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DIVISIÓN DE PODERES. EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 21 DE JULIO DE 2003, RESPETA ESE PRINCIPIO. DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2003. · Registro digital (IUS): 18948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 922.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de marzo del año dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado en la Oficina de Correos en Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, el cuatro de septiembre de dos mil tres y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho del mismo mes y año, Felipe González González, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Ejecutivo, promovió controversia constitucional en la que demandó de la autoridad que a continuación se señala, la invalidez de la norma general que también se menciona:

"Las entidades, poderes u órganos demandados y sus domicilios: A) El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política Local de Aguascalientes, se deposita en el Congreso del Estado, con domicilio en Plaza de la Patria 109, Oriente, zona Centro de aquella ciudad. B) El Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, con domicilio en la Plaza de la Patria s/n, de la zona Centro de la ciudad de Aguascalientes. C) El Ayuntamiento del Municipio de Asientos, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Asientos, Aguascalientes. D) El Ayuntamiento del Municipio de Calvillo, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Calvillo, Aguascalientes. E) El Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Jesús María, Aguascalientes. F) El Ayuntamiento del Municipio de Rincón de Romos, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes. G) El Ayuntamiento del Municipio de San Francisco, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de San Francisco de los Romos, Aguascalientes. H) El Ayuntamiento del Municipio de El Llano, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de El Llano, Aguascalientes. I) El Ayuntamiento del Municipio de Cosío, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Cosío, Aguascalientes. J) El Ayuntamiento del Municipio de Tepezalá, con domicilio conocido en la zona Centro de la cabecera municipal de Tepezalá, Aguascalientes. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado: Decreto Número 101, que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Con fecha 21 de julio de 2003, se publicó la reforma a los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 2. En atención a que las normas generales contenidas en el Decreto 101 son contrarias al Texto Constitucional Federal, es que surge la necesidad de plantear esta demanda de controversia constitucional."

TERCERO. El concepto de invalidez que hace valer la parte actora es el siguiente:

"Único concepto de invalidez. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Por su parte, el Decreto Número 101, que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, prevé lo siguiente: ‘Aprobada una iniciativa de ley o decreto por el Congreso del Estado, pasará al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer o transcurrido el plazo sin haberlas hecho, lo publicará dentro de los diez días hábiles siguientes. En caso contrario, el Congreso del Estado ordenará su publicación. ... La iniciativa de ley o decreto vetada total o parcialmente por el Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso del Estado, quien deberá discutirlo de nuevo y si fuere confirmado o aceptadas las observaciones por el voto de las dos terceras partes del número total de los diputados, la iniciativa será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación dentro de los diez días hábiles siguientes al de su recepción; de no hacerlo, el Congreso del Estado ordenará su publicación.’. Así, resulta contrario al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma a los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Local, en tanto, mediante ellas se otorga la facultad del Congreso del Estado para ordenar motu proprio la publicación de una iniciativa de ley o decreto cuando el Ejecutivo no publica la ley. La importancia de la publicación de la ley se justifica por varias razones, la primera de ellas es porque se trata de la difusión de forma oficial, la segunda, porque es condición necesaria de juridicidad, es decir, antes de la publicación, tenemos un texto legal, pero ello no es aún un texto jurídico; todavía no se ha creado derecho. Al ser publicado, el documento que previamente era ya un cuerpo legal se convierte en derecho, concretamente, se convierte en un texto jurídico que se incorpora al ordenamiento jurídico. La publicación de un cuerpo legal, además de convertir a éste en un cuerpo jurídico, también convierte en jurídicos a todos los enunciados contenidos en él, y una tercera, es porque la función de la publicación de la ley es precisamente la de dar a conocer directamente a los ciudadanos el contenido de ésta. La publicación de la ley -como última etapa del proceso de creación del derecho- ha sido encomendada al Poder Ejecutivo, por lo cual encontramos aquí -en un primer acercamiento- que el Decreto 101 deberá ser analizado desde la teoría de la división de poderes, la cual es aceptada para las entidades federativas desde el artículo 116 constitucional. En efecto, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Como anota, Arteaga Nava, Elisur en su libro Derecho Constitucional, de México, Oxford University Press, 1998, página 36, la fórmula de la división de poderes o funciones que consagra nuestra Constitución, apunta a cuatro objetivos principales: 1. Atribuir en forma preferente una función a uno de los tres poderes, sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta forma de actuar en ella; 2. Que se permita la posibilidad de que los poderes neutralicen unos a los otros; 3. Que se dé entre ellos una forma de colaboración o cooperación de la que derive la cumplimentación o perfeccionamiento del acto; y 4. Establecer mecanismos por virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la acción de los otros. Sin embargo, de ninguno de los objetivos antes anotados, se desprende que uno de los poderes esté inserto dentro del otro, esto es, que pueden tener acciones de colaboración, de coordinación, de vigilancia, pero no de intromisión en la función objetiva y subjetiva del órgano, de tal suerte que se dé la posibilidad de que dos poderes se encuentren en uno sólo. Así, el artículo 116 de la Constitución Federal plantea un sistema de colaboración entre las ramas del poder, o sea que las dos o las tres ramas del poder realizan parte de la misma facultad o función. Y es precisamente este precepto el fundamento y la medida de las relaciones entre los poderes de las entidades federativas, de modo que el Legislativo no puede intervenir en el Ejecutivo en la publicación de la ley por carecer de apoyo constitucional, esto es, que las atribuciones de un poder local respecto de los otros se encuentran limitativamente previstas en la Constitución Federal y al no estar en ésta no puede un legislador local excederse de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal, relativas a las facultades y deberes de cada poder, porque su facultad de legislar debe salvaguardar el principio de división de poderes y el de autonomía de cada uno y regulando, en detalle, las facultades y obligaciones que a cada poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones u obligaciones que no estén consignadas en la misma. No debe pasarse por alto el pensamiento de John Locke ‘para la fragilidad humana la tentación de abusar del poder sería muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas; porque podrían dispensarse entonces de obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a su interés privado, haciéndola y ejecutándola a la vez, y, en consecuencia, llegar a tener un interés distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado’. Asimismo añade: ‘Cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados, no hay libertad, no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo; todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo ejerce los tres poderes ...’. Así, en un sistema democrático como lo es el nuestro, todos los órganos del Estado, deben actuar conforme al Texto Fundamental, es decir, dentro de la órbita competencial que les asigna y según sus disposiciones, de tal suerte que el principio de la división de poderes enseña que cada una de las funciones, como lo son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, se deben ejercer separadamente por órganos estatales diferentes, de tal manera que su desempeño no se concentre un uno solo, como sucede en los regímenes monárquicos absolutistas o en los autocráticos o dictatoriales. Con lo anterior, no se quiere decir que exista una independencia, sino que hay una interdependencia, esto es, que existe una vinculación recíproca, pero esta vinculación tiene sus reglas desde la Constitución Federal, precisamente en el artículo 116 constitucional, y en éste, no se establece la posibilidad de que la publicación de la ley sea ordenada por el Legislativo. Tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: ‘El presidente de la República está legitimado para recurrir fallos que amparan contra la expedición y promulgación de una ley, en nuestro sistema constitucional, sin quebranto del principio fundamental de división de poderes, el Ejecutivo tiene intervención en la elaboración de las leyes a través de su derecho de iniciativa y de veto. La promulgación y publicación corresponde al Ejecutivo y son imprescindiblemente necesarias para que la ley pueda tener vida y observancia; de donde se deduce que la autoridad legislativa no tiene propiamente el carácter de ordenadora sino de creadora del derecho, del conjunto de normas abstractas y generales que distan de ser órdenes concretas e individualizadas.’. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, Tomo CXV. Pág. 973."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 116 y 133.

QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 78/2003 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.

Por auto de veintidós de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda; teniendo únicamente como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a quien ordenó emplazar, y no así a los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Rincón de Ramos, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, San José de García, El Llano, Cosío y Tepezalá, todos de la misma entidad; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al formular contestación de demanda, manifestó, en síntesis, que la adición al artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes no viola el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que debe tomarse en cuenta que este principio no es tajante ni rígido, sino flexible y opera sobre la base de la colaboración entre poderes.

Que la adición constitucional impugnada tiene como propósito el objetivizar y dar certeza jurídica con la publicación de una ley cuando el Poder Ejecutivo no cumpla con el deber de promulgarla y publicarla, la cual es elaborada con apego al procedimiento legislativo; de tal suerte que no hay invasión a la esfera competencial del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la tesis jurisprudencial publicada con el rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA DE CARÁCTER FLEXIBLE."

Que el sistema para la publicación de normas generales que se adoptó con la adición al precepto controvertido, no viola o altera la etapa final del procedimiento legislativo, puesto que de ninguna forma restringe al Poder Ejecutivo Local el derecho de veto y la facultad de publicación de normas, sólo se implementa un plazo para que se realicen esas facultades y, de no hacerlo, el Congreso Local ordenará su publicación; sistema éste que fue retomado del que se encuentra previsto en el artículo 72 de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. El procurador general de la República externó, en síntesis:

1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional.

2. Que la demanda fue presentada oportunamente.

3. Que el gobernador del Estado de Aguascalientes cuenta con legitimación para promover la controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de la entidad.

4. Que la reforma a los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en cuanto prevé que en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo Local se niegue a ejercer la facultad de publicar las leyes o decretos, lo podrá ordenar directamente el Congreso del Estado, no viola el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que como lo ha interpretado este Alto Tribunal, dicho principio es de carácter flexible y no rígido, permitiendo así la colaboración de poderes para la realización de determinados actos e, inclusive, en el mismo procedimiento legislativo.

Que de acuerdo a lo anterior, el Órgano Reformador de la Constitución de Aguascalientes puede, válidamente, consignar en la propia Constitución Estatal, a favor de la Legislatura Local, la atribución de publicar las normas expedidas, con el fin de hacer efectivo el procedimiento legislativo; así, el Congreso del Estado no se arrogó esa atribución, sino que se la otorga la misma Constitución y únicamente en forma excepcional, esto es, cuando el gobernador se abstenga de publicar las leyes o decretos dentro de los plazos establecidos para ello, con el fin de culminar el procedimiento legislativo.

5. Que toda vez que con la reforma a los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes no se transgrede el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, de igual forma no se vulnera el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 del Pacto Federal.

OCTAVO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

En virtud de que el Ministro designado como instructor para conocer de este asunto concluyó en su encargo como integrante de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de dos de marzo de dos mil cuatro, el presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien correspondió fungir como instructora del procedimiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes y el Poder Legislativo de la misma entidad.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

El oficio por el que se promovió este asunto se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, como se advierte del sello que aparece en el sobre que obra agregado en la foja once de este expediente, por tanto, su oportunidad deberá analizarse conforme al artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra indica:

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

En relación con el precepto transcrito, el Tribunal Pleno ha sostenido el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2002, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo XV, abril de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."

En el caso, el depósito de la demanda se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, como se desprende del sobre mencionado, en el que aparece el número de registro, al que le correspondió el 9863, con lo que se cumple el primer requisito a que alude el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.

Asimismo, del análisis del sobre en comento se advierte que el oficio relativo a la presente controversia se depositó en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, lugar de residencia de la parte actora, por lo que es de concluirse que también se cumple con el segundo requisito que impone el artículo 8o. de la ley reglamentaria, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Resta ahora determinar si el depósito se hizo dentro del plazo legal que para la presentación de la demanda de controversia constitucional prevé el artículo 21 de la ley reglamentaria.

Es conveniente destacar que en la presente vía se impugnó el Decreto Número 101, expedido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, que contiene las reformas a los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es decir, se trata de una norma de carácter general.

Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, tratándose de normas generales, la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional prevé:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

De acuerdo con la disposición legal transcrita, el plazo para promover la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

Atento a lo anterior, en el presente caso, para el efecto de la oportunidad de la demanda debe estarse únicamente a la fecha de su publicación, por impugnarse con motivo de ésta, lo cual ocurrió el lunes veintiuno de julio de dos mil tres, según se desprende de la edición del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de la fecha indicada; por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, transcrito, el plazo de treinta días para la promoción de la demanda, considerando que cuando ésta se presentó este Alto Tribunal se encontraba en receso del primer periodo de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la ley reglamentaria de la materia, transcurrió a partir del viernes primero de agosto de dos mil tres y concluyó el jueves once de septiembre del mismo año, descontándose del cómputo respectivo los sábados dos, nueve, dieciséis, veintitrés, treinta de agosto y seis de septiembre; los domingos tres, diez, diecisiete, veinticuatro, treinta y uno y siete de septiembre, todos de dos mil tres, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si la demanda se depositó en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano, el cuatro de septiembre de dos mil tres, como se desprende del sello de recepción que aparece en el sobre antes descrito, debe concluirse que fue presentada oportunamente.

TERCERO. Por constituir un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción, procede analizar, a continuación, la legitimación de la parte promovente de la controversia constitucional.

Los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia, disponen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

Conforme a los preceptos legales reproducidos, tiene el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, que en la especie lo es el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, el que deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlo.

Ahora bien, suscribe la demanda de controversia constitucional Felipe González González, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, lo que acredita con el ejemplar del volumen número cuarenta y dos del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el que aparece la publicación del Decreto Número 148, por el que la Legislatura Local declaró la validez de la elección de gobernador del Estado, y quien obtuvo el triunfo fue el ahora signante de la demanda, para ocupar el cargo por el periodo comprendido del primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al treinta de noviembre de dos mil cuatro (foja nueve del expediente).

El artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece lo siguiente:

"Artículo 32. El Poder Ejecutivo se deposita en un individuo que se denominará gobernador del Estado."

De acuerdo con la disposición constitucional transcrita, debe interpretarse que si el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes se deposita en el gobernador, éste se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia en representación de aquél.

CUARTO. A continuación se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada, en atención a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que resultare fundada.

Conviene recordar que la autoridad demandada en esta vía es el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

En el caso, quienes suscriben la contestación de demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes son los diputados Luis Santana Valdés y Norma Esparza Herrera, en su carácter de presidente y primer secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, personería que acreditan con la certificación del acta de sesión celebrada el treinta de julio de dos mil tres, por el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura de dicha entidad, en la que se designó a su mesa directiva, y en la que aparece que los signantes fueron electos en los cargos mencionados para fungir en el periodo comprendido del primero de agosto al catorce de noviembre del mismo año (foja cuarenta y cuatro de autos).

El artículo 50, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes prevé:

"Artículo 50. Quien ocupe el cargo de presidente de la mesa directiva, será a su vez el presidente del Congreso del Estado durante el periodo de sesiones, tiene las siguientes atribuciones:

"...

"XVIII. Representar legalmente al Congreso del Estado y delegar dicha representación en la persona o personas que resulte necesario, para lo cual podrá otorgar y revocar poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas a los servidores públicos de las unidades administrativas que por la naturaleza de sus funciones les correspondan."

De acuerdo con el precepto legal reproducido, la representación legal del Congreso del Estado de Aguascalientes recae en el presidente de su mesa directiva, quien al formular la contestación de demanda lo era el diputado Luis Santana Valdés, por tanto, sí cuenta con legitimación para comparecer en la presente controversia, no así el primer secretario de la citada mesa directiva, quien también suscribió el oficio de contestación de demanda.

Asimismo, debe considerarse que el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que se le imputa la emisión de la norma general cuya invalidez se demanda, aunado a que es un órgano de los contemplados en la ley reglamentaria de la materia para intervenir como tales en las controversias constitucionales.

QUINTO. Toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento alguno, ni este Alto Tribunal lo advierte, se pasa al estudio de la cuestión controvertida.

Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer referencia a sus antecedentes, en atención a que la presente controversia constitucional 78/2003 guarda relación con la diversa controversia constitucional 84/2003, resuelta el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro por el Pleno de este Alto Tribunal.

1. El artículo 32 de la Constitución

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18948-b7520e69/division-de-poderes-el-articulo-32-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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