CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2002. MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de febrero de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Oficina de Correos en San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, el veintinueve de noviembre de dos mil uno, Ángel Luis Ruiz García, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. A) Poder demandado. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuyo titular es el gobernador del Estado de Sonora. B) Con domicilio en el Palacio de Gobierno, ubicado en Dr. Paliza y Comonfort, planta alta de la ciudad de Hermosillo, Sonora. IV. A) Acto cuya invalidez se demanda. Del Estado de Sonora se demanda el acto consistente en la retención de participaciones en ingresos federales que le corresponden a este Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y que le son cubiertas por la Federación por conducto del Estado, retención inconstitucional que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo. B) Actos generales cuya invalidez se demanda: Demando la invalidez mediante controversia constitucional de la indebida retención de participaciones federales que recibe el Ejecutivo del Estado de Sonora, específicamente en el rubro que comprende el Fondo General de Participaciones, de acuerdo al análisis de la cuenta pública del año 1998, 1999 y 2000, lo cual afecta la hacienda pública municipal del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, pues se ve acortada la realización de obras en beneficio de la comunidad de San Luis Río Colorado, Sonora ..."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Bajo protesta de decir verdad, a continuación vengo a manifestar los hechos y abstenciones que le constan al Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que constituyen los actos de los antecedentes de los actos y normas generales cuya invalidez se demanda, y que fundamentan los conceptos de invalidez que se expresan en el capítulo respectivo. Retención de participaciones. 1. El Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo está reteniendo las participaciones en ingresos federales que corresponden a este Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en lo que respecta al Fondo General de Participaciones, las cuales son cubiertas por la Federación por conducto del mismo Estado y que son a las que se refieren los artículos 2o., 2o. A, fracción III y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, retención que infringe ostensiblemente lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, así como los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y el reglamento 9o. antes invocado. Las participaciones que entrega la Federación por conducto de los Estados constituyen la principal fuente de ingresos de todos los Municipios del país, y de esto se sigue que al privárseles de esos ingresos se les está privando de los medios necesarios para hacer frente a los gastos administrativos y para prestar los servicios públicos que la comunidad demanda y a los que tienen derecho. De lo anterior se desprende que los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos. La retención que está sufriendo este Municipio, por conducto del Gobierno del Estado, se resume en lo siguiente:
Ver retención
"Dichas participaciones se recibieron mediante cheques que expidió el Gobierno del Estado y los cuales fueron depositados en cuentas del H. Ayuntamiento Constitucional de San Luis y de los cuales se anexa relación, así como también los factores de distribución para determinar el monto que le corresponde a este Municipio. Estas participaciones federales que el Ejecutivo del Estado está reteniendo son las correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal, impuesto sobre alcohol y tabaco, tenencia o uso de vehículos e impuestos sobre automóviles nuevos, a que se refieren los artículos 2o., 2o. A, fracción III y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 2. El Ejecutivo del Estado al estar reteniendo las participaciones federales infringe abiertamente las disposiciones constitucionales plasmadas en el apartado V de los preceptos constitucionales violados, por lo que se concluye, entre otras cosas, que: A) Únicamente pueden afectarse en garantía y, por tanto, ser objeto de retención, las participaciones que la Federación entrega directamente a los Municipios, esto es, las contempladas en las fracciones I, II y último párrafo del artículo 2o. A de la Ley Coordinación Fiscal. B) Que en términos del artículo 11 del reglamento en comento, únicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para retener las participaciones, y siempre y cuando se trate de las referidas en el punto anterior. C) Por exclusión de lo previsto por la fracción IV del artículo 2o. del reglamento, en ningún caso pueden ser objeto de retención las participaciones que la Federación entrega a los Municipios por conducto del Estado, ni tan siquiera por la Secretaría de Hacienda, menos aún por el Estado que tan ilegalmente está reteniendo. D) Para que las participaciones puedan ser objeto de retención se requiere que satisfechos los anteriores y demás requisitos, las obligaciones que garantizan estén inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que además el Municipio no haya pagado dichas obligaciones, condición que tampoco se da en la casi totalidad de los conceptos por los cuales el Estado retiene las participaciones a este Municipio, así como tampoco se actualizan ni satisfacen ninguno de los anteriores y demás requisitos y condiciones. De conformidad con la disposición constitucional, las legales y reglamentarias antes invocadas, este Municipio debe recibir en su totalidad y en efectivo las participaciones antes mencionadas, pues tales participaciones no pueden ser objeto de retención ni por la Federación, mucho menos por el Estado. Esto es así y debe ser así, y tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron muy presente en consagrar y preservar en la Constitución y en la Ley de Coordinación Fiscal el principio tributario de que las contribuciones deben percibirse en efectivo. En efecto, bajo el sistema de concurrencia impositiva de la Federación y los Estados, éstos establecen para los Municipios sus propias fuentes tributarias de ingresos que directamente perciben y recaudan precisamente en efectivo, no en obra, y nadie se los retiene, y con ello cubren su presupuesto de egresos. Bajo el sistema de coordinación fiscal, los Municipios perciben la mayor parte de sus ingresos tributarios a través de participaciones, mismas que respetando ese principio tributario se le deben entregar en efectivo y así lo consagra en su artículo 115 de la Constitución, tal como se describió en el apartado V de los preceptos constitucionales."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"El artículo 14 Constitucional dispone que ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida o de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. Igualmente el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Por otra parte, el artículo 115 de la Constitución General de la República dispone: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. ...’. Este mandato constitucional es preciso y no admite interpretación diversa ni de más alcance que la que se desprende claramente de su texto. El artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora hace referencia a lo siguiente: ‘Artículo 80. Le está prohibido al gobernador: ... X. Disponer en ningún caso, bajo pretexto alguno, de las rentas municipales. ... XII. Disponer en ningún caso, bajo ningún pretexto, de los bienes considerados como propios del Municipio. ...’. El artículo 136, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Sonora estipula lo siguiente: ‘Artículo 136. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: ... XIX. Administrar su patrimonio y prestar los servicios públicos en los términos señalados por esta Constitución y demás disposiciones aplicables.’. El artículo 139, fracción C, de la Constitución Política del Estado de Sonora hace referencia a lo siguiente: ‘Artículo 139. Los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con las leyes respectivas; administrarán libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que establezca el Congreso del Estado a su favor, los cuales procederán de: A) Contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. B) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se establecerán exenciones ni se concederán subsidios respecto de las contribuciones señaladas en los incisos anteriores, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o de los Municipios, estarán exentos de dichas contribuciones. C) Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación, a través del Estado, a los Municipios, con arreglo a las bases montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura Local. D) Subsidios, legados y donaciones que se establezcan a su favor. Los recursos municipales se manejarán con honradez y eficacia, según las bases establecidas en el artículo 150 de esta Constitución y en las leyes.’. La Ley de Hacienda Municipal en su artículo 168 establece lo siguiente: ‘Artículo 168. Los Municipios del Estado participarán del rendimiento de los ingresos federales que les conceden las leyes, decretos y convenios de naturaleza fiscal. Estas participaciones se recaudarán en la forma y términos que dispongan los ordenamientos y convenios antes señalados, y provendrán de los siguientes fondos y conceptos: I. Del Fondo General de Participaciones; II. Del Fondo de Fomento Municipal; III. Del Fondo Financiero Complementario; IV. De multas impuestas por autoridades federales, no fiscales; y V. De otros conceptos.’. El artículo 169 de la Ley de Hacienda Municipal menciona: ‘Artículo 169. Las participaciones estatales que en los términos de las leyes, decretos y convenios de naturaleza fiscal, se concedan a los Municipios del Estado sobre el rendimiento de los ingresos estatales, se recaudarán en la forma que dispongan tales ordenamientos.’. En lo que respecta a la anterior Ley Orgánica de Administración Municipal el artículo 64 hace referencia a lo siguiente: ‘Artículo 64. Son facultades y obligaciones del tesorero municipal: I. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan al Municipio; así como las participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios que se establezcan a su favor. ... VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos económicos que constituyen la hacienda pública municipal. ...’. El artículo 77 de la anterior Ley Orgánica de Administración Municipal hace referencia a: ‘Artículo 77. La hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan así como de las contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes fiscales.’. El artículo 81 de la anterior Ley Orgánica de Administración Municipal, menciona: ‘Artículo 81. La vigilancia de la hacienda pública municipal compete efectuarla al Ayuntamiento por conducto del presidente municipal y del síndico, en los términos de esta ley y al Congreso del Estado por medio de la Contaduría Mayor de Hacienda. Cuando el gobernador del Estado sea avalista de empréstitos o créditos concedidos a los Ayuntamientos podrá nombrar un representante en las visitas de inspección que se realicen. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en cualquier tiempo, podrá solicitar al Congreso del Estado que la Contaduría Mayor de Hacienda practique visitas de inspección.’. Por otra parte, el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, también imperativamente establece que las citadas participaciones deben ser cubiertas al Municipio: ‘Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Los Municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 2o. de esta ley. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los Gobiernos de los Estados publicarán, cuando menos una vez al año, en el diario oficial de la entidad, y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, las participaciones que correspondan, durante un año, a cada uno de sus Municipios.’. Asimismo, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe también que las participaciones sean retenidas estableciendo que: ‘Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no puede afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos. Las entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda. No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar convenios de coordinación en materia de información de finanzas públicas. En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios.’. Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal sujeta ese caso de excepción a determinados requisitos, entre los cuales contempla los siguientes: ‘Artículo 1o. En el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios se inscribirán las obligaciones directas o contingentes contraídas para inversiones públicas productivas por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de este reglamento, cuando éstos soliciten que las participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales queden afectas en garantía del pago de dichas obligaciones. Se entiende por: Inversiones públicas productivas, las destinadas a la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios públicos, siempre que en forma directa o indirecta produzcan incremento en los ingresos de las entidades federativas, de los Municipios o de sus respectivos organismos descentralizados y empresas públicas. Obligaciones contingentes, las asumidas solidaria, sustitutiva o subsidiariamente, por las entidades federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas públicas locales o municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas públicas.’. ‘Artículo 2o. La inscripción en el registro a que se refiere este reglamento se efectuará si cumplen los siguientes requisitos. I. Que se trate de obligaciones pagaderas en México y en moneda nacional contraídas con entidades y personas de nacionalidad mexicana para inversiones públicas productivas u obligaciones contingentes, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas Locales, por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. II. Que cuando las obligaciones se hagan constar en títulos de crédito, se indique en el texto de los mismos que sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional con entidades o personas de nacionalidad mexicana. III. Que la Legislatura del Estado haya autorizado previamente que se contraiga la obligación afectando las participaciones en ingresos federales que correspondan al propio Estado o, en su caso, al Municipio correspondiente. IV. Que las participaciones en ingresos federales de la entidad federativa o Municipio solicitante sean suficientes para garantizar el pago total de las obligaciones contraídas dentro del plazo concertado, y que se trate, además, en el caso de los Municipios, de participaciones que la Federación les deba pagar directamente. Este requisito será comprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando las participaciones correspondientes a los Municipios sean insuficientes para cubrir el monto de las obligaciones cuya inscripción se solicite se podrá efectuar ésta si el Estado correspondiente otorga garantía solidaria. ... Ningún Estado podrá comprometer participaciones que correspondan a un Municipio para garantizar obligaciones del propio Estado o de otros Municipios.’. A continuación, vengo a expresar los conceptos de invalidez respecto a los actos y normas generales que violan los relativos preceptos constitucionales, y forman parte de estos conceptos los hechos y abstenciones antes referidos, los cuales deben tenerse aquí por reproducidos cual si se insertaran a la letra para que surtan todos los efectos legales procedentes. Carece de validez el acto consistente en que el Estado de Sonora, por conducto del Poder Ejecutivo, está reteniendo a este Municipio actor las participaciones que por su conducto le cubre la Federación, lo cual infringe los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal. En efecto, el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 constitucional establece imperativamente que los Municipios percibirán las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios, mandato al que el Estado de Sonora no está dando cumpliendo (sic) al retener dichas participaciones que corresponden a este Municipio. Por otra parte, los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal preceptúan también en forma imperativa que las citadas participaciones deberán ser cubiertas en efectivo, no en obra, y que no están sujetas a condicionamiento alguno ni a retención, excepto en los casos en que sea para pagar obligaciones inscritas ante la Secretaría de Hacienda y siempre que se satisfagan los requisitos que establece el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Pero en el caso de la especie, no se actualiza ese supuesto de excepción y, por tanto, tampoco se satisfacen los requisitos que establece el reglamento en cita, principalmente porque únicamente pueden ser objeto de retención las participaciones que la Federación entrega directamente a los Municipios, esto es, las comprendidas en las fracciones I y II, y último párrafo del artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, y la retención sólo puede efectuarla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las participaciones federales que corresponden a este Municipio en el Fondo General de Participaciones y en el Fondo de Fomento Municipal a que se refieren los artículos 2o., 2o. A, fracción III, y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no las entrega directamente la Federación, sino que las cubre por conducto del Estado, y de esto se sigue por exclusión de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, tales participaciones no son objeto de retención ni siquiera por la Secretaría de Hacienda, mucho menos por el Estado de Sonora; sin embargo, éste sí las está reteniendo y está privando de ellas a este Municipio, lo que implica una violación a los citados preceptos de la Ley de Coordinación Fiscal y, consecuentemente, viola también los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, lo que motiva fundadamente que se declare que carece de validez dicho acto consistente en la retención de participaciones. De lo anterior se desprende que estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la Federación destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas, se prevén en el presupuesto de egresos de la Federación, regulándose en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, resultando independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones federales, es decir, que las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales. Por lo anteriormente descrito, el H. Ayuntamiento solicita la entrega de la cantidad retenida con fundamento específico en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde manifiesta que serán los Municipios los que administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. Consecuentemente, ese derecho de los Municipios de recibir, entre otros recursos, participaciones federales, conforme a las leyes estatales bajo un determinado porcentaje, implica también que tengan conocimiento cierto de la forma en que se están cubriendo las participaciones, para lo cual, el propio precepto constitucional impone una condición a las Legislaturas de los Estados para legislar al respecto y una obligación a los gobiernos estaduales para que además de remitir esos fondos a los Municipios, les expliquen pormenorizadamente cuál es el monto global de las participaciones federales recibidas, la forma en que éstas se distribuyen entre todos los Municipios y la manera en que se conforman las sumas que se están enviando, es decir, tienen el deber de dar a conocer a cada Municipio la forma en que éstas se distribuyen entre todos los Municipios y la manera en que se conforman las sumas que están enviando, es decir, tienen el deber de dar a conocer a cada Municipio la forma en la que se establece la distribución, a través de un informe detallado que contenga datos contables, demográficos y de ingresos, con una explicación suficiente que transparente el manejo de las referidas cantidades. En estas condiciones, cabe concluir que los Municipios tienen el derecho constitucional de recibir participaciones de los fondos federales y de exigir a la autoridad estadual la información necesaria respecto de su distribución y, por tanto, dicha autoridad no puede practicar ninguna retención sobre dichas participaciones. Asimismo y con fundamento en los preceptos anteriormente mencionados, atentamente vengo a solicitar la entrega de las participaciones retenidas por el Estado de Sonora, en perjuicio de este Municipio actor, así como también tengo a bien solicitar la actualización del capital con sus respectivos intereses, fundamentado en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal de 2000."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son 14, 16, y 115, fracciones II y IV.
QUINTO. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18148-66304989/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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