CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2003. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de enero de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el tres de diciembre de dos mil dos en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito con residencia en Cancún, Quintana Roo, Paula Fernanda Martínez Buenfil, quien se ostentó como síndico del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, promovió en su representación juicio de amparo en contra de los actos y autoridades que en él se señalan. La demanda de amparo fue admitida en el Juzgado Segundo de Distrito "B" en el Estado de Quintana Roo y se registró con el número 1672/2002 del índice de ese juzgado.
SEGUNDO. Mediante resolución de siete de marzo de dos mil tres, el Juez Segundo de Distrito "B" en el Estado de Quintana Roo determinó que era legalmente incompetente para conocer de ese asunto, toda vez que se trataba de una controversia constitucional planteada por el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, en contra del Estado de Quintana Roo, por lo que remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 40/2003 y por razón de turno se designó como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.
CUARTO. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil tres el Ministro instructor y toda vez que la demanda fue presentada en vía de amparo indirecto requirió a la parte actora para que aclarara la demanda, a efecto de que precisara: a) la fecha de publicación del decreto impugnado; b) las autoridades demandadas y, en su caso, los terceros interesados; c) los actos o disposiciones que hayan emitido cada autoridad y que deban ser materia de este procedimiento; d) los artículos de la Constitución Federal que estime violados; e) los antecedentes de la norma general o acto impugnado; y, f) los conceptos de invalidez.
La parte actora desahogó el requerimiento mencionado y manifestó que el decreto impugnado no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; que no existe tercero interesado; que los preceptos de la Constitución Federal que estima violados son 13, 14, 16, 21 y 115, fracciones II, III, inciso h) y VII.
Asimismo, señaló que la controversia constitucional la promovió en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
"1. Autoridades o poder demandado: 1.1. El C. Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, con domicilio conocido en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Estado de Quintana Roo. 1.2. El C. Secretario general de Gobierno del Estado de Quintana Roo, con domicilio en el edificio anexo al Palacio de Gobierno, Segundo Piso, Avenida Juárez, de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Estado de Quintana Roo. 1.3. Secretario ejecutivo y/o vocal ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo, con domicilio conocido en el Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública, ubicado en la carretera Chetumal-Bacalar, kilómetro 5, Zona Industrial. 1.4. El C. Director estatal de Seguridad Pública en el Estado de Quintana Roo, con domicilio conocido en Avenida Insurgentes con Avenida Belice sin número, colonia Centro de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón Pompeyo Blanco, Estado de Quintana Roo. 1.5. Director del Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública, con domicilio en la Región 95 sobre la Avenida Andrés Quintana Roo, esquina con Oaxactún, de este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Actos cuya invalidez se demanda: De las tres primeras autoridades señaladas como autoridades demandadas: 1) Reclamo la ilegal creación del cuerpo policiaco preventivo denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP), sin un sustento legal que permita tal creación, violando los artículos 13, 14, 16 y 115 constitucionales por la falta de motivación y fundamentación. 2) El establecimiento de la base de operaciones del cuerpo policiaco preventivo denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) en este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), sin fundamento ni motivación legal para dicho acto, violándose de tal manera los artículos 14, 16, 21 y 115 de nuestra Constitución Política. 3) El inicio de operaciones del cuerpo policial denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), sin fundamento legal ni motivación alguna, violando flagrantemente los artículos 13, 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al carecer de un procedimiento seguido para su conformación en el que se hubiesen reunido los elementos de ley para su creación y operación. 4) Las ilegales facultades que le otorgan al cuerpo policiaco denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) para poder detener o aprehender a los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), violándose con esto flagrantemente lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, señaló como antecedentes del caso los siguientes:
"Primero. Este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), cuenta con un cuerpo de policía que forma parte de la Dirección de Seguridad Pública para la prestación del servicio de seguridad pública, conforme lo determina la fracción III, inciso h), de los artículos 115 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo que se encuentra destacamentado en este mismo Municipio contando con sus propias instalaciones. Segundo. La Dirección de Seguridad Pública de este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), con 1098 elementos, cuenta además con su propio grupo especial denominado Escuadrón de Reacción Inmediata (ERI) para sus operativos, el cual al formar parte de la propia Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), por tal motivo se encuentra legalmente instituido y facultado para realizar las acciones de prevención de delitos y detención de delincuentes en caso de flagrancia en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Tercero. El día martes 19 de noviembre del año dos mil dos, se hizo notoria la presencia del cuerpo de policía denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) en este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), al realizar un recorrido en diversas calles de este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), instalándose en la Región 95 sobre la Avenida Andrés Quintana Roo, esquina con calle Oaxactún, de esta ciudad, en la que actualmente es su base de operaciones. Cuarto. El día 27 de noviembre del presente año al parecer según nota periodística de fecha 29 de noviembre del año dos mil dos, del periódico ‘Voz del Caribe’, se realizó el primer acto de aplicación del multicitado cuerpo de policía denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) en este Municipio de Benito Juárez (Cancún), al realizar una detención de una persona que según la nota referida responde al nombre de José Antonio Arana Moreno, por impactar su vehículo con el logotipo de Telmex contra otro y darse a la fuga, sin tener las facultades legales para realizar tales actos, que serían propios de los cuerpos de policía legalmente establecidos en este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Quinto. El día 17 de diciembre del año 2002 se inauguró por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, contraviniendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el inicio de operaciones de la policía denominado Fuerza Interinstitucional Policial (FIP), así como su base de operaciones en las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Región 95, sobre la Avenida Andrés Quintana Roo, esquina con calle Oaxactún, de este Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo."
Por último, los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:
"Primero. Es menester mencionar en primer término que el artículo 13 constitucional, establece en su parte conducente: ‘Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sea en compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.’. Así como también el artículo 21, penúltimo párrafo, relacionado con el artículo 115 constitucional, fracción III, determina lo siguiente: ‘Artículo 21. ... La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. ...’. ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: ... h) Seguridad pública y tránsito. ...’. Ahora bien, el funcionamiento y/o acuerdos para el inicio de actividades de dicha policía en territorio municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, violentan claramente lo dispuesto en las fracciones III, inciso h) y VII, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la sana interpretación de las citadas disposiciones legales se deriva que la prestación de los servicios de seguridad pública en los Municipios se encuentra bajo el cargo de la autoridad municipal y, sólo por excepción, podrá intervenir la autoridad del Estado cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, para lo cual esta excepción de intervención por parte del Estado se encuentra prevista y claramente regulada por los artículos 90, fracción X y 161, inciso g) y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y que se transcriben literalmente: De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. ‘Artículo 90. Son facultades del gobernador: ... X. Tener bajo su mando la fuerza de seguridad pública del Estado; así como el de la policía preventiva y tránsito municipal, estos últimos en aquellos casos en que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. ...’. ‘Artículo 161. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... g) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito ... Asimismo, con aprobación del Ayuntamiento podrán celebrar convenios con el Gobierno Estatal para que éste, de manera directa o mediante el organismo que prevea la ley de la materia, se haga cargo en forma temporal de alguno de los servicios a cargo del Municipio, o bien para que se presten o ejerzan de manera coordinada.’. De la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. ‘Artículo 74. Los servicios públicos a que se refiere esta ley, podrán ser prestados con la intervención del Estado y de sus dependencias, cuando las condiciones económicas, administrativas y financieras de los Municipios no sean suficientes para garantizar su eficaz prestación. Esta intervención del Estado se dará a solicitud del presidente municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y mediante el convenio respectivo. En el propio convenio se expresará el servicio o los servicios en que estime necesaria la intervención del Estado, así como los plazos, términos y condiciones financieras y económicas en que el Municipio solicite el concurso del Estado.’. ‘Artículo 75. El Ejecutivo del Estado, al conocer la solicitud del Municipio, decidirá en los diez días siguientes sobre la procedencia de la misma y determinará las condiciones a que deba sujetarse su intervención, así como las dependencias del propio Ejecutivo que deban prestar el concurso. Las condiciones a que se refieren los artículos anteriores se establecerán en el convenio respectivo que al efecto deberán celebrar ambas autoridades.’. ‘Artículo 76. El concurso del Estado se dará preferentemente en los servicios de agua potable y alcantarillado, seguridad pública y tránsito y en aquellos que por su alcance e importancia tiendan a satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, o cuando el Estado posea atribuciones concurrentes o complementarias en la ejecución de los servicios municipales.’. Lo anterior se encuentra robustecido con las siguientes tesis de jurisprudencia: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: P./J. 69/96. Página: 330. ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. Las interpretaciones histórica, causal-teleológica y gramatical de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llevan a concluir que las materias de seguridad pública y tránsito están reservadas por el inciso h) de dicho precepto al ámbito municipal con las excepciones, en primer lugar, de los casos en que «fuere necesario y lo determinen las leyes» en que podrá tener intervención el Gobierno Estatal, lo que se deriva del párrafo primero de la fracción citada; y, en segundo, cuando tratándose de la residencia habitual o transitoria del Ejecutivo Federal o de los gobernadores de los Estados a ellos corresponda el mando de la fuerza pública, lo que deriva de la reserva que en este aspecto se establece expresamente en la fracción VII del dispositivo constitucional de que se trata.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, abril de 2000. Tesis: P./J. 56/2000. Página: 822. ‘TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. El artículo 115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si un Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que éste lo preste en el lugar en el que reside, el mismo no puede prevalecer indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el Municipio, en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se le reconocen en la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que le reintegre las funciones necesarias para la prestación de ese servicio, lo que deberá hacerse conforme a un programa de transferencia dentro de un plazo determinado y cuidándose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, el servicio público seguirá prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la población, así como que el plazo en el que se ejecute el programa deberá atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.’. Segundo. De lo antes expuesto se desprende que la actual e ilegal intervención del Estado en la seguridad pública dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, violenta los preceptos antes mencionados por los razonamientos siguientes: I. Esta intervención no deriva de una manifestación por parte del Ejecutivo del Estado, en la cual juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público para su necesaria intervención, como se prevé en el artículo 90, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo antes transcrito; II. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161, inciso g), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 71 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la seguridad pública y tránsito serán considerados como un servicio público al que los Municipios están obligados y facultados para prestar dentro de su ámbito territorial, y que tal como se deriva de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como del 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Estado podrá prestar este servicio mediante el previo y estricto cumplimiento de las siguientes condicionantes: A) Que sea solicitada por el presidente municipal; B) Que dicha solicitud sea previamente aprobada por el Ayuntamiento; C) Cuando las condiciones económicas, administrativas y financieras de los Municipios sean insuficientes para la prestación de dicho servicio; D) Que se formalice mediante convenio con el Gobierno Estatal; E) Que exista determinación expresa de si se prestará de manera directa o mediante el organismo que prevea la ley de la materia; y, F) Que exista determinación expresa acerca de si será de manera temporal o se presten o se ejerzan dichos servicios de manera coordinada. De lo anterior se puede observar que la creación y funcionamiento de la policía denominada Fuerza Interinstitucional Policial (FIP), que el Gobierno del Estado actualmente opera y coordina de manera unilateral, no ha obedecido a ninguna de las formas y condiciones que la ley prevé para que el Gobierno del Estado o cualquiera de los órganos que lo integran tengan bajo su mando directo a las fuerzas de seguridad pública y policía preventiva dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. III. Se observa de igual manera que el Gobierno del Estado en su afán de instaurar la Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) en el Municipio de Benito Juárez, vulnera el espíritu del artículo 115 constitucional, fracción II, inciso d), que radica esencialmente en garantizarle a los Ayuntamientos la protección de su autonomía municipal mediante la potestad de establecer los procedimientos y condiciones para que los Gobiernos Estatales asuman una función o servicio municipal previa solicitud del Ayuntamiento respectivo; situación que desde luego no se ha dado hasta ahora, puesto que no existe tal necesidad, esto aunado al hecho de que esa garantía que otorga el artículo 115 constitucional radica esencialmente en la facultad que tienen los Ayuntamientos de expedir su propia reglamentación, entre la que se encuentra la expedición del bando de policía y buen gobierno, que tiene por objeto sentar las bases que deben observar las autoridades encargadas de sancionar las faltas administrativas dentro del ámbito municipal. En tanto, la denominada Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) al adolecer en su totalidad de competencia en los bandos de policía y buen gobierno, sus actos no están regidos ni tutelados bajo ordenamiento alguno, violando flagrantemente las garantías individuales de los ciudadanos, pues al ejercer funciones de seguridad pública existen dos policías distintas realizando las mismas actividades, pero bajo mandos distintos, es decir, existe una duplicación de funciones sin coordinación, implicando que dentro de dichas funciones de esta policía no municipal se encuentre la de arrestar a infractores o delincuentes en flagrancia, así como las de imponer multas sin fundamento alguno ni competencia para hacerlo, pues como menciono antes, esto es facultad reservada constitucionalmente a los Ayuntamientos. Todo lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, febrero de 2000. Tesis: P./J. 10/2000. Página: 509. ‘AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. El análisis de los antecedentes históricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibición de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeció a la existencia previa de los llamados jefes políticos o prefectos, que política y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos y tenían amplias facultades con respecto a estos últimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de éstos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominación, lesione la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno.’."
QUINTO. Por auto de doce de junio de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República.
SEXTO. Al producir su contestación de demanda, el gobernador del Estado de Quintana Roo manifestó en síntesis:
1. Que la demanda de controversia constitucional fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la actora tuvo conocimiento del acto cuya invalidez se demanda el diecisiete de octubre de dos mil dos, fecha en la que el Municipio actor suscribió el "Convenio en Materia de Seguridad Pública que celebran el Gobierno del Estado de Quintana Roo y los Gobiernos Municipales, para fijar las Bases de Coordinación, Cooperación, Organización y Funcionamiento de una Fuerza Interinstitucional Policial"; por consiguiente, si la demanda fue presentada el tres de diciembre de dos mil dos, es claro que transcurrió en exceso el plazo legal, máxime que la demanda fue promovida en vía de amparo indirecto y no de controversia constitucional, por lo que su presentación no se hizo directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Que la creación del cuerpo policiaco denominado Fuerza Interinstitucional Policial, el establecimiento de su base en el Municipio actor y el inicio de sus operaciones, son actos emanados directamente de la voluntad soberana del propio Municipio expresada en el convenio que para la creación del citado cuerpo policial celebraron el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales con estricto apego a los artículos 13, 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO. El procurador general de la República externó en síntesis:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional.
2. Que la demanda fue presentada fuera del plazo previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que procede sobreseer en la controversia constitucional, toda vez que la parte actora tuvo conocimiento de los actos impugnados al suscribir el "Convenio en Materia de Seguridad Pública que celebran el Gobierno del Estado de Quintana Roo y los Gobiernos Municipales, para fijar las Bases de Coordinación, Cooperación, Organización y Funcionamiento de una Fuerza Interinstitucional Policial", lo cual ocurrió el diecisiete de octubre de dos mil dos y, por tanto, el plazo para promover la controversia constitucional feneció el dos de diciembre de ese año, en tanto que la demanda fue presentada el día tres siguiente.
3. Que la actora cuenta con legitimación para promover este medio de control constitucional.
4. Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal y 35, fracciones IX y XIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Quintana Roo, la seguridad pública se encuentra conferida a los tres niveles de gobierno en su respectiva esfera competencial, quienes se coordinarán en los términos de ley para establecer un sistema nacional o estatal de seguridad pública, lo que dio origen al convenio por el que se creó la denominada Fuerza Interinstitucional Policial que se impugna en esta vía. Del referido convenio se advierte que asistieron a su celebración y firma el gobernador del Estado así como diversos presidentes municipales, y en representación del presidente municipal de Benito Juárez, acudió el secretario del Ayuntamiento, quien firmó el convenio con ese carácter y el director de Seguridad Pública Municipal como parte integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública; sin embargo, en autos no obra constancia alguna en la que se advierta que el Ayuntamiento del Municipio actor o el presidente municipal hayan otorgado autorización a los funcionarios citados para signar el convenio de referencia, por tanto, éste, al carecer de firma por parte del Ayuntamiento a través de quien se encuentra facultado para representarlo en este tipo de actos, la presencia en el Municipio de la fuerza policial de mérito es inconstitucional, puesto que no está obligado a cumplimentar el convenio.
5. Que en el supuesto de que el citado convenio sí se haya firmado por el Municipio actor por conducto de persona autorizada para ello, debe tomarse en consideración que de acuerdo con su clausulado, éste tiene por objeto establecer las bases de coordinación, cooperación, organización y funcionamiento del cuerpo policial citado; que su función primordial es la de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado en el combate de la comisión de delitos de alto impacto social y contribuir a la preservación de las libertades, el orden y la paz pública; además de que dicho cuerpo policial se conforma con elementos de las unidades de policía preventiva y de la Procuraduría General de Justicia estatal, comisionados por el gobernador del Estado y de los Municipios que signaron el convenio, los cuales siguen adscritos a sus respectivas unidades; las bases de operación de la referida Fuerza Interinstitucional Policial fueron asignadas en el mismo convenio; y su jerarquía se estableció conforme a los artículos 14 y 21 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
Que bajo las circunstancias mencionadas no se conculcan los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Que la presencia del cuerpo policiaco de mérito en el Municipio de Benito Juárez no invade la esfera competencial de la actora, quien está a cargo de la seguridad pública municipal, en virtud de que el artículo 21 constitucional contempla la coordinación en materia de seguridad pública entre las diferentes instancias de gobierno del Estado, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública y el convenio de referencia se encuentra suscrito en apego a dicho precepto constitucional y a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
b) Que la Fuerza Interinstitucional Policial no tiene el encargo de realizar la función de seguridad pública municipal, ya que actúa a manera de operativo permanente en todo el territorio del Estado, conformado por miembros de las diversas corporaciones policiales estatales y municipales, y en ningún momento se pretende sustituir al Ayuntamiento en la prestación de ese servicio público.
c) Que dicha corporación policial no puede regularse en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento del Municipio actor, puesto que surgió de un convenio cuya sede es la ciudad de Cancún y opera en todo el territorio del Estado y no únicamente en el de la actora.
6. Que la creación de la Fuerza Interinstitucional Policial no conculca el artículo 13 de la Constitución Federal que proscribe la existencia de fueros y privilegios, dado que en la creación de dicho cuerpo policial no se establece una jurisdicción diferente a la ordinaria que tome en cuenta la posición social privilegiada de cualquier parte de la sociedad.
OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y agotado el trámite respectivo se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18079-d5e470f7/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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