CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TESORERO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, ESTADO DE DURANGO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, YA QUE ÉSTA CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2004. MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, ESTADO DE DURANGO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de junio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el doce de febrero de dos mil cuatro en el domicilio del secretario autorizado para recibir demandas y promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos García González, quien se ostentó como tesorero del Municipio de Gómez Palacio, Estado de Durango, en representación del propio Municipio, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"a) Congreso de la Unión, con domicilio ampliamente conocido, por ser una institución de carácter público. b) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio ampliamente conocido, por su carácter público. c) Secretario de Gobernación, con domicilio ampliamente conocido, por su carácter público. IV. Norma general cuya invalidez se solicita y medio oficial en la que fue publicada: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de mayo de 2004, en lo que se refiere a su artículo octavo transitorio."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"Único. Con fecha 31 de diciembre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, cuyo artículo octavo transitorio establece lo siguiente: ‘Octavo. Las entidades federativas que celebren convenio de coordinación fiscal para la administración del impuesto establecido en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán destinar los recursos obtenidos por ese concepto a un programa de gasto social consistente en la protección para cada uno de los pequeños contribuyentes. Para este efecto, las entidades federativas podrán celebrar convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contribuyentes que por actos de autoridad les determinen omisión en el pago del impuesto mencionado no serán beneficiarios de lo dispuesto en este artículo.’. Lo cual causa perjuicios al Municipio de Gómez Palacio, Dgo., toda vez que repercute en el fondo general de participaciones, del cual recibe un porcentaje a través del Estado de Durango, en detrimento de su hacienda municipal."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:
"Único. Se viola en perjuicio del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., los artículos 14, 16, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cláusulas segunda y tercera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Durango, en relación con los artículos 1o., 2o., 6o. y 9o., de la Ley de Coordinación Fiscal pues, no obstante que el impuesto al valor agregado es una contribución cuya recaudación forma parte del Fondo General de Participaciones -del cuyo 20% que corresponde a los estados, a su vez, corresponde como mínimo un 20% a los Municipios de cada entidad, entre los que se encuentra la actora-, se decretó en el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, que el establecido en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se destinaría a las entidades para un programa de gasto social, con lo cual se causa perjuicio al Municipio de Gómez Palacio, Dgo., pues dejará de recibir participaciones, respecto al impuesto referido en el artículo 2o. C recaudado en todas las entidades del país y al cual tiene derecho este Municipio, por tanto, resulta inconstitucional se le prive del mismo, como a continuación se acredita: Es importante precisar que el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se celebró en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, por tanto, el primero debe tenerse siempre referido a dicha ley, para todos los efectos de su interpretación y alcance, por ser esa la voluntad de las partes, por tanto, la violación a la Ley de Coordinación Fiscal conlleva a su vez a una violación al convenio de adhesión y viceversa, por su íntima relación, aun cuando un elemento no se encuentre precisado de manera expresa en el convenio. Lo anterior es así por el hecho de que, conforme al artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades se adhieren mediante convenio al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece dicha ley, es decir, en los términos de la misma. ‘Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. Cuando en esta ley se utilice la expresión «entidades», ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal. ...’. Ahora bien, en la especie, con fecha 1o. de noviembre de 1979 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Durango, celebraron Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1979, en cuyas cláusulas segunda y tercera (esta última conforme a la reforma que sufrió con el anexo 5 de dicho convenio de adhesión) se estableció lo siguiente: ‘Segunda. Para los fines de los artículos 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 5o. transitorio del mismo ordenamiento se entenderá por «ingresos totales anuales que obtenga la Federación por concepto de impuestos», las cantidades percibidas durante el año de calendario de que se trate, excluyendo los impuestos adicionales a que se refiere el párrafo final del artículo 2o. citado y el monto de las devoluciones y compensaciones efectuadas durante el mismo periodo. Los estímulos fiscales que otorgue la Federación en relación con ingresos federales serán tomados en cuenta para los efectos del párrafo anterior como impuestos realmente cobrados. Las devoluciones de impuestos pagados previamente no se considerarán, para los efectos de esta cláusula, como estímulo fiscal. Respecto de los recargos por impuestos federales se conviene que al monto de los percibidos en cada año de calendario se aplique los mismos por cientos utilizados para el cálculo del Fondo General de Participaciones y del Fondo Financiero Complementario de Participaciones, y que las cantidades resultantes se adicionen, por la Federación, al fondo respectivo. El monto de los recargos no se sumará a los impuestos cuyo origen por entidad federativa sea plenamente identificable, a que se refieren las cláusulas siguientes: Tercera. Para los efectos del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal se consideran impuestos federales, cuyo origen por entidad federativa es plenamente identificable, los siguientes: I. Al valor agregado. II. Sobre producción y servicios. III. Sobre enajenación de automóviles nuevos. IV. Sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves. V. Sobre la renta y al valor agregado, que hubieran determinado presuntivamente las autoridades fiscales a contribuyentes menores sobre la renta que se cubra conforme a bases especiales establecidas por la secretaría mediante reglas generales aplicables a personas físicas que se dediquen a la agricultura, ganadería y pesca; así como retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de servicios subordinados a que estén obligados los contribuyentes menores y las personas físicas sujetas a las mencionadas bases especiales y el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón a que estén obligados los contribuyentes menores y las personas físicas antes citadas.’. Siendo importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado a los convenios de coordinación fiscal como asimilables a un tratado internacional, en tanto que a través de ellos quedan vinculados distintos niveles de gobierno autónomos y se prevén disposiciones de observancia general, de las que derivan derechos y obligaciones para las partes contratantes, así como respecto a otros terceros, entre los que se encuentran, desde luego, los Municipios. Por tanto, si los convenios de coordinación fiscal son asimilables a un tratado internacional y éstos, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su respectivo ámbito de competencia, se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales, debemos concluir entonces que el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Durango es jerárquicamente superior a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, por lo que se refiere a la coordinación fiscal. Para mayor consistencia jurídica me permito invocar las siguientes tesis: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, diciembre de 2000. Tesis 2a. CLXXII/2000. Página 436. ‘COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR ÉSTOS CON AQUÉLLA PARA ADHERIRSE AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO, TIENEN EFECTOS ANÁLOGOS A LOS DE UN TRATADO INTERNACIONAL. Al analizar la naturaleza y los efectos de los convenios de coordinación fiscal celebrados entre la Federación y las entidades federativas, al tenor de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, de treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tales convenciones son asimilables a un tratado internacional que genera estipulaciones a favor de terceros, como se advierte de los precedentes que dieron lugar a las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, respectivamente, en los Tomos CXXX, página 307 y CXXXI, página 102, de rubros: «INGRESOS MERCANTILES, LIMITACIONES DE LOS ESTADOS PARA IMPONER IMPUESTO SOBRE.» e «INGRESOS MERCANTILES. EFECTOS DE LOS CONVENIOS FISCALES DE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS DE LOS ESTADOS.». Ahora bien, tratándose de los convenios de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal celebrados entre la Federación y las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, este Alto Tribunal, con base en el análisis de los fines y contenido de tales convenciones, llega a la conclusión de que éstos también son asimilables a un tratado internacional, en tanto que a través de ellos quedan vinculados dos niveles de gobierno autónomos y se prevén disposiciones de observancia general de las que derivan derechos y obligaciones para las partes contratantes, así como respecto de los gobernados que están sujetos al cumplimiento de los deberes tributarios objeto de la coordinación; máxime que, conforme a los referidos convenios de adhesión, quedará suspendida la aplicación de las disposiciones legales de la respectiva entidad federativa, vigentes con anterioridad a su celebración, que establecían tributos cuyo hecho imponible se encuentra gravado por los impuestos federales participables y, en tanto perdure el convenio de adhesión, la correspondiente Legislatura Local no podrá imponer contribuciones que concurran con los mencionados impuestos federales. Amparo en revisión 2240/97. Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, noviembre de 1999. Tesis P. LXXVII/99. Página 46. ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión «... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...» parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de «leyes constitucionales», y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.». No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.»; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.’. Ahora bien, de acuerdo al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las cláusulas antes citadas, la recaudación federal participable es la que obtiene la Federación por todos sus impuestos, entre otras contribuciones, disminuidos de las devoluciones que haya realizado de los mismos. Con el 20% de dicha recaudación se constituye el Fondo General de Participaciones, el cual se distribuye a las entidades, de acuerdo a las fórmulas establecidas en el mismo artículo 2o. ‘Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluirán en la recaudación federal participable, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o. A de esta ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 3o. B de esta ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: I. El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se publique. II. El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de esta ley. III. El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. El Fondo General de Participaciones se adicionará con un 1% de la recaudación federal participable en el ejercicio, que corresponderá a las entidades federativas y los Municipios cuando éstas se coordinen en materia de derechos y, previa comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se ajustan estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta ley. El porcentaje citado será distribuido entre las entidades mencionadas conforme al coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones que les corresponda para el ejercicio en el que se calcula. El fondo no se adicionará con la parte que correspondería a las entidades no coordinadas en derechos. Asimismo, el fondo se incrementará con el por ciento que representen en la recaudación federal participable, los ingresos en un ejercicio de las contribuciones locales o municipales que las entidades convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en derogar o dejar en suspenso. También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributación en el año de 1989. Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los Municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los Municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.’. Ahora bien, conforme al artículo 6o. de la ley en cita, de la cantidad que a la entidad federativa le corresponde del Fondo General de Participaciones debe destinar a los Municipios de la misma al menos el 20%, el cual se distribuirá conforme a las disposiciones de carácter general que establezca la Legislatura Local. ‘Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Los Municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 2o. de esta ley. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada conforme al penúltimo párrafo del artículo 3o. de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios o demarcaciones territoriales, derivadas de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.’. Por su parte, la Legislatura del Estado de Durango en el artículo 2o. de la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal estableció que el Gobierno del Estado distribuirá entre los Municipios de la entidad (entre los que se encuentra la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango) el 20% de las participaciones que reciba por concepto del fondo general. ‘Artículo 2o. En los términos de la Ley Federal de Coordinación Fiscal y de la legislación estatal aplicable, el Gobierno del Estado distribuirá entre los Municipios de la entidad los siguientes montos de participaciones: I. El 20% de las participaciones que reciba el Estado por concepto del fondo general. ...’. Conforme a lo expuesto, cabe destacar que el derecho del Municipio a percibir un porcentaje del Fondo General de Participaciones nace por el solo hecho de abstenerse la entidad y el mismo Municipio de gravar fuentes de contribución, conforme al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal, sin necesidad de ejercer ninguna actividad de recaudación o algún otro tipo, -no existe ninguna condicionante, fuera de la abstención antes citada- por lo que se refiere a las participaciones federales. En la especie, al emitir el H. Congreso de la Unión el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, que establece que las entidades federativas que celebren convenio de coordinación fiscal, para la administración del impuesto a que se refiere el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, destinarán el mismo a un programa de carácter social, viola el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ya citado, pues el impuesto al valor agregado, en su totalidad, es una contribución participable, por lo cual, la establecida en el precitado artículo 2o. C se suma en el Fondo General de Participaciones. ‘Octavo. Las entidades federativas que celebren convenio de coordinación fiscal para la administración del impuesto establecido en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán destinar los recursos obtenidos por ese concepto a un programa de gasto social consistente en la protección para cada uno de los pequeños contribuyentes. Para este efecto, las entidades federativas podrán celebrar convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contribuyentes que por actos de autoridad les determinen omisión en el pago del impuesto mencionado, no serán beneficiarios de lo dispuesto en este artículo.’. En esa tesitura, tenemos que el Municipio de Gómez Palacio, Dgo., percibirá menos ingresos de los que le corresponde de la participación estatal del fondo general participable, pues en el mismo dejarán de sumar las cantidades relativas al impuesto al valor agregado a que se refiere el artículo 2o. C de la ley relativa, que sean recaudadas por el Estado de Durango como por el resto de las entidades del país, para destinarse a un programa de gasto social y no al fondo general participable, de acuerdo a lo ya expuesto, en perjuicio no sólo de la hacienda municipal de Gómez Palacio, Dgo., sino de todos los Municipios que integran los Estados Unidos Mexicanos, no obstante de tratarse de cantidades a las cuales se tiene derecho a percibir un porcentaje, conforme al convenio citado, siendo inconstitucional que se pretenda privar de las mismas a este Municipio, sin que se cumpla ningún procedimiento legal. En otro orden de ideas, es de destacar que conforme al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios no pueden afectarse a fines específicos, como sucede en la especie, en la cual, la autoridad demandada establece que las cantidades obtenidas del citado artículo 2o. C deberán destinarse a un programa de gasto social, no obstante que conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal -como ya se mencionó- debe formar parte del Fondo General Participable. Todas las contradicciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que se han hecho referencia en el presente concepto de invalidez, independientemente de que constituyen una violación al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suponen también un desconocimiento de la fuerza vinculante de la Ley de Coordinación Fiscal, al emitirse en la Ley de Ingresos de la Federación un precepto que va más allá de lo establecido en la primera que la contradice y que representa, por ende, una notoria incongruencia entre normas en perjuicio de la parte actora, en violación a la seguridad jurídica que conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe regir para cualquier nivel de autoridad. En base a lo expuesto, se debe concluir que el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 es violatorio de los artículos 14, 16, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Durango, siendo procedente, en consecuencia, se decrete su invalidez, la cual también deberá vincular a los 31 Estados y al Distrito Federal, por ser partes como terceros en el presente juicio, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 10, fracción III, y 42, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Polít
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18341-5c122f04/controversia-constitucional-el-tesorero-municipal-de-gomez-palacio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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