DIVISIÓN DE PODERES. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN V, DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES NO VIOLA AQUEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER QUE UN DIPUTADO LOCAL FORME PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ALUDIDO INSTITUTO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de febrero de dos mil cuatro
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la oficina de correos en Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, el veinticinco de marzo de dos mil tres, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de abril del mismo año, Felipe González González, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Ejecutivo, promovió controversia constitucional en la que demandó de la autoridad que a continuación se señala la invalidez de la norma general que también se menciona:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política Local de Aguascalientes se deposita en el Congreso del Estado, con domicilio en Plaza de la Patria 109, Oriente, zona Centro de aquella ciudad. IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso el medio oficial en que se hubieren publicado: Resolución y reformas al Decreto Número 35 sobre la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 10 de febrero de 2003."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados por la actora son los siguientes:
"1. Con fecha 2 de octubre de 2002 el Congreso del Estado remitió al suscrito, en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, el Decreto 35 que establece las reformas a los párrafos tercero y último, y las fracciones I y II, derogación a su fracción III y se adiciona una fracción V al artículo 9o., reforma la fracción I, derogación de la fracción VII del artículo 11, reforma al artículo 12, reforma a la fracción II, adición a la fracción XXII y se recorre ésta para quedar como XXIII del artículo 14, reforma a la fracción II del artículo 36, así como la adición de un capítulo décimo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos con sus artículos 40 y 41 de la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. 2. Al contenido del Decreto 35 -descrito en el punto que antecede- el suscrito en mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y con fundamento en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, formulé observaciones parciales. Estas observaciones fueron formuladas en los términos siguientes: ‘1. La Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres tiene como objeto primordial promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación de las mujeres y la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres; así como el ejercicio pleno de todos los derechos reconocidos por la legislación mexicana. 2. Las reformas propuestas, según se desprende del dictamen respectivo, tienen como finalidad la revisión del marco jurídico vigente para la integración del Instituto Aguascalentense de las Mujeres para abarcar no sólo la formal-institucional, sino también las acciones llevadas a cabo en el espacio privado. 3. Leído con detalle el texto del Decreto Número 35 aprobado por esa LVIII Legislatura, se hace imprescindible hacer notar a esa H. Soberanía, que las reformas y adiciones a la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres afectarán la autonomía de los Poderes del Estado por las razones siguientes: a) Por lo que se refiere a la adición de la fracción V del artículo 9o. de la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, la cual pretende integrar a un miembro de la Comisión de Equidad entre Hombres y Mujeres del Congreso el Estado a la junta de gobierno del instituto, conculca lo establecido por los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 116 de la Constitución Federal, pues uno de los principales fundamentos de ésta es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que deriven del sistema federal y el principio de división de poderes. La junta de gobierno de una entidad paraestatal es el órgano colegiado que se encarga de la administración y, en consecuencia, de la toma de decisiones de las acciones del propio organismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 40 y 41 de la Ley para el Control de Entidades Paraestatales del Estado, además este tipo de entidades forman parte de la administración pública del Estado (Poder Ejecutivo), según lo establecen los artículos 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por tanto, con la reforma propuesta se estaría violando el orden constitucional establecido por los artículos que se mencionan en el párrafo que antecede al invadirse la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo por parte del Legislativo, situación que resulta contraria a los principios de división de poderes y federalismo reconocidos en nuestra Constitución General, actuar en contrario sería tanto como permitir que el Ejecutivo formara parte, con voz y voto, en los órganos decisorios del Poder Legislativo, situación que no se reconoce en nuestro derecho. En efecto, el integrar a un diputado a un órgano de decisión de un ente del Ejecutivo constituye una transgresión a la autonomía e independencia de este último dada la conformación del Supremo Poder del Estado, según lo disponen los artículos 14, 15, 16, 27 y 46 de la Constitución Política de Aguascalientes, en los cuales se establecen claramente las facultades y obligaciones que tiene cada poder. De conformidad con los artículos 2o. y 16 de la ley orgánica de la materia, las entidades paraestatales forman parte de la administración pública del Estado y se encuentran subordinadas al gobernador constitucional, con base en las normas, políticas, prioridades y restricciones que éste establezca, de ahí que el pretender que el Legislativo tenga voz y voto en las decisiones del Instituto Aguascalentense de las Mujeres invade, sin lugar a dudas, el ámbito de competencia del Ejecutivo. Además de lo anterior, la exposición de motivos y el dictamen de aprobación de las reformas en estudio son omisos al justificar la inclusión del Poder Legislativo como parte de los órganos del Ejecutivo, por tanto, carece de sustento jurídico contraviniendo con esto lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, el cual establece que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado. Además de lo anterior, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona cuáles son las facultades que tiene la Comisión de Equidad entre Hombres y Mujeres, y en ninguna de éstas se encuentra el que dicha comisión pueda formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (ni de ninguna otra entidad paraestatal), por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo tercero de nuestra Constitución Local (que establece que el poder público solamente puede actuar en uso de facultades expresas), dicha comisión debería tener facultades explícitas para intervenir en la junta de gobierno, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa y, por tanto, dicha reforma es violatoria de la Constitución. b) La reforma al artículo 14, en su fracción XXII, mediante la cual se pretende obligar a la directora a presentar un informe anual de las actividades del instituto al Congreso del Estado resulta violatorio de los artículos 116 y 49 de la Constitución General de la República, así como el artículo 46, fracción IV, de la Constitución Local, pues el hecho de que mediante leyes secundarias el Poder Legislativo establezca normas que obliguen a uno de los órganos del Poder Ejecutivo a informarle sobre el desempeño de sus funciones sin que exista nexo entre la norma constitucional y la secundaria, rompe con el principio de regularidad necesario. En efecto, el artículo 46, fracción IV, de nuestra Constitución Local, impone al gobernador la obligación de informar anualmente y por escrito al Congreso del Estado sobre el estado general que guarda la administración pública estatal, y como el Instituto Aguscalentense de las Mujeres forma parte de la administración pública del Estado, tal como se mencionó en párrafos anteriores, tendrá que ser a través del titular del Ejecutivo el cumplimiento de dicha obligación, hacerlo en forma diferente violaría nuestra Constitución y lo dispuesto por la Ley para el Control de Entidades Paraestatales, que en su artículo 42 establece que el director general de un organismo descentralizado sólo tiene la obligación de rendir informes a la junta de gobierno. Además de lo anterior, cabe mencionar que en la exposición de motivos de las reformas y adiciones que se analizan no se realizó ninguna consideración tendiente a justificar la rendición de informes anuales al Congreso del Estado por parte del instituto, por tanto, no existen elementos para determinar cuál fue la intención del legislador al imponer al instituto el aludido deber, violando con esto lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Federal. Esta reforma debe considerarse violatoria de los principios de legalidad y de división de poderes e independencia de éstos consagrados en la Carta Magna, pues vulnera la independencia del órgano paraestatal al constreñirlo a rendir informes sobre el desempeño de sus funciones ante un poder diverso al que pertenece, como lo es el Poder Legislativo, sin que exista base constitucional para ello. Para que sea válido desde el punto de vista constitucional que uno de los poderes ejerza funciones propias de otro poder es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta. Así, como todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ejecutivo quedó reservado al ámbito de su ley orgánica y de la Constitución del Estado, las reformas en comento exceden el objeto limitado que la Constitución Federal le impone a las leyes secundarias. c) Por lo que se refiere a la reforma del último párrafo del mismo artículo 9o., se hacen las siguientes manifestaciones: Dicha reforma pretende establecer una nueva forma para designar a las mujeres vocales propietarias a que se refiere la fracción IV del artículo 9o. de la ley en estudio, las cuales se propone que se elijan por mayoría calificada de los miembros del H. Congreso del Estado previa convocatoria, además se contempla que se nombre una suplente por cada propietaria que, aunque la redacción no es muy clara, también será nombrada por el Congreso, finalmente se fija el término de duración de dicho cargo y la posibilidad de reelección por un periodo más. Sobre este particular cabe hacer mención que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado no se establece como facultad de la Comisión de Equidad entre Hombres y Mujeres, ni del propio Congreso, que puedan hacer convocatorias para elegir a las vocales propietarias del instituto en comento, tampoco existe una justificación jurídica para que sea el Congreso quien elija (por mayoría calificada) a las mujeres vocales de la junta de gobierno; no se establece cuál será el procedimiento que deberá seguirse para el caso de que las mujeres propuestas por los diversos sectores de la sociedad puedan formar parte de la junta de gobierno en el supuesto de que no logren obtener la mayoría calificada en el Congreso, creándose con esto una laguna en la ley. Bajo el supuesto anterior resulta improcedente derogar la fracción tercera del artículo 11 de la ley en estudio, la cual faculta a la junta de gobierno a nombrar a las vocales propietarias a que se refiere la actual fracción cuarta del artículo noveno. El Legislativo es un poder público, luego, sólo puede hacer lo que la ley le permite, enumerar casuísticamente actos que no puede hacer es inapropiado porque no puede ser omnicomprensivo, sería mejor estarse al principio de legalidad constitucional solamente. El fin del Decreto Número 35, en parte, no corresponde al objeto principal del Instituto Aguascalentense de las Mujeres y que fue transcrito en el punto primero del presente escrito de observaciones parciales, pues el Legislativo va más allá en el ejercicio de la facultad legislativa. Con base en lo anterior devuelvo el Decreto Número 35, y se someten a consideración de esta LVIII Legislatura las observaciones parciales ya referidas para que sean tomadas en consideración para los efectos legales conducentes.’. 3. Recibidas por el Congreso del Estado de Aguascalientes las observaciones del suscrito en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo respecto del Decreto 35, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado continuó con el procedimiento legislativo del referido Decreto 35 y al volverlo a discutir fueron aceptadas parcialmente las observaciones aludidas y aprobado el Decreto 35 por más de las dos terceras partes del número total de los diputados. 4. En atención a que las normas generales contenidas en el Decreto 35 son contrarias al texto constitucional federal, y ante la negativa del Congreso del Estado de tomar en cuenta las observaciones planteadas por el Ejecutivo del Estado es que surge la necesidad de plantear esta demanda de controversia constitucional."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Por su parte, la resolución y reformas al Decreto Núm. 35 sobre la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres que ahora se impugna, concretamente en el artículo 9o. -cuyo texto indica que la junta de gobierno es el órgano de administración de mayor jerarquía del instituto y se integrará con quince miembros propietarios-, prevé una fracción V, con el contenido siguiente: ‘Un integrante de la Comisión de Equidad entre Hombres y Mujeres del H. Congreso del Estado, el cual será designado por la propia comisión y aprobado por el Pleno.’. Así, resulta contrario al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que un miembro diputado del Congreso del Estado forme parte de la junta de gobierno, pues el primero de los preceptos constitucionales referidos establece el principio de división de poderes, de modo que el Legislativo Estatal no puede ser parte integrante del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, porque sólo pueden ejercer las atribuciones que les han sido expresamente conferidas en la Constitución Federal. Así, el Congreso Local al carecer de facultades expresas para aumentar los sistemas de control, vigilancia o supervisión adicionales y diferentes a los que se encuentran previstos constitucionalmente, no puede válida y constitucionalmente en una ley ordinaria atribuirse la facultad de ser miembro del referido Instituto Aguascalentense de las Mujeres. A mayor abundamiento, debe destacarse tal como lo señala Arteaga Nava, Elizur, en su libro Derecho Constitución, de la Colección Juristas Latinoamericanos, Oxford University Press, 1998, página 36, la fórmula de la división de poderes o funciones que consagra nuestra Constitución apunta a cuatro objetivos principales: 1. Atribuir en forma preferente una función a uno de los tres poderes sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta forma de actuar en ella; 2. Que se permita la posibilidad de que los poderes neutralicen unos a los otros; 3. Que se dé entre ellos una forma de colaboración o cooperación de la que derive la cumplimentación o perfeccionamiento del acto; y 4. Establecer mecanismos en virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la acción de los otros. Sin embargo, de ninguno de los objetivos antes anotados se desprende que uno de los poderes esté inserto dentro del otro, esto es, que pueden tener acciones de colaboración, de coordinación, de vigilancia, pero no de intromisión en la función objetiva y subjetiva del órgano, de tal suerte que se dé la posibilidad de que dos poderes se encuentren en uno solo, como lo es en el presente caso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el poder público del Estado Federal mexicano se encuentra dividido para su ejercicio, en Legislativo, depositado en un Congreso General integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores (artículo 50); el Ejecutivo, depositado en un presidente de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 80); y el Judicial, depositado en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito (artículo 94). Las necesidades sociales, económicas y políticas con las que tuvo que enfrentarse el Estado han hecho imposible la aplicación rígida y formalista del principio de la ‘división de poderes’ establecido en el artículo 49 constitucional, por lo que hubo que admitir moderaciones. La práctica política y de gobierno propició un sistema de relaciones. Nuestra Constitución Federal constituye la colaboración entre las ramas del poder, o sea, que las dos o las tres ramas del poder realizan parte de la misma facultad o función. Como ejemplos se pueden señalar: en el procedimiento legislativo el presidente tiene la iniciativa de leyes, la facultad de veto y la publicación de la ley (artículos 71 y 72, apartados A, B, y C); el presidente resuelve, cuando las dos Cámaras no se ponen de acuerdo, sobre la terminación anticipada del periodo de sesiones; el Senado aprueba o no los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo (artículo 76, fracción I); el Senado aprueba o no los nombramientos de procurador general de la República, embajadores, agentes diplomáticos, cónsules, altos funcionarios de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (artículo 76, fracción II). En lo que atañe a las relaciones entre los Poderes Legislativo y Judicial encontramos la participación de la Cámara de Senadores en el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (artículo 96); la elección de Magistrados electorales (artículo 99, fracción IX); la designación de dos consejeros de la Judicatura Federal (artículo 100). La Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto que se presenta por conducto del Ejecutivo (artículo 100); conocer de las imputaciones que se hagan a Ministros, consejeros, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (artículos 108 a 114). La Suprema Corte de Justicia puede averiguar hechos a solicitud de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión que constituyan una grave violación a alguna garantía individual, o de oficio, en los casos de la violación del voto público (artículo 97). Tales normas son el fundamento y la medida de las relaciones entre esos poderes de modo que el Legislativo no puede imponer al Judicial obligaciones carentes de apoyo constitucional. Fundamenta este concepto de invalidez la tesis P. CLVIII/2000, emitida por el Pleno de la Corte, en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, página 33. ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN, LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN. Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que «El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.». Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente; 79, facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se seleccione a quienes se designe. Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder. Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que precisan como facultades del Congreso de la Unión la de «... expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión ...»; y la de «... expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.», deben interpretarse enmarcadas y limitadas por los principios referidos, es decir, salvaguardando el de división de poderes y el de autonomía de cada uno y regulando, en detalle, las facultades y obligaciones que a cada poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones u obligaciones que no estén consignadas en la misma y que supusieran no ajustarse a ella, vulnerando los repetidos principios.’. No debe pasarse por alto el pensamiento de John Locke ‘para la fragilidad humana la tentación de abusar del poder sería muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas; porque podrían dispensarse entonces de obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a su interés privado, haciéndola y ejecutándola a la vez, y, en consecuencia, llegar a tener un interés distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado’. Asimismo, añade: ‘Cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados, no hay libertad, no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo; todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo ejerce los tres poderes ...’. Así, en un sistema democrático como lo es el nuestro, todos los órganos del Estado deben actuar conforme al derecho fundamental, es decir, dentro de la órbita competencial que les asigna y según sus disposiciones, de tal suerte que el principio de la división de poderes enseña que cada una de las funciones, como lo son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, se deben ejercer separadamente por órganos estatales diferentes, de tal manera que su desempeño no se concentre en uno solo, como sucede en los regímenes monárquicos absolutistas o en los autocráticos o dictatoriales. Con lo anterior no se quiere decir que exista una independencia, sino que hay una interdependencia, esto es, que existe una vinculación recíproca, de tal manera que no se rompa la unidad y la indivisibilidad de la soberanía. Por otra parte, es conveniente anotar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte, Informe de 1979, pp. 97 y 98, en la tesis 109, que establece lo siguiente: ‘La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, de mutuo propio (sic), arrogarse facultades que correspondan a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta.’. De lo anterior se desprende que al designar a un integrante del Congreso del Estado de Aguascalientes como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, que es el órgano de gobierno de dicho organismo público del Poder Ejecutivo, invade de manera flagrante la división de poderes consagrada en nuestra Carta Magna. Aunado a lo anterior, la resolución y reformas contenidas en el Decreto Número 35 que ahora se impugna, también contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política el Estado de Aguascalientes, mismo que establece que: ‘El Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación, ni depositarse el Legislativo en una persona.’, con lo que queda entonces demostrado que el poder demandado ha violado la autonomía del Poder Ejecutivo al querer incluir a uno de sus miembros en dicho poder. Segundo concepto de invalidez. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. No obstante esta limitante constitucional para el legislador local, en el último párrafo del artículo 9o. de la resolución y reformas al Decreto Número 35 sobre la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, indica que: ‘Las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción IV de este artículo se elegirán por mayoría calificada de los miembros del H. Congreso del Estado, previa convocatoria publicada por parte de la Comisión de Equidad entre Hombres y Mujeres del Congreso del Estado, con aquellas propuestas presentadas por sus integrantes y por organismos sociales, científicos, culturales, empresariales y académicos. Por cada propietaria se nombrará su respectiva suplente. Durarán en su encargo tres años, y en su caso, podrán ser reelectas para un periodo más.’. Como ese tribunal constitucional podrá advertir, el Legislativo Estatal se está otorgando una facultad de designación que no se contempla en la Constitución Federal y, como consecuencia, resulta contrario al Texto Supremo. En efecto, la Constitución Federal no prevé la reserva de ley para que sea el Congreso el que elija a las cuatro mujeres ciudadanas mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos, a que hace referencia la fracción IV del artículo 9o. de la resolución y reformas al Decreto Núm. 35 sobre la Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, que ahora se impugna, lo cual constituye una transgresión a la independencia del Poder Ejecutivo. Tercer concepto de invalidez. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el poder público de los Estados se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17980-b163ff74/division-de-poderes-el-articulo-9o-fraccion-v · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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