CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2003. MUNICIPIO DE RIOVERDE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de mayo de dos mil tres, Rubén González Juárez, quien se ostentó como representante del Municipio de Rioverde, Estado de San Luis Potosí, en su carácter de síndico municipal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que a continuación se menciona, emitido por la siguiente autoridad:
"Nombre y domicilio de las demandadas: Tienen tal carácter el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, tanto por actos propios del Pleno del Congreso del Estado como por actos de la Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda, ambas del Congreso del Estado de San Luis Potosí. El domicilio de las demandadas es conocido, ubicado en el Jardín Hidalgo de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. Actos cuya invalidez se demanda: Todos los acuerdos, decretos, actos y, en general, cualquier acción tendente a vulnerar la autonomía municipal y el libre ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden al Municipio de Rioverde, S.L.P., y a su Ayuntamiento. Tales actos se han manifestado de la siguiente manera: en fecha 30 de abril del año en curso, se presentaron al H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., unas personas quienes dijeron ser integrantes de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, y quienes sin hacer notificación legal alguna determinaron que iban a realizar el acta de entrega-recepción con referencia al Ayuntamiento que represento, pues el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia había determinado que el presidente municipal con licencia, Elí Pérez Flores, debería tomar el cargo que ostentaba hasta el día 2 de agosto de 2002, fecha en la cual pidió licencia al Cabildo para ausentarse de su cargo, y concluyendo ésta el día 26 de septiembre del año 2003, ahora bien dentro de su actuar, solicitaban se designara por parte del presidente en funciones CP. Horacio Balderas Ávalos, personas que integraran la comisión para dicha entrega-recepción, cabe señalar que hasta la fecha al citado contador en su calidad de presidente, en ningún momento se le ha notificado tal determinación lo que ha permitido que éste siga en funciones, no obstante se ha violado la soberanía constitucional del Municipio. Pues pretenden ejecutar actor (sic) que la ponen en riesgo, tal como se demuestra con las pruebas que se anexan y, además, sin que hayamos sido notificados de acuerdo alguno, violando las normas constitucionales."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. El suscrito soy representante legal del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, al tener el cargo de síndico municipal, cabe hacer mención que originalmente quien ostentaba el cargo de presidente municipal de dicho Ayuntamiento lo era el Ing. Elí Pérez Flores, no obstante por razón de problemas en el manejo de su administración y como se demuestra con el acta número 40 de Cabildo, dicha persona pidió una licencia hasta el día 26 de septiembre del año 2003, y por tal motivo tomó posesión como presidente interino el CP. Horacio Balderas Ávalos, quien ha venido desempeñando tal cargo. En esos términos y sin que existiera mandamiento legal alguno que diera un cambio a la situación ya citada, con fecha 30 de abril del presente año comenzó públicamente una serie de actos por parte de las demandadas tendentes a vulnerar la autonomía del Municipio de Rioverde, S.L.P., tomando como pretexto el supuesto retorno a la presidencia del Ayuntamiento del C. Elí Pérez, quien solicitó y obtuvo licencia del Cabildo para ausentarse del cargo hasta el término del periodo constitucional, tal como ya se mencionó y las cuales se desahogaban al amparo de un supuesto dictamen del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y que éste originalmente había sido emitido por la Comisión de Vigilancia y avalado por el aludido Poder Legislativo. Y que tal dictamen tendría que ser ejecutado por la Contaduría Mayor de Hacienda de dicho Congreso. En esos términos estos actos, como ya se puntualizó, atacan a la soberanía del Ayuntamiento, pues dicho dictamen no constituye, en esencia, un acto que por su naturaleza cumpla con los requisitos que la ley le exige para ser considerado un procedimiento legislativo, pero no sólo eso sino que, además, tenga fuerza como tal para los fines que el mismo persigue."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Los actos impugnados deben ser declarados inválidos no sin antes suspenderlos de plano, por atentar contra el orden constitucional vigente, en la misma medida que son violatorios de los artículos 14, 16 y 115 constitucionales. Por una parte, el artículo 115 de la Constitución General de la República señala en su fracción I: ‘I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.’. De la lectura del precepto en cita claramente puede apreciarse en el cuarto párrafo que en el evento de que un miembro de un Ayuntamiento dejare de desempeñar el cargo, la ley determinará las formas y procedimientos a seguir. La intervención del Congreso del Estado se limita a los casos en que deba declararse desaparecido un Ayuntamiento, lo cual es esencialmente un caso distinto a la falta temporal o definitiva de alguno de los miembros del cuerpo edilicio, ya que en estos casos, en todo caso, debe acudirse a la ley reglamentaria para resolver el asunto. La ley que establece los mecanismos y formas en que debe procederse en San Luis Potosí es la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la cual refiere en los artículos que a continuación se transcriben la forma en que debe operar este supuesto, además de otras cuestiones tocantes al asunto que nos ocupa (se cita únicamente la parte conducente del precepto aplicable): ‘Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: ... c) En materia operativa: ... V. Conceder por causa debidamente justificada y calificada, aprobada por lo menos por las dos terceras partes de sus integrantes, licencia al presidente municipal, cuando ésta sea por un término mayor de diez días naturales. Si la ausencia fuese menor de este término, bastará que dé aviso por escrito al Ayuntamiento; VI. Nombrar en los casos en que proceda, presidente municipal interino o sustituto, según sea el caso, de entre los miembros del Ayuntamiento.’. ‘Artículo 43. En las faltas temporales del presidente municipal que no excedan de sesenta días naturales, será suplido por el primer regidor, y en ausencia o declinación expresa de éste, por los que le sigan en orden numérico. En las ausencias temporales que excedan de sesenta días naturales, o ante la falta definitiva del presidente municipal, el Ayuntamiento designará de entre sus miembros a un interino o un sustituto, según sea el caso. Las solicitudes de licencia que presente el presidente municipal se harán por escrito; las que sean para ausentarse por más de diez días naturales del cargo, sólo se concederán por causa debidamente justificada y con la calificación y aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. En todos los casos las licencias deberán precisar su duración.’. ‘Artículo 74. Son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: ... II. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento informando a éste de sus resultados.’. En el caso que nos ocupa el C. Elí Pérez Flores solicitó licencia al cargo de presidente municipal de Rioverde, S.L.P., el día 2 de agosto de 2002 estableciendo como término de la vigencia de la licencia al 26 de septiembre de 2003, es decir, la licencia se concedió sujeta a un término y no a una condición, habida cuenta que la ley orgánica municipal en cita no permite este último tipo de licencias, al establecer la obligación de fijar un tiempo determinado como requisito para el otorgamiento de la misma. Esta licencia al igual que cualquier otro caso similar, debe ser autorizada por el Ayuntamiento, lo que puntualmente aconteció tal como se advierte del acta No. 40, de la sesión de Cabildo de fecha 2 de agosto del año 2002, y en estos términos cabe precisar que dicho Ayuntamiento se integra con el presidente, regidores y síndicos, en los términos que la propia ley orgánica en comento señala. El Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., se integra con un presidente, un regidor y dos síndicos de mayoría relativa y hasta once regidores de representación proporcional, es decir, quince miembros. De la lectura de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, así como de la Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí o la General de la República, no surge en ninguno de estos textos precepto legal alguno que faculte al Congreso del Estado o a sus comisiones a intervenir en el tema de las licencias a los presidentes municipales. Al ser la Constitución la Norma Suprema en nuestro orden jurídico las autoridades deben apegarse plenamente a ella no existiendo la posibilidad de excepción en el asunto a que nos referimos, toda vez la ley reglamentaria a que se refiere el artículo 115 en comento no establece caso extraordinario de facultades como el que ha querido ejercer el Congreso del Estado. Por el contrario, la única autoridad que ha sufrido los embates en contra de la vigencia del Estado de derecho ha sido el Ayuntamiento actor, ya que no ha sido sometida a su consideración la revocación de la licencia de Elí Pérez Flores, lo que impide a éste reasumir su cargo en tanto el Cabildo no se pronuncie de manera expresa sobre la situación que ha motivado esta controversia. Incluso hay que recordar que, en ejercicio de sus atribuciones y conforme a los lineamientos de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, autorizó la licencia solicitada por Elí Pérez por el plazo que él mismo fijó, designando para fungir como presidente en su lugar al C. Horacio Balderas Ávalos quien, en ejercicio de la comisión que le confirió el Cabildo, ha venido desempeñando el cargo y quien, por razones de elemental legalidad, no puede separarse del mismo en tanto el propio Ayuntamiento no lo releve de su responsabilidad. Esto es, que si el Cabildo designó a Horacio Balderas Ávalos para el desempeño de una comisión, que es suplir al presidente con licencia, este regidor no puede, ni por instrucción de la Contaduría Mayor de Hacienda ni de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ni de nadie, separarse del cargo si no es con la anuencia del Ayuntamiento que lo designó, por lo que la imposición de cualquier otra persona, aun cuando haya sido electo popularmente carece de validez si no se siguen los procedimientos legales respectivos, ya que lo contrario generaría una incertidumbre tal que llevaría al Municipio a la ingobernabilidad, haciendo nugatoria su autonomía. En este orden de ideas, la supuesta instrucción girada por la Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para el efecto de que se realice la entrega-recepción de los recursos públicos por parte de Horacio Balderas a Elí Pérez vulnera el precepto constitucional referido, ya que interfiere en la vida interna del Ayuntamiento, ya que no es dable la entrega-recepción pretendida sino cuando el Cabildo se pronuncie sobre quién debe ocupar la presidencia municipal. Asimismo, la auditoría emprendida en el Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (sic), a petición de Elí Pérez Flores afecta la autonomía municipal, tomando en cuenta el origen espurio de la petición y la dañada intención del Congreso de avalar la asunción de la presidencia por parte de Elí Pérez sin que el Cabildo se haya pronunciado. Lo anterior, en virtud de que tales hechos implican la remoción de Horacio Balderas Ávalos, designado presidente por el Cabildo en sustitución de Elí Pérez, del cargo conferido, por lo que afecta la integración del Ayuntamiento conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, de donde resulta aplicable considerar que debió notificarse al Ayuntamiento previamente a cualquier acto de las demandadas tendentes a afectar su integración, así sea en la restitución del presidente con licencia, acorde a los criterios de ese Alto Tribunal aplicables por analogía: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, julio de 2001. Tesis: P./J. 85/2001. Página: 925. Materia Constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCIÓN LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES. Aunque los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así como los diversos del 8o. al 27 de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos de la referida entidad, no prevén que en los procedimientos de responsabilidad seguidos a los integrantes de un Ayuntamiento se deba dar intervención a éste; tratándose de conductas atribuidas a su presidente municipal relacionadas con su función pública debe dársele la mencionada intervención, en virtud de que la resolución que se dicte en esos procedimientos tendente a sancionar a los munícipes, afecta la integración del Ayuntamiento, aspecto que se encuentra tutelado por los artículos 14 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de junio en curso, aprobó, con el número 85/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil uno.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Tesis: P./J. 14/99. Página: 277. Materia Constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en especial, con lo dispuesto en los artículos 52 y 53, corresponde a los síndicos municipales la procuración y defensa de los derechos e intereses de los Municipios, por lo que los actos que pueden vulnerar su órbita de atribuciones o desconocer las prerrogativas que les otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la promoción de una controversia constitucional, deben ser notificados personalmente a los Ayuntamientos por conducto de los respectivos síndicos pues, de lo contrario se impediría o, al menos se dificultaría, la defensa de los intereses de los Municipios por la vía señalada, lo que desvirtuaría los motivos de su establecimiento y se propiciaría la violación a lo establecido en el artículo 115 de la propia Constitución, sin posibilidad de defensa o de una defensa oportuna y adecuada. Controversia constitucional 32/97. Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México. 22 de febrero de 1999. Mayoría de nueve votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 14/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.’. Por otra parte, las demandadas violan el artículo 16 constitucional, habida cuenta que, como ha sido ya expuesto, carecen de la debida competencia para intervenir en los asuntos que conciernen exclusivamente al Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P. (sic), ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis legales o constitucionales que legitimarían, en todo caso, la intervención del Congreso en Pleno. Por el contrario, ante la falta de competencia expresa, las demandadas han vulnerado la esfera de autonomía de Rioverde, S.L.P. (sic), sin observar el elemental principio a que nos referimos, ya que han realizado actos tendentes a ubicar y reconocer a Elí Pérez Flores como presidente municipal en funciones sin que el Cabildo se haya pronunciado al respecto, llegando incluso a ordenar una auditoría al Ayuntamiento a petición de Elí Pérez y conminando al C. Horacio Balderas Ávalos para que se haga entrega de las oficinas y recursos públicos municipales, sin que siquiera haya sido oído el Ayuntamiento, por lo que la falta de competencia de las demandadas se combina con un abuso de poder que priva al Ayuntamiento, en su integración, de la garantía de audiencia conferida en el artículo 14 constitucional, ya que es de explorado derecho que cuando un acto de autoridad incide en la integración de un Ayuntamiento, éste debe ser emplazado al procedimiento mediante el síndico lo que, en la especie, no han ocurrido, generando un clima de inestabilidad por parte de las demandadas que han realizado las conductas expuestas tendentes a vulnerar la autonomía municipal de Rioverde, S.L.P., incluyendo la pretensión de reconocer al Ing. Elí Pérez Flores como presidente municipal, cuando en realidad no corresponde al Congreso otorgar tal reconocimiento sino que es el Cabildo el órgano facultado para tal efecto. Así las cosas, es manifiesta la violación a los artículos 14, 16 y 115 constitucionales en perjuicio del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., por parte de las demandadas, en los términos que han quedado expuestos, por lo que solicito se declare procedente esta controversia y, en su caso, se dicte la sentencia correspondiente dejando sin efecto los actos reclamados. Resultan aplicables al caso que nos ocupa las siguientes tesis jurisprudenciales de ese H. Alto Tribunal, en virtud de que la materia de esta controversia es el respeto a la autonomía municipal protegida por el artículo 115 constitucional: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, julio de 2001. Tesis: P./J. 84/2001. Página: 925. Materia Constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN. De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se desprende que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los derechos derivados de su integración. Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de junio en curso, aprobó, con el número 84/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil uno.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 82/99. Página: 568. Materia Constitucional. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES. De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a «actos», debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones. Controversia constitucional 3/97. Ayuntamiento Constitucional de Berriozábal, Estado de Chiapas. 18 de mayo de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 82/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis: P./J. 97/99. Página: 709. Materia Constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS. El orden jurídico constitucional establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte dogmática, previene las garantías individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los órdenes anteriores, según puede desprenderse del enunciado del artículo 1o. constitucional. Además de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico. Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de septiembre del año en curso, aprobó, con el número 97/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis: P./J. 95/99. Página: 709. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. Del contenido de los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133, de la Constitución Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes. Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de septiembre del año en curso, aprobó, con el número 95/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, abril de 1997. Tesis: P./J. 22/97. Página: 134. Materia Constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, fracción II y 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, los síndicos son los representantes jurídicos del Municipio y, para la procuración de la defensa de los intereses municipales tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: procurar, defender y promover los intereses municipales; representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éste fuere parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal. Por otra parte, de los preceptos de referencia, en relación con los artículos 17, 34, 44 y 46 de la ley en cita, se infiere que para que los síndicos puedan actuar en uso de las atribuciones antes señaladas, no requieren acuerdo previo del Ayuntamiento, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio, entre otros, ordenanzas, acuerdos administrativos, prestación y vigilancia de servicios públicos. Por tanto, los síndicos, en uso de las atribuciones que la ley les otorga, pueden promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la acción de controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello. Controversia constitucional 6/96. Alfonso Vázquez Reyes y Margarito Solano Díaz, en su carácter de presidente municipal y Síndico del Municipio de Asunción Cuyotepej
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17845-0bd2b00b/controversia-constitucional-cuando-un-ayuntamiento-reclama-actos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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