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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE NO ES VINCULANTE PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 92, FRACCIÓN IV, 210, 211, 212, 219 Y 220 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL REGULAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO VULNERAN LA AUTONOMÍA DE AQUEL PODER.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2005. · Registro digital (IUS): 20573
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1104.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2005. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de enero de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veinte de enero de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Higinio Ramiro Ramos, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de esa entidad, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"A. Del Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco, demando la invalidez de: A1. Decreto 20,504 del Congreso del Estado de Jalisco, publicada (sic) en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de fecha 7 siete de febrero de 2004, mismo que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, respecto del cual tuve conocimiento, en cuanto a su primer acto de aplicación, el día 14 catorce de enero de 2005, de esa misma fecha, remitido por el Magistrado presidente del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por medio del cual se hace del conocimiento por mi conducto, del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el contenido del oficio OF-DPL-1252/LVII, de fecha 11 once de enero de 2005, suscrito por el maestro Gabriel Gallo Álvarez, en su carácter de secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, comunicación a través de la cual, supuestamente, se remitieron al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, los Acuerdos Parlamentarios 737, 738, 739, 740 y 741, todos /05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a los ciudadanos licenciados Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Antonio Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia Carranza, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. A2. La confección y la expedición de los denominados Acuerdos Parlamentarios 737, 738, 739, 740 y 741, todos /05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a los ciudadanos licenciados Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Antonio Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia Carranza, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, fechados el día 7 siete de enero de 2005; así como todos y cada uno de los demás acuerdos que ya hubiera dictado o que pronuncie en lo futuro, de los cuales hasta la fecha de interposición de esa controversia desconozco su fecha y contenido, por lo que me reservo el derecho de ampliarla cuando tenga conocimiento de su texto íntegro o se me haga entrega de copia de ellos. Decretos parlamentarios que deben ser publicados en el Periódico Oficial de Jalisco ‘El Estado de Jalisco’; y en cuanto sea posible obtenerlos exhibiré ante ese Máximo Tribunal. B. Del Poder Ejecutivo de Jalisco demando la invalidez de la publicación del decreto y acuerdos parlamentarios reclamados en los puntos A1 y A2 al Congreso del Estado de Jalisco."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"... El Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en los términos de lo previsto en la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad, debe funcionar actualmente en Pleno, o en Salas, con la presencia de un mínimo de 6 Magistrados. 2. El total de los integrantes del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de Jalisco, fue señalado mediante Decreto Número 17,178 de la Legislatura Local, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de fecha 10 de marzo de 1998, en cuyo artículo primero se precisó que serían Magistrados los señores licenciados Manuel Hermosillo Allende, Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia. Decreto que, según quedó establecido en el mismo, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esto es el día 11 once de marzo de 1998. 3. Los nombramientos que como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, expidió a favor de las personas antes mencionadas el Congreso de la entidad, fueron dados por el término de siete años, tal como lo disponen la Constitución del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 4. Es de considerarse que, si la designación de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo debe ser por el término de siete años, contados a partir de la protesta del cargo conferido, según lo disponen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco y el decreto que designó a los mismos funcionarios entró en vigor a partir del día 11 once de marzo de 1998, el término de la vigencia de los nombramientos expedidos a favor de las personas referidas, debería considerarse extinto a partir del día 10 diez de marzo de 2005, fecha en la cual habrían transcurrido los términos de vigencia de los nombramientos expedidos por la Legislatura Local. No obstante que las mismas personas hubieran rendido protesta de cumplir con sus respectivos encargos antes de la fecha mencionada (11 de marzo de 1998); toda vez que aunque se hubiese rendido protesta del puesto encomendado, con anterioridad a la fecha de la designación, ésta no podría haber surtido efectos hasta en tanto no hubiese entrado en vigor el decreto que contenía el nombramiento de los funcionarios en cita. 5. El Congreso de Jalisco, expidió los Decretos Números 16,541 y 19,674, publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, correspondiente a los días 28 de abril de 1997 y 13 de marzo de 2003; supuestamente aprobados por la mayoría de los Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios integrantes del Estado de Jalisco, por medio de los cuales reformó y adicionó diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por otra parte, la Legislatura Local expidió los Decretos Números 16,594 y 19,960, publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, correspondiente a los días 1o. de julio de 1997 y 1o. de mayo de 2003, por medio de los cuales expidió y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pretendiendo prolongar en dicha disposición legal las reformas constitucionales que antes había decretado. Con posterioridad, el Poder Legislativo de Jalisco expidió el Decreto 20,504 publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, fechado el día 7 siete de febrero de 2004, el cual contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 6. El Gobernador Constitucional de Jalisco promulgó los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,597 y 19,960 de la Legislatura Local, ordenó su publicación en el Periódico (sic) ‘El Estado de Jalisco’, a través de las autoridades de su dependencia. En cambio, el Ejecutivo de la entidad no tuvo participación alguna en la promulgación y aprobación del Decreto 20,504 que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, aunque hubieran sido los órganos de su dependencia quienes realizaron la publicación del mismo en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, toda vez que siendo dicho decreto el que contiene una disposición que rige la vida institucional del Poder Legislativo, ningún otro poder del mismo Estado puede tener injerencia alguna en la misma institución jurídica, en virtud del principio de la división de poderes que rige la vida institucional de nuestro régimen gubernativo, mismo que aparece consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por lo que se refiere a los denominados Acuerdos Parlamentarios 737, 738, 739, 740 y 741, todos /05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a los ciudadanos licenciados Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Antonio Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia Carranza, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco; fechados el día 7 siete de enero de 2005; tampoco los mismos fueron materia de intervención alguna por el Ejecutivo de la entidad. Hecha excepción de la publicación realizada por el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, cuya dirección es una dependencia del gobernador. De manera (sic) que debe considerarse que no existe acto de autoridad ninguno que deba ser materia de reclamación al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la presente demanda de controversia constitucional. Pero, si así no fuere, deberán estimarse como reclamados los actos correspondientes a la publicación de los decretos y acuerdos parlamentarios a que antes se hizo mención, como actos que se impugnan en contra del Gobernador Constitucional del Estado. 7. La expedición, promulgación y publicación de los Decretos Números 16,541, 19,674, 16,594 y 19,960 de la Legislatura Local, efectuadas por el Congreso y el gobernador del Estado de Jalisco; así como sus consecuencias; fueron impugnadas por mí en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, mediante procedimiento de controversia constitucional, mismo que se encuentra identificado actualmente con el número de expediente 09/2004, habiendo sido designado instructor del procedimiento el C. Ministro José Ramón Cossío Díaz. Controversia constitucional que actualmente se encuentra pendiente de resolución. Razón por la cual tales disposiciones de carácter general no son materia de impugnación de la presente demanda de controversia constitucional. 8. El día 14 de enero de 2005, se recibió por conducto de la Oficialía de Partes de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el oficio número 41/2005, fechado el mismo día, suscrito por el Magistrado Eleuterio Valencia Carranza, como presidente del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado, dirigido a mí como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que se me da a conocer la recepción del diverso oficio número OF-DPL-1252/LVII, firmado por el maestro Gabriel Gallo Álvarez, en su carácter de secretario general del Congreso del Estado, por medio del cual se notifica al presidente del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado el contenido de los Acuerdos Parlamentarios 737, 738, 739, 740 y 741, todos /05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a los ciudadanos licenciados Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Antonio Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia Carranza, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. 9. De ese modo, en la fecha señalada, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuya representación me corresponde como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en los términos de lo previsto por el artículo 56, párrafo segundo, de la Constitución Política de Jalisco, quedó enterado del primer acto de aplicación del decreto 20,504 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de fecha 7 siete de febrero de 2004, mismo que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Acto de aplicación que se llevó a cabo en perjuicio del Poder Judicial que yo represento, a través de los denominados Acuerdos Parlamentarios 737, 738, 739, 740 y 741, todos /05, por medio de los cuales se resolvió que no era de ratificarse a los ciudadanos licenciados Félix Andrés Aceves Bravo, Luis Antonio Rocha Santos, José Gabriel Peñaloza Plascencia, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle y Eleuterio Valencia Carranza, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco; fechados el día 7 siete de enero de 2005."

TERCERO. La parte actora adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. Que de conformidad con la Constitución Federal, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad y diversos criterios emitidos por este Alto Tribunal, previamente a iniciar el procedimiento para la ratificación o no de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, resulta indispensable la elaboración de un dictamen de valoración de la actividad desempeñada por el funcionario judicial de que se trate, cuya realización es de la única y exclusiva competencia del Pleno de ese órgano jurisdiccional, como facultad soberana de dicha entidad de gobierno.

Que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco es el único que puede confeccionar el dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación de los Magistrados que lo integran, a efecto de ratificarlos o no; por lo que tal facultad debe realizarse con plena autonomía e independencia, sin participación ni injerencia alguna de ningún otro poder o ente de gobierno.

2. Que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, no prevén procedimiento alguno en virtud del cual el Congreso del Estado pudiera revocar, rechazar, modificar, alterar, cuestionar, revertir o de cualquier manera dejar de atender el dictamen de valoración de la actividad desempeñada por el funcionario judicial de que se trate, cuya realización es de la única y exclusiva competencia del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado.

3. Que el Congreso del Estado de Jalisco, a través del Decreto 20,504, no puede adjudicarse la prerrogativa de ratificar o no a los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo, lo que realiza a través de la expedición de los acuerdos parlamentarios reclamados, por lo que éstos constituyen un acto de intromisión en la esfera que es de exclusiva competencia del poder actor, violentando el principio de división de poderes previsto en la Constitución Federal.

4. Que al Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco le corresponde determinar la reelección o no de sus integrantes a partir de la elaboración de un dictamen técnico de valoración, en el que se califica la actuación de los Magistrados del propio cuerpo colegiado; y con base en dicho dictamen, el Congreso Local deberá decidir la ratificación o no del Magistrado de que se trate; por tanto, es este documento el que debe fincar la decisión de ratificar o no a dichos funcionarios.

Que, por tanto, si el dictamen técnico emitido por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo concluye que el funcionario calificado debe ser ratificado, de esa manera debe resolver el Congreso del Estado, y si decide que no, también así debe resolver dicho Congreso.

Que, por tanto, es inconstitucional que el Poder Legislativo se arrogue la potestad de someter a su propio proceso legislativo el dictamen técnico de valoración de la conducta de los integrantes del Poder Judicial, en este caso, los del Tribunal de lo Administrativo del Estado, para efecto de proceder a la ratificación o no de sus Magistrados.

5. Que el Poder Legislativo al pronunciar los acuerdos parlamentarios reclamados, dejó de tomar en consideración el dictamen técnico de valoración de la conducta de los integrantes del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado, emitido por el Pleno de dicho tribunal, con lo que invadió la esfera competencial de este poder.

Que el Congreso del Estado, en lugar de proceder a determinar la ratificación de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo con base y apego al contenido del dictamen técnico de valoración confeccionado por el Pleno de dicho tribunal, en el que se contenían los datos e informes necesarios para ello, sometió la determinación de ratificación de los miembros de otro poder a su propio procedimiento legislativo, discutiendo, analizando, redarguyendo los conceptos de su contenido, pidiendo ampliación de la información, solicitando su aclaración y, finalmente, formulando sus propios dictámenes por medio de la Comisión de Justicia, los que sometió a votación del Pleno del propio Congreso para concluir que era el caso de no ratificar a ninguno de los Magistrados.

Que lo anterior pone en evidencia la violación a los principios contenidos en la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, por lo que deben declararse inválidas las acciones reclamadas.

6. Que ni el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco ni la Comisión de Justicia del mismo tienen potestad para formular dictamen por medio del cual se califique la actuación y desempeño de los integrantes del Tribunal de lo Administrativo; y que tampoco la tienen para dejar de tomar en consideración el dictamen técnico elaborado por el Pleno de dicho tribunal.

Que no es óbice para considerar lo anterior que los artículos 61, párrafo tercero, de la Constitución Política y 23, fracción XXVI, parte final, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, faculten al Congreso Local para decidir soberanamente sobre la ratificación o no de los Magistrados integrantes del poder actor, puesto que, por un lado, tales disposiciones no pueden aplicarse en forma retroactiva y, por otro lado, porque al Congreso del Estado no le corresponde la facultad soberana de formular el dictamen de valoración de desempeño de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo, sino únicamente la de ratificarlos o no, de conformidad con lo dictaminado por el Pleno de dicho tribunal.

7. Que los Decretos 19,674 y 19,960 expedidos por el Congreso del Estado de Jalisco, por los que se modifican la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, resultan ser violatorios de la garantía de irretroactividad de las normas jurídicas prevista en el artículo 14 constitucional; puesto que con base en tales decretos, así como en el 20,204, emitido con posterioridad al ingreso y desempeño de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo que no fueron ratificados, la Legislatura Local tramitó una serie de procedimientos que no se encuentran contemplados en la Constitución General de la República ni en la del Estado, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo, para concluir con la emisión de los acuerdos parlamentarios cuya invalidez se demanda.

8. Que no puede dejarse al arbitrio del Congreso Local la designación de funcionarios judiciales, puesto que bastaría que dicha legislatura modificara los términos o condiciones bajo los cuales deben ser nombrados para que éstos quedaran sujetos a las nuevas disposiciones, y con ello, a que se les ratificara o no en sus puestos, como en el caso, permitiendo que se evada atender y considerar la potestad que le corresponde al Pleno del Tribunal de lo Administrativo de la entidad para dictaminar sobre la ratificación o no de sus integrantes.

Que la ratificación de los funcionarios integrantes del Poder Judicial del Estado, una vez instaladas las instituciones que lo integran, no puede quedar sujeta a las modificaciones que a la ley o a la Constitución Local haga el Poder Legislativo de la entidad, porque ello entrañaría la violación de las garantías individuales y sociales consagradas en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución General de la República, cuyo propósito es la salvaguarda de la independencia y autonomía del Poder Judicial.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son: 14, 16, 17, 25, 26 y 116, fracción III.

QUINTO. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 3/2005, y por razón de turno designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de veinticinco del mismo mes y año, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Congreso del Estado de Jalisco, al contestar la demanda, sustancialmente manifestó:

a) Que la demanda inicial es improcedente porque con los actos impugnados no se afecta la esfera competencial ni la independencia y autonomía del Poder Judicial actor, al haberse emitido en ejercicio de sus atribuciones.

b) Que la controversia constitucional resulta igualmente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los acuerdos parlamentarios impugnados están fundamentados en los Decretos 16,541 y 19,674, por los que se reformó la Constitución Política Local, vigentes desde el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete y el trece de marzo de dos mil tres, respectivamente; 16,594, que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el primero de julio de mil novecientos noventa y siete y 19,960, relativo a este último ordenamiento, publicado el primero de mayo de dos mil tres; decretos que son materia de impugnación en la diversa controversia constitucional 9/2004, promovida por el propio poder actor y con la cual existe identidad de partes y de normas combatidas, asunto que se encuentra pendiente de emitir la resolución correspondiente.

c) Que la demanda es extemporánea, porque considera que la parte actora impugna la validez de los acuerdos parlamentarios con base en que los nombramientos de los Magistrados del tribunal administrativo se extinguían siete años después de la entrada en vigor del Decreto 17,178 (diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho) que integró a dicho tribunal, siendo que la fecha que debe tomarse como base para establecer el plazo de su duración en el encargo, es en la que rindieron la protesta del cargo (veintinueve de enero del año citado), circunstancias que fueron del conocimiento del actor a través de la notificación que le realizó el veintinueve de enero del propio año, por lo que al no haber impugnado en forma oportuna el citado decreto la demanda es improcedente.

d) Que la demanda es improcedente con apoyo en el artículo 37 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a través de esa vía se pretende dilucidar cuestiones de tipo personal de los integrantes del tribunal administrativo del Estado.

e) Que contrario a lo aducido por la parte actora, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, de conformidad con la legislación federal y local aplicables, es quien tiene la facultad de decidir en forma soberana sobre la ratificación o no de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo Local, para lo cual deberá tomar en cuenta, entre otros aspectos, el dictamen técnico que le remita el Pleno de ese órgano jurisdiccional en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño de cada Magistrado.

Que es inexacto que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo cuente con la facultad de ratificación de los Magistrados que lo integran derivado del dictamen técnico que ellos mismos elaboran y a que se refiere la Constitución Local, puesto que dicho documento constituye únicamente una opinión que no tiene efectos vinculatorios para el Poder Legislativo, motivo por el cual deberá reconocerse la validez de los actos controvertidos.

Que la parte actora incurre en una intromisión en la esfera jurídica del poder demandado, puesto que al emitir su opinión a través del dictamen en cuestión, se pronuncia a favor de la continuidad de los Magistrados, cuando la legislación local no le da esa atribución, además de señalar que no existe atribución legal que autorice al Legislativo Local a dejar de atender, revocar o rechazar el mencionado documento, lo cual resulta inexacto.

Que resulta infundado lo que la actora sostiene, puesto que en un proceso de evaluación para la ratificación o no de Magistrados del Poder Judicial Local, no puede estar vedado al poder público que decide tal cuestión analizar todos los elementos que le permitan conocer con mayor objetividad el desempeño de esos funcionarios (de conformidad con el artículo 64, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local), además de aspectos tales como la solvencia moral, honradez, honestidad y espíritu de servicio, aspectos que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, garantizan que los funcionarios judiciales emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como para que la sociedad tenga la certeza de contar con Magistrados capaces y honestos.

Que, por tanto, el proceso de evaluación señalado tiene como fin verificar si la actuación y desempeño de los Magistrados los hace merecedores de continuar en el encargo, y no rebatir el contenido del dictamen técnico formulado por el Pleno del tribunal correspondiente, lo que permite concluir que la evaluación no está limitada a que la información contenida en un dictamen sea cierta o no para decidir en consecuencia.

f) Que los artículos 219 y 220 de la ley impugnada no contravienen disposición constitucional alguna, al no limitar la actividad del Poder Judicial en materia de ratificación, puesto que reiteran las disposiciones constitucionales que lo facultan a presentar ante el demandado un dictamen técnico sobre la actuación del Magistrado correspondiente, por tanto, el hecho de que la actora señale que en el caso se llevaron a cabo procedimientos no establecidos en la ley, resulta infundado.

g) Que contrario a lo señalado por la actora, ni el Congreso del Estado de Jalisco ni la Comisión de Justicia de ese órgano legislativo se arrogaron facultades del poder actor al emitir los acuerdos en los que se evalúa de manera individual a los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo y se resuelve no ratificarlos, puesto que actuaron conforme a las facultades que les otorgan la Constitución y las Leyes Orgánicas de los Poderes Judicial y Legislativo de la entidad.

Que si bien el artículo 92, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local otorga a la mencionada comisión legislativa la facultad de conocer de los asuntos relacionados con la elección y ratificación de los Magistrados del tribunal administrativo local, esto no hace suponer que dicho precepto transfiera a ésta la facultad de emitir el dictamen técnico que corresponde al Poder Judicial, puesto que dicha comisión responde a la necesidad de organización interna del poder demandado para que pueda realizar sus facultades.

h) Que es improcedente el concepto de invalidez en el que la parte actora señala que los Decretos Legislativos 19,674, 19,594, 19,960 y 16,541, por los que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, son violatorios de la garantía de irretroactividad, puesto que no constituyen actos reclamados en este procedimiento constitucional, sino en uno diverso que se encuentra pendiente de resolución; no obstante, dichos decretos no vulneran la mencionada garantía.

SÉPTIMO. El gobernador del Estado de Jalisco, al contestar la demanda, manifestó en síntesis lo siguiente:

"Es cierto que el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco por conducto del secretario general de Gobierno ordenó la publicación del Decreto Número 20,504 que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha 7 de febrero del año 2004. Asimismo, se señala que se ordenó la publicación de los acuerdos parlamentarios 737/05, 738/05, 739/05, 740/05 y 741/05, que (sic) fueron publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha 25 de enero del año 2005. Lo anterior se realizó atendiendo a lo dispuesto en los artículos 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y 30, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, sin embargo, se estima que la publicación del decreto y de los acuerdos parlamentarios señalados, no contravienen ninguna disposición legal, en virtud de haberse actuado dentro del marco de las disposiciones legales correspondientes, sin que ello implique violación constitucional alguna, toda vez que en dichos actos se actuó dentro del margen de la ley, con la finalidad de la publicación, fue la de dar a conocer los actos jurídicos que son de interés general. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial siguiente: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, tesis P. C/97, página 162, Materia Constitucional. ‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.’."

OCTAVO. Mediante oficio presentado el nueve de marzo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Higinio Ramiro Ramos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de ese Estado, amplió su demanda contra los actos de las autoridades que a continuación se indican:

"A. Del honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco, demando la invalidez de: A.1. ... A.2. ... A.3. El acuerdo legislativo identificado con el número 814/05, aprobado en la sesión de fecha 15 de febrero de 2005, que deberá ser publicado en el Periódic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20573-cc9abb1f/magistrados-de-los-poderes-judiciales-locales-requisitos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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