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Modo: Corpus Pro

HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2004. · Registro digital (IUS): 18588
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1054.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2004. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gustavo González Hernández, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en representación de ese Ayuntamiento contra actos del Congreso y del gobernador constitucional de ese Estado.

El acto cuya invalidez se demanda se identifica con el Decreto Número 20,347, publicado el día dieciocho de diciembre de dos mil tres en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el cual contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. De esta ley se reclaman, en particular, los artículos 25, fracción III, incisos d) y f), y 29, fracción XII. Dichos artículos disponen textualmente lo siguiente:

"Artículo 25. Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y de acuerdo a la tarifa que resulte de aplicar las bases, tasas y cuotas fijas a que se refiere este capítulo:

"...

"III. Predios urbanos:

"...

"d) Predios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, el: 0.21 bimestral al millar.

"...

"f) Predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, el: 0.75 bimestral al millar.

"...

"A las cantidades determinadas mediante la aplicación de las tasas señaladas en los incisos d), e) y f), se les adicionará una cuota fija de $6.00 bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar. ..."

"Artículo 29. A los contribuyentes que se encuentran dentro de los supuestos que se indican en los incisos d) de la fracción II, y d), e), y f) de la fracción III, del artículo 25, se les otorgarán con efectos a partir del bimestre en que sean entregados los documentos completos que acrediten el derecho, los siguientes beneficios:

"...

"Para el caso de los predios construidos o (sic) edificados y que se incremente su valor fiscal con motivo de una valuación masiva o que se encuentren tributando con las tasas a que se refieren los incisos d) de la fracción II y d), e) y f) de la fracción III, del artículo 25 de esta ley, y cuyo valor fiscal no sea mayor de $500,000.00, el incremento en el impuesto predial a pagar no será superior al 10% de lo que resultó en el año fiscal inmediato anterior. Si los predios referidos registran valores fiscales entre $500,001.00 a $1'000,000.00 el incremento en el impuesto a pagar no será mayor al 15% de lo que resultó en el año fiscal inmediato anterior, y para el caso de predios edificados con un valor fiscal entre $1'000,001.00 a 2'000,000.00, el incremento en el impuesto a pagar no será mayor al 20% de lo que resultó en el año fiscal inmediato anterior."

Del gobernador del Estado y del director del Periódico Oficial del Estado se demandan, respectivamente, la promulgación y publicación del decreto que contiene la citada ley.

SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

a) El veintisiete de noviembre de dos mil tres, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Decreto Número 20,347, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, el cual fue promulgado por el gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el dieciocho de diciembre de dos mil tres.

b) En el artículo 29, fracción XII, de la ley citada, se establecieron porcentajes máximos de incremento al impuesto predial a pagar en el Municipio de Guadalajara. Con ello, se arriba a una situación en la que el cálculo del impuesto se realiza sin que exista referencia alguna a la que debe ser la base del mismo de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal. Además, se dejan de aplicar las tasas y cuotas fijas previstas en la propia Ley de Ingresos, lo cual conculca diversos principios constitucionales y legales en materia tributaria.

c) En la misma fecha -veintisiete de noviembre de dos mil tres- el Congreso del Estado de Jalisco aprobó otras leyes en materia de ingresos para distintos Municipios, entre ellos, la del Municipio de Zapopan, en la cual estableció tarifas en materia de impuesto predial mayores que las aprobadas para el Municipio de Guadalajara.

TERCERO. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por la parte actora.

A. En relación con el artículo 29, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio de dos mil cuatro, se alega lo siguiente:

a) Este precepto viola lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, que establece que los Municipios percibirán, en todo caso, "las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles". El artículo referido priva al Municipio actor de su derecho a percibir contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria calculadas sobre la base de valores justos, pues aunque el Ayuntamiento propuso al Congreso del Estado una propuesta de valores-base, ésta fue alterada por aquél al imponer límites al incremento del impuesto y determinar que la base del mismo sea el impuesto pagado en el ejercicio anterior, y no el valor fiscal de los inmuebles.

La fracción XII del artículo 29 de la Ley de Ingresos impugnada, establece límites en el impuesto predial a pagar no sólo para el caso de predios que se ven afectados por una valuación masiva, sino también para el de aquellos predios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y sobre los no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de la ciudad cuyo valor se determine en los términos de la ley citada. La consecuencia final es que el tributo correspondiente es ahora resultado de la aplicación de un determinado factor porcentual sobre el impuesto pagado el año anterior, lo cual ignora el valor real de los inmuebles o su posible cambio de valor a raíz de una valuación masiva, privándose al Municipio de las contribuciones derivadas del cambio de valor fiscal de los inmuebles. Todo ello resulta violatorio de la libertad hacendaria municipal consagrada en la fracción IV del artículo 115 constitucional.

b) El precepto a estudio viola lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, que establece que "Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público."

La violación se produce porque el establecimiento de límites al incremento del impuesto predial opera en la práctica como un verdadero subsidio para los contribuyentes, ya que cuando se incrementa el valor de las propiedades de un ejercicio fiscal a otro, el Ayuntamiento no puede recaudar el monto resultante de aplicar la tasa establecida en la Ley de Ingresos a la base gravable -el valor fiscal de inmueble-, si ese resultado excede del porcentaje marcado como límite respecto del impuesto resultante del ejercicio anterior.

El actor señala que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos, y que deben atender efectivamente a la capacidad contributiva, de ahí que las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria tengan como elemento determinante el valor de los bienes y sus construcciones, y de ahí que el precepto constitucional arriba transcrito impida a las Legislaturas Estatales otorgar subsidios y exenciones respecto de los mismos. Al establecer la ley impugnada límites al impuesto predial que se calcula en relación con el impuesto pagado en el año anterior, sin atender al incremento de valor que los bienes hayan podido experimentar, se está dando un subsidio a ciertos contribuyentes que no se justifica a la luz del artículo constitucional invocado.

El actor sugiere que el propio Congreso del Estado admitió implícitamente la importancia de los principios que ahora viola cuando se hizo la adecuación de la legislación estatal a las reformas del artículo 115 de la Constitución Federal. En aquella ocasión, el Congreso del Estado estableció en el artículo 55 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco que "Dentro del proceso legislativo, en tratándose de aprobación de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado sólo tendrá facultades de aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, tendrá facultades de realizar modificaciones a los valores contenidos en el proyecto presentado mediante la iniciativa respectiva. ...", al ser los Municipios los que cuentan con los elementos técnicos necesarios para determinar los valores que pueden servir de base al cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y porque cualquier modificación que introduzca el Congreso del Estado representa un detrimento para las finanzas municipales.

El actor recuerda además que la reforma de mil novecientos noventa y nueve, al establecer que las tablas de valores unitarios y del suelo serían propuestas por los Ayuntamientos, buscó reforzar los ingresos propios municipales y reafirmar la prohibición de que se establecieran subsidios en relación con dichas contribuciones. En su opinión, el artículo impugnado viola lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el cual se reformó el artículo 115 constitucional, en el año citado, el cual dispone que "Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad."

c) El precepto transgrede también lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, antepenúltimo párrafo, de la Carta Magna, que establece que "Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales ... las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.". Ello es así, porque la imposición de los límites legales disputados a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria hace que dichos impuestos ya no se determinen tal como lo prescribe la Constitución. Mientras que la Constitución establece que la base del impuesto a la propiedad inmobiliaria son las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara establece que dicha base se determinará tomando en cuenta el impuesto resultante del año anterior. De este modo se altera en perjuicio de la hacienda municipal el esquema que el Constituyente Permanente diseñó para la determinación del hecho imponible del impuesto predial. El elemento cuantitativo del tributo fijado por la ley impugnada deja de tener congruencia con la base gravable real, pues el valor unitario del suelo y las construcciones debe asemejarse al valor comercial del inmueble, lo que no sucede al introducirse este elemento enteramente ajeno a aquél.

d) El artículo referido viola en perjuicio de la hacienda municipal el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal. Mientras que la propia Constitución de la República, la Constitución de Jalisco y la legislación secundaria aplicable establecen que la base gravable del impuesto predial debe ser el valor fiscal, la Ley de Ingresos combatida lo desconoce y establece un mecanismo de determinación que atiende a elementos no establecidos en la propia Ley de Ingresos, como es el impuesto predial pagado en el ejercicio fiscal anterior.

El actor señala que aunque es cierto que el Congreso del Estado tiene facultad para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, también tiene la responsabilidad de respetar el principio de reserva de ley cuando regula los tributos, para lo cual debe cuidar que todos los elementos esenciales de los mismos queden perfectamente consignados en la misma. De lo contrario se perjudica a las haciendas municipales, porque se les resta capacidad de recaudación y seguridad jurídica en relación con la determinación de sus impuestos. En el caso, de poco sirve que las normas constitucionales y legales aplicables establezcan que la base gravable es el valor fiscal, si la Ley de Ingresos remite a un elemento que no consta en la misma, como es el impuesto pagado por los contribuyentes en el año anterior.

e) Se vulnera también el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que establece el principio de proporcionalidad y equidad de las contribuciones, porque la determinación del impuesto combatido no atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. El actor señala que el impuesto predial es un tributo ligado a la propiedad inmobiliaria que toma como referencia, por disposición constitucional, los valores unitarios del suelo y de las construcciones establecidos en las tablas aprobadas anualmente por las Legislaturas Locales, las cuales deben reflejar los valores de mercado, para poder así establecer una base gravable que tenga conexión con el potencial económico de las personas. Por ello, si la relación con la capacidad contributiva se establece mediante el valor de los inmuebles cuando la misma no se toma en cuenta para la determinación del impuesto, el resultado es una contribución inequitativa, porque predios de valores iguales o similares recibirán tratamientos distintos, al tiempo que predios con valores distintos pueden recibir un tratamiento igual.

Según el actor, se puede dar el caso de que alguien haya realizado mejoras a su inmueble y, sin embargo, pague un predial determinado en relación con el impuesto pagado conforme a los valores del año inmediato anterior, no conforme al valor actual de ese inmueble, lo cual otorga un beneficio inequitativo y desproporcionado a quien tiene mayor capacidad económica. El actor transcribe la tesis LXXIII/2000, del Pleno de esta Suprema Corte, derivada del amparo en revisión 2482/96, en la que se afirmó que:

"... para que el impuesto predial sea proporcional, es menester que el monto a pagar corresponda, en términos generales, al valor del predio, cualquiera que sea el procedimiento empleado para determinar ese valor, siempre y cuando éste se ajuste a la realidad. Sin embargo, los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de referencia, señalan que para calcular el impuesto predial se considerará como base el monto total del pago anual efectuado por este mismo concepto en el ejercicio anterior, lo que podría llevar al extremo de que, transcurridos varios ejercicios, el monto del impuesto no guarde correspondencia ni siquiera lejana con el valor del predio, y que los contribuyentes estén obligados a pagar una suma que no se encuentra en proporción directa con la riqueza que los hace aptos para contribuir al gasto público, esto es, con el valor real del predio; entonces esa técnica para el cálculo del impuesto relativo constituye una clara violación al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sobre todo si se observa que de un ejercicio a otro pueden producirse variaciones significativas en el valor de los predios, de modo tal que la ley debe prever los mecanismos que permitan al contribuyente demostrar, para efectos de ajustar el impacto de la carga tributaria a su capacidad real, el incremento de valor o demérito de los predios de su propiedad, lo que no sucede en la especie, y lleva a considerar la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Ingresos en mención."

f) El actor señala que el principio constitucional de equidad tributaria queda también violado, porque se establecen límites al incremento impositivo sobre la base de rangos progresivos. Al establecer los límites máximos en relación con amplios rangos que se refieren al valor del inmueble, se da un trato desigual a quienes se encuentran en condiciones semejantes, sobre todo en el caso de contribuyentes cuyos predios tienen valores que se encuentran en la zona limítrofe entre un rango y otro, pues el aumento del valor que puede sufrir un predio no resulta en esos casos proporcional con el aumento del tributo a que está sometido. Esto sucede en todos los rangos, generando condiciones de notoria desproporción e inequidad.

El actor transcribe dos tesis jurisprudenciales del Pleno de esta Suprema Corte, la 93/97 y la 29/95, en las cuales se declararon contrarias a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad disposiciones normativas que regulaban el cálculo del impuesto predial valiéndose de tablas análogas a las usadas en la ley impugnada. En la primera de estas tesis, el Pleno señaló que la tarifa del impuesto predial contenida en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, vigente a partir del primero de enero de 1994, no satisfacía los requisitos de proporcionalidad y equidad tributarias; en esa ocasión, el legislador había considerado iguales a los contribuyentes con predios cuyo valor catastral fluctuaba dentro del límite inferior y superior de ciertos rangos fijados, pero había considerado desiguales respecto de aquéllos, a los contribuyentes cuya situación jurídica se encontraba determinada por un valor que excediera, aunque fuera en un centavo, el límite superior de dicho rango. Con ello, se les aplicaba a dichos contribuyentes un aumento en la tasa considerablemente desproporcional al incremento de la suma gravada. En la segunda de las tesis citadas, el Pleno consideró contraria al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, la tarifa del impuesto predial contenida en el artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, vigente en el año mil novecientos noventa y tres, por las razones expresadas en la tesis anterior, subrayando en especial la desproporción derivada del hecho de que la tarifa progresiva gravara los valores catastrales tomados en su totalidad y no solamente en la porción que excedieran de cada renglón.

El actor señala que la inequidad se acentúa año con año, porque la aplicación de los límites de incremento impositivo van alejando cada vez más el impuesto a pagar del valor real de los predios. De nada sirve, afirma el Ayuntamiento actor, que el Municipio proponga anualmente las tablas de valor conforme a los valores de mercado y que la legislatura las apruebe, si al final, por la aplicación de los límites impugnados, el impuesto a cargo guarda cada vez menos relación con el valor fiscal, que por disposición constitucional debe constituir la base del tributo.

El actor subraya a continuación que entre las cantidades que delimitan los diferentes rangos quedan espacios vacíos, de modo que hay predios que quedan excluidos de la aplicación de los límites al incremento, en clara violación de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias. Así, en el primer rango se sitúan aquellos contribuyentes cuyos inmuebles tienen un valor máximo de $500,000.00 pesos mexicanos, mientras que el rango siguiente inicia con los inmuebles que tienen un valor mínimo de $500,001.00 pesos mexicanos; es fácil ver que los predios cuyo valor exceda en 99 centavos la primera de las cifras indicadas no se benefician de ningún tipo de límite al incremento del impuesto, lo cual evidentemente provoca que situaciones prácticamente idénticas reciban un tratamiento totalmente distinto. La desproporción referida se da en los saltos entre todos los rangos.

B. En cuanto al artículo 25, fracción III, incisos d) y f), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, vigente para el dos mil cuatro, se reclama su inconstitucionalidad por violar los principios de autonomía municipal y libertad hacendaria.

a) En primer lugar, argumenta el Municipio actor, se viola la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal. Dicha fracción establece que la facultad de establecer las contribuciones y sus elementos corresponde a las Legislaturas de los Estados, pero éstas deben hacerlo a propuesta de los Ayuntamientos: "... Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones ..."

Y dichas contribuciones establecidas por las Legislaturas de los Estados deben ser generales para todos los Municipios. Si no fuera así, se violentarían tanto el principio de generalidad de los impuestos como el de libertad hacendaria municipal, ya que se permitiría a las legislaturas utilizar las Leyes de Ingresos como medio de control político sobre los Municipios. El trato desigual de uno de ellos respecto de los demás en relación con el establecimiento de impuestos y de las tasas y tarifas aplicables, podría convertirse en una amenaza persistente que no sólo limitaría la capacidad de los Municipios de administrar libremente su hacienda pública, sino también su posibilidad de contar con los ingresos necesarios para sufragar el gasto público en condiciones de equidad con respecto a los demás Municipios.

El actor refuerza el argumento anterior señalando que la regulación que del impuesto predial realiza la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco (artículos 92 a 111) presenta al predial como un impuesto único en el Estado, cuyos elementos (sujeto pasivo, base, tasa, tarifa) deben recibir un tratamiento igual en todos los casos. Ello resulta conforme con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 constitucional, que prefigura un impuesto establecido por los Estados para la totalidad de su territorio.

El Ayuntamiento actor destaca que los que se encuentran en una misma situación jurídica en relación con un determinado hecho imponible deben recibir el mismo tratamiento fiscal, con la única salvedad de que se respete su capacidad contributiva, misma que se ve reflejada en los valores unitarios de los predios, los cuales, de conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto de reformas del artículo 115 de la Constitución, publicado en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, deben establecerse en las tablas de valor unitario mencionadas en la fracción IV del artículo 115 y equipararse a los valores comerciales.

Si no se aceptaran las anteriores premisas, señala el actor, los contribuyentes estarían sujetos a inequidad tributaria, según fuera el Municipio en el que se encontraran sus predios. También sufrirían la inequidad los Municipios, pues recibirían tratamientos distintos en relación con los componentes de su hacienda, en perjuicio de su libertad hacendaria.

b) El actor entra a continuación al análisis de las concretas previsiones del artículo 25, fracción III, incisos d) y f), de la Ley de Ingresos cuestionada, y constata que sus previsiones son distintas a las que la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan establece para los mismos casos. Así, para el caso de predios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la tasa aprobada para el impuesto en Zapopan fue la de 0.23 bimestral al millar, mientras que para Guadalajara fue de 0.21 bimestral al millar. Para el caso de los predios urbanos no edificados ubicados dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determine en términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para el Municipio de Zapopan se estableció una tasa de 0.81 bimestral al millar, mientras que para el Municipio de Guadalajara la tasa aprobada fue de 0.75 bimestral al millar. En ningún momento, además, establece la Legislatura de Jalisco justificación para tal trato desigual.

La existencia de tasas diferenciadas para los mismos supuestos jurídicos viola la libertad hacendaria municipal consagrada en el artículo 115 constitucional y el principio de igualdad, al convertirse en un beneficio para la hacienda municipal de aquellos Municipios para quienes se hayan aprobado tasas más altas, y en un perjuicio para la hacienda municipal de los Municipios respecto de los cuales se hayan establecido tasas más bajas. Simultáneamente se transgrede la prohibición establecida en el inciso c) de la fracción IV del artículo 115, que prohíbe a las leyes estatales que introduzcan subsidios para los contribuyentes respecto de impuestos cuya recaudación se integra en las haciendas municipales.

c) El Ayuntamiento de Guadalajara señala finalmente la violación de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Dicho artículo obligaba a las Legislaturas de los Estados a realizar en coordinación con los Municipios respectivos, las adecuaciones correspondientes a los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, a fin de equipararlos al valor del mercado de dicha propiedad, así como las adecuaciones a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones necesarias para garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.

El actor señala que la obligación anterior tiene dos vertientes. La primera se concreta en la exigencia de proporcionalidad y equidad para los contribuyentes; la segunda en la exigencia de equidad para los Municipios en materia de ingresos, lo que no se cumple al establecerse tasas diferenciadas entre las distintas entidades municipales, como se observa con las tasas aprobadas para el Municipio de Zapopan, que son más altas que aquellas aprobadas para Guadalajara, no obstante ser la misma la hipótesis de causación.

d) Finalmente, el actor señala que el artículo referido viola también los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, que prohíben que el establecimiento de las tasas y montos de los impuestos a cargo de los contribuyentes sea un acto arbitrario y discrecional. La Constitución Federal, por el contrario, obliga a que se funde en objetivos racionalmente ligados con el hecho generador de la obligación tributaria, así como en factores subjetivos fundados en la capacidad contributiva de los sujetos obligados. El hecho generador del impuesto, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, es la posesión, propiedad, usufructo, copropiedad, condominio, etcétera, sobre inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco, y quienes se encuentren en igualdad de condiciones respecto de este hecho deben tributar de igual manera. No existe argumento lógico que permita distinguir las tasas de cálculo del impuesto predial en razón del Municipio en el que se ubiquen los predios, porque el hecho imponible es, precisamente, la posesión de inmuebles en el Estado de Jalisco. Al establecer tasas de predial distintas en Guadalajara y en Zapopan, estos principios quedan vulnerados, a parte de quedar también vulnerada, como se ha señalado, la hacienda municipal del Municipio de Guadalajara. El actor cita la tesis IV.2o.A.36 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, proveniente del amparo directo 77/2002, donde se declaró inconstitucional por violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributarias la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que establecía tasas distintas para el cálculo del impuesto predial según los inmuebles baldíos se encontraran en un grupo de Municipios o en otro. La tesis afirma expresamente que:

"... la norma en trato carece del requisito constitucional de proporcionalidad tributaria, porque sin causa justificada marca una distinción en cuanto a la tasa gravable del impuesto predial para los terrenos baldíos en el Estado, sólo tomando como base el grupo de Municipios al que pertenece el inmueble, empero, ignorando por completo la capacidad contributiva específica del propietario o poseedor contribuyente, quien finalmente es el único sujeto obligado del tributo. Asimismo, debe establecerse que la disposición estudiada es inequitativa, porque si bien es verdad que el legislador toma en cuenta que el objeto que persigue el tributo en comento, es obtener una utilidad pública sobre la propiedad, posesión, uso o disfrute por parte de los particulares, de los predios baldíos en el Estado, los cuales, también es cierto que legalmente no guardan entre sí diferencia sustancial alguna, por lo que respec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18588-3ddbd358/hacienda-municipal-la-constitucion-federal-permite-a-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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