MUNICIPIOS. EN EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL DECRETO QUE LOS CREA DEBE CONCEDERSE EL DERECHO DE AUDIENCIA A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS. MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. MUNICIPIOS. SU CREACIÓN NO PUEDE EQUIPARARSE A UN ACTO QUE SE VERIFIQUE EXCLUSIVAMENTE EN LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE SE APOYE EN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2004. MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de septiembre de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diez de febrero de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Alberto Alva Contreras, síndico único del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, promovió controversia constitucional en la que demandó de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de las normas y actos que se precisan:
"II. Las entidades, poderes u órganos demandados y su domicilio: a) La honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz-Llave, con domicilio en la Avenida Encanto sin número, esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador en la ciudad de Xalapa, Veracruz. b) El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, con domicilio en el palacio de gobierno, ubicado en la calle Enríquez esquina Leandro Valle, zona centro en la ciudad de Xalapa, Veracruz. c) El C. Director de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, órgano encargado de dar publicidad al decreto impugnado, con domicilio conocido en la carretera Xalapa-Veracruz kilómetro 16.5, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. III. La entidad, poder u órgano tercero interesado y su domicilio. 1. El Consejo Municipal de San Rafael, Veracruz, con domicilio en la calle Rivera del Río número 53, colonia Centro, C.P. 93620, en San Rafael, Veracruz. IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubiere publicado. a) Se reclama el acto de autoridad consistente en el Decreto Número 598, dado a los quince días del mes de diciembre del año dos mil tres, que contiene la creación del Municipio Libre de San Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el argumento de haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre; estableciendo como cabecera de este Municipio la actual congregación de San Rafael, integrándolo con sesenta localidades, asignándole una superficie total de veintinueve mil ciento catorce hectáreas, cuarenta y siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, con los límites siguientes: al norte y noreste, con el Municipio de Martínez de la Torre; al sur, con el Municipio de Misantla; y al sur y sureste, con el Municipio de Nautla. Designándose para integrar el Consejo Municipal de San Rafael, que entró en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Germán Castagne Maitret, presidente, Jaime Ramagnoli Piñera, vocal primero, Estela Murillo Peralta, vocal segundo, y a los ciudadanos Emilio Ismael Prigaadá Millot, Genaro Faibre Collinot y Jaime Antonio Massberg Collinot, como suplentes, respectivamente. b) La publicación del Decreto 598 en la Gaceta Oficial Número 259, tomo CLXIX, páginas 44 y 45, folio 1373, de diciembre veintinueve del año dos mil tres, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes hechos:
1. Por oficio de treinta de julio de dos mil dos, firmado por Alicia González Cerecedo y Guadalupe Velásquez Casanova, diputadas presidenta y secretaria, respectivamente, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, se comunicó al Ayuntamiento actor el acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha por la mencionada legislatura, en el que se solicita a diversos Ayuntamientos su opinión respecto a las solicitudes de creación de nuevos Municipios presentadas por los habitantes de algunas localidades ubicadas en el Estado de Veracruz.
2. En sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Martínez de la Torre celebrada el veinte de agosto de dos mil dos, se dio cuenta del envío del acuerdo anterior, y se acordó solicitar a la Legislatura del Estado el envío de la información completa sobre el asunto, al considerar que la remitida hasta el momento no lo estaba. Como consecuencia de ello, Ernesto González Rodríguez, secretario del Ayuntamiento actor, se dirigió mediante escrito fechado el veintiuno de agosto de dos mil dos a la diputada Alicia González Cerecedo, para solicitarle el envío de la información completa sobre la propuesta de nueva cabecera municipal.
3. Por oficio número 716/2002, de veintiuno de agosto de dos mil dos, la diputada Alicia González Cerecedo contestó el oficio anterior y remitió la documentación solicitada, la cual incluía una relación de las localidades pertenecientes al Municipio de Martínez de la Torre que conformarían el propuesto Municipio de San Rafael.
4. En la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Martínez de la Torre celebrada el siete de septiembre de dos mil dos, se autorizó al Ejecutivo Municipal para que, haciendo uso de los mecanismos correspondientes, recabara la opinión de los agentes, subagentes y jefes de manzana, y diera posteriormente contestación al oficio número 716/2002, firmado por la presidenta del Congreso Estatal.
Siguiendo el procedimiento correspondiente, se convocó a los agentes y subagentes del Municipio de Martínez de la Torre, los cuales por escrito de veintisiete de agosto de dos mil dos, expresaron su negativa y las razones de su decisión. Asimismo, en el acta de la sesión del Cabildo celebrada el veintiuno de octubre de dos mil dos, se señala que después de recibir la mencionada opinión de los agentes y subagentes municipales, se organizó un recorrido por la ciudad, las colonias populares, rancherías y congregaciones del Municipio y se recogió la opinión de los jefes de manzana, quienes el dieciocho de octubre de dos mil dos emitieron su opinión negativa al respecto.
En sesión de Cabildo de veintiuno de octubre de dos mil dos, el presidente municipal solicitó a los integrantes del Ayuntamiento su opinión al respecto, y estos últimos se manifestaron en contra de la creación del nuevo Municipio. A continuación, por oficio número 297 de veintiuno de octubre de dos mil dos, el presidente y el secretario del Ayuntamiento actor comunicaron a la presidenta del Congreso de Veracruz que la opinión de los jefes de manzana, de los agentes y subagentes municipales, así como de los miembros del Ayuntamiento era negativa respecto a la cuestión planteada, remitiéndole la documentación correspondiente.
5. El veintinueve de octubre de dos mil tres, en sesión del Cabildo del Ayuntamiento actor, se acordó por unanimidad remitir a la Legislatura Estatal un acuerdo en el que se reiteraba su oposición rotunda a la división del Municipio.
6. El actor transcribe, además, lo expresado por los representantes comunes de los agentes y subagentes municipales en un escrito dirigido a la diputada presidenta de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, el veintisiete de agosto de dos mil dos. Dichos representantes destacaban que unas cuantas personas de origen francés habían integrado un patronato para la división del Municipio, y recordaban el plebiscito celebrado en el dos mil uno, en el que la ciudadanía se manifestó contra esa división, así como otros antecedentes de opiniones contrarias a la propuesta, para finalizar pidiendo la inmediata intervención de la diputada contra el proyecto de división territorial de su Municipio.
Asimismo, recuerda el actor que la opinión unánime de los ciudadanos contra la división del Municipio se constata también en una carta abierta publicada el veintiséis de noviembre de dos mil tres, en el diario "Gráfico de Martínez de la Torre", firmada por el presidente, el síndico y los regidores del Ayuntamiento actor en comunión con los agentes y subagentes municipales, en la que recalcaban que en sus ciento veintiún años de existencia, el Municipio había representado una opción de verdadero progreso y bienestar en la región y que, con el máximo respeto a la libertad de pensamiento y expresión, desean fijar su postura madura y civilizada en favor del mantenimiento de la integridad territorial del Municipio.
El actor subraya además que el tres de diciembre de dos mil tres, agentes y subagentes de los territorios que circundan a la congregación de San Rafael y que aparecen como aparentes solicitantes de la división del Municipio de Martínez de la Torre en el acuerdo de la legislatura de treinta de julio de dos mil dos, dirigen una carta abierta al gobernador, a la legislatura y al pueblo de Veracruz, publicada en el diario "Gráfico de Martínez de la Torre" de ese mismo día, en la que manifiestan su condición de orgullosos martinenses y su voluntad de seguir perteneciendo al Municipio en su condición indivisa. Los firmantes apelan a la práctica del juicio democrático propio de la gubernatura y la legislatura para que reconsideren los dictámenes previos y resuelvan sobre la base de los resultados de una investigación exhaustiva.
7. El actor considera necesario destacar también que, ya en el año dos mil uno, la congregación de San Rafael hizo público su deseo de constituirse en un nuevo Municipio y que, ante tal amenaza, el Cabildo aprobó la realización de un plebiscito para que la ciudadanía pudiera emitir su opinión sobre dicha cuestión. Mediante los acuerdos correspondientes fueron electos los integrantes del Concejo Municipal de Vigilancia y Supervisión del Plebiscito, y este último fue celebrado el once de noviembre de dos mil uno. De las 37,680 boletas utilizadas, 35,645 se pronunciaban en contra de la división del Municipio, 1,744 se pronunciaban a favor, y 300 votos fueron declarados nulos.
El actor considera que la existencia del proceso referido demuestra la presencia de antecedentes claros de oposición popular a la división del Municipio de Martínez de la Torre con anterioridad al procedimiento iniciado por el acuerdo de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, de treinta de julio de dos mil dos.
8. Finalmente, bajo protesta de decir verdad, el actor manifiesta que el seis de enero de dos mil cuatro, la mayoría de los ediles se enteraron extrajudicialmente del decreto cuya nulidad se demanda, el cual señala lo siguiente:
"Decreto Número 598. Artículo primero. Se crea el Municipio Libre de San Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Será cabecera de este Municipio la actual congregación de San Rafael y quedará integrado, además de ésta, por las localidades siguientes: Ampliación Manuel Ávila Camacho, Ampliación de Pavón, El Arenal, Arroyo Zarco, La Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Cabellal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Galvarino Barría Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria, El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Ávila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojite, Oro Verde, La Pajarera, Las Palmas, El Paraíso, Paso de Telaya, Los Pasos, La Pitahaya, El Pital, El Porvenir, Puente Casitas, Puntilla Aldama, Río Mar, La Rivera de Puntilla, San Lorenzo, Santa Adelaida, Santa Elena, Solteros, El Tablazo, Tepetates, Tinoco, Tres Bocas, Tres Encinos, Ursulo Galván, Vega de San Marcos, Zacatales y Zanjas de Arena, así como todas aquellas localidades comprendidas en la poligonal correspondiente. Artículo segundo. El Municipio de San Rafael tendrá una superficie total de veintinueve mil ciento catorce hectáreas cuarenta y siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, y los límites siguientes: al norte y noreste, con el Municipio de Tecolutla; al oeste, con el Municipio de Misantla; y al sur y sureste, con el Municipio de Nautla, de acuerdo con la circunscripción territorial determinada por las localidades señaladas en el artículo anterior, mismas que se indican también en el plano que se encuentra agregado en el expediente respectivo. Artículo tercero. Se designan para integrar el Concejo Municipal de San Rafael, que estará en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Germán Castagne Maitret, presidente; Jaime Ramagnoli Piñera, vocal primero; y Estela Murillo Peralta, vocal segundo; y a los ciudadanos Emilio Ismael Prigadaá Millot, Genaro Faibre Collinot y Jaime Antonio Maasberg Collinot como suplentes, respectivamente. Artículo cuarto. Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los organismos autónomos del Estado, al honorable Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para efectos legales procedentes. Transitorios. Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero del año dos mil cuatro, previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, con excepción de lo dispuesto en su segundo transitorio, que entrará en vigor al día siguiente de dicha publicación. Segundo. El Congreso del Estado proveerá lo necesario para expedir la Ley de Ingresos del Municipio de San Rafael, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004."
9. Una vez debatido el asunto, los integrantes del Cabildo acordaron, por unanimidad, en sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil cuatro, promover controversia constitucional a fin de que esta Suprema Corte deje sin efecto el decreto de la Legislatura Local por el que se crea el Municipio de San Rafael.
TERCERO. Los conceptos de invalidez formulados por la parte actora son, en síntesis, los siguientes:
A. En su primer concepto de invalidez, el Municipio actor señala que la fracción XI, inciso b), del artículo 33 de la Ley Número 53, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado el tres de febrero de dos mil, vulnera los artículos 41, 115, 116 y 133 de la Constitución Federal. La norma referida es del tenor literal siguiente:
"Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:
"...
"XI. Aprobar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, previa opinión del o los Ayuntamientos interesados y del Gobernador del Estado, conforme a los requisitos que establezca la ley:
"...
"b) La creación de nuevos Municipios."
El actor considera que el precepto transcrito es violatorio del artículo 115 de la Constitución Federal, porque este último no permite la creación de nuevos Municipios. Su cuarto párrafo señala únicamente que las Legislaturas Locales pueden suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por causas graves que la ley prevenga, siempre que sus miembros hayan tenido oportunidad de hacer alegatos y de rendir pruebas, pero de ningún modo prescribe la creación de nuevos Municipios, y menos que éstos puedan desprenderse de uno constituido, debilitando la división territorial existente. Si el proceso que se sigue para tal creación no es adecuado, se rompe con la autonomía municipal garantizada en la Constitución Federal.
El artículo 116 de la Constitución Federal tampoco permite a las Legislaturas Locales la creación de nuevos Municipios, de modo que, en el caso, la Legislatura del Estado de Veracruz se ha excedido de sus atribuciones, quebrantando el artículo 41 constitucional, que prescribe que el pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y por las Particulares de los Estados, las cuales no pueden contravenir en ningún caso el Pacto Federal.
Además, el artículo 133 de la Carta Magna establece que la Constitución es la Ley Suprema de la Unión, de modo que cualquier norma inferior que la contravenga, debe ser declarada inválida.
El actor señala, asimismo, que el Congreso Local no tiene atribuciones para nombrar el Concejo Municipal derivado de la creación de un nuevo Municipio, pues ninguno de los incisos de la fracción XI del artículo 33 de la Constitución de Veracruz lo facultan para ello, razón por la cual se violenta el párrafo sexto del artículo 115 de la Constitución Federal.
B. En el segundo concepto de invalidez se señala la violación a los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 115 y 133 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 33, fracción XI, inciso b), de la Ley Número 53, que reforma y deroga los artículos 85 a 141 y reforma los artículos 1o. a 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como con los artículos 5o. y 6o. de la Ley Número 9, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, en perjuicio de todo el pueblo martinense.
El actor relata que el Decreto 598, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil tres, creador del Municipio de San Rafael, emerge de un proceso que se inicia con el acuerdo de treinta de julio de dos mil dos, emitido por la legislatura demandada. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre, solicitó a los jefes de manzana, a los agentes y subagentes municipales, así como a sus propios integrantes, su opinión en relación con la creación del nuevo Municipio, y dichas opiniones fueron todas negativas. Por ello, el veintiuno de octubre de dos mil dos, se dio contestación al acuerdo de la legislatura en términos negativos; en la misma se señaló que la congregación de San Rafael no reúne los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y se divulgó al público en general (como se detalla en los antecedentes) la opinión de las autoridades referidas contraria a la división del Municipio.
De este modo, quebrantando manifiestamente los artículos 5o. y 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la legislatura demandada emitió el Decreto 598, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil tres.
El actor transcribe a continuación la tesis 101/99 del Pleno de esta Corte, en cuyo rubro se afirma que la finalidad del control constitucional que la Suprema Corte realiza mediante las controversias constitucionales incluye de manera relevante el bienestar de la persona humana sujeta a los órganos de poder; se transcriben también fragmentos de obras teóricas en las que se abordan los conceptos de democracia, pueblo, nación, ciudadanía, control popular sobre la actuación de los gobernantes, la garantía de audiencia, la de legalidad, así como la de fundamentación y motivación de los actos de autoridad.
En opinión del actor, la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Constitución implica que todas las leyes deben cumplirse al pie de la letra, mientras que el artículo 16 ordena que todos los actos de autoridad estén fundados en una ley, de modo que cuando la autoridad desobedece un precepto que no ha sido derogado, deja de cumplir la garantía de seguridad jurídica que el mismo garantiza. Estas garantías son vulneradas por el decreto impugnado, porque el mismo desconoce lo dispuesto por los artículos 5o. y 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. El actor destaca que la opinión que el artículo del Ayuntamiento y de los agentes, subagentes municipales y jefes de manzana fue negativa, al no cumplirse en el caso de San Rafael los requisitos de los que habla el artículo 6o. (no cuenta con una población mayor de veinticinco mil habitantes; no dispone de los recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones que demande la prestación de los servicios públicos municipales, tampoco cuenta con locales para la instalación de oficinas públicas, con infraestructura urbana, ni con reservas territoriales para satisfacer las necesidades de la población). De ahí que el decreto de creación del Municipio carezca de fundamento y motivación.
El actor transcribe la tesis 4/99 del Pleno de esta Corte, en la que se afirma, en el contexto de las acciones de inconstitucionalidad, que es procedente analizar los conceptos de invalidez que señalan la violación del artículo 16, en relación con disposiciones de Constituciones Locales o leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o ley reclamados. La garantía constitucional a que la ley se cumpla, sostiene el actor, debe observarse de modo especial cuando la autoridad está revocando sus propias determinaciones, contexto en el cual cobra especial relevancia la garantía de audiencia. El actor aporta jurisprudencia de la Sexta Época de esta Corte que destaca que las autoridades administrativas están obligadas a observar lo prescrito por la norma secundaria aplicable y además las formalidades esenciales del procedimiento garantizadas por la Constitución, aunque la ley secundaria no las recoja expresamente, así como la necesidad de fundar y motivar todo acto de autoridad. El actor subraya que la garantía de audiencia derivada del artículo 14, como garantía asociada a la seguridad jurídica, obliga a las autoridades a adoptar una conducta activa consistente en realizar todos y cada uno de los actos que tiendan a la observancia de las exigencias específicas que el derecho de audiencia contiene, y dicha garantía constitucional fue violada por las demandadas porque la opinión del Ayuntamiento y de los representantes ciudadanos fue negativa. El gobernador del Estado, al tener conocimiento de la opinión del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, debió solidarizarse con la voluntad del pueblo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Federal, la Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; de haberlo hecho, se hubiera opuesto a la promulgación y publicación del decreto en cuestión, y al no hacerlo, viola el artículo 128 de la Constitución Federal. El decreto emerge en conjunto de un procedimiento amañado y turbio, carece de fundamentación y motivación, no se adecua a las hipótesis de los artículos 5o. y 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, violentando los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 115, 128 y 133 de la Constitución Federal.
El actor reconoce que la congregación de San Rafael tiene derecho a constituirse en Municipio Libre, pero en el ejercicio de ese derecho no puede involucrar a otras congregaciones y rancherías violentando la voluntad del pueblo martinense; por sí sola, la citada congregación no cumple con el requisito poblacional que la ley impone, ni con los demás. El proceso de división va a exigir la división de los ingresos de los Municipios, y del mismo resultarán dos Municipios pobres, porque se tendrán que desviar recursos para el pago de los ediles, empleados de base y trabajadores de confianza del nuevo Ayuntamiento.
El actor concluye su escrito con apartados dedicados a justificar que se actualiza la competencia de la Suprema Corte para conocer de este asunto, a acreditar la personalidad del síndico y la legitimación activa del Ayuntamiento, a demostrar que la controversia se interpuso oportunamente, y a solicitar a esta Corte que supla la deficiencia de la demanda en términos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son, tal como constan identificados en el apartado V del escrito de demanda, los artículos 1o., 2o., apartados A y B, 3o., fracción VI, inciso a), 12, 14, 16, 25, 26, 27, fracciones VII, XVII y XX, 115 y 128.
QUINTO. Por acuerdo de once de febrero de dos mil cuatro, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que le correspondió el número 11/2004 y por razón de turno se designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, como instructor del procedimiento.
Por auto de doce de febrero de dos mil cuatro, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz; y ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Al presentar su contestación de demanda, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz manifestó lo siguiente:
a) En primer término, la legislatura expresa si son ciertos o falsos, y si son o no propios los hechos señalados en la demanda de controversia constitucional.
La legislatura afirma, por ejemplo, que es cierto que el Congreso del Estado, por conducto de las diputadas presidenta y secretaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Veracruz, dieron a conocer el acuerdo relativo a la propuesta de creación de nuevos Municipios presentada por los habitantes de diversas localidades, y que el Congreso dio contestación al oficio girado por el Ayuntamiento actor en el que solicitaba información completa en relación con la propuesta de cabecera municipal y las localidades que formarían parte de los nuevos Municipios. También es cierto que la presidenta en turno de la legislatura contestó al actor el veintiuno de agosto de dos mil dos y le remitió la información solicitada. En relación con lo afirmado por el actor respecto de los subagentes municipales, la demandada puntualiza que los mismos no tienen facultades para intervenir en la vida jurídica de los Municipios, pues las disposiciones conducentes de la Ley Orgánica del Municipio Libre no entrarán en vigor hasta el dos mil cinco.
La legislatura afirma que efectivamente, el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como otras bases jurídicas que se detallan, facultan al Congreso del Estado para crear nuevos Municipios mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, escuchando previamente la opinión del gobernador y del Ayuntamiento de los Municipios interesados. El Congreso del Estado, conforme a lo establecido por ese precepto legal, solicitó, entre otros, al Municipio de Martínez de la Torre, su opinión sobre la solicitud de creación del nuevo Municipio; así lo demuestra el acuerdo de treinta de julio de dos mil dos, que se integra al expediente. La demandada destaca que los Estados están facultados para darse su propia Constitución sin contravenir el Pacto Federal, y señala que el artículo 124 de este último afirma que las facultades que no están expresamente conferidas por la Constitución Federal a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.
A continuación, la legislatura rebate las afirmaciones del actor según las cuales no se cumplen los requisitos que el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre señala como necesarios para que pueda crearse un nuevo Municipio. En su opinión, las manifestaciones de los representantes ciudadanos según las cuales dichos requisitos no se cumplen no aparecen demostradas en autos, de modo que se reducen a simples consideraciones subjetivas. Subraya, por ejemplo, que como sustentaron las comisiones legislativas intervinientes en su dictamen de ocho de diciembre de dos mil tres, el INEGI informó el diez de abril de dos mil dos, que la población total de las localidades relevantes era de 36,915 habitantes, de los cuales 29,962 pertenecían a Martínez de la Torre y 6,953 a Tecolutla. Lo manifestado por los servidores públicos señalados en relación con que el nuevo Municipio no cuenta con recursos económicos suficientes para sostener una administración municipal y brindar los servicios básicos también es falso, ya que del análisis del dictamen emitido por las comisiones se advierte que, de acuerdo con las proyecciones realizadas, los ingresos propios por cobro de las contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como los recursos provenientes de las participaciones y aportaciones federales son suficientes para cubrir las citadas responsabilidades. Respecto a que el nuevo Municipio no cuenta con locales adecuados para instalar las oficinas públicas, se considera igualmente falso, porque los diputados que visitaron la localidad propuesta como cabecera del nuevo Municipio constataron que se cuenta con dichos locales, además de con una red de comunicaciones adecuada con poblaciones importantes de otros Municipios y con el resto del país.
La demandada reconoce que tanto el actor como los agentes y subagentes municipales y los jefes de manzana expresaron su oposición a la división del Municipio, pero destaca que, como se desprende del dictamen elaborado por las comisiones que intervinieron en el asunto que nos ocupa, su posición se asienta en consideraciones subjetivas sin bases sólidas y jurídicas que demuestren que tienen la razón y que justifiquen la invalidez del decreto creador del nuevo Municipio. La demandada apunta que es lógico que cuando se trata de crear nuevos Municipios, ninguna autoridad municipal esté de acuerdo con que se sustraigan de su territorio algunas congregaciones y rancherías que pasarán a integrar el nuevo Municipio.
Finalmente, el Congreso del Estado puntualiza que emitió el Decreto 598 el quince de diciembre, pero es falso que el actor se haya enterado de su existencia extrajudicialmente el seis de enero de dos mil cuatro; el quince de diciembre de dos mil tres, en cumplimiento al artículo 4o. del cit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19349-882501d0/municipios-en-el-procedimiento-de-emision-del-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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