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Modo: Corpus Pro

HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA "LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002" DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2002. · Registro digital (IUS): 17368
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 1394.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2002. MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de diciembre de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado el quince de febrero de dos mil dos en la Administración 1 del Servicio Postal Mexicano, de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, Ángel Luis Ruiz García, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio mencionado, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y normas que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) El órgano del Estado Libre y Soberano de Sonora, representado por el C. Gobernador constitucional de dicho Estado, licenciado Armando López Nogales, con domicilio en el Palacio de Gobierno, recinto oficial ubicado en Av. Dr. Paliza y Comonfort de la ciudad de Hermosillo, Sonora. b) El órgano del Estado Libre y Soberano de Sonora constituido por el H. Congreso del Estado, con domicilio en el recinto oficial ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. ... IV. Normas generales y actos cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que se publicaron: 1) Decreto del H. Congreso del Estado de Sonora, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Sonora el día 3 de enero de 2002, publicado en el Boletín Oficial del Estado en la misma fecha, y que entró en vigor el 4 de enero de 2002, por virtud del cual se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos (sic) del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002, básicamente de los ingresos provenientes por la recaudación por impuesto predial a favor del Gobierno del Estado de Sonora, en el entendido de que este decreto constituye el cuerpo normativo general que se impugnará en forma principal por ser inconstitucional, en virtud de los conceptos de invalidez que se esgrimirán más adelante y por ser el origen y la causa de los otros actos a que se hará referencia enseguida. 2) Las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora que están siendo aplicadas a partir de la entrada en vigor de la reforma a la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, para que el Gobierno del Estado inconstitucionalmente perciba ingresos por la recaudación del impuesto predial que se establece en el decreto citado en el punto que antecede. 3) La indebida recaudación del impuesto predial que está realizando el Ejecutivo del Estado de Sonora, a partir de la entrada en vigor del decreto que reforma la Ley de Ingresos para el Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2002."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1) El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en cumplimiento a las facultades que constitucionalmente le corresponden, aprobó enviar al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos de su Municipio para el ejercicio fiscal del año 2002, misma que fue decretada por la Legislatura Estatal y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día lunes 31 de diciembre de 2001. En el capítulo primero del título segundo del cuerpo normativo que se cita se establecen las disposiciones relativas al impuesto predial, contribución que es de exclusiva competencia de los Municipios dentro de su jurisdicción, acorde a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General de la República, que a la letra dice: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley ...’. Este mandato constitucional es preciso y no admite interpretación diversa ni de más alcance que la que se desprende claramente de su texto. En apoyo al mandato constitucional antes transcrito, la Constitución Política del Estado de Sonora estipula en sus artículos 136, fracción XIX y 139, inciso A), lo siguiente: ‘Artículo 136. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: ... XIX. Administrar su patrimonio y prestar los servicios públicos en los términos señalados por esta Constitución y demás disposiciones aplicables.’. ‘Artículo 139. Los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con las leyes respectivas, administrarán libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que establezca el Congreso del Estado a su favor, los cuales procederán de: A) Contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... Los recursos municipales se manejarán con honradez y eficacia, según las bases establecidas en el artículo 150 de esta Constitución y en las leyes.’. En la referida Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2002, se establece en su artículo 4o. cuál es el objeto del impuesto predial, mismo que corresponde a la propiedad o posesión de predios urbanos y rurales, y las construcciones permanentes en ellos existentes. Lo antes anotado, además del sustento constitucional, está respaldado por el contenido normativo de la Ley de Hacienda Municipal, que en su artículo 51 establece: ‘Artículo 51. Es objeto del impuesto predial: I. La propiedad de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes en ellos existentes; II. La posesión de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes en ellos existentes; a) Cuando no exista propietario. b) Cuando se derive de contratos de promesa de venta, con reserva de dominio y de promesa de venta o venta de certificados de participación inmobiliaria, de vivienda de simple uso o de cualquier otro título similar que autorice la ocupación material del inmueble y que origine algún derecho posesorio aun cuando los mencionados contratos, certificados o títulos, se hayan celebrado u obtenido con motivo de operaciones de fideicomiso. c) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera que una persona tenga la nuda propiedad y otra el usufructo.’. En el mismo sentido, la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora dispone en su artículo 91 la norma que a continuación se transcribe: ‘Artículo 91. Son facultades y obligaciones del tesorero municipal: 1. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan al Municipio; así como las participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios que se establezcan a su favor. ...’. 2) El H. Congreso del Estado de Sonora expide la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, misma que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre del año 2001 y que entró en vigor el 1o. de enero de 2002. Cabe señalar que esta ley establece como únicos ingresos a percibir por el Gobierno del Estado por concepto de impuestos, los que deriven de la traslación de dominio de bienes muebles; de la tenencia o uso de vehículos; sobre productos al trabajo; y para el sostenimiento de la Universidad de Sonora. 3) De igual forma, el H. Congreso del Estado de Sonora expide el Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día jueves 3 de enero de 2002 y que entró en vigor el 4 de enero del presente. En la ley que se cita, inconstitucionalmente se establece a favor del Gobierno del Estado de Sonora la percepción de los ingresos provenientes por la recaudación por impuesto predial, señalando como objeto del impuesto la propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, invadiendo con ello el ámbito de competencia hacendario del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, contraviniendo, además de nuestra Carta Magna, el orden constitucional local según se advierte de lo dispuesto en el numeral 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: ‘Artículo 80. Le está prohibido al gobernador: ... IX. Imponer contribución alguna, salvo el caso de que esté legalmente facultado para ello. X. Disponer en ningún caso, bajo pretexto alguno, de las rentas municipales. ... XII. Disponer en ningún caso, bajo ningún pretexto, de los bienes considerados como propios del Municipio. ...’. Las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora que están siendo aplicadas a partir de la entrada en vigor de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, para que el Gobierno del Estado inconstitucionalmente perciba ingresos por la recaudación del impuesto predial que se establece en el decreto citado en el párrafo que antecede, son las que a continuación se transcriben: ‘Capítulo primero. Del impuesto predial. Sección primera. Objeto del impuesto. Artículo 5o. Es objeto del impuesto predial: ... III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales. ...’. ‘Sección segunda. Sujeto del impuesto. Artículo 7o. Son sujetos del impuesto: ... IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual y los núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo. V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.’. ‘Sección tercera. Base, tasas, exenciones y reducciones. Artículo 9o. La base del impuesto será: ... II. Tratándose de predios rústicos: a) El valor de la producción comercializada por ciclo productivo, proveniente de terrenos ejidales o comunales aprovechados para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola. ...’. ‘Artículo 10. El impuesto se causará: ... V. Tratándose de predios rústicos ejidales o comunales, aprovechados para la producción agropecuaria, la tarifa será del 3%. ...’. ‘Sección octava. Pago del impuesto. Artículo 52. ... Tratándose de predios ejidales aprovechados para la producción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los productos y en su defecto dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que éstos se hubieren cosechado.’. ‘Artículo 53. La forma y lugar de pago del impuesto predial se regirán por las disposiciones relativas del título segundo del Código Fiscal del Estado de Sonora.’. ‘Sección novena. Disposiciones generales ... Artículo 68. Para que la tesorería pueda expedir certificados de no adeudo del impuesto predial, se requiere: a) Que el predio esté al corriente en el pago del impuesto; y b) Que no exista inconformidad alguna pendiente de resolver, en relación con los avalúos y, en general, con las bases del impuesto predial.’. 4) A partir de la entrada en vigor del decreto que reforma la Ley de Ingresos para el Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2002, el Ejecutivo del Estado de Sonora, indebida e inconstitucionalmente está percibiendo los ingresos derivados de la recaudación del impuesto predial."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

1) Carencia de facultades del Ejecutivo del Estado y del Congreso Local, respectivamente, para formular iniciativas y expedir el decreto donde se establece el impuesto predial a favor del Gobierno del Estado de Sonora. Acorde con lo que prevén los artículos 16, primer párrafo, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal; 136, fracción V y 139, inciso A), de la Constitución del Estado de Sonora; y 61, fracción IV, incisos A) y B), de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad federativa, los Ayuntamientos son autoridades que carecen de facultades para establecer contribuciones a los gobernados, ya que la fijación de las contribuciones es competencia exclusiva de la Legislatura del Estado a través de leyes, sin embargo, sí tienen la facultad plena de presentar a los Congresos Locales las iniciativas de ley sobre las materias en las que constitucional y legalmente tengan competencia, como es el caso de la Ley de Ingresos Municipal y lógicamente las contribuciones que comprenda, evitando así que su expedición quede al arbitrio de las autoridades legislativas, situación que en la especie se actualiza con las normas generales que hoy se impugnan, que por su contenido son violatorias de garantías en sí mismas. Así pues, del análisis integral de los numerales indicados en el párrafo que antecede se desprende lo siguiente: a) Que el gobernador del Estado tiene la facultad y el deber de iniciar leyes y de cuidar y expedir las órdenes necesarias para el debido cumplimiento de la Constitución Federal, la Local y las leyes que emita la Legislatura Estatal, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; b) Que la Legislatura Estatal tiene facultades para expedir leyes, específicamente para la administración interna de los Gobiernos Estatal y Municipal; y c) Que los Municipios tienen facultades conforme a la Constitución Federal y la Local para percibir contribuciones, entre otras, las que establezcan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. De todo lo anterior y con base en el análisis integral y armónico de los preceptos en cita, se concluye que en materia municipal y para el objetivo específico de fortalecer y dar apoyo a los Municipios, respetando su autonomía, el Ejecutivo Estatal sí puede iniciar leyes y la legislatura emitir la normatividad respectiva, siempre y cuando se refieran al ámbito exclusivo de su competencia, porque de no ser así, esto constituye una invasión de la esfera municipal, como en la especie se da al expedirse el Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día jueves 3 de enero de 2002 y que entró en vigor el 4 de enero del presente, en el cual, contrariando el sentir de nuestra Constitución Federal, se establece a favor del Gobierno del Estado de Sonora la percepción de los ingresos provenientes por la recaudación por impuesto predial, señalando como objeto del impuesto la propiedad o posesión de predios ejidales y comunales. En estas condiciones, el Ejecutivo Estatal y la legislatura, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben proveer y legislar para el debido cumplimiento de los principios tutelados por la Carta Fundamental y la Constitución Local, así como de las demás leyes de la materia. Por tanto, la iniciativa del Ejecutivo Estatal y el decreto de referencia aprobado por la Legislatura Estatal, no son actos emitidos en el ámbito de sus atribuciones. Si bien es cierto que el legislador tiene facultades para fijar el objeto de las contribuciones, al hacerlo siempre debe respetar los requisitos que establece el artículo 31, fracción I, de la Constitución Federal, es decir, el numeral de referencia otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete además de los principios de proporcionalidad, equidad y destino, los ámbitos de competencia de los distintos niveles de gobierno. De las reflexiones antes anotadas se advierte que conforme a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, en su fracción IV, la hacienda de los Municipios se integra con los bienes que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, precepto que interpretado en forma sistemática con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la propia Carta Magna, donde se consagra el principio de legalidad tributaria, exige que toda contribución, incluyendo sus elementos esenciales, a saber: sujeto, objeto, procedimiento para el cálculo de la base, tasa o tarifa, lugar, forma y época de pago, deban establecerse en una ley emanada de la respectiva Legislatura Local, y que cabalmente se observó en la expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002, situación adversa que se presenta con la expedición del Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’. Sirve de apoyo la tesis que nuestro más Alto Tribunal Federal ha emitido al respecto y que a continuación se transcribe: ‘CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Es inexacto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar al Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino.’. ... 2) Duplicidad impositiva del impuesto predial. El Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, al establecer la percepción del impuesto predial ejidal viola el sentir del artículo 115 de nuestra Carta Magna, además de los principios de proporcionalidad y equidad establecidos por el artículo 31, fracción IV, de la Ley Suprema, porque al hacerlo así, establecen una doble tributación en relación con el impuesto predial sobre la misma fuente gravable; es inaceptable esta hipótesis normativa porque en tanto que el impuesto predial a que se refiere la Ley de Ingresos Municipal constituye un verdadero impuesto de carácter obligatorio, con el fin de contribuir a los gastos públicos, el impuesto predial ejidal establecido en el Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, tiene también como objeto del impuesto la propiedad o posesión inmobiliaria, por lo que se trata de dos prestaciones fiscales de carácter similar y, por tanto, nos encontramos con una duplicidad impositiva sobre la misma fuente, es decir, dos tributos iguales que obedecen a causas iguales. 3) Libre administración de la hacienda municipal. Conforme con lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, primer párrafo, e incisos a), b) y c), tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como es el caso del impuesto predial; y las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas, y los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Del examen del numeral en comento se concluye que se afecta la libre administración económica del Municipio actor de San Luis Río Colorado, Sonora, ya que conforme a los supuestos anotados, los recursos derivados del impuesto predial provienen de los destinatarios o que corresponden a los Municipios, en tanto que no derivan de recursos propios de los Estados, situación contraria al impuesto predial que señala la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2002, mediante el cual, al establecer la percepción por impuesto predial ejidal, se invade la autonomía municipal, pues es el precepto en cita el que establece la percepción y destino de los recursos que constitucionalmente son municipales, ya que esto es materia de la Ley de Ingresos municipal, como lo señala la propia Carta Magna, por lo que es ésta la que, en todo caso, pudiera prever la competencia de percepción y destino de ciertos ingresos para el Estado. 4) Proporcionalidad y equidad. Así también, el Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 2002’, resulta contrario a nuestra Carta Magna, porque además de atentar contra la autonomía municipal, contraviene los principios de proporcionalidad y equidad dispuestos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, debido a que establecen como base del impuesto, que hoy se tacha de inconstitucional, un porcentaje sobre el valor total de la producción anual comercializada, siendo incongruente lógica y jurídicamente con las hipótesis de causación del impuesto predial, ya que éste tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles, por lo que el monto de la base gravable, independiente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son el volumen de producción, el valor comercializado en la zona de los productos del inmueble, e incluso las posibilidades de comercialización. El impuesto predial establecido por el numeral motivo de la presente controversia no grava la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las construcciones adheridas a él, sino los ingresos de los contribuyentes. En tal virtud, resulta desproporcional e inequitativa la fijación del monto del gravamen de manera contraria o distinta al valor catastral del inmueble, con independencia de las percepciones de los propietarios o poseedores, puesto que no se trata de un impuesto personal. Lo anterior no significa que el impuesto predial no deba considerar la capacidad contributiva de los causantes, sino que ésta se debe determinar de acuerdo con la naturaleza del tributo, atendiendo al valor catastral de los inmuebles de su propiedad. Del estudio de los elementos constitucionales del impuesto predial se desprende que en la especie no se respeta el principio de proporcionalidad, debido a que no existe relación congruente entre capacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se trate y el valor comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Asimismo, al establecerse como único sistema para determinar el impuesto a pagar, el relativo al precio medio de comercialización de los productos del inmueble, se vulnera el principio de equidad, ya que se propicia que los poseedores o propietarios de inmuebles rústicos que no estén en producción no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista de causación del impuesto predial, por el hecho de que incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para que unos sí cubran el gravamen y otros no. Para dar sustento a los razonamientos que se esgrimen, sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por nuestro Tribunal Federal: ‘PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS RÚSTICOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LO ESTABLECE, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. Los artículos 26, fracción II, inciso c) y e) fracción IV, 27, fracción II, inciso a), 28 fracción II, 29 y 99 único del título sexto del de la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el año de mil novecientos ochenta y nueve, reformados por el Decreto 724, que lo establecen, contravienen los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, porque establecen como base del mismo un porcentaje sobre el valor total de la producción anual comercializada tomando como referencia el precio medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles, por lo que, el monto de la base gravable, independientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son el volumen de producción, el valor comercializado en la zona de los productos del inmueble, e incluso las posibilidades de comercialización. De ahí que no se respete el principio de proporcionalidad por este gravamen predial, pues no hay relación congruente entre la capacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se trate y el valor comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Por otra parte, al establecerse como único sistema para determinar el impuesto a pagar, el relativo al precio medio de comercialización de los productos de inmueble, se vulnera el principio de equidad, ya que, se propicia que los poseedores o propietarios de inmuebles rústicos que no estén en producción, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para que unos sí cubran el gravamen y otros no.’. 5) Perjuicio del bienestar social. Del estudio concienzudo de los valores tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede advertir que las controversias constitucionales, además de ser un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus objetivos primordiales se encuentra el más importante, el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, es decir, los gobernados. Así pues, el título primero de nuestra Carta Magna consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16 que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes, situación que en la especie no es dable con el Decreto Número 149 que reforma el artículo 1o. y el artículo único transitorio, deroga el artículo segundo y adiciona diversas disposiciones de la ‘Ley de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17368-2f939f2a/hacienda-municipal-las-contribuciones-que-establezcan-las-legislaturas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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