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Modo: Corpus Pro

LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2003. · Registro digital (IUS): 18600
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1194.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2003. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio depositado en la administración postal número 1 del Servicio Postal Mexicano de Aguascalientes, Aguascalientes, el once de septiembre de dos mil tres, Luis Santana Valdés, Norma Esparza Herrera y Héctor Quiroz García, quienes se ostentaron con el carácter de presidente, primer secretario y prosecretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Aguascalientes, promovieron controversia constitucional en representación del Poder Legislativo, en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Plaza Patria sin número, zona centro de la ciudad de Aguascalientes, por conducto de su representante ... . La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado. El acto contenido dentro del oficio SAJ/139/03, de fecha quince de julio de dos mil tres, signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Felipe González González, alegando nuevamente impedimentos para la publicación del Decreto Número 33, dicho oficio fue recibido en la Oficialía de Partes de la LVIII Legislatura del Estado, el día dieciséis de julio del año en curso."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Con fecha siete de febrero del año dos mil dos, fue presentada ante la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, la iniciativa de reformas a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, suscrita por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo en ejercicio de las facultades que les conceden los artículos 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 15, fracciones II y III; 57 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, proponiendo la modificación de los artículos 96, 98, 101 y 104 de la ley en cita. 2. En la misma fecha, la presidencia de la mesa directiva en turno, con fundamento en lo establecido por el artículo 50, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dio curso a la iniciativa presentada remitiéndola a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Fortalecimiento Municipal. 3. Continuando con el procedimiento legislativo, con fundamento en lo establecido por el artículo 108, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y después de haber realizado minuciosamente el análisis y la debida valoración de los elementos aportados en fecha veintiséis de junio del año dos mil dos, se procedió a emitir el dictamen correspondiente, en el que únicamente se consideraron procedentes las reformas a los artículos 101 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, mismo que fue aprobado por el Pleno de la LVIII Legislatura del Estado de Aguascalientes. 4. Por tal motivo, el día cuatro de julio del año dos mil dos, el Congreso del Estado envió al Poder Ejecutivo el oficio 1095 en el que se contenía el Decreto Número 33, con las reformas aprobadas a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, para efectos de su promulgación y publicación, siendo recibido por el Ejecutivo el día ocho de julio del mismo año. 5. El decreto precisado en el punto inmediato anterior fue devuelto a esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través del oficio número SAJ/660, recibido en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado el día cinco de agosto del año dos mil dos, haciendo uso del derecho de veto previsto en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, formulando observaciones parciales al contenido del decreto, las cuales consistían, esencialmente, en lo siguiente: ‘Que el Decreto Número 33 carecía de sistemática jurídica y técnica legislativa, lo cual es erróneo, ya que para su emisión se cumplieron todos los trámites legislativos previstos en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Dentro de la argumentación del Ejecutivo, se advierte su oposición en lo concerniente a la supresión de los cortes de agua y a la eliminación de las tarifas arbitrarias e injustas.’. 6. La LVIII Legislatura del Congreso del Estado, en consecuencia de las observaciones del Poder Ejecutivo, discutió de nuevo la reforma concretándose a los puntos discordantes, en atención a lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala: ‘En los casos de veto por parte del titular del Poder Ejecutivo, recibidas las observaciones respectivas, se turnarán a la misma comisión dictaminadora, para el estudio, análisis y consideración exclusivamente de las observaciones respectivas y la elaboración del correspondiente dictamen.’. 7. En ese orden de ideas, el Congreso del Estado, en fecha veintitrés de enero del año en curso, analizó, discutió y aprobó el dictamen que contiene la resolución al veto ejercido por el gobernador del Estado en contra del Decreto 33 expedido por esta legislatura, circunscribiéndose tal resolución a determinar sobre la procedencia de las observaciones del titular del Poder Ejecutivo, referente al Fondo de Apoyo Social para las personas de escasos recursos y resolviendo que era parcialmente procedente la observación del Ejecutivo del Estado, ratificándose el Decreto Número 33 con la inclusión de las observaciones que se estimaron prudentes, para quedar como sigue: ‘Artículo primero. Es procedente la observación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que se mantenga regulado en los términos hasta hoy existentes, el segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Agua del Estado, cuya materia es el Fondo de Apoyo Social, en tal sentido, dicho párrafo adecuado en congruencia con el párrafo segundo del mismo numeral, se adiciona con un párrafo cuarto al artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, contenida en el Decreto 33 en los términos siguientes: «Artículo 104. ... Aquellos usuarios que hubieren calificado como beneficiarios del Fondo de Apoyo Social debido a su situación económica apremiante, continuarán recibiendo apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que el reglamento que este fondo establezca.». Artículo segundo. Se modifica el Decreto Número 33 expedido por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, en virtud de la procedencia de las observaciones parciales del Ejecutivo para quedar como sigue: «Artículo 101. Las fórmulas para la determinación de las tarifas medias de equilibrio y sus modificaciones así como las cuotas o tarifas que los prestadores de los servicios establezcan con base en ellas, con la aprobación del Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Constitución Local, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad.». «Artículo 104. La falta de pago en dos ocasiones consecutivas, por parte de usuarios no domésticos, faculta al Municipio o al prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable hasta que se regularice su pago. En el caso del uso doméstico, el Municipio o el prestador de servicios, no podrá suspender el suministro de agua potable por ninguna causa. Igualmente, quedan facultados el Municipio y los prestadores de los servicios a suspender el suministro de agua potable cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto del convenido. La suspensión a la que se refiere este artículo sólo podrá ejecutarse previo apercibimiento y al menos con 15 días de anticipación al usuario que se encuentre en las causales de suspensión. Aquellos usuarios que hubieren calificado como beneficiarios del Fondo de Apoyo Social, debido a su situación económica apremiante, continuarán recibiendo el apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que el reglamento de este fondo establece.».’. 8. La resolución invocada fue enviada al gobernador del Estado de Aguascalientes a través del oficio 1832, de fecha veintitrés de enero de dos mil tres, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo ordenado en el artículo 32, párrafo tercero, de la Constitución Local, mismo que se recibió por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes el día veinticuatro de enero del año dos mil tres. 9. Incumpliendo con el mandato constitucional de referencia, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número SAJ/139/03, fechado el día quince de julio de dos mil tres y entregado en la oficialía de partes de ese Congreso el día dieciséis de julio del actual, regresó a esta LVIII Legislatura la resolución que nos ocupa, alegando presuntas irregularidades en el proceso legislativo y negándose expresamente a llevar a cabo su publicación, formulando por segunda vez observaciones al decreto precitado, motivo por el cual a través de la presente demanda de controversia constitucional acudimos ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se declare la invalidez del acto del Ejecutivo ya precisado y para que se ordene la publicación de la resolución emitida sobre el veto planteado por dicha autoridad."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:

"1. Se viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes en sus artículos 124 y 174 por parte del Ejecutivo Estatal, en virtud de que regresa el decreto a esa legislatura, negándose a publicarlo por considerar que han existido violaciones al procedimiento legislativo, invadiendo una esfera competencial que no le corresponde, ya que no tiene facultades para juzgar las posibles violaciones de un proceso legislativo hasta en tanto no se haya publicado el decreto respectivo, en este caso, el decreto por el que se resolvió el veto planteado. Apoyan esta aseveración, los criterios jurisprudenciales que para este supuesto establece esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.’. Por tanto, en una interpretación lógica-jurídica y ajustada a derecho, es evidente que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para poder impugnar el proceso legislativo como en el presente asunto, debe por obligación legal publicar el decreto que da origen a sus discrepancias y una vez publicado ejercer dentro de los plazos legales respectivos las acciones que la ley prevea, máxime que se trata de un decreto que resuelve observaciones formuladas en vía de veto. De tal suerte que el gobernador del Estado debe constreñirse a sus facultades expresas, las cuales no son las que él ejercita en este caso, pues en su oportunidad hizo uso del derecho de veto, derecho que no debe ejercerse en dos ocasiones sobre un mismo asunto, por lo que el argumento por él esgrimido, no es válido para negarse a la publicación establecida en el artículo 32 de la Constitución Local. 2. El acto impugnado es violatorio de lo establecido en el artículo 32, párrafo tercero, de nuestra Constitución Local, que establece: ‘La iniciativa de ley o decreto vetada total o parcialmente por el Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso del Estado, quien deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado o aceptadas las observaciones por el voto de las dos terceras partes del número total de los diputados, la iniciativa será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación.’. Se percibe con absoluta nitidez, que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la única acción que puede realizar legalmente una vez que se ha confirmado un derecho vetado o que se han aceptado las observaciones hechas por él, es la publicación de tal decreto, es decir, ya no se encuentra con potestad jurídica para nuevamente vetar un decreto. Aunado a lo anterior, el Ejecutivo Estatal se encuentra obligado a dar cumplimiento a los preceptos de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y de manera particular a lo previsto en sus artículos 3o., fracciones I, II y III, y 4o., que a la letra dicen: ‘Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado: I. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso del Estado. II. Los reglamentos que emita el Ejecutivo Estatal. III. Los decretos, acuerdos, circulares y órdenes administrativos de las dependencias del Ejecutivo que crean situaciones jurídicas que afectan a los particulares.’. ‘Artículo 4o. Es obligación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia que establezca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a efecto de estar en posibilidad de hacer cumplir la ley, el dar publicidad por medio del Periódico Oficial del Estado, de todos los ordenamientos y disposiciones señaladas en el artículo anterior.’. En este contexto resulta totalmente diáfana la obligación del Ejecutivo de promulgar y publicar una ley; además la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera la obligación constitucional del mismo a través de la siguiente tesis, la cual consideramos aplicable para este caso en particular: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legítima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del Legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo.’. Para el caso concreto que nos ocupa es aplicable lo citado en el segundo párrafo de la tesis transcrita que a la letra dice: ‘Ahora bien si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento lo cual lo legitima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a publicar.’. Del anterior criterio se desprende que es contra derecho la posición asumida por el Ejecutivo Estatal. Aun en el supuesto de que hubieren existido las faltas en el procedimiento que el gobernador señala, carece de atribuciones para efectuar dicho juicio, por ende, debe concretarse a realizar lo que está facultado conforme a los lineamientos legales aplicables y si tiene alguna objeción a la técnica legislativa de esta honorable legislatura puede hacerla valer a través de los órganos competentes después de efectuar la promulgación y publicación del Decreto 33, pues sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para decidir sobre la correcta o incorrecta realización del procedimiento legislativo y lo cual no exime al titular del Poder Ejecutivo de su obligación constitucional de finalizar con el proceso de publicación de las leyes, decretos y demás ordenamiento a él remitidos. 3. De la misma manera el gobernador del Estado de Aguascalientes viola el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que establece: ‘Todo acto de autoridad debe ser debidamente fundado y motivado.’. Del estudio del asunto planteado resulta evidente que el Ejecutivo no cumple con dicho supuesto, al no señalar los preceptos legales que lo justifiquen; por su parte, la falta de motivación se deriva de la ausencia total de expresión de razonamientos jurídicos sustanciales al respecto para hacer que la hipótesis por él planteada sea válida. Por tanto, es formal y materialmente ilegal la negativa del Ejecutivo para publicar el Decreto 33, que se refiere a las reformas a la Ley de Agua, a él remitido por segunda ocasión por esta honorable legislatura, violando flagrantemente el principio de legalidad y seguridad jurídica consignado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de explicitar lo anterior, citaremos varios criterios jurisprudenciales que sirven como sustento jurídico de nuestra argumentación sobre la invalidez del acto reclamado por la carencia total de fundamentación y motivación del mismo: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundado, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.’. ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.’. De lo anteriormente expuesto, se observa que el Ejecutivo tiene la obligación de publicar el Decreto Número 33 a él remitido, lo que no ha sucedido hasta la fecha, argumentando nuevas observaciones a las reformas de los artículos 101 y 104 de la Ley de Agua, así como la violación al proceso legislativo, sin aducir precepto legal alguno que lo sustente lo cual no es procedente, puesto que no existe excepción posible a la regla señalada por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, ya que toda autoridad debe fundar y motivar la razón de su acto conforme a derecho, lo cual no realiza en este caso el señor gobernador, además de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le permite, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Local y el acto realizado por el Ejecutivo que consta dentro del oficio SAJ/139/03, constituye una desviación de sus atribuciones otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Local. El acto combatido también es violatorio de lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el principio de división de poderes se buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerza y un control recíproco; y por otro, atribuir a los respectivos órganos especialmente la facultad necesaria para emitir sus actos materiales en el orden jurídico nacional, de donde se establece que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite u ordena. De este análisis podemos concluir que el gobernador del Estado no tiene facultades para intervenir en el funcionamiento interno del Congreso, ni para calificar su procedimiento de elaboración de las leyes y menos aún para negarse a terminar con la parte del proceso legislativo que le corresponde al no llevar a cabo el acto de publicación del decreto citado con antelación, decreto que como ya ha quedado consignado en párrafos anteriores, había sido vetado por el Ejecutivo, sin tener éste la posibilidad de un segundo veto. 4. Con el acto impugnado se viola lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, que señala lo referente a la división de poderes bajo la misma línea de ideas de los artículos arriba citados. De los enunciados preceptos se percibe la violación al orden constitucional, al invadirse la esfera de atribuciones del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo, situación que resulta contraria a los principios de división de poderes y federalismo reconocidos en nuestra Constitución Federal; actuar con voz y voto de los órganos decisorios del Poder Legislativo, situación que no se reconoce en nuestro derecho. Para precisar lo anterior, se cita la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’. La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, ejerzan funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro poder. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución Federal de la República es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, puedan motu proprio tener facultades que corresponden a otro poder y que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso a uno de los poderes en quien se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea válido desde el punto de vista constitucional que uno de los Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que les son exclusivas, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos señalados indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta. Del criterio invocado es notorio que el gobernador del Estado no puede atribuirse la facultad de juzgar el procedimiento interno que se llevó a cabo dentro del Congreso del Estado en el que se realizó el segundo estudio sobre el Decreto 33 y, por ende, tampoco para negarse a publicar dicho ordenamiento legal a fin de que adquiera definitividad, pues esta atribución no le es otorgada por una ley reglamentaria ni por la Constitución. Por tanto, no tiene una norma legal en que sustentar la posición por él asumida. Si bien el gobernador tiene la facultad de iniciar leyes y de cuidar y expedir las órdenes necesarias para el debido cumplimiento de la Constitución Federal, la Local y las leyes que emite la Legislatura Estatal, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, lo anterior no implica que tenga facultades para juzgar el procedimiento interno legislativo, pues ninguna ley le otorga expresamente dicha facultad. Tampoco tiene facultad para negarse a completar el proceso legislativo a través de la publicación del decreto a él enviado, en virtud de que incluso la Constitución Local en su artículo 32 se lo establece como una obligación, de tal suerte que viola dicho precepto con el acto por él efectuado y que es motivo de nuestra demanda. Por tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política Local, el Ejecutivo no puede realizar por segunda vez observaciones a una ley o decreto que le remita el Legislativo, ya que de hacerlo constituiría una intromisión en la función objetiva y subjetiva del órgano, pues el conjunto de atribuciones propias de cada poder constituye su competencia y el Ejecutivo, en el asunto planteado, mediante su negativa de publicar el Decreto 33 invade la competencia de otro poder, es decir, hace uso de acciones que no le corresponden, originándose así el conflicto de la esfera de competencia, por lo cual se pide la intervención de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este particular, basándose en lo establecido por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe tenerse siempre presente que el principio de división de poderes ideado por Montesquieu tiene su esencia en su famosa frase que dice: ‘Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder detenga al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18600-97415666/leyes-o-decretos-el-titular-del-poder-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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