan artificialmente la base constitucionalmente establecida del impuesto predial (el valor de los inmuebles) en perjuicio de la hacienda municipal, fueron acordes con los principios constitucionales de autonomía y libertad hacendaria municipal, así como con los fines deseados por el orden jurídico y constitucional."
TERCERO. El Municipio actor hizo valer como conceptos de invalidez, los siguientes:
"A. En relación con la fracción XII del artículo 29 de la ‘Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal del año 2004’ (sic): 1. El precepto a estudio es violatorio del artículo 115 constitucional en su fracción IV, inciso a), el cual establece que ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.’. Lo anterior es así, porque el precepto constitucional establece que forman parte de la hacienda municipal, las contribuciones que las legislaturas establezcan a favor de los Municipios, en el caso concreto, sobre la propiedad inmobiliaria. Es importante destacar que uno de los motivos por los que se reformó el artículo 115 de la Constitución Federal en 1999, fue precisamente el de fortalecer los ingresos propios de los Municipios, como se desprende textualmente de los considerandos del dictamen por el que se reforma dicho artículo: ‘... Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida un esfuerzo recaudatorio municipal en donde la tasa y los valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios ... y las tasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes ... Se agrega un nuevo párrafo tercero ... con el objeto de garantizar Leyes de Ingresos municipales en las que anualmente las Legislaturas Estatales fijen las tasas, cuotas y tarifas a propuesta del Ayuntamiento interesado y respecto de las contribuciones de mejoras, impuestos y derechos ...’. Así, el artículo impugnado viola el derecho del Municipio de Guadalajara contenido en el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, de percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, utilizando valores justos como base para las mismas, que el Ayuntamiento jamás propuso en la iniciativa de Ley de Ingresos enviada al Congreso del Estado, pero que este último, motu proprio, incorpora sin realizar consideración lógica o jurídica alguna, en detrimento de ese derecho, al imponer límites al incremento del impuesto tomando como referencia el impuesto pagado en el ejercicio anterior, porque aun cuando tenga el derecho de percibir la contribución, no lo puede hacer teniendo como base valores justos, porque la legislatura ha decidido que la base del impuesto sea el impuesto pagado en el ejercicio anterior, y no el valor fiscal de los inmuebles. En efecto, en la fracción XII del artículo 29 de la Ley de Ingresos impugnada, se establece un beneficio para los contribuyentes del impuesto predial en relación con predios construidos o edificados que: a) Se incremente su valor fiscal con motivo de una valuación masiva; o, b) Aun cuando el incremento no se deba a una valuación masiva se encuentren tributando con las tasas correspondientes a los incisos d) de la fracción II, incisos d), e) y f), de la fracción III, ambas del artículo 25 de la propia ley impugnada. Con lo anterior se establece un factor que distorsiona los elementos del impuesto predial, así como el cálculo del monto del mismo que debiera resultar de la aplicación de la tasa a la base respectiva, adicionándole una cuota fija, de manera que, de hecho, para el caso de los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de dicha fracción, el impuesto terminará resultando de la aplicación de un determinado factor porcentual al impuesto resultante del año anterior, con independencia del valor real del inmueble o del cambio de valor del mismo que podría sobrevenir por una valuación masiva, por la simple remodelación, ampliación o modificación en las construcciones, o por algún otro factor. Al final, los límites de incremento en el impuesto predial a pagar se aplican no sólo a los predios que se vieren afectados por una valuación masiva, sino también a todos aquellos cuyo valor se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; a todos los predios urbanos edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado; a todos los predios no edificados que se localicen fuera de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; y a todos los predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana del Estado de Jalisco, cuyo valor se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Con lo anterior, además de que se altera la iniciativa de la Ley de Ingresos propuesta por el Municipio que represento, ello se hace sin expresión de razonamiento alguno, puesto que en la iniciativa en cuestión no se incluía tope o porcentaje de incremento máximo, con lo cual al ser incluido arbitrariamente por el Congreso del Estado de Jalisco, produce la violación de la libertad hacendaria municipal, en virtud de que se priva al Municipio de las contribuciones derivadas del cambio de valor fiscal de los inmuebles, al determinarse el impuesto a cargo con base en el impuesto resultante del año anterior, lo cual es contrario a lo establecido por la fracción IV del artículo 115 constitucional. Lo anterior, máxime que la iniciativa de Ley de Ingresos que remite el Municipio, en cuanto a los ingresos a que por virtud de la propia norma constitucional tiene derecho la hacienda municipal no se reduce al mero acto de inicio del procedimiento legislativo, sino a un acto formal de ejercicio de la propia libertad hacendaria que no puede ser modificado arbitrariamente por el órgano legislativo, sino existen razones suficientes, válidas, objetivas, razonables y públicas que permitan concluir que no se pretende sustraer indebidamente recursos a la hacienda municipal, sino que se persigue un fin acorde con los principios constitucionales de autonomía y libertad hacendaria municipal, así como con los fines del orden jurídico y constitucional, así como con los principios generales de derecho, en particular con el principio de la buena fe que debe regir las relaciones no únicamente entre particulares o entre éstos y los órganos del Estado, sino entre los mismos órdenes de gobierno. 2. El precepto a estudio viola lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece: ‘... Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.’. Esto es así, porque los límites al incremento en el impuesto establecidos por el precepto impugnado, constituyen en su aplicación práctica un subsidio para los contribuyentes, ya que al incrementar el valor de las propiedades de un ejercicio fiscal a otro, de ninguna manera se podrá recaudar el monto resultante de aplicar la tasa establecida en la Ley de Ingresos a la base gravable (valor fiscal del inmueble), si ese resultado excede el porcentaje marcado como límite con respecto del impuesto resultante del ejercicio anterior. El mandamiento de que los impuestos sean proporcionales y equitativos busca, entre otras cosas, que efectivamente atiendan a la capacidad contributiva, de ahí que si las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria tienen como elemento determinante el valor de los bienes y sus construcciones, las Legislaturas Estatales estén impedidas para otorgar exenciones o subsidios a persona o institución alguna con respecto de dichas contribuciones, como lo señala expresamente el artículo 115, fracción IV, inciso c), por lo que al establecer que con relación a determinados contribuyentes, el incremento en el impuesto predial no podrá exceder en un porcentaje determinado con respecto al impuesto resultante en el ejercicio anterior, sin que se atienda al hecho de que los bienes o construcciones pudieron incrementar su valor y que entonces el impuesto debería ajustarse necesariamente aplicando la tasa a la base gravable, se puede desprender un subsidio para ciertos contribuyentes que no se justifica a la luz del artículo constitucional invocado. Incluso, cuando se adecuaron a la legislación estatal las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal, el propio Congreso del Estado estableció en el artículo 55 de la Ley de Catastro del Estado de Jalisco, que: ‘Dentro del proceso legislativo, en tratándose de aprobación de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado sólo tendrá facultades para aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, tendrán facultades de realizar las modificaciones a los valores contenidos en el proyecto presentado mediante la iniciativa respectiva ...’, precisamente porque son los Municipios los que cuentan con los elementos técnicos necesarios para determinar los valores que sirven de base al cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y cualquier modificación a los mismos por parte del Congreso del Estado, representa un detrimento a la hacienda pública municipal. Entonces, qué caso tiene que para garantizar que los valores fiscales que sirven de base para el cobro de las contribuciones que son determinados y actualizados por los Municipios con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Federal, el propio Congreso del Estado estableció la prohibición para modificar las tablas de valores unitarios, si por otra parte, se establecen límites a los incrementos del impuesto, cambiando con ello la base gravable, lo que necesariamente se traduce en un subsidio de la contribución, ya que con independencia de que el inmueble incremente su valor de un ejercicio fiscal a otro, la base nunca será, en los hechos, el nuevo valor fiscal como lo ordena la Constitución Federal, sino el impuesto resultante en el ejercicio anterior. Hay que recordar en este numeral que, como ya se dijo en el numeral 1o., que la reforma constitucional de 1999 al establecer que las tablas de valores unitarios y de suelo se propondrían por los Ayuntamientos, busca reforzar los ingresos propios municipales y reafirmar la prohibición de que en estas contribuciones se establezca cualquier tipo de subsidio. 3. La norma materia de la presente controversia transgrede lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece literalmente lo siguiente: ‘Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.’. Lo anterior en virtud de que el precepto a examen, al establecer límites máximos al impuesto resultante a cargo del contribuyente, permite la determinación del impuesto no mediante la aplicación de la tasa legalmente establecida a la base gravable del impuesto, que por disposición del precepto constitucional a que aquí se hace referencia la constituyen los valores unitarios de suelo establecidos en las tablas vigentes, sino mediante la base liquidable del impuesto resultante del ejercicio fiscal anterior, con lo cual se contradice lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, la cual establece que la base gravable del impuesto a la propiedad inmobiliaria son las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones y no el impuesto resultante del año inmediato anterior. Este artículo, por tanto, altera en detrimento de la hacienda municipal el aspecto cuantitativo del hecho imponible, es decir, la medida con que el Constituyente Permanente decidió que se realizara el hecho imponible en el impuesto predial. Por disposición constitucional, la base gravable del impuesto predial lo constituye el valor unitario del suelo y de las construcciones, que debe asemejarse al valor real del mercado del inmueble, y en la Ley de Ingresos, en el artículo que se analiza, al señalar que el incremento (que, insistimos, no fue propuesto por el Municipio de Guadalajara en su iniciativa de Ley de Ingresos, sino que fue incorporado por el Congreso del Estado sin justificación alguna) en el impuesto predial a pagar no será superior al 10%, 15% o 20% dependiendo del valor del inmueble, de lo que resultó en el año fiscal inmediato anterior, contradice la disposición constitucional porque aun cuando se modifique sustancialmente el valor fiscal de un inmueble de un ejercicio fiscal a otro, por construcciones nuevas, por ejemplo, el impuesto correspondiente a ese ejercicio fiscal no podrá ser superior en un determinado porcentaje del impuesto resultante en el ejercicio anterior, aun cuando el valor del inmueble era inferior, con lo que la base gravable real deja de tener congruencia con el elemento cuantitativo del hecho imponible. Adicionalmente, se altera uno de los elementos esenciales del tributo, ya que no se puede cuantificar el monto del impuesto atendiendo exclusivamente a la ley, sino que necesariamente debe atenderse a elementos que no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos, como el impuesto resultante en el ejercicio fiscal anterior. 4. Se viola lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el cual se reformó el artículo 115 constitucional, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999, cuyo quinto artículo transitorio establece lo siguiente: ‘Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.’. Lo anterior es así, porque: a) Como ya se ha señalado, el artículo impugnado permite la determinación del impuesto con base distinta a la constituida por los valores unitarios de suelo y construcciones, contraviniendo no sólo el artículo 115, fracción IV, inciso a), sino también el artículo transitorio en el que el Constituyente Permanente expresó la necesidad de equiparar los valores unitarios de suelo con los valores de mercado, reiterando que son precisamente estos valores unitarios de suelo, la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Al equiparar los valores, el Constituyente Permanente buscó garantizar a los Municipios que la recaudación por estas contribuciones tuviera niveles reales que le permitan cubrir el gasto que genera la prestación de los servicios públicos a su cargo. En el mismo artículo transitorio, el Constituyente Permanente le otorgó la facultad a los Municipios para que, en su caso y después de equiparar los valores, realizara la adecuación a las tasas aplicables para el cobro de las contribuciones, adecuación que se materializa en la Ley de Ingresos, pero si lo aprobado por el Congreso no se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal, como es el caso, se limita al Municipio el ejercicio de su facultad recaudatoria y se le restan injustificadamente ingresos necesarios para cumplir con la prestación de los servicios públicos a su cargo, máxime si para otros Municipios se aprueban tasas más elevadas. Por lo que al poner los límites en el incremento del impuesto, tal como se desprende del artículo impugnado, el Congreso del Estado no sólo desconoce y modifica la base gravable establecida en la Constitución Federal para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, no sólo altera sin que medie razonamiento alguno la voluntad del Municipio plasmada en su iniciativa de Ley de Ingresos, sino que, además, anula el espíritu que inspiró la reforma en el sentido de equiparar los valores unitarios de suelo a los valores de mercado para que los ingresos percibidos fueran sobre valores reales, y al imponer al Municipio un límite máximo de incremento al impuesto, hace totalmente inoperante aplicar la tasa aprobada a la base gravable, porque si el resultado excede del límite establecido, la recaudación se verá necesariamente disminuida y el ingreso percibido por el Municipio no guardará relación con el espíritu de la contribución establecida en la Constitución Federal, ocasionando un perjuicio irreversible a la hacienda municipal. b) Porque no se respetan los principios de proporcionalidad y equidad. No guarda relación con la base gravable del impuesto prevista por la Constitución, en la cual se ve reflejada la capacidad contributiva de los contribuyentes, por lo que al aplicar los límites a que se refiere el precepto impugnado, el impuesto a cargo pierde también su relación con la capacidad contributiva. 5. Se viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de reserva de ley de los impuestos al establecer la obligación de contribuir al gasto público, en la manera proporcional y equitativa que fijen las leyes. Lo anterior, en virtud de lo siguiente: a) Porque al permitirse la determinación del impuesto con base en el impuesto resultante del año anterior, la base del impuesto queda indeterminada en ley, por lo que es necesario recurrir a un elemento extralegal. En materia tributaria, el principio de reserva de ley que deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los elementos esenciales del tributo deben estar expresamente consignados en una ley formal. Se consideran elementos esenciales del tributo: sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Al respecto, es aplicable la tesis que se ubica en el Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 80, página 146, bajo el siguiente rubro: ‘IMPUESTOS. ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’. Por tanto, si bien es cierto el Congreso del Estado tiene facultad para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, también tiene la responsabilidad de que al aprobar las contribuciones que sustentan el gasto público de los Municipios, se respete el principio de reserva de ley, cuidando de que todos los elementos esenciales de los tributos queden perfectamente consignados en la misma, ya que de lo contrario le ocasiona un perjuicio a las haciendas públicas municipales a las que se les resta no sólo capacidad de recaudación sino también seguridad jurídica en la determinación de sus impuestos. En el caso concreto, el Congreso del Estado viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la hacienda municipal, ya que no sólo altera la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Municipio y, como consecuencia de ello, la base gravable del impuesto predial, como ya se estudió anteriormente, sino que la deja indeterminada a pesar de constituir uno de los elementos esenciales del tributo, al señalar que el incremento en el impuesto nunca podrá ser superior en un porcentaje determinado al impuesto resultante del ejercicio inmediato anterior, por lo que no sirve de nada que la Constitución Federal, la Local y la legislación secundaria establezcan que la base gravable es el valor fiscal, si la Ley de Ingresos desconoce dicha base y establece otro procedimiento para determinarla que no puede ser desprendido expresamente de la propia Ley de Ingresos, al basarse en un elemento no regulado por ella como es el impuesto resultante del año inmediato anterior. 6. Violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de proporcionalidad y equidad de las contribuciones. Lo anterior es así, porque: a) El precepto a estudio permite la determinación de un impuesto sin referencia a la capacidad contributiva del causante. Los principios de proporcionalidad y equidad tributaria suponen necesariamente una referencia razonablemente proporcional con el elemento objetivo del tributo, es decir, con el supuesto de causación del mismo, de manera que quienes se ubiquen en condiciones similares frente al hecho imponible, deben recibir un mismo tratamiento fiscal mientras que, por otra parte, debe guardar una relación con el elemento subjetivo del impuesto, de tal modo que quienes tengan una mayor capacidad de contribuir lo hagan en mayor medida que aquellos cuyas posibilidades son menores. En el caso del impuesto predial, por tratarse de un tributo ligado a la propiedad inmobiliaria, la referencia a la capacidad pecuniaria del contribuyente se efectúa a través de la base gravable del tributo, que de conformidad con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, está constituida por los valores unitarios de suelo y de construcción que, tomando en consideración los valores de mercado, se establecen anualmente en las tablas que al efecto aprueban las Legislaturas Locales. En esta tesitura, si la relación con la capacidad contributiva se expresa mediante el valor de los inmuebles, cuando este elemento no es tomado en cuenta para la determinación del impuesto, se genera una contribución inequitativa en virtud de que permite que predios de valores similares o iguales reciban tratamientos distintos y también que predios con valores distintos, reciban un mismo tratamiento fiscal, lo que a todas luces resulta inconstitucional. De la fracción XII del artículo 29 de la ley impugnada, emana un tratamiento fiscal notoriamente inequitativo, pues al establecer límites máximos de incremento en el impuesto a cargo, pierde de vista el valor de los inmuebles y con ello la capacidad tributaria de los contribuyentes, toda vez que el límite de incremento se establece con base en el impuesto resultante del año inmediato anterior, de tal manera que el cálculo del impuesto no resulta propiamente de la aplicación de una tasa a una base determinada consistente en el valor del inmueble, sino de la aplicación de un valor porcentual al impuesto resultante del ejercicio fiscal anterior, sin consideración alguna al valor fiscal o al valor de mercado del inmueble, de manera que si un contribuyente es propietario de un predio con un valor determinado por el cual pagó su impuesto predial en el ejercicio anterior y después realizó una obra de construcción por la que se incrementó el valor de su inmueble en un 25%, al año siguiente no pagará la tarifa que resulte de aplicar la tasa al valor fiscal de su propiedad, sino cuando mucho un 20% más de lo que pagó en el ejercicio inmediato anterior. Por contrapartida, otro contribuyente con un predio de un valor similar al que originalmente tenía el del primero, deberá tributar conforme a la aplicación de la tasa al valor fiscal de su inmueble si éste no sufrió variación en su valor. De lo anterior se sigue evidentemente una aplicación inequitativa del tributo, que beneficia a quien tiene una mayor capacidad de contribuir, quien ya no lo hará en razón del valor de su inmueble sino en razón del impuesto que hubiere pagado conforme a los valores del año inmediato anterior. Así lo estableció este Tribunal en Pleno en la tesis que a continuación se invoca. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P. LXXIII/2000, página 33. ‘PREDIAL. LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE FIJAN LA BASE DEL TRIBUTO RELATIVO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). b) Porque permite la determinación del impuesto al margen de la base del mismo que, de acuerdo con la fracción IV del artícul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19360-e53b8614/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. EL QUE TENGA COMO ATRIBUCIÓN PROMOVER LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y RESPETO AL DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO NÚMERO SFA/0442/04, DE 27 DE ENERO DE 2005, A TRAVÉS DEL CUAL EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE U (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (683)
- LEGALIDAD. LA APLICACION INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA CONTROVERSIA SOBRE CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE. (III. 1o. A. J/8)
- INTERPRETACIÓN DE LA NORMA. POR SER UN ACTO JURISDICCIONAL, NO ES FACULTAD DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL NI DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA ANALIZARLA A TRAVÉS DEL PROC (XVI.5o.11 A)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIA (65)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis