Corpus
Modo: Corpus Pro

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ESTÁ FACULTADA CONSTITUCIONALMENTE PARA EXPEDIR LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO INVADEN LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 1o. AL 6o. DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO TRANSGREDEN LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 11 AL 26 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO CONTRAVIENEN LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 29 AL 33 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL CREAR UN CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE DICHOS PRODUCTOS, NO VULNERAN LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 29 AL 33 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL CREAR UN CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RESTRINGIDOS SOBRE VENTA Y CONSUMO DE DICHOS PRODUCTOS, NO VULNERAN LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO, DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2002. · Registro digital (IUS): 18848
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 914.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2002. MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el once de enero de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Magdaleno Rodríguez, Enriqueta Elvira Martínez Apolinar y Juan Manuel Flores Femat, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente, síndico procurador y secretario del Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, en representación de éste, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Nombre y domicilio de la entidad, poder u órgano demandado. Tienen tal carácter el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a través de la LVIII Legislatura, con domicilio bien conocido en su recinto oficial que se encuentra en la Plaza de la Patria s/n de la ciudad de Aguascalientes, Ags., y el C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, quien tiene domicilio bien conocido en el recinto oficial que se encuentra en Palacio de Gobierno ubicado en Plaza de la Patria s/n de la ciudad de Aguascalientes, Ags. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. Lo es el Decreto Número 209 de fecha 31 de octubre del año 2001, y que contiene la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Aguascalientes, que se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes con fecha 26 de noviembre del año 2001, y que su emisión corresponde al Congreso del Estado de Aguascalientes, a través de la LVII Legislatura. Y en los términos del artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se impugna desde luego la promulgación de la norma precitada a cargo del C. Gobernador Constitucional del Estado, con todas sus consecuencias legales. Para los efectos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestamos que la presente demanda se encuentra interpuesta dentro del plazo exigido por la ley, ya que se tiene conocimiento de la norma general impugnada a partir del 26 de noviembre del año 2001 al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Por decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, el Ejecutivo Federal hizo saber de las reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal reforma tuvo por propósito llevar a cabo el fortalecimiento de los Municipios como órganos de gobierno, dotándolos de capacidad plena para manejarse libremente en la esfera hacendaria, administrativa y política, sin más limitaciones que las marcadas por el Constituyente Permanente. 2. Con la finalidad anterior, la fracción II del precitado numeral 115 de la Constitución General de la República ha reiterado y fortalecido la llamada facultad reglamentaria de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deben expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal para regular materias, procedimientos y funciones que les competen. 3. Conforme la citada fracción en su inciso a), las leyes en materia municipal tienen un objeto claramente determinado. En efecto, solamente pueden referirse al establecimiento de bases de carácter general de la administración municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo medios de impugnación y órganos que diriman las controversias entre particulares y la administración municipal con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 4. En virtud de lo anterior, resulta claro que las disposiciones legales que no encuadren en los supuestos normativos a que se refieren los incisos a) a d) de la fracción II del artículo 115 constitucional, solamente pueden ser emitidas por los Ayuntamientos en el ejercicio de la facultad reglamentaria que la propia Constitución les otorga. 5. Con fecha 1o. de noviembre de 1998, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Código Municipal de Aguascalientes y que antes de la reforma constitucional a que nos referimos, tuvo por objeto unificar la legislación municipal que se encontraba dispersa, a través de diversos reglamentos que regulaban las materias municipales relacionadas con las funciones y servicios de la administración municipal frente a las actividades de los particulares. 6. En el Código Municipal de Aguascalientes de manera específica en el libro séptimo, denominado De las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, de los artículos 1170 a 1198, contiene en el título primero De la Normatividad de las Licencias Reglamentadas y Especiales, y más adelante, en el capítulo primero denominado De la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes tiene consignada legalmente la facultad reglamentaria que se ocupa de la materia que trata de regular la norma que se impugna en su validez. De tal manera que la ley municipal vigente, tiene como objeto de regulación a los establecimientos comerciales y las clases de ellos que venden bebidas alcohólicas. De igual modo señala los días en que no es posible su venta, así como los requisitos que deben cubrirse para otorgarse las licencias y permisos, los horarios de funcionamiento al público y todas las cuestiones inherentes a esa actividad, de modo tal que con su observancia, se procure evitar el consumo indiscriminado de bebidas embriagantes en detrimento de la salud de los habitantes del Municipio de la capital, y desde luego con todas las consecuencias sociales que esto implica. También se encuentran perfectamente determinados en el Código Municipal de Aguascalientes, los límites a que cada lugar que expende bebidas debe ajustarse, imponiendo las obligaciones a cargo de los titulares de las licencias o permisos y finalmente, en el título tercero se contiene el procedimiento de verificación e inspección y las sanciones a que se pueden hacer acreedores quienes desempeñen sus actividades comerciales en contravención a las disposiciones de orden público que contiene la normatividad vigente. 7. Se hace del conocimiento de ese Alto Tribunal que la materia de procedimiento administrativo, para revocar licencias o imponer sanciones se lleva a cabo en los términos y con las prevenciones que contiene la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. Dicha ley entró en vigor con fecha 15 de febrero de 1999, y resulta aplicable para complementar la normatividad de la materia a que nos venimos refiriendo, puesto que derogó los recursos y procedimientos que se contemplaba (sic) el Código Municipal de Aguascalientes. 8. La norma impugnada, trata de apoyarse en la prevención que señala la fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que las Legislaturas de los Estados dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, pretendiendo ser compatible con las disposiciones que norman la vida municipal con las facultades del artículo 115 de la precitada Ley Suprema; sin embargo, se aparta por completo de este objetivo, ya que invade la competencia municipal en contravención a las disposiciones que consagra la Carta Magna, por lo que, en defensa de la constitucionalidad se acude a proponer la presente demanda."

TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primero. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.’. Por otra parte, la fracción II del precitado numeral 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos literalmente establece lo siguiente: ‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. Por otra parte, el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IX, literalmente establece: ‘El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.’. En el caso, conforme a lo expuesto en el capítulo de antecedentes y con los documentos que se acompañan a la demanda de controversia constitucional, se advierte que la expresión del órgano demandado H. Congreso del Estado de Aguascalientes a través de la LVII Legislatura al expedir la ley que se impugna, estableciendo para el Municipio de Aguascalientes la obligación de participar como sujeto de dicha ley, además de una serie de imposiciones que corresponden solamente a la competencia municipal como adelante será expuesto, contraviene expresamente la voluntad del Constituyente Permanente que se encuentra plasmada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 117, fracción IX, de dicha Carta Magna. A lo anterior debe agregarse, que la norma cuya invalidez se demanda, se encuentra expedida por el Congreso del Estado de Aguascalientes, como órgano demandado, sin que éste tenga facultades legales para poder expedir leyes que tengan por objeto combatir el alcoholismo. En efecto, resulta que conforme lo dispone la fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es cierto que el Constituyente Permanente otorga a las Legislaturas de los Estados la facultad de expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, incluso así se desprende del sentido literal de la redacción del dispositivo legal enunciado. Sin embargo, para que el órgano demandado pueda ejercer esta facultad, es preciso que se encuentre incorporada a las facultades que el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes le confiere de manera expresa. Lo anterior es así, ya que conforme a lo dispuesto por el numeral 3o. del cuerpo normativo precitado, el poder público como lo es el Congreso del Estado de Aguascalientes, solamente puede actuar en uso de facultades expresas. Luego, si dentro del catálogo de atribuciones de que se encuentra investido el órgano demandado por la propia Constitución Local, no se encuentra la que le permita legislar en materia de combate al alcoholismo, se obtiene que la expedición de la ley impugnada, por sí misma tiene un vicio de origen en su creación y hasta la culminación del proceso legislativo que pretende darle vida jurídica. Es cierto que la fracción XXXIV del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece a favor del órgano legislativo demandado, la posibilidad de legislar conforme otras facultades, como lo serían las que le confiere la Constitución General de la República; sin embargo, para hacerlo, en respeto al principio de legalidad característico de los actos emanados del poder público, esto no es suficiente. Además, en razón de ser del sistema federal de donde resulta incuestionable que la facultad de las Legislaturas de los Estados para expedir leyes que habrán de regir dentro de sus límites territoriales emana única y exclusivamente del ejercicio del poder soberano que en cuanto a sus regímenes interiores les es propio, es decir que tales facultades se encuentren consignadas en su orden jurídico normativo contenido en la Constitución Local. Lo anterior se pone de manifiesto desde el propio título de la norma impugnada denominada Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Aguascalientes, donde se advierte su inconsistencia jurídica. En efecto, esto poco o nada tiene que ver con el objeto que debiera tener la norma cuya invalidez se demanda y que se precisa en el título primero de las disposiciones generales, en su artículo 1o. que pretende definirlo, aunado a lo que más adelante será señalado, y que deberá producir en la sentencia que dicte ese Alto Tribunal su invalidez por contravenir las normas de la Constitución General de la República que hasta el momento se han señalado. Lo anterior es así, ya que el artículo 117, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para que las Legislaturas de los Estados puedan ocuparse de un tema como el alcoholismo, dictando las leyes que tiendan precisamente a combatirlo. De los razonamientos expuestos, debe precisarse con toda claridad que son dos cosas distintas el combate al alcoholismo a través de las leyes que las Legislaturas de los Estados pueden expedir o dictar, y otra cuestión diferente, es expedir una norma que se aparta por completo del mandato constitucional y representa una serie de imposiciones propias del contenido de un reglamento municipal el cual, solamente está facultado para crearlo y expedirlo el Ayuntamiento. En el caso a examen, el Congreso del Estado de Aguascalientes a través de la LVII Legislatura se ha excedido en el ejercicio del derecho que le confiere la Ley Suprema de la Unión, y se introduce dentro del ámbito legislativo-reglamentario que corresponde exclusivamente al Municipio de Aguascalientes, ya que la norma que ha expedido no aborda la materia de la que debió ocuparse a través de un conjunto de disposiciones que se encuentren encaminadas de manera real y efectiva a combatir el alcoholismo. Lo que ha sucedido, es que al regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas, establece una serie de disposiciones administrativas que se ubican dentro de la normatividad propia del H. Ayuntamiento de Aguascalientes al representar un conjunto de normas administrativas y de buen gobierno, que no compete expedir al Congreso del Estado de Aguascalientes. En efecto, basta con imponerse del contenido de la norma impugnada, para darse cuenta que se aparta por completo del objetivo de la materia que la Constitución General de la República señala para las Legislaturas de los Estados y que éstas puedan expedir las leyes correspondientes. Tal aserto se demuestra al revisar el contenido normativo de la ley cuya invalidez se demanda. De manera general, y sin perjuicio de particularizar con detenimiento en los rubros que serán señalados, la norma impugnada contraviene las disposiciones constitucionales respecto de la materia que pretende combatir, y lejos de hacerlo, conforma un conjunto de disposiciones que deben ser consideradas solamente en los reglamentos municipales expedidos por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y que de hecho ya existen en el Código Municipal. Bajo estas condiciones, se obtiene que la norma cuya invalidez se demanda en forma errónea se ocupa de apartados que contravienen las disposiciones constitucionales invocadas tales como: 1. Dentro del título primero De las Disposiciones Generales y del objeto de la ley, en sus artículos 1o. a 6o., se consigna el establecimiento de bases para que los Municipios previo estudio de cada caso, autoricen, controlen y vigilen la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito de sus atribuciones en la materia. Esto desde luego implica desconocer que existen las disposiciones del Código Municipal que previenen los supuestos normativos que se indican, en violación a la norma constitucional que ha consagrado la facultad reglamentaria para los Municipios y que se ha plasmado en el Código Municipal de Aguascalientes. De tal manera que el Congreso del Estado carece de facultades para imponer cargas jurídicas adicionales, a las que el propio Ayuntamiento se ha impuesto en la materia que indebidamente trata de ocuparse el cuerpo legislativo que expidió la norma impugnada. Todo lo anterior debe ser apreciado por este H. Tribunal dentro del planteamiento de los puntos que de manera concreta se abordan como violatorios del orden constitucional y que dentro de este apartado se hacen valer. 2. De igual forma, dentro de este apartado se establece una serie de definiciones que están relacionadas con licencias, permisos y autorizaciones (artículo 2o.), que si bien se reconoce que corresponde expedir a la autoridad municipal competente, también resulta cierto que ya se encuentran determinadas con las modalidades y con los alcances que el H. Ayuntamiento ha previsto, precisamente el Código Municipal. De tal manera que con ello se hace patente nuevamente la invasión de facultades del órgano demandado H. Congreso del Estado, respecto a las que tiene la entidad que representamos legalmente. Esto sin perjuicio que la facultad reglamentaria ha dispuesto quiénes son los destinatarios de la norma, como sujetos del Código Municipal en relación con las actividades relacionadas con la venta de bebidas, así como los establecimientos dedicados a expenderlas. Incluso se hace notoria la contradicción existente entre la norma que se impugna, no sólo con la norma constitucional reclamada violada, sino también con la propia normatividad existente, puesto que sujeta la venta y el consumo al público de bebidas de contenido alcohólico (artículo 5o.), al permiso o licencia expedida por el Ayuntamiento, pero con sujeción a la norma general que se impugna, es decir, que el H. Ayuntamiento puede expedir licencias o permisos relacionados con estas actividades, pero sin ceñirse a su propia normatividad, sino debiendo hacerlo con observancia a la que ha expedido el H. Congreso del Estado, lo cual resulta por demás inadmisible. 3. Por otra parte, dentro del capítulo II denominado De las autoridades, que corresponde a los artículos 7o. y 8o., se establece que para la aplicación de la ley, que se insiste, se aparta del objeto que constitucionalmente tiene delimitado y se ocupa de cuestiones propias de la reglamentación municipal; los presidentes municipales y los Ayuntamientos tratándose de una materia reglamentada por el Gobierno Municipal, se encuentran colocados por debajo del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, lo que implica otro yerro jurídico que violenta la autonomía municipal. En efecto, se faculta a una dependencia de la administración estatal para aplicar la ley impugnada, y ello significa que también la autoridad de salud en el Estado tendrá facultades para ejercer las funciones relacionadas con las autorizaciones, el control y la vigilancia de los sujetos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos. Es cierto que éstos pueden ser objeto de verificación para cerciorarse del cumplimiento de disposiciones sanitarias, pero de ninguna manera para aplicar la normatividad municipal que se encuentra vigente, sobre lo relacionado con licencias reglamentadas y especiales, y del funcionamiento de los giros que las explotan, por ser materia reservada a la facultad reglamentaria del Ayuntamiento y además porque tiene que ver con la disposiciones de buen gobierno para los habitantes del Municipio. Esto también resulta inadmisible y jurídicamente constituye una invasión a las facultades que viene ejerciendo la autoridad municipal en las materias de inspección, control y vigilancia de sujetos y establecimientos por parte de la autoridad municipal. También, la norma impugnada contraviene la Ley Suprema del país en la medida que coloca a una autoridad con carácter de intermedia, efectivamente el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a través de su director, asume tal carácter, interponiéndose al Ayuntamiento de Aguascalientes para que libremente pueda ejercer las funciones que le corresponden en una materia que ha sido de su exclusiva competencia, tal como lo es la reglamentación de licencias, giros, horarios de venta y funcionamiento de los establecimientos que se dedican a expender al público bebidas alcohólicas. Lo relacionado con autoridades intermedias en los términos que se ha expuesto, deja que se aprecie con toda claridad la violación del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción I, tal como se hizo valer al principio del presente concepto de invalidez. 4. Dentro del título segundo denominado De los Establecimientos, que corresponde del artículo 11 al 25 de la norma impugnada, se presenta nuevamente la invasión de facultades, ya que el Ayuntamiento de Aguascalientes tiene señalado en el Código Municipal los tipos de establecimientos de los cuales se ocupa en su reglamentación, así como las definiciones, características de los locales o establecimientos, y además los horarios de funcionamiento que les tiene asignados, de tal manera que no corresponde al Congreso del Estado el llevar a cabo por voluntad propia, una serie de definiciones alternas a las que la autoridad municipal se ha otorgado para reglamentar estas actividades con las modalidades que ha determinado. Por tratarse de normas administrativas de policía y gobierno cuya competencia exclusiva corresponde al Ayuntamiento de Aguascalientes. Lo anterior es así, ya que la normatividad municipal dentro del Código Municipal de Aguascalientes en los numerales 1170 a 1190 relacionados con ‘La normatividad de las licencias reglamentadas y especiales’ se ocupa con meridiana claridad de estos apartados, y con ello plasma la facultad reglamentaria de la cual el H. Ayuntamiento de Aguascalientes se encuentra investido por las atribuciones que le ha conferido la Constitución General de la República en las disposiciones que se han invocado como violadas por las entidades demandadas. 5. En igual sentido contraviene la Norma Fundamental en detrimento de nuestra parte, que en la norma cuya validez se impugna, se pretenda imponer al Ayuntamiento de Aguascalientes en el capítulo segundo denominado De los días de funcionamiento, que se contempla del numeral 20 al 22 de la ley impugnada, así como en el artículo cuarto transitorio, una serie de disposiciones que ya se vienen aplicando al encontrarse perfectamente consignadas en el Código Municipal de Aguascalientes, y que están relacionadas con los días en que podrán operar los establecimientos reglamentados por la autoridad municipal. Ello en razón de tratarse de normas de policía y gobierno que corresponde emitir solamente al Ayuntamiento de Aguascalientes quien detenta la competencia exclusiva para ello. En un contrasentido jurídico se establece que los establecimientos reglamentados por la autoridad municipal, deberán funcionar en los días y con los horarios que ha impuesto el Congreso del Estado de Aguascalientes quien con ello, evidentemente se introduce en la vida municipal violentando las disposiciones constitucionales que están relacionadas con la facultad reglamentaria que establece la Norma Fundamental en su favor, y que ahora parece ser ignorada por las entidades demandadas. 6. Por otra parte, dentro de la norma impugnada se establece una serie de disposiciones concretamente en el título tercero capítulo único denominado De las Licencias y Permisos, y que se ubica en los artículos 26, 27 y 28 de la norma cuya invalidez se demanda y también se trata de normas de carácter administrativo y de buen gobierno que compete exclusivamente al Ayuntamiento de Aguascalientes, y que nada tienen que ver con el combate al alcoholismo en que pretende apoyarse el objetivo de la ley impugnada, y por el contrario violentan la legislación municipal como se ha venido demostrando en los puntos que preceden. En efecto, lo relativo a este apartado no puede ir más allá de lo contemplado por el Código Municipal de Aguascalientes previamente, ya que los tipos de licencias así como los requisitos para obtenerlas no pueden ser objeto de una determinación del Congreso del Estado de Aguascalientes ya que esto solamente corresponde hacerlo al Ayuntamiento de Aguascalientes a través de la facultad reglamentaria de la que se encuentra dotado. Lo anterior pone de manifiesto el alejamiento de la norma impugnada con el objeto de combatir el alcoholismo. Bajo estas circunstancias, resulta claro que no sólo el propósito de la norma impugnada se desvía, sino que se orienta a regular apartados que definitivamente contravienen las disposiciones constitucionales que trata de hacer suyas la Legislatura del Estado para plasmarlas en la norma impugnada. Si a lo anterior se agrega, que el texto de la norma se encuentra plagado de imprecisiones, ya que constituye un conjunto de disposiciones carentes de una ratio legis fundada y, por tanto, sólo obstaculizan la actividad municipal, al pretender que coexistan dos ordenamientos que regulan una materia que está reservada al Ayuntamiento de Aguascalientes según lo previenen las disposiciones de la Constitución General de la República. En efecto, se reconoce en este capítulo, que corresponde a la autoridad municipal el otorgamiento de licencias; sin embargo, se menciona al procedimiento que ante ella debe llevarse a cabo para su obtención, lo cual nada tiene que ver con el combate al alcoholismo y, por el contrario se introduce en el ámbito de la reglamentación municipal imponiéndole adicionalmente requisitos y creando giros diversos a los existentes, en suma generando más que solución a un problema de suyo delicado, una confusión jurídica que lejos de beneficiar solamente interfiere en la dinámica municipal. Lo anterior como se ha reiterado, en franca contravención a la Norma Constitucional que se invoca como violada en la presente demanda. 7. Continuando con las violaciones a la Carta Magna concretamente a las disposiciones reclamadas en el apartado correspondiente se advierte una muy grave, como lo es la contenida dentro del título cuarto denominado Del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas consignada en los artículos 29 al 33 de la norma impugnada. En efecto, del contenido normativo que se desprende del capítulo I, denominado De su Integración, como del capítulo II denominado De las Funciones del Consejo, se aprecia con toda claridad la intromisión a la facultad reglamentaria municipal, y no sólo ello, sino a la propia integración del H. Ayuntamiento en los términos que la propia Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes previene con toda precisión. En apoyo a nuestro aserto, nos permitimos manifestar que la ley citada, ya ajustada a la reforma constitucional del artículo 115, al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de noviembre del año 2000, establece en sus artículos 37 y 38 lo siguiente: ‘Artículo 37. La organización y funcionamiento del Ayuntamiento será determinado de conformidad con esta ley y el Reglamento interior que para tal efecto se expida, mismo que deberá prever las facultades y obligaciones de los funcionarios que la administración pública municipal requiera.’. ‘Artículo 38. Para el eficaz desarrollo y prestación de las funciones y servicios municipales, el Ayuntamiento deberá integrar las Comisiones pertinentes que considere necesarias, a las que les turnarán los asuntos que sean de su competencia.’. Por su parte, el Código Municipal de Aguascalientes, dentro de la normatividad aplicable, refiere en los artículos 79, 80 y 81, en primer lugar, que será el Ayuntamiento quien nombrará las comisiones que tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, existiendo comisiones de carácter permanente en los regidores. En el caso presente, la norma impugnada pretende integrar un Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, como un órgano consultivo de la presidencia municipal. Evidentemente que esto no es legalmente posible, ya que contraviene de modo inmediato dos cuerpos normativos ya señalados, a saber la Ley Orgánica Municipal de Aguascalientes y luego el Código Municipal de Aguascalientes, y desde luego que también por consecuencia directa e inmediata las disposiciones de la Constitución General de la República que se han señalado dentro del apartado correspondiente. Se insiste esto resulta violatorio de la facultad reglamentaria municipal, ya que por una parte, la norma impugnada crea un consejo que solamente puede tener vida jurídica si el Ayuntamiento lo dispone, y por otra, da por hecho la existencia de algunas comisiones que dentro de las leyes municipales no están consideradas. Abundando sobre ello, se tiene que sólo corresponde al propio Ayuntamiento de Aguascalientes, el determinar la creación de un consejo para combatir el alcoholismo, como también pueda hacerlo para fomentar el deporte, o la fiesta brava, o cualquier otra actividad del quehacer humano que incida en la vida de los habitantes del Municipio de Aguascalientes y que, corresponda a la materia municipal. Luego, es claro que este tipo de cuestiones, no le corresponden al Congreso del Estado de Aguascalientes, al ser competenc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18848-ca42bf78/bebidas-alcoholicas-la-legislatura-del-estado-de-aguascalientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.