AYUNTAMIENTOS. EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ LA SUPLENCIA DE SUS INTEGRANTES, VIOLA EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO EL DIVERSO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN LVIII; 38, FRACCIÓN V; 84 Y 85 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE PREVÉN EL MECANISMO PARA LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE SU TITULAR, NO VIOLAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS COMO ESTRATÉGICOS. SON CONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN V, Y 79 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE SEÑALAN QUE PARA SU CONCESIÓN LOS AYUNTAMIENTOS REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA. SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONES MUNICIPALES. PARA QUE SU PRESTACIÓN O EJERCICIO SEAN TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBE EXISTIR SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO, APROBADA CUANDO MENOS POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2003. MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil cinco.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enriqueta Elvira Martínez Apolinar, en su carácter de síndico procurador del Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"II. Nombre y domicilio de la entidad, poder u órgano demandado. Tienen tal carácter el H. Congreso del Estado de Aguascalientes a través de la LVIII Legislatura, con domicilio bien conocido en su recinto oficial que se encuentra en la Plaza de la Patria s/n de la ciudad de Aguascalientes, Ags. y el C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, quien tiene domicilio bien conocido en el recinto oficial que se encuentra en Palacio de Gobierno ubicado en Plaza de la Patria s/n de la ciudad de Aguascalientes, Ags.
"...
"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. Lo es el Decreto Número 37 de fecha 30 de julio del año 2003, promulgado el 26 de septiembre del año en curso, y que contiene la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes con fecha 6 de octubre del año 2003, y que su emisión corresponde al Congreso del Estado de Aguascalientes a través de la CVIII Legislatura.
"Y en los términos del artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se impugna desde luego la promulgación y publicación de la norma precitada a cargo del C. Gobernador Constitucional del Estado, con todas sus consecuencias legales."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron los antecedentes del caso que se estimaron oportunos y se expusieron los siguientes conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
La Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que se impugna establece una serie de imposiciones que corresponden solamente a la competencia municipal, por lo que contraviene la voluntad del Constituyente contenida en los artículos 115 y 16 de la Norma Fundamental.
En efecto, la norma general cuya invalidez se demanda se encuentra expedida con un evidente exceso en las facultades que el Constituyente Permanente otorga a las Legislaturas de los Estados para legislar en materia municipal, pues no puede ser expedida conforme a derecho una ley que, pretendiendo ajustarse a lo dispuesto por la fracción II del artículo 115 constitucional, vaya más allá, en detrimento del pretendido fortalecimiento de las capacidades reglamentarias cuasi-legislativas o materialmente legislativas de los Ayuntamientos.
No debe perderse de vista que la reforma al artículo 115 constitucional del año de 1999 creó la figura de las leyes estatales en materia municipal con el propósito de delimitar el alcance y contenido de las mismas. Ello precisamente con la intención de ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios. Por tanto, fue intención del Constituyente Permanente acotar los contenidos de las leyes municipales expedidas por los Congresos Locales, a fin de fortalecer la vida municipal y, con ello, su autonomía.
Efectivamente, las leyes estatales en materia municipal a las que se refiere la fracción II del artículo 115 constitucional tienen un objeto limitado que no debe rebasar los incisos a) a e) establecidos en esa fracción, para así propiciar el fortalecimiento de la actividad reglamentaria municipal. Dicho de otro modo, la vida municipal, a partir de la reforma, deberá ser normada en todas las actividades que constitucionalmente competen a los Municipios, a través de los reglamentos que al efecto expidan los Ayuntamientos Municipales.
En ese sentido, la norma que se impugna no tiene en lo absoluto la naturaleza de una ley estatal en materia municipal, que se limite a establecer las bases de actuación de carácter general a la administración municipal, sino por el contrario, determina en concreto cómo debe actuar la autoridad municipal.
En suma, se trata de una ley que se aparta del objeto que constitucionalmente debiera tener, que invade la autonomía municipal en detrimento de la facultad reglamentaria del Ayuntamiento, y que no cumple con las directrices que le imponen la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Bajo las condiciones anotadas, enseguida se procede a particularizar las violaciones al orden constitucional que con la expedición de la norma impugnada se le causan al Municipio de Aguascalientes:
1. Los artículos 36, fracción LVIII, 38, fracción V, 84 y 85 que, en esencia, establecen que el titular de la Policía Preventiva Municipal y de Tránsito será nombrado por el Ayuntamiento de entre la terna de candidatos que proponga el presidente municipal y que su remoción es facultad del Ayuntamiento, son contrarios a la Norma Fundamental, por lo siguiente:
En primer término, porque parecen ir en contra de lo señalado en los artículos 38, fracción XIV, que establece que es facultad del presidente tener bajo su mando a los cuerpos de seguridad pública y nombrar y remover a los jefes y agentes de la Policía y Tránsito del Ayuntamiento, y 83, que dice que la Policía Preventiva Municipal estará al mando del presidente municipal, quien será el jefe inmediato de los cuerpos de Policía Preventiva. En efecto, es un contrasentido decir que el presidente municipal tiene bajo su mando a la Policía Preventiva Municipal y que tiene facultades para nombrar a los jefes de policía (entre ellos al titular), cuando en las disposiciones combatidas se señala que sólo puede proponer una terna al Ayuntamiento para que sea éste quien haga el nombramiento.
Pero independientemente de ello, los preceptos combatidos van en contra de lo que establece la fracción VII del artículo 115 constitucional, porque conforme a ella, la policía municipal estará al mando del presidente municipal, lo que comprende no sólo la facultad de nombrar, sino también la de remover libremente a su titular.
Desde luego, los casos del tesorero municipal y del secretario del Ayuntamiento, por razón de sus funciones, deben ser necesariamente nombrados por el órgano colegiado, pero tal situación no puede comprender al titular de la Policía Preventiva, pues el mando de ella le compete al presidente municipal, y sólo a éste le corresponde efectuar su nombramiento y, en su caso, su remoción.
Los preceptos combatidos son contrarios también al esquema de seguridad pública contemplado en los artículos 21 constitucional y 458, 464 y 465 del Código Municipal de Aguascalientes (sic), que le otorgan plenas facultades al presidente municipal en cuanto al mando, designación y remoción de los órganos de la Policía Preventiva Municipal.
De lo anterior se desprende que los preceptos combatidos se extralimitan del marco que establece la Constitución Federal al que deben ceñirse, pero además, invaden la esfera de competencia reglamentaria que corresponde única y exclusivamente al presidente municipal, pues es a él a quien compete el mando de la Policía Preventiva Municipal y quien, por tanto, tiene a su cargo la facultad de nombrar y remover a su titular.
2. El artículo 38, fracción XVIII, que señala que el presidente municipal deberá expedir a la Tesorería Municipal las órdenes de pago que sean conforme al presupuesto aprobado, firmando en unión del regidor del ramo respectivo, con responsabilidad penal y pecuniaria de ambos funcionarios si autorizasen algún gasto no previsto en dicho presupuesto, es contrario a lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo 115 de la Constitución Federal.
Ello es así porque las disposiciones que tengan que ver con la interacción del encargado de la administración municipal con las demás dependencias no pueden ser determinadas en lo absoluto por el Congreso del Estado, pues será en todo caso más adelante, al fiscalizar el manejo de los recursos económicos que realizan los Ayuntamientos, cuando se proceda a la revisión de las cuentas públicas que le corresponde realizar al Poder Legislativo Local.
3. El artículo 46, que establece el régimen de suplencias del presidente municipal, de los síndicos y de los regidores, es igualmente violatorio de lo dispuesto en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello es así porque, contrario a lo que señala el precepto impugnado, las faltas temporales de los miembros del Cabildo y, en específico, las del presidente municipal, deben ser cubiertas por el suplente respectivo y no por otro funcionario propietario del Cabildo, como incorrectamente lo establece dicho precepto.
Esto se confirma con lo que señala la propia Constitución del Estado de Aguascalientes en su artículo 66, el cual dispone que por cada presidente municipal, regidor y síndico, se elegirá un suplente para que cubra las faltas temporales o absolutas del propietario correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes.
En efecto, la deficiente redacción del precepto impugnado resulta violatoria de la fracción I del artículo 115 constitucional, ya que se ignora por el Poder Legislativo demandado que una de las razones por las cuales dentro de una planilla registrada ante los organismos electorales, y que resulta electa por voto directo, tiene miembros del Ayuntamiento propietarios y suplentes, es para que sean estos últimos quienes, en primera instancia, ocupen los cargos que por alguna razón se vean impedidos para desempeñar quienes toman protesta como propietarios.
Aunado a lo anterior, en el Municipio de Aguascalientes el presidente municipal es a la vez primer regidor propietario, tal como se acredita con la constancia de mayoría que se adjuntó a la demanda de controversia constitucional.
4. Los artículos 55, 61, 62, fracción I, incisos a) y b), y 63 transgreden lo dispuesto en la fracción I, inciso b) (sic) del artículo 115 de la Constitución General de la República porque, contrario a lo que establece esta disposición constitucional, los preceptos impugnados prohíben las donaciones de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, excepto cuando se trate de la realización de obras de beneficio colectivo, establecen las características que debe tener el dictamen de transmisión de propiedad o posesión de un inmueble del Municipio, señalan que los Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes requieren de autorización del Pleno del Poder Legislativo Local para enajenar, donar o realizar cualquier acto, contrato o convenio que transmita la propiedad o posesión de los bienes inmuebles del Municipio cuando el acto sea a favor de personas físicas o morales de derecho privado, o de personas morales de derecho público cuyo fin sea de utilidad pública y, por último, disponen que los Ayuntamientos deberán enviar la solicitud de autorización para realizar los actos señalados y acompañarse con los documentos y justificaciones necesarios y, en su caso, del dictamen técnico correspondiente.
Lo anterior es así, porque la disposición constitucional citada es suficientemente explícita por cuanto se refiere a la necesidad de obtener el acuerdo de la mayoría calificada entre los miembros del Ayuntamiento, cuando éstos dicten resoluciones que afecten su patrimonio inmobiliario, y es claro que las bases normativas en materia municipal que pueden expedir las Legislaturas de los Estados no pueden contrariar en modo alguno lo dispuesto por la Norma Fundamental, ni tampoco imponer mayores requisitos que los que la propia Constitución Federal establece.
Bajo las condiciones anteriores, resulta una aberración jurídica el que los Ayuntamientos se vean impedidos para realizar actos traslativos de dominio, concretamente donaciones, pues de la manera en que se consignan en la ley impugnada las limitaciones al respecto se pone de manifiesto la voluntad de la legislatura de sustituirse en las decisiones que válidamente puede tomar el Ayuntamiento.
Aunado a lo anterior, resulta violatorio también del orden jurídico local la exigencia de obtener autorización del Congreso del Estado para realizar los actos a que se refiere la norma general impugnada, pues el artículo 68, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, sólo establece el requisito de contar con una mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento para tomar decisiones que afecten su patrimonio inmobiliario.
La violación al orden constitucional se hace patente, ya que aparte de imponer la obligación para el Ayuntamiento de solicitar autorización para concertar, por ejemplo, arrendamientos o comodatos que transfieran la posesión de bienes municipales a personas físicas o morales, los preceptos impugnados adicionalmente establecen los requisitos que debe contener el dictamen que se remita al órgano demandado para solicitar la autorización correspondiente.
Esto resulta jurídicamente inadmisible, debido a que el Congreso del Estado, conforme a lo que dispone el artículo 115 constitucional, no puede establecer mayores requisitos que la mayoría calificada del Ayuntamiento para realizar tales actos, ni tampoco se encuentra facultado para definir las características que debe contener el dictamen correspondiente para que los propios miembros del Ayuntamiento tomen, con la mayoría citada, la decisión correspondiente.
Es necesario precisar que sólo el Ayuntamiento, en ejercicio pleno de la facultad reglamentaria, puede definir cuáles son los requisitos que debe contener un dictamen, que sobre disposición de inmuebles corresponde hacer a su mayoría calificada.
Las normas impugnadas producen también una violación indirecta al artículo 16 de la Constitución Federal, ya que se trata de un acto de molestia que, conforme a lo expuesto, hace que la norma impugnada carezca de la fundamentación y la motivación debidas.
Las normas cuya inconstitucionalidad se demanda no tienen respaldo constitucional, pues provienen de un órgano legislativo que se irrogó facultades que no le corresponden para expedirla, además de que la materia que pretenden regular no se ajusta a lo que tales normas debieran contemplar de acuerdo con el mandato de la propia Carta Magna, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad.
Violaciones como la que se pone aquí de manifiesto han quedado superadas a través del pronunciamiento del Alto Tribunal, contenido en la jurisprudencia que lleva por rubro el siguiente: "BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)."
Por último, debe señalarse que en el caso en cuestión el Municipio de Aguascalientes expidió, desde el primero de octubre de dos mil uno, el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal, apoyándose en la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido.
Dicho reglamento establece los mecanismos a través de los cuales la mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento pueden proceder a la autorización de actos jurídicos respecto de los bienes del Municipio, la forma en que se verifica la desincorporación de dichos bienes del dominio público, las características que deben contener los dictámenes que al efecto prepare el área técnica del Ayuntamiento para poder someter a éste la adquisición o enajenación de bienes, etcétera.
Todo lo anterior pone de manifiesto que el Congreso del Estado ha violado la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y, como consecuencia directa, se ha entrometido en el ámbito reglamentario de este Municipio.
5. Los artículos 62, fracción V y 79 que establecen la obligación de que el Ayuntamiento cuente con autorización del Pleno del Poder Legislativo para concesionar los servicios públicos considerados como estratégicos, de conformidad con el artículo 150 de la misma ley impugnada, y que asimismo disponen que para concesionar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales se tendrá que obtener la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, son igualmente inconstitucionales.
En efecto, no existe base jurídica para imponer al Ayuntamiento la obligación de solicitar autorización al Congreso del Estado para concesionar servicios públicos, ni los que se consideren estratégicos o los que reciban otra denominación, pues es un hecho que el artículo 115 constitucional no establece prevención alguna a ese respecto. Para lo que sí debe intervenir el órgano legislativo es para autorizar la asociación de Municipios de un mismo Estado para la prestación de servicios públicos, o de diferentes Estados, pero no para concesionar servicios públicos.
Además, la remisión que hace la fracción V del artículo 62 al diverso artículo 150 de la misma ley es por demás desafortunada, debido a que esta última disposición no se refiere a los servicios públicos que se consideran como estratégicos, sino que se ocupa de enunciar las bases de carácter general, a las que debe sujetarse el ordenamiento de las concesiones que llegare a otorgar el Ayuntamiento.
Aunado a lo anterior, es evidente que la norma que se tilda de inconstitucional se olvida de considerar que la seguridad pública en realidad es una función, y que dentro del orden jurídico constitucional es competencia exclusiva del Municipio desempeñarla, por lo que no existe prevención alguna dentro de la Constitución Federal que sirva de base para que la Legislatura del Estado que se demanda pueda imponer alguna condición al Municipio actor, cuando por la naturaleza de la función está descartado que pudiera transmitirla vía concesión a particulares.
6. El capítulo segundo del título primero de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, que se refiere a la suspensión de Ayuntamientos, a la declaratoria de que han desaparecido y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, es igualmente inconstitucional.
Existe incongruencia e inobservancia del orden constitucional tanto local como federal, toda vez que no se establece un procedimiento y causas de procedencia exclusivas para la revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, siendo que el Congreso del Estado cuenta con la competencia requerida para legislar de manera exhaustiva sobre la materia, sin necesidad de remitir a la Ley de Responsabilidades Administrativas, tal como se regula en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
En efecto, el Congreso del Estado tiene facultad para legislar atendiendo a la naturaleza de las figuras jurídicas de juicio político y de revocación de mandato buscando un sistema adecuado, debido a que también existe como derecho positivo vigente la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 70 Constitucional, misma que no fue abrogada de manera expresa por alguno de los artículos transitorios de la ley municipal impugnada, no obstante que con toda falta de técnica legislativa en el artículo tercero transitorio de la ley que aquí se impugna se establece que se derogan las disposiciones que se opongan a dicho cuerpo normativo.
Esto es, el legislador local confunde las causas graves con faltas administrativas, a más de que contradice lo que dispone el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 70 Constitucional.
Y es que la norma que se impugna no puede establecer como causas para revocar el mandato a alguno de los miembros del Ayuntamiento cuestiones diversas a las que una ley reglamentaria de una disposición de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes ya consigna con claridad.
Se hace notar que los cambios a la Constitución del Estado de Aguascalientes ubican ahora la materia municipal dentro de los artículos 66 a 72, pero el contenido de la norma mencionada se refiere precisamente a la tramitación de los supuestos normativos en los cuales se puede proceder a suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por una o varias causas graves que previene dicha ley.
Luego, es evidente que al extralimitarse el órgano demandado en las atribuciones que debiera ejercer respecto a la expedición de una ley estatal en materia municipal rebasa el límite a que debe contraerse, es decir, a establecer bases generales a través de las cuales debe desarrollarse la administración municipal, e invade con ello la esfera de competencias de los órdenes jurídicos.
TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Por auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de seis de noviembre de dos mil tres, se ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 104/2003 y turnarlo al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a quien le correspondió actuar como instructor.
QUINTO. Mediante auto de siete de noviembre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda, mandó emplazar y requerir a las autoridades demandadas a efecto de que contestaran la demanda y se dio la vista correspondiente al procurador general de la República.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes al contestar la demanda, sustancialmente, manifestó que:
De la demanda de controversia constitucional se desprende que, en realidad, lo que se reclama del suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes es la promulgación y la correspondiente publicación de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
Son ciertos dichos actos.
No obstante, e independientemente de que sean ciertos los actos impugnados, en nada conculcan los derechos del Ayuntamiento actor, ya que tanto la promulgación como la publicación se dan únicamente en acatamiento al sistema jurídico federal y al del propio Estado.
Por último, aun cuando el artículo 19 in fine de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las causas de improcedencia deberán estudiarse de oficio, con fundamento en el propio artículo 19 y en el diverso 20, fracción II, y en los demás correlativos de dicha ley, desde este momento solicito el análisis de todo lo actuado con el fin de que se determine si existe alguna causa de improcedencia del presente juicio.
SÉPTIMO. La Legislatura Estatal de Aguascalientes contestó medularmente que:
Es falso que el Congreso del Estado haya invadido la facultad reglamentaria del Municipio actor, en razón de que esta legislatura sí cuenta con la competencia para legislar en materia de Municipios.
La parte actora menciona que la ley emanada del Congreso viola las disposiciones del artículo 16 constitucional, lo cual es falso, en virtud de que la ley impugnada cumplió con los requisitos y formalidades para su elaboración, a más de que es de explorado derecho que una ley no se funda ni motiva de la misma manera como se hace en los demás actos emanados del poder público.
1. Es falso que se vulnere la facultad de mando del presidente municipal en relación a la Policía Preventiva Municipal por el hecho de que en la ley emitida por el Congreso del Estado se señale, dentro del artículo 85, un procedimiento para hacer la designación del titular de dicha corporación policiaca, en virtud de que las facultades de mando del presidente municipal quedan intactas; únicamente se busca hacer la elección del ciudadano más idóneo para el cargo, en beneficio de la sociedad, además, la terna será elaborada por el primer regidor del Ayuntamiento, quedando el mando del cuerpo de policía en manos del presidente municipal en términos de la fracción VII del artículo 115 constitucional.
Lo cierto es que la actora confunde la facultad constitucional de mando que tiene el presidente municipal, respecto de la Policía Preventiva Municipal, con la facultad de nombramiento, siendo que ambas facultades son distintas.
2. Por otro lado, el Congreso del Estado de ninguna manera se excede en sus funciones contraviniendo las bases normativas que establece la Constitución, en lo que respecta al ámbito reglamentario del Municipio, ya que lo único que establece la actual legislatura es la protección al patrimonio municipal, limitando los posibles excesos presupuestales en que pudieran caer las dependencias, lo cual constituiría una afectación directa al Estado y a la sociedad.
En efecto, el Municipio, para reglamentar, debe apegarse al contenido de las leyes, pues de otra forma estaríamos en presencia de reglamentos autónomos, lo cual vulneraría la constitucionalidad.
3. Si bien es cierto que el artículo 115, fracción I, constitucional señala la forma de sustituir a los miembros del Ayuntamiento cuando éstos hubieren dejado el cargo por alguna razón, dicha norma establece que serán sustituidos por su suplente o según lo disponga la ley. Por tanto, es falsa la aseveración de la actora al decir que el artículo 46 de la ley impugnada vulnera este precepto constitucional, ya que establece el sistema de suplencias para las faltas temporales con apego a una disposición expresa de la Carta Magna.
En efecto, en relación con la forma de suplencia de las faltas de los regidores, es conveniente señalar a la actora que no existe violación alguna al artículo 115, fracción I, constitucional, ya que este artículo establece expresamente, en su párrafo cuarto, que:
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley."
En ese sentido, es claro que la propia Constitución faculta a las legislaturas a establecer los procedimientos para subsanar las faltas temporales de los regidores, con lo cual es claro que sí se respetan las fórmulas electorales que consignan la existencia de un suplente para llenar las ausencias prolongadas del regidor propietario, por las que éste debe entrar en funciones, en la inteligencia de que las faltas mínimas serán subsanadas por los síndicos o los miembros que el Ayuntamiento designe.
Por tanto, esta legislatura actúa en uso de facultades expresas y en congruencia con lo estatuido por nuestra Carta Magna.
4. Es cierto que la ley municipal impugnada señala que el Municipio deberá solicitar e informar al Congreso a fin de efectuar las afectaciones a su patrimonio inmobiliario. No obstante, es del todo incorrecta la apreciación de la parte actora relativa a que estas disposiciones afectan su esfera reglamentaria, sosteniendo lo anterior en el hecho de que el Reglamento del Patrimonio Municipal expedido por el propio Ayuntamiento actor es contrario a la nueva ley emitida por el Congreso. Ello porque, en virtud de los lineamientos básicos de la jerarquía de las leyes, son los reglamentos los que deben ajustarse al contenido de las leyes que han sido emitidas por el órgano competente, además de que éstas son superiores a cualquier reglamento, pues aquéllas constituyen el fundamento de validez de éstos, y sin la ley los reglamentos no tienen validez alguna.
Aunado a ello, debemos hacer notar que de ninguna manera se vulnera la autonomía municipal, ya que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la atribución de los Congresos Locales para autorizar los actos de los Ayuntamientos que tengan por objeto gravar, enajenar y transmitir los bienes que conforman el patrimonio municipal, no contraviene en forma alguna la libre administración de la hacienda municipal, sino que, antes bien, constituye sólo un mecanismo de control tendiente a proteger el patrimonio de los Municipios, tal como se sostiene en la tesis plenaria que lleva por rubro el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS A ENAJENAR, GRAVAR Y TRANSMITIR LA POSESIÓN O DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, PARTICIPACIONES, IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER TIPO DE INGRESOS FISCALES QUE INTEGREN LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL."
En ese sentido, hay que apuntar que la hacienda municipal se conforma con los recursos económicos con los que cuenta el Municipio para cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios públicos que tiene a su cargo, en tanto que si analizamos detenidamente el artículo 115 constitucional que establece que dicha hacienda "... se formará del rendimiento de los bienes, que les pertenezcan, así como, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...", se percibe claramente que no se incluyen los bienes sobre los cuales ejerce dominio el Municipio, sino únicamente sus rendimientos y las contribuciones que les corresponda cobrar.
Por tanto, la libre administración de la hacienda municipal que prevé el artículo 115 constitucional a favor de los Ayuntamientos debe entenderse exclusivamente como la facultad de organizar y ordenar económicamente los recursos del Municipio disponibles y utilizables para proveer la satisfacción de los intereses y las necesidades sociales, sin que ello pueda entenderse como la realización de actos de dominio sobre ellos.
5. Es cierto que el artículo 62 de la ley municipal impugnada señala que el Municipio requiere de autorización del Poder Legislativo para concesionar los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19110-c4f2b6b7/ayuntamientos-el-articulo-46-de-la-ley-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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