CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 45, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DADO QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2002. MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de marzo dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de febrero de dos mil dos, Miguel Ángel Ortega Jiménez, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Nombre y domicilio de la entidad, poder u órgano demandado: A) Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo actuando en Pleno, con domicilio en carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, Sector Primario Centro Cívico de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, como autoridad ordenadora. B) Congreso Local del Estado de Hidalgo, con domicilio en carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, Sector Primario Centro Cívico de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, como autoridad ejecutora. C) Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, Sector Primario Centro Cívico de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, como autoridad ordenadora. Actos cuya invalidez se demandan: 1) Del tribunal reclamo la resolución de fecha 15 de febrero de 2002, emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en Jurado de Sentencia, dentro del expediente de juicio político número 1/2001, y el acuerdo de fecha 18 de febrero, mediante el cual se requiere al Ayuntamiento de Pachuca el inmediato cumplimiento a la resolución anterior, así como el apercibimiento decretado en dicho auto y que nos fuera notificado mediante oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2002, suscrito por el secretario general de dicho tribunal. 2) De la Sala reclamo las conclusiones del juicio político número 1/2001, que en forma de proyecto de resolución definitiva emitió la Primera Sala Penal, pero que de manera incorrecta y asumiendo atribuciones que no le corresponden, revoca la resolución del Congreso del Estado que desaforó al hoy tercero interesado y que ordena al Ayuntamiento actor la reinstalación de dicha persona en su cargo de regidor, así como al pago de las percepciones no devengadas a partir de la fecha de la suspensión del cargo. 3) Del Congreso del Estado reclamo la inminente ejecución forzosa de la resolución emitida por el tribunal mediante la desaparición de Poderes Municipales, según se desprende de la resolución de fecha 18 de febrero de 2002, que requiere el inmediato cumplimiento de la diversa resolución narrada en el punto primero que antecede. 4) Los efectos y consecuencias positivas de ejecución de los actos señalados con anterioridad, que lógica y naturalmente se traducen en la reinstalación del funcionario, el pago de emolumentos por el Ayuntamiento y la inminente desaparición de Poderes Municipales mediante la suspensión del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Con fecha 28 de mayo de 2001, el H. Congreso del Estado resolvió el expediente 143/2000, en el que dictaminó legalmente comprobada la presunta responsabilidad administrativa en que incurrió Esteban Jesús Mercado Mercado, al contravenir lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 156 de la Constitución Política del Estado, al ejercer dos cargos incompatibles entre sí, uno como regidor del Ayuntamiento de Pachuca y otro como director de área nivel 11 de la Subsecretaría de Desarrollo Político ‘B’ del Gobierno del Estado de Hidalgo. 2. En consecuencia, el Congreso del Estado resolvió desaforar al citado regidor y ordenó la destitución del cargo del mismo, a efecto de que se sometiera el caso al Tribunal Superior de Justicia erigido en Gran Jurado, en términos del artículo 150 de la Constitución del Estado de Hidalgo. 3. Por tal motivo, se instruyó el expediente de juicio político 1/2001 en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, remitiendo los autos a la Primera Sala Penal para su instrucción, según dispone el artículo 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sala que emitió la resolución reclamada mediante las conclusiones sin fecha que se anexan a la presente demanda, en la que de muto propio (sic) impone sanciones al Ayuntamiento de Pachuca. 4. Con fecha 15 de febrero de 2002, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia decidió erigirse en Jurado de Sentencia y aprobó por unanimidad los puntos de acuerdo contenidos en las conclusiones antes indicadas, y el presidente de ese tribunal formuló la declaratoria de procedencia para los efectos legales correspondientes. 5. En esta resolución, el tribunal en Pleno, al aprobar dichos puntos de conclusiones, resuelve declarar legalmente comprobada la responsabilidad administrativa en que incurrió Esteban Jesús Mercado Mercado, por desempeñar dos cargos, uno del Gobierno Estatal y otro Municipal simultáneamente, contraviniendo tanto la Constitución Local como su ley de responsabilidades, sin embargo, y no obstante ello, revoca la resolución de 28 de mayo de 2001, emitida por el Congreso del Estado, pues a su juicio no quedó acreditada la gravedad de la falta en que incurrió el denunciado. 6. En el punto cuarto resolutivo ordena al Ayuntamiento de Pachuca de Soto que en un plazo de 24 horas a partir de que sea notificado, se reinstale al regidor en su cargo dentro del Ayuntamiento municipal, igualmente, se ordena al Ayuntamiento realice el pago de las percepciones no devengadas y prestaciones, a partir de la fecha en que fue suspendido del cargo que venía desempeñando. 7. En el punto quinto, el tribunal declara que su única competencia es destituir a Esteban Jesús Mercado Mercado de las funciones que como director de área viene desempeñando en la Subsecretaría de Desarrollo Político, y lo condena a entregar a la secretaría las percepciones que recibió durante el tiempo en que ejerció funciones como director de dicha dependencia en un plazo de 8 días contados a partir de la notificación de la resolución. 8. La resolución fue notificada al Ayuntamiento el 15 de febrero de 2002, y no obstante que dicha resolución no es firme en virtud de que contra ella procede la controversia constitucional dentro del plazo de 30 días a que se refiere el artículo 21 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, el 18 de febrero de 2002 el secretario general del Tribunal Superior de Justicia formula un requerimiento al Ayuntamiento por el cual solicita el inmediato cumplimiento de dicha resolución, en la inteligencia de que de no acatarla, daría origen a la actualización de los artículos 149 y 150, en relación con la fracción XVIII del artículo 56 de la Constitución Política del Estado, es decir, apercibe al Ayuntamiento de que en caso de no cumplir se procederá a la suspensión del Ayuntamiento de Pachuca por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Primero. Invasión de atribuciones. El tribunal demandado invade las esferas que le corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al condenar al Ayuntamiento en un juicio político al pago de salarios caídos o percepciones no devengadas por parte de Esteban Jesús Mercado Mercado, con lo cual viola terminantemente el artículo 115, fracción VIII, en relación con el 123 de la Constitución Federal. En efecto, el Tribunal Superior de Justicia carece de facultades para actuar en materia laboral en todos los casos y, especialmente, cuando se erige en Gran Jurado su competencia se limita a la aplicación de las sanciones indicadas en el artículo 110 de la Constitución Federal, mas no en la ampliación de ulteriores sanciones, ni obligar a los Ayuntamientos a realizar conductas determinadas, mucho menos al pago de prestaciones laborales. El artículo 109 de la Constitución Federal establece: ‘El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 ...’. Por su parte, el artículo 110, tercer párrafo señala: ‘Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.’. Como podrá verse, al Tribunal Superior erigido en Gran Jurado de Sentencia no le corresponde la aplicación de ninguna otra sanción que la de destitución o inhabilitación no, desde luego, la de pago de emolumentos. A mayor abundamiento, el artículo 115, fracción VIII establece que las relaciones de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores se rigen por las leyes que se expidan por los Congresos Locales, con base en el artículo 123 de la Carta Magna Federal, precepto que es violado por la demandada. Segundo. Desvío de poder. La resolución a invalidar contempla premisas contradictorias pues, por un lado, considera que se encontró legalmente comprobada la causa de responsabilidad administrativa en que incurrió el regidor pero, por otro lado, considera que esa causa de responsabilidad no es sancionable en términos del juicio político, y pasa por desapercibido el tribunal que esas dos premisas contienen una antinomia irreductible, por lo que concluye erróneamente que su única competencia consiste en destituir al funcionario en su función como director de área, pero lo absuelve de la destitución de su cargo de regidor, revocando la destitución ya formulada con anterioridad por el Congreso del Estado. Esta actitud del tribunal no encuentra justificación alguna en la ley, pues si se encontró una falta legalmente comprobada, suficiente para destituir al funcionario de su función como director de área, no existe razón para no destituirlo del otro cargo, pues tanto una como otra implicaban la existencia de una responsabilidad suficientemente grave como para aplicar la sanción de destitución a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Federal y 150 de la Constitución Local. Contrariamente a lo razonado en la sentencia reclamada, no existe competencia por parte del tribunal para destituir al funcionario en su cargo administrativo, pues lo cierto es que la única razón por la que el tribunal conoció de este caso es porque el funcionario gozaba de fuero sólo por cuanto hace a su cargo de regidor y no de director de área, en consecuencia, contrariamente a lo expuesto en la sentencia, la única competencia del Pleno del tribunal era la de destituir al funcionario de su cargo de regidor y no de su cargo de director de área. Es falso que le correspondiera al Congreso del Estado rendir pruebas para acreditar la gravedad de la infracción, y más falso resulta que la falta de evidencias en la integración de la acusación primeramente realizada por el Congreso, constituya una omisión atribuible al órgano acusador, pues lo cierto es que se trata de facultades discrecionales que deben ser calificadas en forma amplia según se verá a continuación: Las sanciones que se impondrán mediante juicio político son la destitución del servidor o su inhabilitación para desempeñar funciones en el servicio público y, para ello, se requiere que esos actos u omisiones perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho. Esto es: a) Perjudiquen los intereses públicos fundamentales; y, b) Perjudiquen el buen despacho de esos intereses públicos fundamentales. Como se verá, un interés público fundamental resulta elementalmente subjetivo, pues ese interés será público cuando sea en beneficio de la colectividad en general, de manera difusa o colectiva, y será fundamental cuando trascienda a los intereses primarios de la sociedad; es decir, la Constitución del Estado y la Constitución Federal no exigen que esos intereses sean afectados de manera irreparable como erróneamente lo interpreta el tribunal demandado. Por su parte, la ley reglamentaria del artículo 150 de la Constitución del Estado, es decir, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estima en su artículo 7o. (entre otras cosas) que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cualquier infracción a la Constitución Local o a las leyes cuando causen perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Y concluye dicho precepto que el Congreso del Estado valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Esto significa que es el Estado el que discrecionalmente valorará la gravedad y la existencia de esos intereses públicos fundamentales. Por otro lado, la fracción VI del artículo 7o. de la ley invocada, establece su redacción con meridiana claridad para distinguir tres hipótesis diversas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales que son, a saber, las siguientes: a) Cualquier infracción a la Constitución Local; b) O a las leyes cuando causen perjuicios graves a la sociedad; y, c) O motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Esto significa que las calificativas de perjuicios graves a la sociedad y trastorno al funcionamiento de las instituciones sólo son aplicables cuando se trata de infracciones locales, pero este precepto no condiciona las infracciones a la Constitución a modalidad alguna. Evidentemente, cualquier infracción a la Constitución Local es grave, muy grave, no puede decirse que hay infracciones a la Constitución graves o no graves, pues se trata de nuestra Carta Fundamental y sus mandatos deben acatarse, de tal suerte que cualquier infracción a la Constitución Local sí debe estimarse como un perjuicio a los intereses públicos fundamentales, contrario a lo razonado en la sentencia impugnada. Tercero. Violación al procedimiento. La Sala Penal que instruyó el proceso de juicio político viola el procedimiento señalado en el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al concluir no probados los hechos graves por falta de elementos de convicción, pues le corresponde a la Sala disponer la práctica de las diligencias que consideren necesarias para integrar sus propias conclusiones, lo que significa que la Sala sí tiene la obligación de recabar oficiosamente los elementos probatorios que considere necesarios para resolver el caso concreto. El citado precepto señala: ‘Artículo 23. ... La Sala Penal escuchará directamente a la comisión de diputados que sostiene la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma Sala o si lo solicitan los interesados. Asimismo, la Sala podrá disponer la práctica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones. ...’. Cuarto. Invasión de competencias. El Tribunal Superior de Justicia invade las esferas de competencia del Congreso del Estado de Hidalgo y, desde luego, sobrepasa el ámbito de sus propias atribuciones, al estimar procedente revocar la resolución de fecha 28 de mayo del año 2001 emitida por el Congreso del Estado, cuando el tribunal sólo está facultado constitucionalmente para confirmar, revocar o modificar las resoluciones emitidas por los Jueces de primera instancia del mismo tribunal. En efecto, el tribunal tiene facultades para revocar resoluciones, pero su ámbito competencial está circunscrito a la revocación de resoluciones del mismo poder. En un Estado de derecho, cuyas facultades se encuentran divididas para su ejercicio en tres poderes, resulta inconcebible que uno de ellos revoque los actos de otro pues, con ello, se colocaría encima de dicho poder anulando el supremo principio fundamental de la división de poderes. Esto significa que al tribunal superior sólo le correspondía erigirse en Jurado de Sentencia para calificar las acusaciones del Congreso, y determinar si se encontraba legalmente comprobada la responsabilidad administrativa del funcionario y, en caso de ser así, aplicar la sanción correspondiente. Es incuestionable que las únicas sanciones que está facultado para aplicar el tribunal, están debidamente reguladas en ambas Constituciones Federal y Local, y son la destitución del funcionario y su inhabilitación, de ninguna manera, la revocación de una resolución emitida por el Congreso, contra la cual sólo resultaba procedente una controversia constitucional. Igualmente, en la sentencia impugnada se invaden las esferas del Ayuntamiento de Pachuca al imponerle a éste la obligación de realizar el pago de emolumentos al regidor, y de restituirle en el cargo que venía desempeñando, pues el tribunal pasa por alto que la administración municipal resulta autónoma en términos del artículo 115 de la Carta Magna. Por todo lo anterior, la resolución combatida violenta el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna, en relación con el artículo 49 constitucional. Quinto. Omisión de formalidades esenciales. Tanto la Sala Penal demandada como el H. Tribunal Superior de Justicia erigido en Jurado de Sentencia, violentan las formalidades consagradas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues la primera estima procedente dictar sus conclusiones, en las cuales, excediendo sus facultades, determina de mutuo propio (sic) la imposición de sanciones y la revocación de la resolución del Congreso, firmando dicha resolución como si fuera precisamente la Sala Penal la facultada para resolver en definitiva, es decir, lejos de proponer una conclusión y proponer las sanciones que estime adecuadas, dicta una verdadera resolución imponiendo aquellas sanciones, lo que va contra el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por otro lado, el Pleno del Tribunal Superior omitió dar cumplimiento a las formalidades que le imponía el artículo 24 de la misma ley. En efecto, al erigirse en Jurado de Sentencia se limitó a aprobar por unanimidad de votos las conclusiones formuladas por la Primera Sala Penal y a formular una ‘declaratoria de procedencia’, para todo lo cual, lo único que se realizó fue la certificación que obra al final del documento que se anexa como prueba a esta demanda y, con ello, se omitieron las formalidades esenciales del procedimiento, en franca violación de los artículos 14, 109 y 110 de la Constitución Federal. Es decir: a) Se omitió por parte de la secretaría señalar día y hora para una audiencia, citando a los interesados; b) Se omitió realizar sus actuaciones en audiencia, en la que el secretario debió dar lectura a las conclusiones formuladas por la Sala, realizando la diligencia mediante actos continuos; c) Se omitió conceder la palabra a la comisión de diputados, al servidor público y a sus defensores; y, d) Se omitió retirar al servidor, a su defensor y a los diputados del recinto, asimismo, se omitió proceder a la discusión del proyecto de conclusiones, a efecto de que estuviesen en aptitud de realizar la votación y la declaración de procedencia, en la cual también se omitió de manera continua imponer las sanciones correspondientes. Todo lo cual implica la invalidez de dicho acto, por contravenir los preceptos constitucionales en cita, en relación con el artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos."
CUARTO. La parte actora considera que se violan los artículos 14, 16, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 23/2002, la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento.
Mediante auto de veinte de febrero de dos mil dos, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación; y, dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.-Resulta innecesario transcribir las contestaciones de las autoridades demandadas, así como la opinión del procurador general de la República, en atención al sentido del presente fallo.
SÉPTIMO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO.-En sesión de diez de septiembre de dos mil dos, se sometió a la consideración del Tribunal Pleno el proyecto de resolución elaborado por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el cual se desechó por mayoría de ocho votos, por lo que en la misma sesión, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó turnar los autos al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para la elaboración de un nuevo proyecto de resolución.
NOVENO.-Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Hidalgo, por conducto de sus Poderes Legislativo y Judicial, y el Municipio de Pachuca de Soto, en el que se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en atención al sentido del presente fallo.
SEGUNDO.-En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, en virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar, indudablemente, que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del propio ordenamiento legal.
Los preceptos arriba señalados, son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
De las disposiciones transcritas se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se actualice una causal que derive de alguna disposición de la propia ley reglamentaria; asimismo, que las resoluciones que se dicten en este tipo de procedimientos constitucionales no tienen efectos retroactivos, salvo que se trate de la materia penal, lo cual implica que, de manera general, las declaratorias de invalidez emitidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, no producen efectos hacia el pasado y, como consecuencia, no son restitutivas de derechos.
Ahora bien, obra en autos a foja novecientos seis, el informe de veintidós de enero de dos mil tres, rendido por el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, por el que hace del conocimiento de este Alto Tribunal que: "... de conformidad con lo que establece el artículo 127 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los Ayuntamientos durarán en su encargo 3 años y tomarán posesión el 16 de enero del año correspondiente. Al efecto, el Ayuntamiento electo para el periodo 2000-2003, tomó posesión el día 16 de enero de 2000 y el actual, tomó posesión el pasado 16 del mes y año en curso ...".
Igualmente, la referida autoridad electoral remitió las certificaciones en las que consta la integración del Ayuntamiento actor en el periodo de dos mil a dos mil tres, así como la actual integración de éste para el periodo del dieciséis de enero de dos mil tres al mismo día de dos mil seis. Las constancias de referencia son del tenor siguiente:
Ver integración
Del informe y de las documentales remitidas por la autoridad electoral de referencia se desprende, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
a) Que el señor Esteban Jesús Mercado Mercado resultó electo como regidor del Municipio actor para el periodo del dieciséis de enero de dos mil al mismo día de dos mil tres.
b) Que a partir de la anterior fecha, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se encuentra integrado por funcionarios diversos a los que se encontraban en funciones al momento del ejercicio de la acción de la presente controversia constitucional.
Asimismo, obra a foja novecientos treinta y cuatro, copia certificada de la póliza de cheque número 0001947, de veintiocho de febrero de dos mil dos, remitida a este Alto Tribunal por el síndico del Municipio actor, de la que se desprende que el regidor Esteban Jesús Mercado Mercado recibió la cantidad de $101,918.00 (ciento un mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de "pago de dieta al C. Mercado Mercado Esteban Jesús, ordenado por el H. Tribunal Sup. del Edo. de Hgo. con Exp. No. 1/2001. El aguinaldo corresp. al ejercicio 2001".
De la documental transcrita se advierte que el Municipio actor, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución que se impugna en esta vía, cubrió al regidor sujeto al juicio político número 1/2001, el importe correspondiente a sus percepciones y prestaciones no devengadas.
Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que el Ayuntamiento actor solicita se declare, en esencia, la invalidez de lo siguiente:
a) Las conclusiones del juicio político número 1/2001, seguido al regidor del Municipio actor Esteban Jesús Mercado Mercado, que la Primera Sala Penal sometió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como la resolución de quince de febrero de dos mil dos emitida por ese órgano jurisdiccional erigido en Jurado de Sentencia, dentro del juicio de referencia, en la que se ordena al Municipio actor reinstalar en sus funciones al regidor Esteban Jesús Mercado Mercado, y a pagarle sus percepciones y prestaciones no devengadas, con motivo de la tramitación de dicho juicio.
b) El acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil dos dictado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual requiere al Ayuntamiento actor el inmediato cumplimiento de la resolución anterior, así como el apercibimiento decretado en dicho auto.
Conforme a lo anterior, la causal de improcedencia de referencia se actualiza en el caso concreto, en virtud de que al impugnarse un procedimiento de juicio político seguido a un regidor, el cual resultó electo para fungir como tal hasta el dieciséis de enero de dos mil tres, la posible afectación que pudiera resentir en su integración el Municipio actor, queda sin efectos al estar actualmente integrado por los funcionarios municipales electos para el periodo del dieciséis de enero de dos mil tres al mismo día de dos mil seis.
Con base en lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que aun cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegase a declarar, en su caso, la invalidez de los actos impugnados, la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que, como ya se dijo, no tendría efectos retroactivos, al existir limitante expresa en el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.
Similares criterios sostuvieron el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el tres de octubre de dos mil, por unanimidad de votos, la controversia constitucional número 27/98, promovida por el Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas; y esta Segunda Sala al resolver el nueve de agosto de dos mil dos, por unanimidad, la controversia constitucional 366/2001, promovida por el Municipio de Nativitas, Tlaxcala.
A igual conclusión debe arribarse por cuanto hace al pago de las percepciones y prestaciones no devengadas del regidor Esteban Jesús Mercado Mercado, ordenado en la resolución impugnada, toda vez que al obrar en autos constancia de que éstas le fueron cubiertas, su impugnación queda sin efectos.
Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del aludido ordenamiento legal.
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17548-52f75710/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-surtirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. LEYES ESTA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ESTÁ FACULTADA CONSTITUCIONALMENTE PARA EXPEDIR LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ART (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO EN RELACIÓN CON UN ACTO IMPUGNADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA LEY QUE TAMBIÉN FUE RECLAMADA EN LA DEMANDA RELATIVA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFESION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. SUBSISTE SI EN AUTOS NO SE JUSTIFICA LA RETRACTACION. ( [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Julio de 1994; Pág. 509)
- CONFESION (LEGISLACION DE JALISCO). (s/clave)
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, QUIEN DEBE DECLARARLA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis