INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. EL QUE TENGA COMO ATRIBUCIÓN PROMOVER LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO LO COLOCA POR ENCIMA DE LOS PODERES ESTATALES NI DISMINUYE SU ESFERA DE COMPETENCIA. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. SU CREACIÓN COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO ENCARGADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, ES CONSTITUCIONAL. MUNICIPIOS. SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN LOCAL ES ÚNICAMENTE PARA VALIDARLAS CON SU VOTO, PERO NO PARA MODIFICARLAS O REVOCARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES LOCALES. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2005. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el seis de mayo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gustavo González Hernández, quien se ostentó con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco, en representación del propio Municipio, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado. 1) El Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Hidalgo número 222, colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 2) Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad que promulgó la ley materia de la presente controversia quien tiene su domicilio legal en el Palacio de Gobierno, sito en la calle Corona sin número, esquina con Morelos, en la colonia Centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubiere publicado: 1) Se le demanda al Congreso del Estado de Jalisco, la aprobación de: a) Decreto Número 20862, por el cual aprueba la adición de un párrafo al artículo 4o. y reforma los artículos 8o. 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. El decreto en mención fue aprobado por el ahora demandado, con fecha 16 de diciembre del año 2004 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con fecha 26 (veintiséis) de marzo del año 2005. Se demanda la invalidez de tales normas generales por ser inconstitucionales tal como más adelante señalo. b) Acuerdo Número 837/05 de fecha 10 de marzo del año 2005, mediante el cual se declara aprobado conforme al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la minuta de Decreto Número 20862, por el cual aprueba la adición de un párrafo al artículo 4o. y reforma los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, toda vez que fue aceptada de forma expresa por 25 Ayuntamientos y de forma tácita por 99 Ayuntamientos; por lo anterior declara que la reforma forma parte de la Constitución Política del Estado de Jalisco y ordena enviarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la minuta de decreto que contiene la citada reforma, junto con la referida declaratoria para su promulgación y entrada en vigor. El acuerdo en mención fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha diez de marzo del año 2005 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con fecha 26 de marzo del año 2005. Se demanda la invalidez de tales actos que establece como aprobadas las normas generales señaladas, por ser éstas inconstitucionales tal como más adelante señalo. c) Decreto Número 20867 por el cual se aprueba la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, reforma diversos artículos de la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, reforma los artículos 112 y 113 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. El decreto en mención fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 16 de diciembre del año 2004 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con fecha seis de enero del año 2005. Se demanda la invalidez de tales normas generales por ser inconstitucionales tal como más adelante señalo. 2) Se le demanda al gobernador del Estado de Jalisco, titular del Poder Ejecutivo Estatal por haber promulgado y publicado: a) La promulgación y publicación de la adición a un párrafo al artículo 4o. y reforma de los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, contenidas en el Decreto 20862 de fecha 16 de diciembre del año 2005 (sic). La publicación de dicho decreto se realizó por el ahora demandado con fecha veintiséis de marzo del año 2005 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Se demanda la invalidez de tales actos que promulgan y publican las normas señaladas, por ser éstas inconstitucionales tal como más adelante señalo. b) La promulgación y publicación del acuerdo legislativo número 837/05 de fecha diez de marzo del año 2005, mediante el cual el Congreso del Estado declara aprobada la minuta de Decreto Número 20862 de fecha dieciséis de diciembre del año 2004, por el cual se adiciona un párrafo al artículo 4o. y reforma los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. La publicación de dicho acuerdo se efectuó por el ahora demandado con fecha veintiséis de marzo del año 2005 por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Se demanda la invalidez de tales actos que publican la declaración de aprobación de las normas generales señaladas, por ser éstas inconstitucionales tal como más adelante señalo. c) La promulgación y publicación del Decreto Número 20867 por el cual se aprueba la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, reforma diversos artículos de la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, reforma los artículos 112 y 113 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. El decreto en mención fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 16 de diciembre del año 2004 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con fecha seis de enero del año 2005. Se demanda la invalidez de tales normas generales por ser inconstitucionales tal como más adelante señalo."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"I. Bajo protesta de decir verdad, que según se desprende del Acuerdo Legislativo 837/05 aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, los antecedentes de la inconstitucional reforma que ahora se impugna, son los siguientes: a) Iniciativa de ley que reforma la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, presentada el 11 de marzo de 2004 por el diputado Ricardo Ríos Bojórquez. b) Iniciativa de ley denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, presentada el 11 de marzo de 2004, por los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura. c) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; expide la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco; el artículo 112 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, la Ley de Protección al Medio Ambiente; el artículo 7o. de la Ley de Educación; el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como los artículos 7o., 7o. B, 7o. C, 36 y 38 de la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, presentada el 22 de enero de 2004 por el diputado Enrique Ibarra Pedroza y returnada el 7 de mayo de 2004. d) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Libre y Soberano de Jalisco, presentada el 20 de mayo de 2004 por el diputado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández. e) Iniciativa de decreto que crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco, presentada el 23 de noviembre de 2004 por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. f) Que el Congreso del Estado de Jalisco en sesión del día 16 de diciembre del año 2004 aprobó por mayoría calificada de votos, el dictamen de decreto presentado por las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y de Participación Ciudadana y Acceso a la Información el cual adiciona un párrafo al artículo 4o. y reforma los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. El citado decreto fue publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha 26 (veintiséis) de marzo del año 2005. g) El Congreso del Estado aprobó el acuerdo número 837/05 en sesión de fecha 10 de marzo del año 2005, mediante el cual se declara aprobado conforme al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la minuta de Decreto Número 20862, por el cual aprueba la adición de un párrafo al artículo 4o. y reforma los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, toda vez que fue aceptada de forma expresa por 25 Ayuntamientos y de forma tácita por 99 Ayuntamientos. El acuerdo fue publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha 26 de marzo del año 2005. h) El Congreso del Estado aprobó el Decreto Número 20867 por el cual se aprueba la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, reforma diversos artículos de la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, reforma los artículos 112 y 113 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. El decreto en mención fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 16 de diciembre del año 2004 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha seis de enero del año 2005."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son, los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Son inconstitucionales las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente del Estado de Jalisco a la fracción VI del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco que derivan de dichas reformas contenidas en los Decretos 20862 y 20867, en virtud de que violan los principios establecidos por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 133 de nuestra Ley Suprema, en virtud de que con dicha reforma se atenta en contra del principio de división de los poderes públicos estatales con la creación de un organismo constitucional autónomo. El artículo 116 de nuestra Carta Magna señala lo siguiente: ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’. De este dispositivo constitucional se desprende que el poder público de los Estados se divide en tres órganos de poder, lo que conocemos en la teoría constitucional como el principio de separación de órganos de poder. Así, todo ente u órgano de carácter público, debe pertenecer o formar parte, de cualquiera de estos tres poderes. Este sistema, que tiene sus orígenes en el pensamiento político griego y que evoluciona hasta alcanzar su enunciación clásica mediante las ideas de Carlos Luis de Secondat, Barón de Montesquieu; sin embargo, ha continuado evolucionando. Como consecuencia de dicha evolución, en la actualidad dentro de la teoría del derecho constitucional se ha reconocido la necesidad de crear nuevos organismos que no pertenecen, precisamente, a los tres poderes clásicos. Esta evolución del citado principio constitucional ha permeado nuestro sistema jurídico y así, nuestra Constitución Federal contempla ahora, organismos públicos o constitucionales autónomos, mismos que no son creados por el legislador ordinario, sino por el propio Constituyente Permanente y cuyo atributo principal es precisamente no formar parte de los tres órganos de poder clásico, es decir, ser formal y materialmente independientes de ellos, pero sin que se encuentren en un nivel superior jerárquico. Ejemplo de lo anterior son el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este es el esquema federal y respecto de las entidades federativas se aplica de la misma forma, sólo que es la propia Constitución Federal, la que autoriza en determinados casos, la creación de este tipo de organismos, por ser precisamente una excepción al principio básico de organización del poder público contemplado en el artículo 116, para todas y cada una de las entidades federativas unidas por el Pacto Federal. En efecto, los organismos públicos autónomos que las entidades federativas pueden crear, se encuentran establecidos estrictamente en la Carta Magna y son los siguientes. ‘Artículo 116. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.’. ‘Artículo 102. ... B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.’. Precisamente en base a estos artículos, el Constituyente Permanente de Jalisco, creó el Consejo Electoral del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y creando los Tribunales Electoral y de lo Administrativo, incorporó estos últimos al Poder Judicial. Sin embargo, en la Constitución Federal no existe autorización legal para que las entidades federativas creen otros órganos de poder diversos a los estrictamente señalados con antelación; es decir, la Ley Fundamental no autoriza la creación de un órgano constitucional autónomo denominado Instituto de Transparencia e Información Pública. Ahora bien, es necesario señalar que la creación de órganos públicos autónomos implica un desgajamiento o debilitamiento de los tres poderes públicos que conforman al gobierno y que, por tanto, dicha cuestión se ha constituido como una excepción necesaria a la regla general. Por su parte, el Constituyente Permanente Estatal, mediante los Decretos Números 20862 y 20867 aprobó la reforma a los artículos 8o., 9o., 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y la creación de la Ley de Transparencia e Información Pública, respectivamente. Mediante la citada reforma se aprobó la creación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y su elevación al rango constitucional. El artículo 9o., fracción VI, de la Ley Fundamental Estatal, cuya reforma se aprobó por el Constituyente mediante Decreto 20862, así como el artículo 36 de la ley creada mediante Decreto Número 20867 disponen lo siguiente: Constitución Política del Estado de Jalisco. ‘Artículo 9o. El derecho a la información pública tendrá los siguientes fundamentos: ... VI. La promoción de la cultura de transparencia, la garantía de derecho a la información y la resolución de las controversias que se susciten por el ejercicio de este derecho a través del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. El instituto es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con un consejo conformado por un presidente y cuatro consejeros ciudadanos titulares, así como por los suplentes respectivos; los miembros del consejo serán nombrados mediante el voto de dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, o por insaculación, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. El instituto tendrá las atribuciones específicas que la ley le otorgue; sus resoluciones serán definitivas e inatacables, vinculantes y deberán ser cumplidas por los poderes, entidades y dependencias públicas del Estado, Ayuntamientos y por otro organismo, público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos estatales o municipales.’. Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. ‘Artículo 36. El instituto es un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. No se encontrará subordinado a ninguna autoridad para los efectos de sus resoluciones y éstas serán de naturaleza vinculante y definitiva para los sujetos obligados. No tendrán más restricciones a sus atribuciones, facultades y competencias que las señaladas por la Constitución Política del Estado de Jalisco y las demás disposiciones legales en la materia.’. De los textos anteriores se concluye que el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco se ha constituido como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que, dada su autonomía y al ser sus resoluciones definitivas, inatacables, vinculantes y obligatorias para los poderes, entidades y dependencias públicas del Estado y todos los Ayuntamientos, pareciera que pretende colocarse por encima de los tres órganos del Poder Estatal. Lo anterior, queda por demás demostrado con las disposiciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, concretamente las establecidas por las fracciones VI, XI, XII, XIII y XIV, que textualmente señalan lo siguiente: ‘Artículo 46. El instituto a través del consejo tendrá las siguientes atribuciones: ... VI. Hacer del conocimiento del titular de las unidades de transparencia e información, de los comités, de los titulares, de los sujetos obligados o de los titulares de cada una de las entidades que, de acuerdo a la normatividad aplicable, conforman la estructura orgánica de los sujetos obligados, según corresponda, las infracciones a las disposiciones de la ley, así como proponer la sanción aplicable y dar seguimiento a la misma; ... XI. Establecer los lineamientos generales para la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial así como revisar, de oficio o a través de la revisión oficiosa o del recurso de revisión, la correcta clasificación de la misma por parte de los sujetos obligados; XII. Establecer los lineamientos generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información confidencial en posesión de los sujetos obligados; XIII. Establecer los lineamientos generales sobre la forma, proceso y actualización de la información fundamental; XIV. Conocer y resolver, en los términos de la ley, los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y las negativas de información que decida conocer oficiosamente; ... XVII. Fomentar entre los sujetos obligados, la obligación de elaborar su reglamento en materia de transparencia e información pública y, en su caso, elaborar normas reglamentarias base que los sujetos obligados puedan adoptar en caso de no contar con su reglamento.’. Como puede apreciarse de los dispositivos antes transcritos, mediante la reforma combatida no sólo se coloca al instituto por encima de los Poderes Estatales sino que además se pretende disminuir las facultades de éstos para otorgárselos al instituto, y esto aplica para ellos y para los 124 Ayuntamientos del Estado. Tal es el caso de la facultad de establecer lineamientos generales para la clasificación, desclasificación, manejo, mantenimiento, seguridad y protección de información reservada y confidencial, cuestión que única y exclusivamente le corresponde al Poder Legislativo y sólo a través de la legislación ordinaria, dado que de no ser así, se le estarían otorgando a un órgano que no pertenece a alguna de las ramas del gobierno, facultades discrecionales para legislar en esta materia. Otro claro ejemplo de subrogación de facultades que le competen a uno de los tres Poderes Estatales es en el caso de la facultad de resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y las negativas de información, en virtud de que se le están otorgando a este instituto facultades material y formalmente jurisdiccionales, puesto que la teoría general del derecho administrativo señala que para la impugnación de actos administrativos, cuando se busca que estos se revoquen o se modifiquen, se ocurre ante la propia autoridad que los emitió o su superior jerárquico, o bien, ante un órgano distinto; en el primer caso, nos encontramos ante la figura del recurso administrativo, mientras que en el segundo caso se trata del juicio de nulidad. Al referirnos al Instituto de Transparencia e Información Pública, queda claro que a éste se le otorga la facultad de confirmar, modificar o revocar, de forma definitiva e inatacable, un acto administrativo emitido por una autoridad distinta de la cual, se supone, no existe superioridad jerárquica ya que pertenecen a distintos órdenes; sin embargo, en el fondo, esto no es más que la facultad jurisdiccional que tiene el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sobre los actos administrativos que emiten las demás autoridades que forman parte del Gobierno Estatal. Es por lo anterior, que es obvio que el instituto creado, como un órgano público autónomo, ha colocado por encima de los Poderes Estatales y se le han otorgado facultades que única y exclusivamente le competen a éstos. Sin embargo, como lo señalamos anteriormente en primer término, el Constituyente Permanente Local está impedido para crear nuevos órganos de poder, ya que lo anterior implicaría una violación del artículo 116 de la Constitución Federal, sobre todo dadas las facultades que se le están dando al instituto propuesto, y que pareciera lo buscan colocar, por encima de los tres órganos de poder estatales y que, incluso, a costa de su debilitamiento, se le otorgan facultades que única y exclusivamente le compete a éstos. A nivel Federal el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mediante dicho cuerpo normativo se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como el encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Aunque las facultades que le fueron transferidas a este instituto son similares a las establecidas para el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el primero se constituyó como un órgano de la administración pública federal y, por tanto, a pesar de que cuenta con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, es dependiente del Poder Ejecutivo de la Federación y sus decisiones únicamente son obligatorias para éste, pero no así para los demás poderes y órganos autónomos. Lo anterior, nos lleva a concluir, que ninguno de los organismos constitucionales autónomos puede asumir funciones que los lleven a colocarse por encima de los tres poderes constituidos y a contar con facultades que no puedan ser recurridas ante los tribunales competentes. De igual forma, nos lleva a destacar nuevamente, que la presente reforma no sólo representa un debilitamiento el poder público estatal, como ya se dijo, sino una violación clara y contundente del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente como ya se señaló, a la estructura básica y fundamental que deben seguir las entidades federativas en cuanto a la estructuración del poder político. Segundo concepto de invalidez. La reforma contenida en el Decreto Número 20862, por el cual se modifican diversos artículos de la Constitución Política del Estado, así como el Decreto 20867 mediante el cual se expide la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, al ordenar la creación del organismo constitucional autónomo, vulnera los preceptos constitucionales dispuestos por la fracción I del artículo 115 de nuestra Constitución Federal que dispone que: ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.’. I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia ha dado una interpretación al concepto de autoridad intermedia que aquí se debate, al emitir las siguientes resoluciones: ‘AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. El análisis de los antecedentes históricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibición de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeció a la existencia previa de los llamados jefes políticos o prefectos, que política y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos y tenían amplias facultades con respecto a estos últimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de éstos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominación, lesione la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno.’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la prohibición de «autoridad intermedia» a que se refiere la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a situaciones de hecho, según informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como «jefes políticos» que detentaban un poder real y de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumplían las órdenes de éste y servía para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acción y centralización. Tomando en consideración lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, órgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisión, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aquéllos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicación directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustitución o arrogación de sus facultades.’. ‘AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 13, 14, 44, 57 y 82, fracción II, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, son violatorios de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe las autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios. Lo anterior en virtud de lo siguiente: a) Los citados preceptos de la Ley prevén los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal como autoridades
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19778-93826dfc/instituto-de-transparencia-e-informacion-publica-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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