LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISIÓN DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QUÉ NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CUÁLES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN FUNDAMENTAR SU ACTUACIÓN EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR LA LEGISLATURA ESTATAL HASTA EN TANTO EMITAN SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2001. MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIAS: MARIANA MUREDDU GILABERT Y CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de julio de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Ortega Jiménez, quien se ostentó con el carácter de síndico del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se indican:
"II. Órganos demandados: 1. H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en carretera México-Pachuca Km. 84.5, Centro Cívico, Pachuca de Soto, Hidalgo. 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, Plaza Juárez s/n, Pachuca de Soto, Hidalgo. 3. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, Plaza Juárez s/n, Pachuca de Soto, Hidalgo. 4. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en Palacio de Gobierno del Estado, Plaza Juárez s/n, Pachuca de Soto, Hidalgo. IV. Actos cuya invalidez se demanda: 1. La aprobación, sanción, promulgación, publicación, vigencia e indebida aplicación del artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mismo que a su letra dice: ‘La Ley Orgánica Municipal determinará la organización y funcionamiento de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, así como los requisitos, facultades obligaciones de sus titulares.’. También se reclama la falta de adecuación del citado artículo 148 constitucional local respecto a la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 23 de diciembre de 1999 y que entró en vigor parcialmente el 23 de marzo del año 2000 y en pleno vigor el 23 de marzo de 2001. 2. La aprobación, sanción, promulgación, publicación y vigencia del Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo que contiene La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, publicada mediante alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 16 de abril de 2001, y en lo particular los artículos señalados en el concepto de invalidez."
SEGUNDO. Los antecedentes que aduce la parte actora son los siguientes:
"1. El día 26 de marzo de 2001, se aprobó por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, el Decreto 213 de la LVII Legislatura que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, enviándose al Ejecutivo para su sanción y publicación, hecho del cual tuvimos conocimiento hasta la publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en los términos y fechas que se señalan en el punto siguiente. 2. En fecha no conocida con exactitud, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, una edición de alcance al Periódico Oficial de fecha 16 de abril de 2001, en donde aparece el Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo que contiene la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, sancionado, promulgado y publicado por el gobernador de dicha entidad federativa. No dejamos de señalar la trampa del Poder Ejecutivo consistente en publicar materialmente en fecha posterior al 16 de abril de 2001 el mencionado decreto, mismo al que tuvimos acceso hasta después del 25 de abril de 2001. Lo anterior se aclara porque la publicación efectiva se retrotrae a una fecha en que la misma no existía materialmente (16 de abril de 2001), bajo la trampa jurídica de la figura del ‘alcance’, misma que si bien señala la fecha que se ‘alcanza’ (16 de abril de 2001), no indica la fecha en la que dicho alcance se realiza materialmente; ello, con la única intención de acortar o dejar fuera de término a quien tuviera interés jurídico en impugnar dicha ley. Empero y a manera de protección, vengo a presentar la presente controversia dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha indebidamente alcanzada por la publicación de marras que lo es el 16 de abril de 2001."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:
"Único. El Decreto 213 de la LVII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo que contiene la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo y particularmente los artículos que adelante se señalan, violan en su conjunto el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; así como el artículo segundo transitorio del decreto que aprobó la reforma del artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, por las siguientes razones. La reforma constitucional al artículo 115 de 1999, creó la figura de ‘leyes estatales en materia municipal’, con el propósito de delimitar el alcance y contenido de las mismas para precisamente ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios. Por tanto, no se trata de una facultad legislativa enunciativa como se encontraba dicho dispositivo constitucional antes de 1999, sino que fue intención del Constituyente Permanente acotar los contenidos de la ley municipal expedida por los Congresos Locales para favorecer la vida reglamentaria municipal y con ello, su autonomía. Dicha ley estatal en materia municipal, como es de su conocimiento, se encuentra prevista y delimitada en la propia Constitución en el nuevo artículo 115 constitucional, cuya fracción II dice lo siguiente: ‘II. ... Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores.’. De la disposición descrita en relación con el tema que nos ocupa, podemos deducir que se generan los siguientes principios: 1. La ley estatal en materia municipal que prevé la fracción II del artículo 115 constitucional, se trata de una ley de objeto limitado, es decir, su contenido no debe rebasar los incisos a) al e), establecidos en dicha fracción, para así propiciar el robustecimiento de la actividad reglamentaria municipal. 2. El exceso respecto del principio anterior, genera su inconstitucionalidad, particularmente si invade materias de reglamentación municipal conforme al decreto del nuevo segundo párrafo de la fracción II del 115, y el espíritu del mismo ya transcrita en párrafos anteriores. Por tanto, es de competencia municipal que se expidan reglamentos: Que organicen la administración pública municipal. Que regulen el funcionamiento interno del Ayuntamiento (Cabildo). Que regulen las materias (fracción III del 115 C.), procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Aseguren la participación ciudadana y vecinal. En esta inteligencia, es inconstitucional la ley que invade tales materias, en perjuicio de la autonomía del Ayuntamiento para autorregularlas. 3. La ley debe prever las bases de la administración pública y de procedimiento administrativo, no así la organización específica de los Ayuntamientos. 4. Quedó reservado para el ámbito reglamentario todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento, así como la participación ciudadana, etc. 5. En materia de mayorías calificadas del Ayuntamiento, éstas sólo son posibles de establecerse en la ley, tratándose de disposición de bienes muebles (sic), o actos jurídicos que obliguen al Ayuntamiento más allá de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayoría calificada fuera de estos temas. (Inmobiliario y actos jurídicos que comprometan a los Ayuntamientos más allá de su periodo constitucional). Asimismo, en esta materia, no es válido que las legislaturas actúen como resolutores en lugar de los Ayuntamientos. Lo anterior no se surte sólo de la lectura del decreto en cita, sino de los propios considerandos y motivos del dictamen de la reforma al 115 constitucional aprobados en la Cámara de Diputados el 17 de junio de 1999 y en la de Senadores el 25 de junio del mismo año, que a continuación volvemos a citar para ilustrar el anterior acierto: ‘4.2 La intención de esta Comisión Dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de los bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que enunciaren los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: 4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de impugnación y los órganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administración pública municipal, los cuales deberán conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a través de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participación ciudadana y vecinal. La ley, sólo contemplará los principios generales de este rubro. 4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deberá prever el requisito de mayoría calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendrá en la toma de la decisión a los Ayuntamientos. 4.2.3 En el inciso c), se señala que las leyes estatales incluirán normas de aplicación general para la celebración de convenios de asociación entre dos o más Municipios, entre uno o varios Municipios y el estudio incluyendo la hipótesis a que se refiere la fracción VII del artículo 116 constitucional, para fines de derecho público ... 4.2.4 En el inciso d), se prevé que la ley estatal contemple, con base en el ámbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate. 4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedirán las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, será de aplicación temporal en tanto el Municipio de que se trate emita sus propios reglamentos. Por último, la comisión considera necesario prever en un nuevo párrafo cuarto de la fracción II en análisis, que las Legislaturas Estatales establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realización de los actos que se refieren los incisos b) y d) de la fracción segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el órgano competente será la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsión desde luego, se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria.’. Visto lo anterior, resulta que la ley aprobada parte de un error de origen, al señalar como su objeto un concepto que no es el permitido por la Constitución, ya que el artículo 1o. de la ley impugnada, indica que su objeto es regular la organización y funcionamiento de los Municipios, en contravención con el 115, que señala que el objeto de la ley será establecer las bases generales de la administración pública y de procedimiento administrativo, dejando claro que precisamente el tema de la organización y funcionamiento interno de los Ayuntamientos es materia de la facultad reglamentaria municipal. Lo anterior no es un simple juego de palabras, ya que la ley aprobada a partir de tan erróneo objeto, violenta la autonomía municipal para auto-organizarse, y para determinar su régimen y funcionamiento interno, pues la citada ley regula prácticamente toda la vida municipal, desde sus dependencias, participación ciudadana, procedimientos particulares, pasando por generar un organigrama que mete en camisa de fuerza al Ayuntamiento. Bajo esta perspectiva, lo único salvable de la ley son los artículos que realmente se refieren a generalidades de la administración pública y a los incisos del a) al e) de la fracción II del artículo 115 vigente. Como se observa, en virtud de los principios que arroja la reforma al artículo 115 constitucional de 1999, consistentes en la delimitación de los alcances de la ley sobre materia municipal, así como el haber garantizado que el tema organizacional y de funcionamiento interno quedó para el ámbito reglamentario municipal, y si bien el ámbito de la Legislatura Estatal no desaparece, sí se acota favoreciendo el ensanchamiento y robustecimiento de la capacidad autonormativa (autonomía) de los Ayuntamientos, dada su naturaleza colegiada. A mayor abundamiento, debe decirse que la reforma genera un concepto novedoso de facultad reglamentaria autónoma. Autonomía es un término que proviene del latín auto (propio) y nomos (norma) y que consiste en la atribución de un organismo o persona jurídica para darse a sí misma normatividad con valor jurídico en un ámbito específico de competencia. Así, la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, atribuye a los Municipios mexicanos no sólo un ámbito propio de acción exclusivo, sino la facultad de normarlo por sí mismo a través de sus órganos de gobierno (Ayuntamientos), las materias de su competencia que van desde la organización de la administración pública municipal y el funcionamiento interno del Ayuntamiento, hasta la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su exclusiva competencia, pasando desde luego por la regulación de las relaciones del Gobierno Municipal con sus gobernados en materia de participación ciudadana y vecinal. Nace así la reglamentación municipal autónoma que se distingue de los reglamentos tradicionales en los que solamente se provee a la exacta observancia de la ley en la esfera administrativa. En efecto, los reglamentos autónomos tienen la característica de ser producidos por los Ayuntamientos en ejercicio pleno de una función materialmente legislativa en donde pueden crear derechos, obligaciones, procedimientos, sanciones, etc. Asimismo, su relación con la ley general es relativa exclusivamente a los datos comunes que deben tener en ciertos aspectos los Municipios de un mismo Estado. Sin embargo, tal como lo establece la fracción II del artículo 115 en cita, dichas leyes marco, al estar limitadas en su objeto a ciertas generalidades, nos da como resultado el que los Municipios puedan cuasilegislar a través de reglamentos u ordenanzas municipales, los aspectos necesarios para un desarrollo autónomo y subsidiario de la vida municipal en las materias de su exclusiva competencia. De lo anterior se traduce que existirán dos dimensiones o estratos reglamentarios municipales: El autónomo que ya hemos explicado y el directivo que es la facultad reglamentaria tradicional en donde los Municipios se limitan a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de una ley. En este último caso estamos ante materias que no son del ámbito exclusivo municipal, sea porque la Constitución Federal o la Local no lo hayan atribuido con tal carácter y entonces, la facultad normativa se ve limitada a tan sólo proveer la concreción de la ley pero sin poder crear derechos y obligaciones espontáneamente, sujetándose en todo el tiempo a la naturaleza jurídica y alcances de la ley especial de la materia que se trate. Por tanto, en la medida que la ley impugnada invade pues, en doble esquema los principios ya explicados, ya que por una parte va más allá de los que limitativamente les permite la Constitución a los Congresos Estatales en esta materia, y a la vez materialmente invaden temas como el de la organización y funcionamiento interno del Ayuntamiento al máximo detalle, no obstante ser materias que el Constituyente Permanente reservó para la función reglamentaria municipal; en tal grado de inconstitucionalidad se encuentran los artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo cuya invalidez se solicita, mismos que adelante se señalan. Como se observará, la cantidad de artículos indebidamente estipulados hacen inviable e inconsistente la ley, misma que no acude al espíritu y sentido correcto de la reforma constitucional municipal de 1999. Para demostrar lo anterior, a continuación señalamos uno a uno los artículos de dicha ley y el principio o principios de la reforma al artículo 115 constitucional de 1999 que violentan, conforme a los párrafos precedentes del presente concepto de invalidez, en el entendido que los artículos parte de ellos que queden en puntos suspensivos ... son válidos y por ello no los transcribimos siquiera, mientras que el texto transcrito de los artículos se identificará con el o los principios que a nuestro juicio se conculcan. Decreto que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del Municipio. ‘Artículo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, tienen por objeto regular la organización y funcionamiento de los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 al 148 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 2o. ...’. ‘Artículo 3o. Los Municipios del Estado, estarán organizados y regularán su funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, en lo interno se regirán por su propia reglamentación que se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado, en esta ley y en las correlativas, así como en lo siguiente: I. Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar los bandos de gobierno y de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y promuevan la participación de la sociedad. II. En los Municipios en los que no existan los bandos y reglamentos a que se refiere la fracción anterior, los Ayuntamientos aplicarán las reglas que fije ésta u otra ley que se expidan en materia municipal, a fin de permitirles cumplir sus fines y ejercer todas las atribuciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el título IX de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. III. Para dirimir las controversias que se generen entre la administración pública municipal y los particulares, en relación a los recursos administrativos, se sujetarán a lo dispuesto por el título octavo, capítulo tercero de esta ley, a partir de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 4o. ...’. ‘Artículo 5o. Los Municipios no tendrán ningún superior jerárquico, serán independientes entre sí y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éstos y los Poderes del Estado. Asimismo, podrán coordinarse y asociarse en los términos de la presente ley, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Los acuerdos de coordinación o asociación serán aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando la asociación esté referida a Municipios de dos o más entidades federativas, se requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 6o. ...’. ‘Artículo 7o. ...’. ‘Artículo 8o. ...’. ‘Artículo 9o. ...’. Capítulo segundo. De la población del Municipio. ‘Artículo 10. Esta ley es obligatoria para todos los habitantes de los Municipios del Estado de Hidalgo, así como para los que se encuentren temporal o transitoriamente dentro de su territorio. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones en virtud de que hace aplicable la totalidad de la ley, sin excepción).’. ‘Artículo 11. ...’. ‘Artículo 12. ...’. ‘Artículo 13. ...’. ‘Artículo 14. ...’. ‘Artículo 15. ...’. ‘Artículo 16. ...’. ‘Artículo 17. ...’. ‘Artículo 18. ...’. ‘Artículo 19. ...’. ‘Artículo 20. ...’. Capítulo tercero. De la participación ciudadana. ‘Artículo 21. ... (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 22. La organización, desarrollo y procedimientos de las anteriores figuras, se llevarán de conformidad a lo que establezca la ley de la materia o reglamentos municipales correspondientes, que al efecto se expidan. Son nulas de pleno derecho las convocatorias a plebiscito o referéndum, cuyo objeto pudiera conculcar garantías individuales. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 2 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en la medida en que faculta a que la organización, desarrollo y procedimientos de la participación ciudadana se regulen indistintamente en ley estatal o reglamento municipal, cuando su regulación sólo puede ser de reglamento municipal).’. Título segundo. Del Gobierno Municipal. Capítulo primero. De los Ayuntamientos. ‘Artículo 23. ...’. ‘Artículo 24. ...’. ‘Artículo 25. ...’. ‘Artículo 26. ...’. ‘Artículo 27. ...’. ‘Artículo 28. ...’. ‘Artículo 29. ...’. ‘Artículo 30. ...’. ‘Artículo 31. ...’. ‘Artículo 32. ...’. ‘Artículo 33. ...’. ‘Artículo 34. ...’. ‘Artículo 35. ...’. ‘Artículo 36. ...’. ‘Artículo 37. Los Ayuntamientos deberán resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y podrán funcionar con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Los miembros del Ayuntamiento tendrán iguales derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos en que la ley exija la asistencia total o mayoría absoluta o calificada de votos de los regidores. En las sesiones del Ayuntamiento sólo tendrán derecho a voz y voto, el presidente municipal, los síndicos y los regidores. Los Ayuntamientos celebrarán sesiones públicas ordinarias o extraordinarias e itinerantes, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes; las sesiones podrán ser privadas cuando así lo aprueben las dos terceras partes de sus integrantes. Podrán convocar a sesión extraordinaria las dos terceras partes de los regidores, cuando se requiera. En sesión extraordinaria, sólo se tratarán los asuntos objeto de la convocatoria. Las sesiones del Ayuntamiento, serán presididas por el presidente municipal y moderadas por quien designe el Ayuntamiento. Para la atención de los asuntos internos y la correspondencia, los Ayuntamientos podrán contar con un oficial mayor, nombrado mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes. El presupuesto de egresos contemplará la remuneración que le corresponda. Los Ayuntamientos, no podrán revocar sus acuerdos, sino en aquellos casos en que deban acatar sentencias jurisdiccionales, al resolver recursos administrativos o se advierta que se oponen a las demás leyes y reglamentos en vigor, o afecten el interés de la sociedad. Compete al presidente municipal, ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento. Carecen de facultades de ejecución y de ejercicio de jurisdicción, las comisiones, los síndicos y los regidores. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3, 4 y 5 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 38. Las sesiones de los Ayuntamientos, constarán en un libro de actas en el cual deberán asentarse la denominación de los asuntos tratados, un extracto de ellos, así como el resultado y sentido de la votación. Cuando se refieran a normas de carácter general que sean de observancia municipal o reglamentos, se harán constar íntegramente en el libro de actas, las que deberán ser firmadas en ambos casos, por los miembros del Ayuntamiento. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 39. Para lo no previsto en esta ley, sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos, se estará a las disposiciones de su respectivo reglamento interior o las demás leyes de la materia. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 40. Las facultades otorgadas por la Constitución Política del Estado de Hidalgo y esta ley al presidente municipal, deberán ejercitarse directa y personalmente bajo su estricta responsabilidad. Podrá delegar facultades en funcionarios municipales para proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de sus atribuciones, en los términos que fija la presente ley, los bandos de gobierno y de policía, y los reglamentos de la administración pública municipal. (Viola el (los) principio(s) marcado(s) como número(s) 1, 2, 3 y 4 en el presente concepto de invalidez, mismos a los que nos remitimos en obvio de repeticiones).’. ‘Artículo 41. ...’. ‘Artículo 42. ...’. Capítulo tercero. De las Juntas de Acción Cívica y Cultural. ‘Artículo 43. En cada Municipio se integrará una Junta de Acción Cívica y Cultural, que tendrá como ob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19199-0b4b364b/leyes-estatales-en-materia-municipal-deben-determinar-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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