CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO EN RELACIÓN CON UN ACTO IMPUGNADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA LEY QUE TAMBIÉN FUE RECLAMADA EN LA DEMANDA RELATIVA, SI RESPECTO DE ELLA SE ACTUALIZÓ UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2002. MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de noviembre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Administración de Correos Urbana Número Uno del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Estado de San Luis Potosí, el veintidós de octubre de dos mil dos, Armando Sánchez Espinoza, quien se ostentó como primer síndico del citado Municipio, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de la norma y acto que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"IV. Demandado. Tiene el carácter de demandado el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con domicilio oficial en la calle de Pedro Vallejo número 100, centro histórico, en la capital del Estado de San Luis Potosí. ... VI. Norma o acto controvertido. a) La Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, en sus artículos 48, 53, 63 y 72. Esta ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 16 de marzo de 1999, pero se impugna a partir de -y simultáneamente con- el primer acto de aplicación de las disposiciones antes precisadas, consistente en: b) El dictamen emitido el seis de septiembre de 2002 por el que el Congreso del Estado de San Luis Potosí resuelve iniciar juicio político en contra del presidente municipal y dos regidores del Ayuntamiento. Este acto fue notificado el pasado once de septiembre de 2002."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. En diciembre de 1997, a iniciativa del Ejecutivo Federal, se adicionó un capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal Federal (sic), denominado: ‘De los fondos de aportaciones federales’; derivado de lo cual se establecieron los Fondos de Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal, para que estos órdenes de gobierno recibieran de la Federación, a través de las entidades federativas, los recursos correspondientes, para ser destinados exclusivamente a los fines que la propia ley federal señala. De la reforma comentada, destacamos los artículos 33 y 46, que dicen: ‘Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate. Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán: I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados, y V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.’. ‘Artículo 46. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades federativas y, en su caso, los Municipios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas, afectarlas en garantía, ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42 y 45 de esta ley. Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en los citados artículos. El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas y los Municipios, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades de los Gobiernos Municipales según corresponda. La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos fondos; III. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los Municipios, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y de los Municipios, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta ley; y, IV. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados al fiscalizar la cuenta pública federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos de los fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del artículo 3o., fracción III, de su ley orgánica. Cuando las autoridades estatales o municipales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines que por cada fondo se señale en la ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en forma inmediata. Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda de un Congreso Local detecte que los recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la hacienda pública federal en que, en su caso, incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos recibidos de los fondos señalados, para fines distintos a los previstos en este capítulo, serán sancionadas en los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.’. 2. Posteriormente, pero en consecuencia directa de lo anterior, se publicó en el Periódico Oficial del Estado del 16 de marzo de 1999, la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, en la que se establece la obligación de los Municipios de constituir Consejos de Desarrollo Social, los que tendrán facultades para decidir y validar obras que se ejecuten con los recursos provenientes de los citados fondos. Se transcriben los artículos relativos, mismos que son materia de esta controversia constitucional. Los artículos controvertidos señalan textualmente lo siguiente: ‘Artículo 48. El Ayuntamiento deberá elaborar un programa de obras y acciones de cada ejercicio fiscal para atender las necesidades sociales de la población, que será la base de priorización del ejercicio de los recursos. Este programa deberá ser validado por el consejo y entregado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, incorporándose al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, a más tardar el treinta de marzo. El Ayuntamiento podrá considerar en su presupuesto, recursos para un programa de operación y conservación de la infraestructura social básica existente. Asimismo, el Ayuntamiento destinará el dos por ciento de su techo financiero del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, al programa de desarrollo institucional municipal a que se refiere el título tercero, capítulo IV de esta ley.’. ‘Artículo 53. Los Ayuntamientos deberán elaborar un programa donde registren las obras y acciones, el cual será previamente priorizado y validado por el consejo. Este programa se deberá presentar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, incorporándose al sistema de Información del desarrollo Social y Regional a más tardar el treinta de marzo del ejercicio fiscal de que se trate.’. ‘Artículo 63. Para efectos de refrendo de recursos de estos fondos, previo conocimiento y validación del consejo, los Ayuntamientos identificarán las obras y acciones cuyo presupuesto asignado se estime que no será posible ejercerlo en el ejercicio fiscal de que se trate. Dicha estimación deberá informarse a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y a la Contraloría General del Estado o al órgano de control y supervisión interno del Gobierno Municipal donde esté constituido, a más tardar el treinta de noviembre. Los Ayuntamientos notificarán a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y a la Contraloría General del Estado o al órgano de control y supervisión interno del Gobierno Municipal donde esté constituido, a más tardar el treinta de noviembre, el monto que tenía presupuestado, el cancelado y el que utilizará como refrendo para el próximo ejercicio. Los recursos no ejercidos de las obras o acciones refrendadas deberán permanecer en la Tesorería Municipal, mismos que se ejercerán en el siguiente año, debiendo los Ayuntamientos adecuar los expedientes técnicos del gasto de la obra y/o acción, y actualizar el mismo por los conceptos a realizar. Las obras y/o acciones de los recursos que se refrenden deberán quedar concluidas a más tardar el último día del mes de marzo del año siguiente, en esta misma fecha deberá tenerse a disposición de la Contraloría General del Estado o del órgano de supervisión y control interno del Gobierno Municipal donde esté constituido, la comprobación del gasto de los refrendos.’. ‘Artículo 72. El consejo tendrá las siguientes funciones: I. Difundir con claridad en cada localidad, barrio y colonia popular, el propósito del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y la aplicación de sus recursos; II. Promover entre los vecinos la participación social, como instrumento de desarrollo de la comunidad; III. Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades, las cuales deberán ser sustentadas con el acta de asamblea comunitaria, donde se asiente y valide que las obras y acciones correspondientes fueron priorizadas por la mayoría de la población; IV. Seleccionar las obras y acciones a realizar con base en las propuestas que presentaron las comunidades; V. Efectuar el control, seguimiento y evaluación de los fondos y programas; VI. Promover e impulsar a la contraloría social; VII. Canalizar al órgano de control y supervisión interno, donde esté constituido, o a la Contraloría General del Estado o al Congreso del Estado, las quejas y denuncias, que sobre el manejo de recursos y calidad de las obras presente la población; VIII. Informar a los beneficiarios en un plazo no mayor de treinta días naturales, sobre la aprobación o rechazo de propuestas de obras que se presenten, indicando las causas que originaron la aprobación o rechazo de las mismas; IX. Elaborar un reglamento interno que rija sus actividades y funcionamiento; X. Dar seguimiento físico y financiero a las obras y acciones que se ejecuten en sus comunidades; XI. Promover la elaboración de diagnósticos comunitarios que permitan identificar, analizar y priorizar las demandas y necesidades sociales, y convertirlas en propuestas de desarrollo, y XII. Impulsar la corresponsabilidad y participación directa de las comunidades, mediante la aportación de mano de obra, recursos o materiales de la región.’. 3. Por otra parte, el día 26 de septiembre de 2000 quedó instalado formalmente el Ayuntamiento del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., para el periodo 2000-2003. 4. El 27 de febrero de 2001 se constituyó el Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en términos de las disposiciones antes transcritas, lo cual se acredita con la copia que constituye el anexo número 4. 5. Cabe subrayar que desde esa fecha el funcionamiento y operación del Consejo de Desarrollo Social ha sido normal, en un clima de respeto a las respectivas atribuciones y facultades del Ayuntamiento y del organismo ciudadano, consultándose al mismo sobre las obras que se estiman prioritarias, a fin de destinar a la ejecución de las mismas, los recursos de los fondos de aportaciones federales transferidos al Municipio. 6. No obstante ello, el 31 de julio último, el señor Enrique Ochoa Gómez presentó ante el Congreso del Estado denuncia de juicio político en contra del presidente municipal, dos regidores y diversos funcionarios de la administración municipal (anexo 5). 7. El órgano legislativo ahora demandado, admitió a trámite la denuncia, solicitando de los funcionarios municipales sus respectivos informes, los cuales fueron oportunamente presentados (anexos 6, 7, 8, 9 y 10). 8. El día 6 de septiembre anterior, por mayoría de votos, el Poder Legislativo determinó instaurar procedimiento de juicio político en contra de tres de los integrantes de este Ayuntamiento. En el dictamen correspondiente (anexo 11) -dado a conocer a los interesados el día 11 de septiembre de 2002 y enterado del mismo este órgano de gobierno un día después- se aplican por primera vez en contra de este Ayuntamiento las normas controvertidas, al estimar que el Consejo de Desarrollo Social Municipal es el único que tiene atribuciones para determinar el destino de los recursos provenientes de los fondos de aportaciones federales."
TERCERO. La parte actora adujo los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. Las normas controvertidas, en tanto son interpretadas como lo hace el Congreso demandado, son inconstitucionales debiendo ser declaradas inválidas, por atentar contra la Norma Fundamental de la nación mexicana, en sus artículos 40, 115, 116, 117 y 118. Nuestro país ha adoptado la forma de gobierno republicano y federal, constituyendo los Municipios las entidades esenciales de la estructura de poder, al ser los entes directa y estrechamente vinculados con la población. Los Municipios son, entonces, un orden de gobierno que rige en las demarcaciones territoriales que las entidades federativas han establecido, de acuerdo a las circunstancias de identidad de la población que las habita. La historia, la tradición y la cultura comunes determinan la existencia de esas comunidades gobernadas por un Ayuntamiento. De allí que el mismo Constituyente determinara dotar a los gobiernos de los Municipios de una estructura democrática per se, integrada por miembros de esas comunidades, generalmente ciudadanos comunes sin una vocación especial para la política y el gobierno, pero cuya voz debe representar a los sectores de la población que forman la comunidad. Los regidores, miembros del Cabildo son, frecuentemente, los maestros de la escuela, los comerciantes o profesionistas, los obreros, los estudiantes y las amas de casa que, electos por la población, ocupan una posición en el órgano de gobierno del Municipio. Los presidentes municipales no son sino los responsables naturales del gobierno y la administración de un Municipio. Entre los Ayuntamientos como órganos de gobierno de un Municipio y los gobiernos de las entidades federativas, no hay ni debe haber autoridad intermedia. Así lo sostiene el artículo 115 de la Carta Magna. Los Ayuntamientos tienen una serie de facultades y atribuciones, son depositarios del mandato popular y son responsables, por ende, de la buena marcha del Municipio. En el aspecto administrativo y financiero, son los encargados del manejo de los recursos destinados a cumplir con los fines del Municipio, atento las disposiciones legales aplicables. En la especie, la Ley de Coordinación Fiscal Federal (sic), es el ordenamiento que establece y regula los fondos de aportaciones que la Federación transfiere a Estados y Municipios. En ella se define con claridad el destino que los recursos de estos fondos deben tener. Asimismo, se prevén las consecuencias y responsabilidades de los Ayuntamientos y sus integrantes, en caso de no cumplir con tales prescripciones. La Ley de Coordinación Fiscal dispone, además, que los Municipios deberán propiciar la participación de las comunidades beneficiarias, a fin de que sean éstas las que propongan las obras que se pueden ejecutar con los recursos provenientes de los fondos referidos. Esta disposición, lejos de ser inconstitucional, es esencialmente democrática y congruente con el espíritu que sobre esta forma de gobierno se sustenta en nuestro país. Sin embargo, la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas, en sus artículos controvertidos, rebasa el alcance que la ley federal señala para los organismos representativos de las comunidades al dotar a los Consejos de Desarrollo Social Municipal de funciones específicas para seleccionar obras y acciones y decidir su ejecución o no. Con ello, la norma local se coloca indebidamente por encima de la federal que, al emanar de la Constitución, constituye la Ley Suprema de la Unión. Existe una diferencia muy clara entre el propósito de la ley federal en cita, al instruir a los Ayuntamientos para que involucren a los habitantes de las comunidades en el destino de los recursos que reciban de los fondos aludidos, por una parte, y el contenido de las normas de la ley local materia de este examen, así como con la interpretación excedida e infundada que hace ahora el órgano parlamentario demandado. Como se aprecia, la ley local rebasa el marco no sólo de la ley federal, sino de la propia Norma Suprema al atribuir a los Consejos de Desarrollo Social Municipal facultades para seleccionar, priorizar y validar las obras que se deberán ejecutar con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Pero, además, el dictamen que da pauta a esta acción de controversia constitucional llega aún más lejos al calificar a los Consejos de Desarrollo Social Municipal como ‘instituciones democráticas’ y como ‘parte de la estructura misma de los Ayuntamientos’ (página 31, tercero y cuarto párrafos del dictamen). En primer lugar, debe decirse que el adjetivo de ‘institución democrática’ otorgado gratuitamente por el legislativo local a un organismo de participación ciudadana, cuyas funciones son esencialmente consultivas, que no está previsto en la Norma Fundamental, es sin lugar a dudas contrario al espíritu de ésta, concretamente, en el contenido de los numerales invocados como violados en el encabezado de este concepto de invalidez, en tanto introduce un nuevo ente de gobierno, inexistente en el articulado de la Carta de Querétaro, además de que le confiere atribuciones que no posee ni puede poseer sin violentar la Ley Suprema. Aduce el dictamen que: ‘... la validación de acciones y obras a ejecutarse con recursos de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios es una facultad propia del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el caso de Soledad de Graciano Sánchez, según se precisa en los numerales 48, 53, 66, 68 y 72 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí ...’. Dictamen, página 37, cuarto párrafo. En otra parte, insiste el demandado en que: ‘... los actos y omisiones que se imputan a los denunciados, y que han sido debidamente precisados párrafos arriba, constituyen un decidido ataque a la institución democrática denominada Consejo de Desarrollo Social Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en virtud de que cada uno de ellos le impide a dicho consejo no sólo el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 48, 53, 63, 66, 68 y 72 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, sino la consecución misma de los fines que le son propios, pues en tanto sus miembros no sean convocados para sesionar en los términos y plazos que la ley en comento establece, se hace nugatorio su derecho de decidir sobre la aplicación de los recursos de los fondos mencionados ...’ (página 31, último párrafo). De lo anterior se concluye que las normas cuestionadas, así como el acto concreto de su aplicación, son inconstitucionales, al dotar a los Consejos de Desarrollo Social de atribuciones que exceden el marco constitucional; al atribuirles funciones que invaden la esfera de facultades de los Ayuntamientos; al introducir un ente intermedio entre el Ayuntamiento y el gobierno de la entidad federativa; al asignarle mayores poderes a los Consejos de Desarrollo Social Municipal que al propio Cabildo; al restringir la autonomía financiera del Municipio; y, al poner por encima de una ley federal -Norma Suprema de la Unión- una ley local. Sirven de sustento las tesis siguientes: ‘CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO PARA SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PUBLICADO EL PRIMERO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, TRANSGREDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 49, fracciones III y XXVI, y 73, fracciones I, II y VIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la máxima autoridad administrativa de los Municipios es el Ayuntamiento, y que a éste le corresponde emitir todas aquellas disposiciones relativas a su organización, funcionamiento, servicios públicos y otros de su competencia, así como promover y autorizar la realización de obras públicas y lo inherente a su desarrollo urbano, resulta inconcuso que el artículo 9o., fracción IV, del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social al facultar a estos órganos de participación ciudadana para analizar, jerarquizar y autorizar democráticamente las obras, proyectos y acciones para el desarrollo social que propongan las comunidades, otorga atribuciones que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos y, por tanto, transgrede el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal. Esto es así, porque la función de estos consejos debe limitarse a apoyar y coordinar a las autoridades estatales y municipales, así como a los particulares, para que los sectores públicos, sociales y privados concurran en el desarrollo social de los Municipios, pero no para la toma de decisiones en materias cuya competencia es exclusiva, en el ámbito municipal, de los Ayuntamientos, los cuales si bien están obligados a dar intervención a cada sector, ello no implica otorgarles poder de decisión y ejecución, pues de esta manera el Ayuntamiento se constituye en mero ejecutor de las decisiones de dichos consejos, haciéndose nugatoria la facultad constitucional que reserva la administración municipal a los Ayuntamientos.’. ‘AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 13, 14, 44, 57 y 82, fracción II, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, son violatorios de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe las autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios. Lo anterior en virtud de lo siguiente: a) Los citados preceptos de la ley prevén los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal como autoridades que no pertenecen orgánicamente al Estado ni a los Municipios, aunque se integran con autoridades de ambos; b) De conformidad con los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal, y 13 y 40 de la ley orgánica municipal de aquella entidad, entre otros, la máxima autoridad administrativa de los Municipios lo es el Ayuntamiento, al que corresponde emitir todas aquellas disposiciones relativas a su organización, funcionamiento, servicios públicos y otros de su competencia, así como promover y autorizar la realización de obras públicas y lo inherente a su desarrollo urbano, lo cual se relaciona directamente con las atribuciones que se le otorgan a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, en tanto que éstos constituyen instancias encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la población, facultades que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos que, por tal razón, son los que deberían realizarlas; c) Dichos comités no sólo son órganos de planeación y coordinación sino que se les dota de facultades tales que implican el sometimiento del Ayuntamiento y de sus juntas auxiliares, de forma que, para que éstos puedan desarrollar sus funciones y percibir los recursos que les corresponden para tal efecto conforme a la ley citada, deben contar con los planes, programas y jerarquización de obras y acciones autorizadas por los referidos comités; y d) Además, interrumpen la comunicación directa que debe existir entre el Gobierno del Estado y los Municipios, ya que con la intervención de dichos comités, los Municipios estarán obstaculizados para coordinarse directamente con el Gobierno del Estado para llevar a cabo sus atribuciones sobre aquellas materias que en común tienen ambos niveles.’. Así las cosas, queda comprobado que las disposiciones normativas de la ley local combatida, así como la interpretación y alcance que pretende darles el Poder Legislativo del Estado resultan inconstitucionales debiendo quedar sin efectos. Segundo. Ad cautelam, se hace valer este concepto de invalidez en contra de las normas y actos controvertidos por la violación que los mismos entrañan al contenido de los artículos 124, 134, primero y cuarto párrafos, en relación con el 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, como lo ha sostenido esa Suprema Corte en la sentencia de la controversia constitucional 3/2001, promovida por este mismo Ayuntamiento, los fondos de aportaciones federales son recursos que corresponden al presupuesto de egresos de la Federación. Así, una ley local no puede introducir reglas distintas a las que las leyes federales, concretamente la Ley de Coordinación Fiscal, prevé para el manejo de los recursos que en la misma se establecen con el carácter de transferencias del presupuesto federal a los Municipios. Si la Norma Fundamental expresa y exclusivamente le confiere a la Federación la atribución de regular la administración de los recursos federales, la introducción en una ley local de una disposición que incide sobre el manejo y destino de los recursos de los fondos de aportaciones que, por su naturaleza son federales, es claro que invade una competencia reservada para la Federación, quebrantando el principio de distribución de potestades y competencias que rige nuestro sistema jurídico constitucional, al tenor del artículo 124 de la Carta Magna. Al efecto, se invocan los criterios siguientes: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integra básicamente y en lo que atañe a las hipótesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la Federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a las entidades federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios.’. ‘ESTADOS, FACULTADES DE LOS. Al tenor del artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17874-34088503/controversia-constitucional-procede-sobreseer-en-el-juicio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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