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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 404 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE SE FUNDÓ EN UN PROCEDIMIENTO REGIDO POR NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEROGADAS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 404 DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS NO TIENE CARÁCTER DE LEY ELECTORAL, AUN CUANDO SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO PREVENGA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES PARA ELEGIR A SU AYUNTAMIENTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE UNA LEGISLATURA ESTATAL CREA UN MUNICIPIO ES UN ACTO CONDICIÓN POR LO QUE EL PLAZO PARA IMPUGNARLO SE RIGE POR LAS REGLAS RELATIVAS A LOS ACTOS EN SENTIDO ESTRICTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL EXAMEN DEL DECRETO 404 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS, REQUIERE TAMBIÉN EL ESTUDIO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN QUE LE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS RECESOS DE ÉSTE, TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER A JUICIO, SI AL SUSCRIBIR EL ESCRITO RELATIVO ESTABA EN FUNCIONES Y TENÍA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR. MUNICIPIOS. SU CREACIÓN ES UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL RESERVADA A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2003. · Registro digital (IUS): 18406
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 1596.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2003. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de agosto del año dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito de fecha once de febrero del año dos mil tres, presentado el doce siguiente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de San Luis Potosí, por conducto de José Ernesto Piña Cárdenas y Javier Enrique Batres Esquivel, en su calidad de síndicos municipales, promovieron controversia constitucional, en contra de las autoridades y el acto que a continuación se indican:

"II. Nombre y domicilio de los demandados. a) El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí con domicilio en Jardín Hidalgo número 19 y/o Vallejo número 100, colonia Centro, en San Luis Potosí, S.L.P., como autoridad emisora. b) El C. Lic. Fernando Silva Niego, Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, y el C. Jorge Delgadillo, secretario general de Gobierno, ambos con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado ubicado en Jardín Hidalgo número 9, Centro, San Luis Potosí, S.L.P., como autoridades sancionadoras y ordenadoras de la publicación correspondiente. c) El C. Director del Periódico Oficial del Estado, como responsable de la publicación. d) El C. Procurador general de la República, para los efectos establecidos en la fracción IV del artículo 10 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. ... IV. Norma general combatida. La contenida en el Decreto 404 que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al día 17 de diciembre de 2002, por el que ilegal e inconstitucionalmente se crea el Municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí." (foja 2 de la controversia constitucional 15/2003).

SEGUNDO. El Municipio actor señaló como terceros interesados a los Ayuntamientos de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, ambos del Estado de San Luis Potosí; planteó la violación a los artículos 14, 16, 40, 105, 115, 116, 117, 118 y 133 de la Constitución General de la República, así como 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y relató como antecedentes del caso, los siguientes:

"1. El 26 de mayo de 1995 se presentó ante el Congreso del Estado una solicitud firmada por 1,635 personas, habitantes de la Delegación de Villa de Pozos del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., para el ‘reotorgamiento’ (sic) de la categoría de Municipio a Villa de Pozos, toda vez que esta categoría le había sido suprimida desde el 10 de octubre de 1946. 2. Una vez instaurado el procedimiento que la Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, vigentes entonces, establecían para la creación de Municipios, el Poder Legislativo emitió dictamen en diciembre de 1995 en el sentido de no aprobar la solicitud en cuestión. 3. Los peticionarios, inconformes, acudieron en diversas oportunidades ante la Justicia Federal, mediante la interposición de cuatro juicios de amparo, de lo que se derivó que en octubre de 1996 se acordara la reposición del procedimiento. 4. La actual legislatura determinó en octubre de 2000 la instalación de una comisión especial para asuntos de la Delegación de Villa de Pozos, encargada de dar seguimiento a la solicitud y, consecuentemente, de reponer el procedimiento de creación del Municipio. 5. Derivado de ello se requirió al Ayuntamiento de San Luis Potosí la emisión de una opinión al respecto, misma que se produjo en octubre de 2001 en sentido negativo a la propuesta de creación del Municipio de Villa de Pozos. 6. No obstante lo anterior, el pasado 9 de diciembre de 2002, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y, Especial para Asuntos de la Delegación de Villa de Pozos, emitieron dictamen aprobatorio, determinándose la creación del Municipio de Villa de Pozos, segregado del Municipio de San Luis Potosí. 7. Con fecha 14 de diciembre del año 2002 el H. Congreso del Estado con una mayoría de votos simples emitió el Decreto Número 404, que posteriormente fuera sancionado por el Ejecutivo Estatal y dado a conocer a través de la publicación en el Periódico Oficial correspondiente al día 17 de diciembre de 2002, cuyo ejemplar se acompaña al presente escrito como prueba de lo aquí asentado. 8. En dicho decreto, emitido como se ha dicho por la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de San Luis Potosí, se crea el Municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, cuya cabecera será la del mismo nombre (artículo primero); y se le otorga una conformación territorial que dice estar siendo segregada exclusivamente del Municipio de la capital del Estado, según unos puntos, referencias y coordenadas que se citan en el artículo segundo. Aquí termina el texto absoluto del decreto mencionado. 9. Los artículos transitorios del Decreto 404 en comento establecen textualmente lo siguiente: ‘Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2004.’. ‘Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveerá lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elección del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Pozos, S.L.P., que deberá entrar en funciones a partir del 1 de enero de 2004.’. ‘Tercero. Se deroga todo lo que se oponga al presente decreto.’. 10. El artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que esta entidad federativa es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y que es libre y soberano en cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que aquellas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a las entidades federativas. 11. Por su parte, el artículo 5o. de la misma Constitución Local en su segundo párrafo establece que el Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre. Y luego agrega: ‘Los Municipios que integran el Estado son los establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre.’. 12. La Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, que viene a ser reglamentaria del artículo 5o. de la Constitución Política Local, establece actualmente en su artículo 12 que: ‘El territorio del Estado de San Luis Potosí se divide en cincuenta y ocho Municipios, con la extensión y límites que actualmente tienen.’. Luego, en el artículo 13 del mismo cuerpo legal se otorga un listado de los cincuenta y ocho Municipios existentes dentro del cual no se encuentra descrito el Municipio de Villa de Pozos. 13. Con fecha 27 de octubre del año 2002 dio inicio el proceso de elección de Gobernador Constitucional del Estado, periodo 2003-2009; Diputados a la LVII Legislatura del Estado, periodo 2003-2006; y de Ayuntamientos, para el periodo constitucional 2004-2006, tal como consta del ejemplar del ‘Calendario del Proceso Electoral’ emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que se acompaña. 14. Por último, el artículo 105 de la Constitución Federal de la República ordena categóricamente, en lo conducente, que: ‘... Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales ...’ (fojas 3 a 5 de la controversia constitucional 5/2003)."

TERCERO. La parte actora planteó los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. De los antecedentes antes precisados se obtiene, en primer lugar, que en el año de 1995 algunos habitantes de la Delegación de Villa de Pozos solicitaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí que se devolviera la calidad de Municipio a la referida delegación, toda vez que, según su propio dicho, esta calidad le había sido suprimida desde el 10 de octubre de 1946. Haciendo a un lado por un momento lo relacionado con la procedencia o improcedencia de lo solicitado; lo que sí queda claro es que entre lo pedido por los habitantes de la delegación y lo concedido por el Congreso Estatal son cosas totalmente distintas: los peticionarios querían que su delegación recobrara una calidad que antes tenía -obviamente bajo las condiciones, características, linderos, etc. etc. que antes tenía-, y el Congreso del Estado en lugar de tomar en cuenta lo peticionado, otorga, a través del Decreto 404 que aquí se impugna, la calidad de Municipio a un territorio distinto al que fuera requerido de origen. Así entonces, la Legislatura Estatal al conceder algo que no se le ha pedido se convierte en autoridad oficiosa, es decir, que no obra impulsada por una petición provenida de particulares, sino de su propia acción. Y así vistas la cosas se llega a la fatal conclusión de que al no existir una petición de parte interesada en la forma y con los requisitos que la Constitución y las leyes mencionan para la creación de un Municipio, tal creación es ilegal y violatoria de la Constitución, por lo que debe declararse su invalidez. Segundo. El decreto materia de este examen y el dictamen en que se sustenta son violatorios de los principios de legalidad y debido proceso legal que tutela nuestra Carta Magna. Como puede apreciarse del dictamen que indebidamente aprobó la Legislatura Local se ha determinado la creación de un Municipio con apoyo en una Constitución Estatal y una Ley Orgánica del Municipio Libre abrogadas. En efecto, de una lectura al considerando noveno del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y, Especial para Asuntos de la Delegación de Villa de Pozos, se aprecia con claridad que la ahora demandada emite su determinación de crear un nuevo Municipio, basándose en la Constitución vigente en el año de 1995, fecha en que se presentó la solicitud de ‘reotorgamiento’ de la categoría de Municipio a Villa de Pozos; asimismo, se sustenta la decisión en una Ley Orgánica del Municipio Libre que dejó de tener vigencia desde el año de 1997. Argumenta para ello el dictamen de marras, que ‘... las leyes procesales son las reglas destinadas a la aplicación de las normas sustantivas a casos particulares, para que los órganos competentes declaren el derecho, son el vínculo entre dichos órganos y las personas que hacen valer un derecho, toda vez que un procedimiento se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, siendo inconcuso que los derechos adjetivos que concede la ley procesal se van adquiriendo o concretando a medida que se actualizan los supuestos normativos correspondientes en el desarrollo de la secuela procesal, de modo que aunque una nueva ley de esa naturaleza entre en vigor de inmediato en los procesos en trámite, solamente operará en lo tocante a todos los actos ulteriores respecto de los cuales no se haya dado la actualización de los supuestos normativos ...’. Es decir, la ahora demandada basa su acto inconstitucional en leyes abrogadas pretendiendo dotarlas de vigencia con el erróneo argumento de que en materia procesal -reconociendo la materia de la norma a aplicar- se van adquiriendo derechos, los cuales no pueden ser vulnerados por la ley nueva. Admitido entonces por la propia emisora del decreto un conflicto de leyes en el tiempo, dada la entrada en vigor de una nueva Constitución y una nueva Ley Orgánica del Municipio Libre que, como igual se acepta, modifican reglas de procedimiento en materia de creación de Municipios, la litis se reduce a determinar si el Poder Legislativo Local actuó correctamente en el caso de la creación del Municipio de Villa de Pozos, aplicando una Constitución y una ley abrogadas, pero que estaban vigentes al presentarse la solicitud respectiva o, si por el contrario, el decreto examinado es inconstitucional por no haber tomado en cuenta, para su fundamentación, las disposiciones vigentes en el momento de su emisión. Conviene hacer aquí una referencia a las normas vigentes en la fecha de la solicitud y, las vigentes en el momento en que se emite el dictamen que soporta el decreto combatido:

Ver tabla 1

"Como puede apreciarse, las modificaciones que, en el tema particular de la creación de Municipios, existen entre las normas aplicables en la fecha de presentación de la solicitud y las vigentes al momento de emitirse el decreto combatido, son amplias e importantes; sin embargo, en modo alguno se puede estimar que la aplicación de las disposiciones actuales afecte o lesione derechos adquiridos por los solicitantes. En efecto, al momento de entrar en vigor la Constitución Política del Estado que rige actualmente y, en su caso, la nueva Ley Orgánica del Municipio Libre, los solicitantes no tienen más derecho adquirido que el de petición, es decir, lo único que no se les puede limitar o restringir es su derecho a recibir una respuesta a su planteamiento. Pero sostener que la presentación de la solicitud de ‘reotorgamiento’ de la categoría de Municipio produce el derecho a que el procedimiento y requisitos para ello sea el aplicable entonces, es inexacto. No hay razón o motivo para inferir que el ejercicio del derecho de petición produzca, necesariamente, un derecho inalterable a que la autoridad o entidad encargada de la respuesta deba sujetarse a las normas procesales vigentes cuando se recibió la misma. Por tanto, la aplicación de una serie de normas abrogadas para sustentar una determinación que debe ser fundamentada en las nuevas disposiciones es un acto contrario al principio de debido proceso legal, lo que trae como consecuencia una afectación a los intereses del actor, debiendo este Alto Tribunal declarar la invalidez de la norma general que crea el Municipio de Villa de Pozos. Se insiste en que el conflicto de leyes en el tiempo, apreciado por la demandada, tiene una solución sencilla: en materia procesal la aplicación de leyes posteriores es factible, no hay tal violación a la garantía de irretroactividad, porque no hay derechos adquiridos. Los tribunales federales han sostenido este criterio en forma reiterada: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIRLA.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘RETROACTIVIDAD. NO LA CONSTITUYE LA APLICACIÓN DE LEYES PROCESALES.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.’ (transcribe y cita precedentes). Con estos atinados criterios se corrobora que, en el caso que nos ocupa, los solicitantes efectivamente ejercieron un derecho que la ley vigente les otorga: el de solicitar el reotorgamiento de la calidad de Municipio a lo que hoy era la Delegación de Villa de Pozos; pero diferente es que el procedimiento de creación del Municipio deba iniciarse, seguirse y concluirse oficiosamente y de conformidad con las normas vigentes en la fecha de la solicitud de reotorgamiento. En este caso, la presentación de la solicitud equivale al ejercicio de la acción en materia procesal. Una ley posterior no puede limitar o rechazar el ejercicio de tal acción, pero puede válidamente introducir modificaciones en el procedimiento sin que ello signifique daño a derechos adquiridos y, menos aún, una violación a la garantía tutelada por el numeral 14 del Pacto Federal. Entre los tratadistas, también hay coincidencia en el criterio anterior, el Maestro Juventino Castro invoca a Roubier en este sentido: ‘Para Roubier, que es el mejor expositor de la doctrina objetiva moderna -y que mayores adeptos tiene en la actualidad-, la ley nueva no podrá tocar situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y sí a las que se encuentren en curso de constitución o de extinción. Considera que las leyes nuevas sí pueden aplicarse retroactivamente, cuando sean interpretativas -porque obra a la manera de un cambio de jurisprudencia-, así como las relativas a las pruebas.’ (Castro, Juventino V. Garantías y Amparo, Porrúa, 4a. Ed. 1983, p. 240). Se subraya que, en la especie, los derechos que adquirieron los solicitantes del nuevo Municipio, se reducen a que el órgano competente dé curso a la misma e, incluso, instaure el procedimiento respectivo y emita una resolución al respecto. Pero si en el curso del procedimiento las reglas del mismo cambian, lo correcto es aplicar las nuevas, sin que ello transgreda derecho alguno. Las tesis siguientes son ilustrativas en cuanto al tema de los derechos adquiridos: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘DERECHOS ADQUIRIDOS.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA.’ (transcribe y cita precedentes) ‘DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe y cita precedentes). La tesis anterior, si bien es de un Tribunal Colegiado, resulta interesante por contener exactamente el criterio que se viene invocando: no hay, como lo afirma incorrectamente el dictamen que aprobado da origen al decreto examinado, ningún derecho adquirido por los solicitantes para que el procedimiento y los requisitos exigidos por las leyes vigentes cuando se presentó la petición sean los aplicables en lugar de las normas expedidas posteriormente. De manera particular, se destaca el hecho de que para la creación de nuevos Municipios, la Constitución y la ley vigente en 1995, fecha de la solicitud, se exigía que la solicitud para la creación de un nuevo Municipio (que no es de la misma naturaleza que la efectuada en este caso, pues se trató de una solicitud de reotorgamiento de una calidad de Municipio que tuvo con distintas características con anterioridad) la firmaran al menos 1,500 personas; en tanto que, al momento de determinarse la creación del Municipio de Villa de Pozos, en diciembre pasado, las disposiciones aplicables precisan que la demanda la suscriban, al monos (sic), el 25% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la circunscripción territorial que se pretenda erigir como Municipio; es decir, se consideró necesario que la trascendental decisión de erigir una municipalidad estuviera respaldada por una proporción significativa de los ciudadanos de la comunidad correspondiente; de allí que, al aprobarse la solicitud que apoyan únicamente 1,635 personas, es obvio que se incumple con un esencial requisito vigente. Más grave aún el hecho de que las firmas de las 1,635 personas que soportan la solicitud no hayan sido cotejadas o en modo alguno confrontadas con quienes supuestamente las estamparon. Para evitar la manipulación de personas y firmas, las nuevas normas exigen que se acompañe a la solicitud una lista con el nombre, firma y el número de credencial de elector de los ciudadanos que hacen la solicitud. En el caso a debate, es evidente que no solamente no se confrontaron las firmas, sino que no se exigió que se cumpliera con el requisito de señalar el número de credencial de elector de los firmantes. Igualmente significativa es la omisión, por parte del órgano legislativo demandado, de llevar a cabo un plebiscito para tomar en cuenta -realmente- la opinión ciudadana del Municipio o Municipios en que se encuentre la fracción territorial que pretende erigirse como Municipio. La ley anterior no preveía esta formalidad, pero al modificarse e introducirse esta importante condición, es evidente que la entidad encargada del trámite de la solicitud debió cumplirla, sin que en modo alguno pudiera estimarse que se vulneraba la garantía de irretroactividad de la ley. Lo mismo puede decirse de los demás requisitos, que en nada merman los derechos de los solicitantes si se les exige su cumplimiento, dado que la creación del nuevo Municipio, esencia de su petición, al entrar en vigor las nuevas disposiciones constituye una mera expectativa de derecho que no puede ser quebrantada por éstas. No puede soslayarse tampoco el hecho de que las modificaciones introducidas por el legislador sólo tienen el propósito de mejorar las normas, de allí que la aplicación de las anteriores, en detrimento de las nuevas, conduce a una deficiencia natural del acto, ya que no estaría éste acorde con las mejoras legales ya en vigor. Ignacio Burgoa cita a Capitant de la siguiente manera: ‘Toda ley nueva se presume mejor que aquella a la que reemplaza; porque cuando el legislador hace una innovación, no lo hace sino con el propósito de un mejoramiento y para corregir los abusos existentes. Por tanto, es natural suponer que ha querido someter a su imperio no solamente los acontecimientos que podrían realizarse en el futuro, son aún los hechos anteriores, en lo que ve a sus consecuencias que producirán y se desarrollarán después de su promulgación. Sería ilógico prolongar hacia el futuro los efectos de la ley abrogada y mantener en vigor, en detrimento de la regla nueva, las disposiciones que el legislador ha juzgado mejoradas. En consecuencia, se debe aplicar la ley reciente a todas las situaciones jurídicas, a todas las relaciones de derecho existentes en el momento de su promulgación y regular según sus disposiciones los efectos que produzcan para lo futuro. Tal es el principio al cual, según creemos, se debe uno adherir. Conduce, según lo vemos, a rehusar toda supervivencia a la ley antigua.’ (Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales. Porrúa, 11a. edición, 1978, p. 522). Es de reconocerse que en el tema de la irretroactividad la doctrina ha sostenido diversas opiniones y teorías. Los tribunales han aceptado tradicionalmente la de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho con mayor frecuencia. Sin embargo, en fechas más recientes, este Alto Tribunal ha acudido a la teoría de los componentes de la norma a fin de poder precisar cuándo una ley es retroactiva y cuándo no, atendiendo a las consecuencias que se produzcan; la tesis es la siguiente: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’ (se transcribe y cita precedentes). Ahora bien, en el caso examinado, puede decirse que las normas aplicables a partir de 1997, es decir, estando en curso el procedimiento de creación del nuevo Municipio, no afectan en lo absoluto el efecto o consecuencia del acto generador ocurrido con anterioridad. En efecto, el acto generador es la solicitud de reotorgamiento (creación) de un nuevo Municipio; en el curso del procedimiento las leyes sufren una importante modificación que introduce mayores requisitos y condiciones para ello; pero no se restringe ni limita la posibilidad de que se erija el nuevo Municipio; luego entonces, si los solicitantes cumplen los requisitos que a ellos les corresponde y si una vez agotado satisfactoriamente el procedimiento de acuerdo con las nuevas disposiciones el órgano competente determina que sí es procedente la creación del nuevo Municipio, no se habrá incurrido en afectación a los peticionarios y se habrá dado cumplimiento cabal a las nuevas normas. En este sentido, nos permitimos reiterar que la exigencia de que para la creación de un nuevo Municipio se lleve a cabo un plebiscito es de suma importancia y no puede ser soslayado por el Poder Legislativo, máxime que se trata de un mandato constitucional que no admite excepciones. De acuerdo con la tesis que a continuación se transcribe, tratándose de disposiciones constitucionales, como la comentada, no hay retroactividad que pueda alegarse; de allí que el cumplimiento de esta formalidad era un elemento sine qua non para el Congreso que, al haberlo omitido, conculca de manera clara el principio de debido proceso legal. ‘LEYES, RETROACTIVIDAD DE LAS.’ (se transcribe y cita precedentes) ‘RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe y cita precedentes). Así las cosas, el Congreso Local actuó indebidamente al llevar a cabo un procedimiento para la creación de un Municipio con apoyo en normas abrogadas, omitiendo aplicar las disposiciones vigentes que incluían etapas procesales que eran menester agotar, sin que haberlo hecho hubiera significado lesión a derechos adquiridos ni violación a la garantía de irretroactividad de la ley. Tercero. No obstante lo anterior, si sólo por un momento se supiera que las alegaciones producidas en el apartado anterior no fueran aplicables y que, por tanto, tuvieran aplicación al caso concreto las disposiciones legales que se encontraban en vigor al momento en que se practicó la solicitud de reotorgamiento de la calidad de Municipio, aun así, el decreto que hoy se impugna es ilegal e inconstitucional, pues aun tratándose de los requisitos previstos por las normas anteriores, a los cuales expresamente se sujeta el órgano parlamentario demandado, existe una grave violación que entraña la inconstitucionalidad de la norma general reclamada. Nos referimos a que de conformidad con el artículo 8o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre, vigente en 1995, fecha en que se presenta la solicitud y, por tanto, el fundamento legal que aplica la parte demandada en el decreto controvertido, se prevé que para la creación del nuevo Municipio es menester contar con la aprobación de al menos dos terceras partes de los votos de los diputados integrantes de la legislatura y el mismo número de los Ayuntamientos que integran el Estado. Pues bien, para la creación del Municipio de Villa de Pozos no se ha obtenido la aprobación de las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado, por lo que atendiendo a las normas que el propio ente demandado decide aplicar, es inconcuso que falta un elemento importante para estimar agotado el procedimiento de erección de la municipalidad. Consecuentemente, es claro que de acuerdo con la normatividad que aplica la autoridad emisora del acto controvertido, no se ha satisfecho aún un importante elemento de validez que se exige para disponer la creación del nuevo Municipio. El Congreso Local, previa a la expedición y publicación del Decreto 406, debió someter la aprobación del dictamen a los cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado, a fin de obtener, como lo dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en 1995 y que decidió aplicar el cuerpo legislativo, el voto de al menos dos terceras partes de aquéllos; en caso contrario, la creación del Municipio no sería factible. Existe, por ende, un vicio de ilegalidad evidente, una falta al principio de debido proceso legal que hace que el decreto combatido sea inválido por carecer de un elemento esencial que exige la ley. Por tanto, este Alto Tribunal debe declarar inválido el decreto materia de esta controversia, por adolecer de vicios de ilegalidad que lo convierten en un acto inconstitucional. Cuarto. El decreto que dispone la creación del Municipio de Villa de Pozos afecta severamente al territorio, a la población y al gobierno del Municipio de San Luis Potosí, en clara violación al artículo 115 constitucional. La Carta Magna establece como uno de sus más elevados principios políticos el de soberanía de los Estados que forman la Unión, así como el de libertad y autonomía de los Municipios que los integran. Entre los elementos constitutivos esenciales de un Municipio están el territorio, la población y el gobierno; todo acto de imperio que sin fundamento ni motivo afecte, lesione, limite o restrinja alguno de estos tres elementos, implica un atentado al principio de libertad y autonomía municipal. El Municipio de San Luis Potosí, hasta el día 17 de diciembre pasado, estaba constituido por un territorio determinado que incluía el actual del Municipio de Villa de Pozos; el decreto examinado, al disponer la erección de la nueva municipalidad, segrega una parte sustancial del territorio del Municipio actor, esto es, el equivalente a la anterior Delegación de Villa de Pozos. Esta decisión no se encuentra debidamente fundada ni motivada, lo que entraña una violación a los principios del artículo 115 constitucional. Además, obvio es decir que al segregar esa parte del territorio, limita y restringe la hacienda municipal, al impedirle al Municipio de San Luis Potosí la obtención de los ingresos tributarios producto de los impuestos a la propiedad raíz de ese territorio. Igualmente, el acto controvertido le impide a mi representado ejercer sus atribuciones y facultades de gobierno, incluyendo todos los aspectos de administración, prestación de servicios y planeación del desarrollo, que son atribuciones conferidas por la Ley Fundamental a los Municipios. La pertenencia de la Delegación de Villa de Pozos al Municipio de San Luis Potosí deriva en el derecho a ejercer atribuciones de gobierno sobre el territorio de ésta, las cuales con la norma reclamada le quedan vedados. Al respecto del territorio municipal, el Dr. Miguel Acosta Romero, citado por Quintana Roldán señala: ‘Las entidades federativas que forman parte del Estado Federal, y que están enlistadas en la Constitución en el artículo 116, y el Municipio, previsto también en la propia Constitución en el artículo 115; de donde la Constitución Federal establece esos tres tipos de organización en un nivel jerárquico descendente y con una diversa distribución de autonomía, que va señalándose de tal manera que los Municipios tienen la autonomía correspondiente al artículo 115 y estrictamente dentro del territorio municipal.’ (Quintana Roldán, Carlos F., Derecho Municipal. Porrúa, 1a. Ed. 1995, p. 154). Así, el acto unilateral y arbitrario del Poder Legislativo Local significa una privación injustificada de una parte del territorio del Municipio demandante, circunstancia que merma ostensiblemente la capacidad de actuación gubernativa de su Ayuntamiento y limita las atribuciones administrativas y de prestación de servicios que la Constitución le reconoce, contribuyendo a que el decreto examinado sea flagrantemente inconstitucional. La detracción de un segmento del territorio del Municipio de San Luis Potosí, además, deriva en la afectación de otros derechos igualmente contenidos en la Norma Suprema. Citamos la opinión de la doctrina especializada: ‘Con base en lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18406-25ad17da/controversia-constitucional-el-decreto-404-de-la-quincuagesima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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