Corpus
Modo: Corpus Pro

APORTACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y SUS MUNICIPIOS. EL DECRETO NÚMERO 68, PUBLICADO EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EN CUANTO ADICIONÓ EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, AMBOS DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2001. · Registro digital (IUS): 7465
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, , Pág. 303.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de octubre de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Gaytán Infante, Delfino Mendoza Rodríguez y Armando Sánchez Espinosa ostentándose, respectivamente, como presidente municipal, secretario y primer síndico, todos del Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Estado de San Luis Potosí, promovieron controversia constitucional demandando de las autoridades que más adelante se mencionan, la invalidez de la norma general que a continuación se precisa:

"III. Demandados. A. El Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en la calle de Profesor Pedro Vallejo número 100, Centro, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.-B. El gobernador del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con domicilio en Jardín Hidalgo número 5, Centro, en la capital del mismo Estado. ... V. Norma o acto controvertido. A. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Quincuagésima Sexta Legislatura, se demanda la invalidez del Decreto Número 68, en cuanto a su iniciativa, aprobación y remisión al Ejecutivo Estatal.-B. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se demanda la invalidez del Decreto 68, arriba mencionado, en cuanto a su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, en edición del día 30 de diciembre del año 2000.-El texto íntegro de la publicación del Decreto 68 en cuestión es la siguiente: ‘Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 10, y un cuarto párrafo al artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue Artículo 10. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... También se considerará gasto indirecto las erogaciones que el Gobierno del Estado y los Municipios efectúen a favor de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por concepto de vigilancia y fiscalización que ésta practique a su hacienda pública, de conformidad con lo previsto por el artículo 81 de esta ley.-Artículo 81. ... Asimismo, para realizar la fiscalización de los recursos, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos entregarán a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, el 1.5 por ciento del monto total de cada fondo, en el momento en que reciban las ministraciones respectivas en los términos de esta ley.’ (sic)."

SEGUNDO.-Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"VII. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos y abstenciones señalados a continuación, son ciertos y nos constan: 1. En diciembre de 1997, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para introducir un capítulo V denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’, entre los cuales se establecieron dos destinados a los Municipios: el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. Los preceptos relativos de la vigente Ley de Coordinación Fiscal, establecen lo siguiente: Artículos 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 46 (se transcriben).-2. En marzo de 1999, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objeto de regular la forma y términos en que se recibirían, distribuirían y aplicarían los recursos provenientes de dichos fondos. El contenido de esta ley, en las disposiciones conducentes, vigente hasta el pasado diciembre de 2000, era el siguiente: Artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 10, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 (se transcriben).-3. En el ejercicio fiscal 2001, al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez le corresponderán, por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la cantidad de $17’689,598.54 (diecisiete millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos 54/100) y, por concepto de Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, la suma de $36’327,977.83 (treinta y seis millones trescientos veintisiete mil novecientos setenta y siete pesos 83/100), en términos de los acuerdos administrativos para la distribución de los citados fondos, publicados ambos en el Periódico Oficial del Estado, el día 31 de enero de 2001.-4. El pasado 30 de diciembre de 2000, se publicó en el órgano oficial de difusión de la entidad, el Decreto 68, que constituye la norma controvertida, a través del cual se adicionan los artículos 10, tercer párrafo y 81, cuarto párrafo, de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. El texto de la reforma legal es el siguiente: ‘Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 10, y un cuarto párrafo al artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue Artículo 10. ... I. ... II. ... III. ... IV. ... También se considerará gasto indirecto las erogaciones que el Gobierno del Estado y los Municipios efectúen a favor de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por concepto de vigilancia y fiscalización que ésta practique a su hacienda pública, de conformidad con lo previsto por el artículo 81 de esta ley.-Artículo 81. ... Asimismo, para realizar la fiscalización de los recursos, el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos entregarán a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, el 1.5 por ciento del monto total de cada fondo, en el momento en que reciban las ministraciones respectivas en los términos de esta ley.-Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.’."

TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados, son los siguientes:

"Primero. Recién nacida a la vida independiente la nación mexicana, el Constituyente adoptó como forma de gobierno el de República Federal, congruente con el propósito unificador de la patria, y reconociendo simultáneamente la libertad y soberanía de los Estados que formaban la Unión.-El federalismo, como principio constitucional, ha ido evolucionando en más de siglo y medio de controversias y disputas políticas, las que en más de una ocasión han tenido como eje, precisamente, la interpretación y alcances del mismo concepto. El régimen federal se ha entendido, en los últimos tiempos, más como un esquema pragmático y ordenado de distribución de competencias y responsabilidades entre órdenes de gobierno, que como un dogma político, o un ideal romántico de libro de historia.-Actualmente, aunque no sin dificultades, la Federación, los Estados y los Municipios han encontrado o, al menos, han dirigido con ese propósito sus afanes, la manera de coexistir en equilibrio, reconociendo recíprocamente el inevitable respeto a un orden superior -el federal-, pero aceptando y ejerciendo la suficiente autonomía de los dos restantes.-En materia de distribución de recursos y potestades impositivas, es en donde -con notoria relevancia- se han presentado las mayores discrepancias entre los tres niveles de gobierno. Estados y Municipios, en el marco de la Carta Magna, han asumido un rol secundario en el establecimiento de los gravámenes que proveen de los ingresos necesarios para cubrir los gastos públicos; pero a cambio de ello, han convenido con la Federación la participación en la captación de recursos que vía impositiva obtiene ésta.-Así, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido, desde hace más de treinta años, un baluarte del régimen federal. Se sustenta y lo mantiene el acuerdo recíproco que permite a las entidades y a los Municipios obtener recursos de la recaudación federal, cediendo incluso para ello potestades tributarias que, si bien serían fuentes significativas de ingresos, por otro lado inducirían a una mayor complejidad e inoperatividad del esquema fiscal del país, y generaría incertidumbre e inseguridad en los particulares, como ocurría en el pasado con la doble tributación.-La Ley de Coordinación Fiscal estableció así los Fondos Generales de Participaciones y de Fomento Municipal, formados con un porcentaje de la ‘recaudación federal participable’, concepto este integrado por varios impuestos y derechos federales. Posteriormente, el Legislativo Federal decidió participar también a Estados y Municipios con impuestos como el de tenencia o uso de vehículos, el de automóviles nuevos, y el especial sobre producción y servicios.-Como se expone en el capítulo de antecedentes, desde 1998 la Ley de Coordinación Fiscal obliga a la Federación a distribuir diversos fondos de aportaciones a los Estados y a los Municipios; a estos últimos en particular de dos de ellos: el de Infraestructura Social Municipal y el de Fortalecimiento Municipal.-Ahora bien, la reciente reforma al artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, materia de este examen constitucional, viola el principio federal consagrado por el artículo 40 de la Norma Suprema, al privar indebidamente de los recursos que la Federación distribuye a los Municipios.-No puede el Legislativo Local detraer en su beneficio un porcentaje de los fondos federales establecidos como instrumento del régimen federal para equilibrar responsabilidades y capacidades en los tres órdenes de gobierno. Hacerlo constituye un atentado al principio federalista de la Carta de Querétaro, en tanto limita y restringe la potencialidad de los Municipios para atender las funciones que la propia Ley Suprema le confiere en el artículo 115.-La libertad y soberanía de los Estados como elemento igualmente vital del principio federalista de la Constitución, no es infinita ni irrestricta. La propia pertenencia al Pacto Federal, y el reconocimiento de un orden superior, constriñen a las entidades, en salvaguarda del propio Pacto, a no vulnerar o transgredir su ámbito de facultades y atribuciones. En la especie, la pretendida privación de recursos federales destinados a los Municipios para destinarlos a fines diferentes de aquellos para los que se crearon, es una alteración grave al orden federal, un ejercicio de poder que rebasa el marco de la misma Carta Constitutiva y un desafío inadmisible al orden que rige el republicanismo federal.-Las tesis siguientes claramente expresan el criterio que el más Alto Tribunal del país sustenta respecto de la libertad y soberanía de los Estados: ‘SOBERANÍA DE LOS ESTADOS, ALCANCE DE LA, EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe).-‘SOBERANÍA DE LOS PODERES DE LOS ESTADOS.’ (se transcribe).-La Legislatura Estatal se equivoca, y en su error incurre en un violento ataque al principio federalista que sustenta todo el sistema jurídico-político mexicano. La sustracción de ingresos municipales provenientes de una ley federal, a través de una ley local, no es sino una palmaria violación a la Constitución General de la República.-El Decreto 68 controvertido debe ser declarado inválido por este Alto Tribunal, en consideración al evidente agravio que infiere al postulado federalista de la Constitución, limitando la disponibilidad lícita, jurídica y justa de recursos que deben tener los Municipios del Estado para desarrollar sus funciones.-El Congreso del Estado de San Luis Potosí aplica erróneamente el principio de libertad y soberanía que la Constitución Federal otorga a las entidades; y con su actuación, excede el alcance de dicho principio. No es esa soberanía y esa libertad una patente abierta para vulnerar los derechos de los Municipios, que son además entes públicos reconocidos por la propia Ley Suprema como base de la división territorial del mismo Estado, el cual -igualmente- adopta, en su régimen interno, la forma de gobierno republicano, representativo y popular.-Con la modificación legal que se cuestiona, el Legislativo Local soslaya estos principios, que no son por cierto conceptos gratuitos y optativos para los Gobiernos Estatales, sino mandatos claros del Constituyente para con ellos dotar a la República de un solo régimen y una sola forma de gobierno, garantizando la indivisibilidad de la Unión. Son aplicables las tesis jurisprudenciales que a continuación se citan: ‘GOBIERNOS REPUBLICANOS.’ (se transcribe).-‘ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).-‘GOBIERNOS DE LOS ESTADOS.’ (se transcribe).-Es, consecuentemente, una falta seria a los principios y postulados de la Norma Fundamental, el pretender a través de una norma local, gravar y detraer los ingresos de los Municipios para cubrir necesidades de gasto propias de un ente estatal. Por más justificación que encuentre las funciones del órgano fiscalizador del Poder Legislativo Local, no es mediante una disposición unilateral que fuerza a retener de los recursos federales un porcentaje, como se cubre el presupuesto de una dependencia ajena al ámbito municipal.-Así, debe esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la invalidez del Decreto 68 del Congreso del Estado de San Luis Potosí, que reforma el artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, anulando con ello la intención de privar a los Municipios de sus ingresos públicos.-Segundo. El Decreto 68, materia de esta controversia constitucional es violatorio, además, del principio constitucional que da libertad al Municipio mexicano.-Constituye una premisa fundamental de nuestro régimen político, la autonomía del Municipio como orden de gobierno base del sistema político mexicano. La República Federal integrada por Estados libres y soberanos no sería el mejor esquema encontrado por el Constituyente, si no estuviera complementado con la libertad reconocida al Municipio.-Cierto es que en su régimen interior los Estados son libres y soberanos, pero ha sido ya argumentado en esta instancia, que esa libertad y soberanía no prevalece sobre el vínculo y el respeto que deben las entidades al Pacto Federal. Pues bien, postulado esencial del propio Pacto es el Municipio Libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Unión.-La libertad del Municipio, como expresión traducida a principio rector del sistema político, no contraviene la soberanía de la Federación e incluso, la de los propios Estados, que son, además, igualmente libres. La libertad del Municipio es interpretada por los tribunales y por la doctrina constitucionalista, más como ‘autonomía’, en el sentido de la capacidad de manejarse administrativa y políticamente, con independencia de los Estados y de la Federación a los que están, desde luego, vinculados, mas no subordinados.-La evolución del sistema político y de la democracia mexicana han tenido su referencia obligada en la propia evolución política y económica de los Municipios. En la actualidad, son ya éstos indiscutiblemente capaces de responder a las necesidades sociales y proveer los satisfactores materiales de las comunidades. El reconocimiento a la mayoría de edad de los Municipios ha pasado de ser sólo parte del lenguaje político, para convertirse en una condición en las relaciones entre los órdenes de gobierno. El criterio siguiente soporta los argumentos expresados.-‘MUNICIPIO LIBRE.’ (se transcribe).-Como elemento esencial de la autonomía municipal, se encuentra el reconocimiento al manejo libre de la hacienda pública, principio consagrado por el artículo 115 de la Ley Suprema.-Las reformas constitucionales de 1982 y 1999, han tenido el común denominador de fortalecer la libertad del Municipio y dotarlo de mayores atribuciones y responsabilidades. Paralelamente, es evidente que el crecimiento demográfico y las reconocidas crisis económicas nacionales de los últimos treinta años, han derivado en una cada vez mayor limitación de los Gobiernos Municipales para responder a las demandas sociales, dirigidas medularmente a proveer de servicios que son precisamente competencia municipal, como agua potable y alcantarillado, alumbrado, seguridad pública, entre otros igualmente vitales.-Así, el Legislativo Federal, consciente de ello, ha determinado implementar los esquemas de financiamiento público para los Municipios que los provean de los medios económicos para atender tales responsabilidades y atribuciones y, con ello, dar congruencia al fortalecimiento institucional de este orden de gobierno.-Una vertiente de esos esquemas es la creación desde 1997, de los fondos de aportaciones federales, a que se hizo alusión en el apartado de antecedentes de esta demanda.-Los recursos del Fondo de Infraestructura Social, como se indica en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, deben dirigirse a la realización de obras en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.-Por su parte, los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, deben aplicarse en sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.-Consecuentemente, la libertad o autonomía del Municipio en el manejo de su hacienda pública, está limitada; si bien, en este caso, no se controvierte tal restricción o condicionamiento en la aplicación de los recursos del Municipio, sino la afectación que el erario municipal sufre, al privársele indebidamente, de una proporción sustancial de los recursos que de esos fondos le corresponden, virtud a una reforma legal a un ordenamiento estatal.-Entonces, derivado del Decreto 68, sí hay una incorrecta restricción a la libertad del Municipio, a su autonomía financiera y al derecho constitucional que posee a manejar libremente su hacienda. El Congreso Estatal de San Luis Potosí viola el artículo 115 constitucional, al disponer que se retenga de los ingresos municipales que deben distribuírseles, el 1.5% de los fondos de aportaciones federales, para destinarlo a la fiscalización de la aplicación de esos mismos fondos, siendo que el órgano encargado de ello es interno del Legislativo y debe contar con un presupuesto propio para cumplir con sus funciones; además de que tiene sus atribuciones generales en materia de revisión de las cuentas públicas municipales, en forma independiente incluso anterior al establecimiento, distribución y aplicación de los fondos federales de los que se pretende hacer el descuento. Tiene relación, en lo conducente, la tesis que se transcribe enseguida: ‘PODERES DE LOS ESTADOS, FACULTADES DE LOS.’ (se transcribe).-El Decreto 68 controvertido es inconstitucional y así debe ser declarado por esta Suprema Corte, ya que atenta contra la autonomía financiera del Municipio, y el reconocimiento que la Norma Fundamental hace del derecho a decidir sobre sus ingresos, siempre que se destinen a cumplir con sus funciones esenciales.-En el caso que nos ocupa, los recursos de los fondos mencionados tienen un destino específico señalado por la propia ley que los regula. No puede el Municipio variar ese destino y aplicar los recursos en obras o servicios no incluidos en los preceptos que los establecen. Sin embargo, no puede tampoco otra entidad -aun por virtud de una ley- cambiar ese destino. Está igualmente limitado el Legislativo Local de modificar el sentido y propósito de una ley federal, máxime si con ello restringe el principio de la libertad del Municipio y su autonomía financiera.-La hacienda pública municipal se integra, de acuerdo con el artículo 115 en comento, entre otros conceptos, por el rendimiento de sus bienes, por las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor. En este caso, son parte de la hacienda pública, los recursos provenientes de los fondos federales, toda vez que fueron establecidos por la Legislatura Federal, misma que limitó el destino y fin de tales ingresos.-Por ende, al ser parte de su hacienda, están protegidos en su manejo y administración por la Constitución, estando impedidas otras dependencias, entidades o poderes, a limitar, restringir o descontar su cuantía.-La tesis que enseguida se transcribe, hace referencia a la limitación que puede darse a la libertad para la administración hacendaria de los Municipios. De ella se subraya el criterio que, aplicado a contrario sensu, corrobora los asertos vertidos en este concepto de invalidez: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL. NO LA AFECTA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY QUE CREA LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.’ (se transcribe).-En el caso que nos ocupa, es claro que los recursos de los que pretende sustraerse un porcentaje para la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, sí son recursos propios de los Municipios, aunque provenientes de un orden distinto, que es el federal. De hecho, es el presupuesto de egresos de la Federación, en el Ramo 33, el que establece los fondos en cuestión pero con un fin concreto e invariable, de allí que no sea apegado a la Carta de Querétaro, la pretensión de la demandada de privar una proporción con objetos diferentes de los señalados en la ley de la materia.-En el mismo orden de ideas, el mismo precepto constitucional en comento destaca que las Legislaturas Locales no podrán establecer exenciones o subsidios a favor de instituciones u organismos públicos o privados, respecto de las contribuciones que deben percibir los Municipios. Para efectos del caso en examen, los recursos provenientes de los fondos de aportaciones federales, deben gozar de los mismos privilegios y no ser objeto de exenciones o subsidios que, traducidos en esta materia, sería a través de retenciones o descuentos a favor de instituciones públicas, como lo es la Contaduría Mayor de Hacienda.-Igualmente inconstitucional sería que, por ejemplo, en una ley local se exentara del impuesto predial a una dependencia o institución, o se otorgara un subsidio en derechos de agua potable a una empresa pública o privada. La pretensión de la Legislatura Local al gravar los recursos que debe obtener el Municipio conforme a las leyes fiscales federales, detrayendo una parte para destinarlo a una entidad ajena al Municipio es un esquema distinto en cuanto a la forma, pero igual en el fondo que los ejemplos expresados.-Debe reconocerse la analogía entre, por una parte, el supuesto que la propia Carta Magna prevé y prohíbe en el caso de las exenciones o subsidios sobre contribuciones locales a través de una ley local; y, por la otra, la intención del legislador potosino de quitar un porcentaje de los recursos que les corresponden a los Municipios de los fondos de aportaciones federales.-El criterio jurisprudencial que se invoca a continuación, sirve de sustento a los razonamientos expresados: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS.’ (se transcribe).-La disposición reformada del artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, es una flagrante violación a la libertad del Municipio y, específicamente, al derecho a administrar libremente su hacienda, ya que son precisamente esas aportaciones federales transferidas, parte integrante de la misma hacienda pública municipal. Este Máximo Órgano de decisión del país, debe declarar inválida la norma que se controvierte.-A propósito de la autonomía financiera municipal, nos permitimos traer a colación el siguiente texto de Ignacio Burgoa: ‘Por otra parte y según se sostuvo reiteradamente en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro, sin libertad económica el Municipio no puede gozar fácticamente de su necesaria libertad política, que es el presupuesto de la democracia. La libertad económica, como lo hemos recordado, se traduce en la potestad que tiene el Municipio para administrar su hacienda sin intromisiones de ninguna autoridad ajena a su Ayuntamiento. Esta libertad, además supone que este órgano municipal conozca las necesidades y problemas económicos de la comunidad respectiva y formule los planes de arbitrios pertinentes para adoptar las medidas adecuadas. El planteamiento de la problemática municipal y de las soluciones idóneas debe ser tomado en cuenta por las Legislaturas Locales para decretar los impuestos que nutran a la hacienda del Municipio, a fin de que su órgano administrativo la maneje libre y responsablemente.’ (el subrayado es nuestro).-Burgoa Ignacio. ‘Derecho Constitucional Mexicano’. Porrúa, 5a. edición. Pág. 895.-Visto así, la pretendida reforma resulta inevitablemente una intromisión injustificada de un poder distinto en el manejo y libre disposición de recursos municipales, agravado más aún si se considera que se priva de esos mismos recursos, para un fin que es ajeno a los objetivos propios del Municipio. El quebranto al orden constitucional queda pues suficientemente probado.-Este Alto Órgano de Jurisdicción del país está en aptitud legal de declarar la invalidez de la norma que se cuestiona, evitando con ello graves perjuicios al patrimonio del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.-Tercero. La norma materia de esta controversia constitucional es en realidad un tributo con el que infundadamente la Legislatura Local pretende gravar los ingresos municipales.-En efecto, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con el decreto combatido, lo que efectivamente pretende y persigue es aplicar un impuesto a los ingresos que los Municipios deben obtener vía aportaciones federales. Si se examina con atención la exposición de motivos y el texto del documento, se llegará a la conclusión de que la retención que se pide a la Secretaría de Finanzas haga del 1.5% de los dos Fondos, el de Infraestructura Social Municipal y el de Fortalecimiento Municipal, no es sino una contribución, puesto que tiene todos los elementos de un tributo, a saber: a) Es general, puesto que se aplicaría a todos los Municipios del Estado, sin excepción.-b) Es obligatorio, debido a que es una imposición unilateral heterónoma, sin opción para el sujeto pasivo.-c) Es una contraprestación en dinero, toda vez que sería precisamente una porción de los recursos de los fondos, lo que se retendría a los Municipios, para pagarlo a la Contaduría Mayor de Hacienda.-d) Su destino serían los gastos públicos, en razón de que la Contaduría Mayor es un ente público, el cual incluso goza ya de un presupuesto propio.-e) Es una obligación ex lege, ya que está contenida en una ley, la de Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.-f) El sujeto queda establecido en cada uno de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.-g) Su objeto, fuente o ‘materia imponible’, lo constituye el universo de recursos que a través de aportaciones federales transferidas, reciben los Municipios.-h) Su base, es el monto total de recursos que al Municipio le correspondan por concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Fortalecimiento Municipal.-i) Su tasa, es el 1.5%.-j) Su época y lugar de pago será mensualmente, a través de la retención que haga la Secretaría de Finanzas.-Queda comprobado, entonces, que la reforma a la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales (sic) Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, constituye el establecimiento de un impuesto.-La actuación del Legislativo resulta en consecuencia inconstitucional, porque carece de atribuciones para imponer contribuciones sobre los ingresos municipales.-Si bien, como ya se ha señalado los Estados de la Federación son libres y soberanos, no pueden por ello, establecer gravámenes sobre cualquier concepto que les plazca.-‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.’ (se transcribe).-La Constitución establece un sistema de distribución de potestades tributarias, de manera que se garantice el orden y la armonía impositiva, evitando la anarquía que conduce a la doble o múltiple tributación.-Así, aun cuando no existe una limitación expresa a las entidades federativas para establecer contribuciones que graven los ingresos municipales, como tampoco se trata, desde luego, de una atribución reservada a la Federación, podría decirse, en principio, que no hay invasión de esferas o ejercicio de facultades no expresamente conferidas. Sin embargo, la verdad es que con el contenido del Decreto 68 estamos en presencia de un hecho tan aberrante que ni el Constituyente podría haberlo imaginado para -anticipándose a ello- limitar a las entidades su realización.-‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS.’ (se transcribe).-El Congreso del Estado de San Luis Potosí no solamente llega al absurdo de imponerle contribuciones a sus Municipios, sino que lo hace sobre ingresos de los Municipios provenientes de la Federación; ingresos que, a su vez, tienen su origen en la recaudación federal participable la cual, como ya se expresó, se integra con diversos impuestos y derech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7465-84a698d2/aportaciones-federales-transferidas-al-estado-de-san-luis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.