CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE ESTUDIO DE PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, ENTRE ENTIDADES U ÓRGANOS DE PODER, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de junio de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de septiembre de dos mil, Eduardo Alonso Bailey Elizondo y Nicolás Álvarez Almaguer, ostentándose como presidente municipal sustituto y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:
"II. Entidad, poder u órgano demandado. Lo es el Estado de Nuevo León, representado por el H. Congreso del Estado y por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quienes tienen sus domicilios en sus respectivos recintos oficiales ubicados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ... IV. Acto cuya invalidez se reclama. Lo es: A) El Decreto Número 349, emitido por la LXVIII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, de fecha 14 de julio del año en curso, promulgado por el Ejecutivo del Estado el 2 de agosto del año que corre, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 99, de fecha 18 de agosto del mismo año, por medio del cual se determinan los nuevos límites territoriales entre los Municipios de General Escobedo y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo León.-B) El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León ..."
SEGUNDO.-Los antecedentes del presente asunto se hacen consistir en lo siguiente:
"VI. Antecedentes del acto cuya invalidez se demanda. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: 1. A la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, le fue turnado para su estudio y dictamen en su sesión ordinaria celebrada el 21 de junio de 1999, un escrito presentado por el R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León ‘... mediante el cual solicitan la intervención de este H. Congreso para definir con claridad y precisión los límites municipales de Monterrey con los Municipios de Gral. Escobedo y García, Nuevo León.’ (textual).-2. En atención a lo anterior, la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, inició el procedimiento respectivo, actuando como una especie (sic) órgano materialmente jurisdiccional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 39, punto 1o., del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, celebrando al efecto el 22 de junio de 1999, una reunión de trabajo con el personal administrativo de la Dirección de Patrimonio y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, sin la presencia de representantes del Municipio de Gral. Escobedo, ni del Municipio de García, N.L., en la cual se ‘... presentó propiamente el expediente que da origen a esta situación, profundizando a detalle en cada uno de los documentos que se presentaron y dejando sobre la mesa una propuesta específica ...’, en el sentido de que los Municipios de Monterrey y García, ambos del Estado de Nuevo León, son colindantes entre sí, sin que el Municipio de General Escobedo ‘... cruce entre ambos.’.-3. Posteriormente, el 3 de septiembre de 1999, se realizó una segunda reunión de trabajo de la comisión mencionada, en la que estuvo presente el C. Abel Guerra Garza, en aquel entonces presidente municipal de General Escobedo, N.L., quien planteó ‘... verbalmente propuesta de permuta de terrenos como solución posible al conflicto existente ...’, requiriéndole a la comisión para que presentara de manera formal su propuesta ante la comisión, comprometiéndose el presidente municipal a hacerlo posteriormente.-4. El 21 de diciembre de 1999, el Pleno del H. Congreso, a propuesta de la comisión, acordó solicitar la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, con el fin de que realizara un estudio técnico para precisar los límites territoriales de los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción IX, de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano vigente en el Estado de Nuevo León.-5. El 3 de enero del año 2000, el H. Congreso del Estado de Nuevo León recibió la propuesta del presidente municipal de Gral. Escobedo, N.L., sobre la delimitación territorial entre los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo, y que en esencia estriba en la permuta de los terrenos que se describen a fojas 7, 8 y 9 del dictamen de la comisión que se acompaña como anexo diez.-6. El 22 de febrero del 2000, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado presentó al H. Congreso el dictamen técnico que le fuera solicitado, sobre la precisión de los límites actuales entre ambos Municipios, en el que asienta que: ‘Después de haber analizado documentos y antecedentes relacionados sobre el tema, se puede concluir que desde el 24 de febrero de 1868, fecha en que el Congreso del Estado de Nuevo León creó el Municipio de General Escobedo, los Municipios de Monterrey y Villa de García han sido colindantes. En consecuencia, el territorio del Municipio de Escobedo nunca se ha ubicado separando los territorios de Monterrey y García.-Se conoció también la propuesta de definición de límites hecha por el Municipio de Escobedo, a la cual no le encontramos fundamentos en base a los documentos históricos de la fundación del mismo y a la permanencia de sus límites a través del siglo XX.-Por otra parte, el convenio que suscriben los Municipios de Monterrey y Escobedo, con el fin de agilizar los trámites relativos a proyectos y obras de Ciudad Solidaridad, dice claramente en su cláusula tercera que ambos Municipios «... convienen en que con la suscripción de este convenio no se modifican o alteran los correspondientes límites municipales».’.-En conclusión y en base a los antecedentes históricos analizados, se dictamina que los Municipios de Monterrey y García deben ser colindantes y el Municipio de Escobedo debe colindar al sur con el Río Pesquería.-Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, el 11 de agosto de 1999, y el 1o. y 15 de marzo del año 2000, presentó ante la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado, diversos escritos a los que acompañó un plano y una ‘expresión gráfica’ de cómo deberían quedar fijados los nuevos límites territoriales entre ambos Municipios, argumentando además en dichos escritos, una serie de antecedentes en apoyo a su postura, siendo en este punto en donde estriba precisamente la reclamación que sustenta esta demanda de controversia constitucional, puesto que mientras la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado se encarga de describir minuciosamente las documentales supuestamente aportadas por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, en cambio, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por los representantes del Municipio de Gral. Escobedo, N.L., mediante escrito presentado el 22 de mayo del año que corre, la comisión es omisa en su descripción y debida valoración jurídica, lo que sí hace en el caso de las probanzas aportadas por el Municipio de Monterrey, N.L., refiriéndose a las pruebas del Municipio de Gral. Escobedo como ‘... un cuadernillo que maneja antecedentes históricos que fundamentan la pretensión de la autoridad de General Escobedo, N.L.’ (foja 13 del anexo diez).-7. Una vez que la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado de Nuevo León consideró integrado el expediente, se turnó el dictamen respectivo al Pleno de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado, en el sentido de determinar que los Municipios de Monterrey y García, ambos del Estado de Nuevo León, son colindantes entre sí, y que el límite natural entre Monterrey y General Escobedo lo constituye el Río Pesquería, trayendo consigo tal resolución un evidente perjuicio para el Municipio representado por los comparecientes, y que consiste en el hecho de que se priva al Municipio de General Escobedo, Nuevo León, de una porción importante de su territorio, en la que se incluyen diversas colonias populares, entre ellas la conocida como ‘Ciudad Solidaridad’. En concreto, se priva al Municipio de Gral. Escobedo, de una superficie de aproximadamente 3,000 hectáreas, en las que se encuentran asentadas como 75 colonias, con una población aproximada de 90,000 habitantes.-8. El 14 de julio del 2000, el Pleno de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó en sus términos el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, por 24 votos a favor y 9 en contra, y lo remitió al C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León para su promulgación y publicación, promulgándose el 2 de agosto del año que se cursa, y publicándose en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León Número 99, de 18 de agosto del año 2000, en la inteligencia de que el decreto publicado contiene sólo los puntos resolutivos y los artículos transitorios.-9. En virtud de lo anterior, el R. Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, en sesión celebrada el 21 de agosto del año que se cursa, determinó por unanimidad de votos de sus miembros presentes, recurrir el decreto reclamado mediante la interposición de una controversia constitucional ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se demuestra con la copia certificada del acta de la sesión del R. Ayuntamiento que se acompaña como anexo siete.-Estimamos que lo expuesto con anterioridad constituye los antecedentes en este asunto, por lo que enseguida pasamos a expresar los conceptos de invalidez."
TERCERO.-La parte actora expone como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’.-Por otra parte, el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, establece: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’.-Los anteriores preceptos constitucionales consignan las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de que goza toda persona, física o moral, privada u oficial, durante la tramitación de cualquier procedimiento jurisdiccional (no necesariamente judicial), como acontece en el caso que nos ocupa, puesto que la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, a través de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, actúa como instancia jurisdiccional en la resolución del ‘conflicto territorial’ habido entre los Municipios de General Escobedo y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo León, en los términos de lo dispuesto por el artículo 39, punto 1o., del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.-Estimamos que por lo que respecta al Municipio de General Escobedo, Nuevo León, sus derechos fueron vulnerados con la violación de lo dispuesto en los preceptos constitucionales antes transcritos, por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, durante la integración del dictamen en que se resolvió sobre los límites territoriales de los Municipios de General Escobedo y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo León, al momento de relatar y calificar el valor probatorio de las constancias aportadas por el Municipio de Gral. Escobedo, N.L., mediante escrito presentado el 22 de mayo del año en curso ante la comisión mencionada, ya que a dichos elementos probatorios ni se les describió tan minuciosamente ni se les otorgó el mismo valor probatorio que a los instrumentos aportados por el Municipio de Monterrey, los cuales sí obran debidamente descritos y valorados en el dictamen de referencia. Cabe reiterar que por lo que hace a los documentos aportados por la municipalidad representada por los comparecientes, la comisión mencionada se refiere a ellos como ‘... un cuadernillo que maneja antecedentes históricos que fundamentan la pretensión de la autoridad de General Escobedo, N.L.’.-Como consecuencia de lo anterior, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado de Nuevo León, carece de una apreciación correcta de las pruebas aportadas por los Municipios ‘en conflicto’, y por lo tanto adolece de la motivación necesaria como para ser considerada una resolución legalmente válida, atentando por lo tanto contra lo dispuesto por los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de nuestro país, ya que es bien sabido en derecho que la garantía de audiencia comprende no sólo la admisión de las probanzas aportadas por los interesados, sino también la expresión de las razones concretas por las cuales resultan ser eficaces o ineficaces, a juicio del órgano dictaminador.-Al respecto, y con el fin de precisar la cuestión del respeto a los preceptos constitucionales que consigan las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que todo órgano materialmente jurisdiccional debe guardar durante la tramitación de algún procedimiento tendiente a resolver algún conflicto habido entre autoridades u órganos de poder, nos permitimos transcribir a continuación las siguientes tesis emanadas de nuestros más altos Tribunales Federales: ‘’ (se transcribe).-‘GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y VALORACIÓN.’ (se transcribe).-Consideramos que con lo anterior, queda más que explicado este concepto de invalidez esgrimido por la municipalidad que representamos en esta demanda de controversia constitucional.-Segundo. Por otra parte, es de hacerse notar otra irregularidad contenida en el acto impugnado, que consiste en el hecho de que no obstante que la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado, refiere en su dictamen que el escrito origen del procedimiento respectivo, presentado por el R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, N.L., tuvo por objeto solicitar la intervención del H. Congreso del Estado para el efecto de ‘... definir con claridad y precisión los límites municipales de Monterrey con los Municipios de General Escobedo y García, Nuevo León.’ (foja 1, primer párrafo, del dictamen), el dictamen se refiere tan sólo a los límites territoriales entre los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo, N.L., resultando omisa por lo que respecta a la fijación de los límites entre dichos Municipios y el Municipio de García, N.L.-Inexplicablemente (nos referimos a la comisión por cuanto hace a los límites territoriales con García, N.L.), ello obedece, según lo razonado por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, en la foja 30 del dictamen, a lo siguiente: ‘Queremos aclarar que si bien es cierto que la petición presentada por el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en fecha 21 de junio de 1999, estriba en que este H. Congreso defina con claridad y precisión los límites entre los Municipios de Monterrey con General Escobedo y García, Nuevo León, se ha llegado al acuerdo por parte de esta comisión el dejar pendiente la resolución relativa a los límites entre Monterrey y García, en virtud de que no existe una controversia evidente y que no afecta a la propuesta de decreto que presentamos hoy al Pleno de este Congreso, aunado a que el Municipio de Monterrey ha expresado su interés por presentar una propuesta en común con dicha municipalidad.’ (textual).-Independientemente de que la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes no tenía facultades para excluir al Municipio de García, N.L., en la determinación de los límites territoriales con los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo, N.L., porque ello era, como es lógico suponer jurídicamente, competencia del Pleno del H. Congreso del Estado, que es la entidad soberana para la toma de esa decisión, y además porque así lo había pedido formalmente el R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, y esa fue la solicitud que le fue turnada a la comisión para su conocimiento y dictamen, es decir ‘... definir con claridad y precisión los límites Municipales de Monterrey con los Municipios de Gral. Escobedo y García, Nuevo León’, es evidente que el dictamen pronunciado por la comisión, al no hacer pronunciamiento alguno por lo que toca a los límites territoriales del Municipio de García con los de Gral. Escobedo y Monterrey, resulta incongruente e impreciso por cuanto a que no se ajusta a la solicitud planteada por el mismo Municipio de Monterrey, N.L., sobre todo si tomamos en cuenta, primero, que los tres Municipios son colindantes entre sí, por lo que pudiera ser que si se hubiera incluido en el dictamen al Municipio de García, N.L., el resultado final hubiera sido otro (nos referimos al trazo de los límites fijados en el decreto para los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo), y segundo, porque son varias las referencias que se hacen en el dictamen de los documentos en los que se involucra al Municipio de García, N.L., como por ejemplo: un acta del Juzgado Constitucional de García, N.L., de fecha 6 de noviembre de 1891, encontrada en el Archivo General del Gobierno del Estado, en la cual se detallan los límites municipales y su problemática en aquella época, mencionando su colindancia con la capital del Estado; tres planos preparatorios que fueron levantados por órdenes del gobernador del Estado en el año de 1906, en los que aparece el Municipio de Monterrey y sus colindancias con los Municipios de Gral. Escobedo y García, N.L.; un plano oficial del Estado de Nuevo León, del año de 1906; otra acta del Juzgado Constitucional de Villa de García, de fecha 6 de noviembre de 1861, en la que se señala la colindancia que existe entre Monterrey y el Municipio de García. Todo lo cual nos coloca, cuando menos esa es nuestra apreciación, frente a un acto francamente arbitrario por parte de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, y del propio Congreso del Estado, ya que al no incluir al Municipio de García en la fijación de los límites territoriales entre los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo, no se puede aceptar como legalmente válido el acto que se controvierte, ya que el resultado final muy bien podría haber sido otro (nos referimos al trazo de los límites fijados en el dictamen y en el decreto para los Municipios de Monterrey y Gral. Escobedo), con la consiguiente violación de los preceptos constitucionales 14 y 16 en perjuicio del Municipio de Gral. Escobedo, N.L., además de que esa fue la solicitud del R. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, es decir ‘... definir con claridad y precisión los límites municipales de Monterrey con los Municipios de General Escobedo y García, Nuevo León.’. Lo anterior, aunado a la circunstancia de que no se emplazó o citó en forma alguna al Municipio de García, N.L., para el efecto de que compareciera al procedimiento e hiciera valer lo que a su derecho correspondiera."
CUARTO.-La parte actora aduce que el acto cuya invalidez se demanda es violatorio de los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre del año dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 31/2000, y se designó como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.
Por auto de tres de octubre del año dos mil, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación; dar vista al procurador general de la República para que formulara las manifestaciones correspondientes; emplazar a los Municipios de Monterrey y García, Estado de Nuevo León, con el carácter de terceros interesados, y tuvo por exhibidas las pruebas que se acompañaron a la demanda.
SEXTO.-Mediante oficio presentado el día trece de noviembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando de Jesús Canales Clariond, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, formuló contestación a la demanda en la que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que en cuanto a lo manifestado por el Municipio actor en el apartado ocho de antecedentes, es cierto el acto cuya invalidez se demanda, consistente en la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de dieciocho de agosto del año dos mil, del Decreto Número 349, emitido por la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León el catorce de julio de dos mil, por medio del cual se determinan los nuevos límites territoriales entre los Municipios de General Escobedo y Monterrey, Estado de Nuevo León.
b) Que respecto a lo manifestado por el Municipio actor en los antecedentes números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nueve, estos hechos ni se afirman ni se niegan, pues de los mismos no se desprende participación alguna por parte del Poder Ejecutivo, ya que quien emitió el acto impugnado en la presente controversia constitucional fue el Congreso del Estado de Nuevo León.
SÉPTIMO.-Por oficio presentado el catorce de noviembre de dos mil en la Administración del Servicio Postal Mexicano 64001 de Monterrey, Nuevo León, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de noviembre del citado año, Ernesto Tijerina Cantú, José Cruz González Rodríguez, Pedro Vázquez González, Jessica Iris Herrera Silva y Óscar González Vallejo, con el carácter de presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, primer secretario y segundo secretario, respectivamente, de la Directiva de la Sexagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, formularon contestación a la demanda en la que manifestaron, en síntesis, lo siguiente:
a) Que es cierto lo manifestado por el Municipio actor en los antecedentes números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de la demanda.
b) Que respecto del antecedente número nueve, por ser un hecho ajeno al Congreso del Estado no se realiza manifestación alguna.
c) Que es infundado el primer concepto de invalidez porque, en primer lugar, no se hace el razonamiento lógico-jurídico entre lo expuesto en el concepto de invalidez y el acto controvertido para establecer su regularidad constitucional y, en segundo lugar, no existe ninguna violación a las partes orgánica y dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en términos de los artículos 115, 116 y 124 de la misma Constitución, en relación con los numerales 28, 29, 63, fracción IV, 118, 119 y 131 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y 1o., 2o., 3o., 6o. y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, el Congreso del Estado está facultado para fijar, e incluso modificar con absoluta libertad, los límites de los Municipios de la entidad.
d) Que no existe ningún precepto que dé a los Municipios el derecho a la conservación de sus límites y, por ende, no es posible considerar que un Municipio tenga derecho a impugnar la fijación de sus límites efectuada por el Congreso del Estado, toda vez que la naturaleza de la relación que existe entre los Municipios y un Estado difiere por completo de la de los Estados y la Federación, ya que no es factible considerar a los Estados como resultado de la unión de sus Municipios, como sucede a nivel federal.
e) Que no es posible tener al decreto impugnado como una resolución que deriva de un proceso jurisdiccional, toda vez que consiste en la determinación de una situación particular y concreta de limitación territorial, que si bien tuvo como origen la solicitud del Ayuntamiento de Monterrey para que se definieran los límites entre éste, General Escobedo y García, Estado de Nuevo León, dicha resolución es un acto meramente declarativo de naturaleza materialmente administrativa, por lo que no puede considerarse una controversia entre partes de la que derive una resolución materialmente jurisdiccional.
f) Que respecto de lo que se aduce de la legalidad de la actuación del Congreso del Estado, no existe violación alguna a los principios de fundamentación y motivación plasmados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que cuando se trata de actos de una autoridad legislativa, los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 citado, se satisfacen si el Congreso relativo se encuentra constitucionalmente facultado para emitirlos, por lo que resultan inaplicables las tesis que al respecto cita el Municipio actor. Además de que dichas tesis se refieren a actos materialmente jurisdiccionales realizados por órganos diversos, incluso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito invocada, se refiere a un procedimiento derivado de la relación de un particular con la autoridad administrativa y no de una controversia constitucional, por lo que el decreto controvertido cumple exhaustivamente con los requisitos de fundamentación y motivación que requiere la Constitución Federal.
g) Que el segundo concepto de invalidez es infundado, porque si algún Municipio pudiera resultar afectado por la falta de citación del Municipio de García, Nuevo León, sería este mismo Municipio o, en su caso, el de Monterrey, que fue quien solicitó la definición de sus límites territoriales, pero no el Municipio de General Escobedo, el cual sí fue citado y compareció a diversas juntas a través de sus representantes, manifestando lo que a su interés estimaron conveniente.
OCTAVO.-Por oficio presentado el quince de noviembre de dos mil en la Administración del Servicio Postal Mexicano 64001 de Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Luis Ignacio Pozo Rocha, con el carácter de presidente y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, respectivamente, y de tercero interesado en la presente controversia manifestaron, en síntesis, lo siguiente:
a) Que los conceptos de invalidez que hace valer el Ayuntamiento de General Escobedo son infundados, por virtud de que no contienen un razonamiento lógico-jurídico entre el acto cuya invalidez se demanda y lo expuesto por la parte actora en sus conceptos de invalidez. Además de que no existe violación a la parte orgánica y dogmática de la Constitución Federal, porque en términos de los artículos 115 y 116 de la misma, en relación con lo previsto por los diversos 6o., 28, 29, 63, fracción VI, 118, 119 y 131 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, el Congreso del Estado de Nuevo León está facultado para fijar los límites territoriales entre los Municipios de General Escobedo y Monterrey, aclarando que dicha facultad no es limitativa, por lo que no obstante que en la ley secundaria no se estableciera esa atribución, tal aspecto no constituiría impedimento ni argumento válido para que el Congreso del Estado se negara a definir la fijación de los límites territoriales de los Municipios, por lo que el Decreto 349 de catorce de julio de dos mil, emitido por la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitucional Federal y, por ende, deberá declararse su validez.
NOVENO.-El Ayuntamiento del Municipio de García, Nuevo León, en su carácter de tercero interesado, no hizo valer ninguna manifestación respecto de lo demandado en la presente controversia constitucional, no obstante que fue emplazado para tal efecto, como se corrobora con la constancia de notificación que obra agregada a fojas 118 de este expediente.
DÉCIMO.-Por oficio número PGR/025/2001, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de enero de dos mil uno, el procurador general de la República manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.
b) Que el presidente municipal sustituto y el síndico segundo del Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, cuentan con legitimación activa para promover el presente juicio.
c) Que la presente controversia constitucional fue presentada en tiempo.
d) Que en el dictamen emitido por la Comisión del Congreso del Estado de Nuevo León, existe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7264-62346a98/controversia-constitucional-la-falta-de-estudio-de-pruebas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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