DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO SEGUNDO, 38, FRACCIÓN III Y 47 DE LA LEY PATRIMONIAL DE ESA ENTIDAD VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉL. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2000. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de junio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cleto Humberto Reyes Neri, con el carácter de Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de la entidad, contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, los que hizo consistir en la expedición de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, así como su promulgación y publicación en el Periódico Oficial de la entidad, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil.
SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes, en síntesis, los siguientes:
a) Que el nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, diversos diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes presentaron la iniciativa de ley denominada "Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y sus Municipios", la cual tenía como únicos y específicos destinatarios al Poder Ejecutivo y a los Municipios de la entidad.
b) Que el doce de julio de dos mil, la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes, emitió el dictamen aprobatorio de la iniciativa de ley mencionada, el que incluyó como destinatario al Poder Judicial Local.
c) Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes remitió al gobernador constitucional de la entidad, para efectos de su promulgación, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, la que fue publicada en el Periódico Oficial Local el veinticinco de septiembre del año dos mil.
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son, en síntesis, los siguientes:
1. Que a la luz de la división de poderes y del federalismo, consagrados en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía e independencia son los principios rectores de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, los cuales implican la inamovilidad, inmutabilidad salarial y carrera judicial de sus miembros, a fin de proporcionar a los gobernados una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal de la República; sin embargo, señala el actor, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes rompe con tales principios de autonomía e independencia, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
a) El artículo 1o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes establece, en esencia, que dicho ordenamiento legal tiene por objeto regular las acciones relativas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realicen los sujetos de la propia ley, entre ellos, el Poder Judicial del Estado.
b) De los artículos 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 11, párrafo segundo, 36, 37, 38, 42 y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, se advierte que la autorización, disposición y manejo de los recursos presupuestales del Poder Judicial de la entidad, queda en manos del Poder Ejecutivo Local, por conducto de su titular y de sus secretarios de Administración, Desarrollo Social, Finanzas y Contraloría, porque son ellos los que tienen las facultades de decidir cuándo, cuánto, cómo y bajo qué condiciones será utilizado, aplicado e invertido el presupuesto del Poder Judicial del Estado, en materia de adquisiciones de bienes y servicios.
c) La ley impugnada en relación con el Poder Judicial Local, condiciona las licitaciones a la autorización de un Comité de Adquisiciones integrado, entre otros, por representantes de la Secretaría de Finanzas, de la Contraloría General, del Comité de Planeación del Estado y de la cámara o asociación del ramo correspondiente, los que tienen derecho de voz y de voto en las decisiones que tome el propio comité, además que dicho Comité de Adquisiciones, sobre el particular, cuenta con facultades para hacer nombramientos de servidores públicos del Poder Judicial de la entidad.
d) El artículo 107 de la ley impugnada concede a la Contraloría General del Estado facultades de vigilancia, inspección y comprobación en materia de adquisición y enajenación de bienes del Poder Judicial Local.
e) El artículo 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes sujeta la resolución de los recursos administrativos que puedan resultar de su aplicación a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, incluyendo al Poder Judicial. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 1o. de ese ordenamiento prevé que "Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de las administraciones públicas centralizadas y descentralizadas del Estado de Aguascalientes y de los Municipios que lo integran. ..."
Por lo que la ley cuya invalidez se demanda, infringe la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, pues permite que su presupuesto quede en manos del Poder Ejecutivo Local, y si bien en la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar al texto actual del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, se señaló que: "los órganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que presta, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia", ello no debe entenderse en el sentido de que el Poder Ejecutivo administre los recursos materiales destinados al Poder Judicial, sino que proporcione la cantidad financiera suficiente para la consecución de sus fines, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, sin intervenir en su administración.
2. Que procede declarar la invalidez de la ley impugnada, en virtud de que conculca la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ni en la exposición de motivos ni en el dictamen que resolvió la iniciativa de la ley hoy combatida, se fundan ni motivan las razones que se tuvieron para adoptar la resolución propuesta, esto es, sujetar al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes a la ley patrimonial impugnada.
3. Por último, señala que este Alto Tribunal, en su caso, debe corregir los errores que advierta de los preceptos invocados y examinar en su conjunto los razonamientos expuestos en la demanda, a fin de que resuelva la cuestión efectivamente planteada y supla la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, que aplique al caso la tesis de jurisprudencia número 68/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época, página 325, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS."
CUARTO. Los preceptos que se estiman violados son el 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional planteada, bajo el número 35/2000, y designó por turno como instructor al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Por auto de fecha treinta y uno del mismo mes y año, el Ministro instructor reconoció la personalidad con la que compareció el promovente, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestare lo que a su representación correspondiere.
SEXTO. Mediante oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Felipe González González, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, los planteamientos siguientes:
1. Que son ciertos los actos que de él se demandan, a saber, la promulgación y publicación de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.
2. Que los actos por él emitidos fueron en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32, 35, 46, fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
SÉPTIMO. Por oficio presentado por correo certificado y recibido el veintisiete de diciembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados Jorge Eduardo Suárez Muñoz y Luis Macías Romo, con el carácter de presidente y secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, respectivamente, contestaron la demanda de controversia constitucional manifestando, en esencia, las cuestiones siguientes:
1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h) del propio artículo 105 de la Constitución, en virtud de que las controversias constitucionales previstas en esa hipótesis se refieren a aquellas que se suscitan entre dos poderes de un mismo Estado, mas no entre los tres poderes, como ocurre en la especie, esto es, el Poder Judicial contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, por lo que debe sobreseerse la controversia constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
2. Que en la demanda de controversia constitucional se cuestiona la falta de fundamentación y motivación de la exposición de motivos y del dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes; sin embargo, señala que esta vía no es la idónea para analizar esos cuestionamientos, sino que el medio adecuado para ello sería el juicio de amparo.
3. Que resulta infundado el argumento del demandante, en el sentido de que la ley impugnada viola la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, toda vez que a la luz del principio de división de poderes, corresponde al Poder Judicial aplicar la ley a los casos concretos, es decir, es quien ejerce jurisdicción en el Estado, de lo que se infiere que con la aplicación de la ley patrimonial tildada de inconstitucional, en ningún momento se viola la autonomía e independencia de funciones, ya que del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, no se desprende que al Poder Judicial correspondan atribuciones de administración.
4. Que la ley impugnada no viola el principio constitucional de división de poderes, ya que no atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial Local, si se toma en consideración que en su artículo 5o. se define lo que debe entenderse al considerar como sujeto de la ley al Poder Judicial Local, estableciéndose en ese mismo artículo todos los elementos necesarios para que sea aplicada a dicho destinatario. Que, además, el artículo 4o. de la propia Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, en su párrafo segundo, dispone, por analogía, que cuando la ley haga referencia al titular del Poder Ejecutivo Local, debe entenderse, en su caso, al representante del Poder Judicial de la entidad. Señala, asimismo, que debe recordarse que la nación no está regulada por un sistema rígido de división de poderes, sino por un sistema flexible, atento a la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 51, Primera Parte, Séptima Época, página 18, que aparece publicada con el rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. LA FUNCIÓN JUDICIAL ATRIBUIDA A AUTORIDADES EJECUTIVAS NO VIOLA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE APARCERÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."
5. Que en los artículos 37 y 38 de la ley patrimonial impugnada, se regula la integración de un Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, el cual, en relación con el artículo 5o., debe integrarse dentro del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes por sus propios miembros, por lo que de ninguna manera se transgrede su autonomía e independencia, ya que tiene libre disposición y manejo de sus recursos presupuestales y es éste el que tiene la libertad de decidir cómo serán aplicados para la adquisición de bienes y servicios y, en consecuencia, tampoco se contrapone a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en virtud de que no se restan las facultades administrativas que en ella se otorgan al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, de tal suerte que el Poder Judicial no se subordina en forma alguna al Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes.
6. Que resulta infundado el argumento de la parte actora, en cuanto a que el Congreso del Estado omitió fundar y motivar el dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, toda vez que la supuesta omisión fue colmada a plenitud con la resolución por medio de la cual se aprobó el dictamen de referencia y se dio por concluido éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Interior del Congreso de la entidad, además que del artículo 42 del reglamento en cita, no se desprende que deba declararse inválida determinada iniciativa de ley por el solo hecho de no fundar y motivar debidamente un proyecto de texto legislativo, siendo aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 146, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Séptima Época, página 149, que aparece publicada con el rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."
OCTAVO. Por oficio número PGR/038/2001, presentado el veintiséis de enero de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República externó, en síntesis, los puntos siguientes:
1. Que el planteamiento formulado en la contestación de la demanda por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes en el sentido de que no participó en la aprobación de la Ley Patrimonial del Estado, sino que la promulgó y publicó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales sin afectar el interés legítimo del demandante, debe quedar sujeto a la determinación a que se llegue sobre la constitucionalidad de la propia norma general impugnada.
2. Que debe desestimarse la causal de improcedencia formulada por el Congreso del Estado de Aguascalientes, según la cual, conforme a la fracción I, inciso h) del artículo 105 de la Constitución Federal de la República, sólo procede la vía de la controversia constitucional entre dos poderes de un mismo Estado, siendo que en la especie la controversia se da entre los tres poderes del Estado de Aguascalientes. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional en cita establece que un poder podrá demandar a otro respecto de los actos o disposiciones de carácter general que emita, lo cual no limita a que sólo se dé entre dos poderes de un mismo Estado, sino que uno puede demandar a los otros dos, si tanto el Legislativo como el Ejecutivo intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la norma general impugnada.
3. Que los artículos 1o., fracción IV, 4o. y 5o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes violan el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, por la inclusión del Poder Judicial de la entidad en el cumplimiento de dicha ley, ya que si bien es cierto que el Poder Legislativo Local se encuentra facultado para regular los aspectos administrativos que infieran en el control, manejo y distribución del presupuesto del Poder Judicial del Estado, también lo es que sólo puede hacerlo a través de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, ya que estas disposiciones están íntimamente ligadas con la estructura, atribuciones y funcionamiento del propio Poder Judicial Local.
4. Es innecesario el estudio de la falta de fundamentación y motivación de la exposición de motivos y del dictamen que resolvió la iniciativa de la norma general impugnada, en cuanto a justificar la inclusión del Poder Judicial Local como sujeto de la misma, por resultar fundado el primer concepto de invalidez, conforme a lo manifestado con anterioridad.
NOVENO. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil uno, se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se dieron por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Mediante proveído de fecha tres de diciembre de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el presente asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le correspondió continuar como instructor de la presente controversia constitucional, en virtud de que el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, anteriormente designado para ello, concluyó su encargo como integrante de este Alto Tribunal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal de la República; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, toda vez que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, respecto de una norma general como lo es la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de septiembre de dos mil.
SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
En la presente vía se impugna la expedición de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, así como su promulgación y publicación en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de septiembre de dos mil.
Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, en relación con normas generales como la que se impugna en esta vía constitucional, la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para interponer la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.
Según se desprende de la edición número treinta y nueve del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el cual obra agregado a fojas de la setenta y siete a la ochenta y ocho vuelta de autos, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes fue publicada el veinticinco de septiembre de dos mil. Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días para la interposición de la demanda comenzó a correr a partir del martes veintiséis de septiembre de dos mil y concluyó el jueves nueve de noviembre del mismo año, en la inteligencia de que se descontaron los sábados treinta de septiembre, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de octubre, así como el cuatro de noviembre; los domingos uno, ocho, quince, veintidós, veintinueve de octubre y cinco de noviembre; así como los días jueves doce de octubre, miércoles primero y jueves dos de noviembre, por ser todos éstos inhábiles, en los que no corrieron términos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, si la demanda de controversia constitucional se presentó el veinticuatro de octubre de dos mil ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende del sello de recepción que aparece a foja treinta y cinco vuelta del expediente, es evidente que fue presentada oportunamente.
TERCERO. Acto continuo procede realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
En el escrito de demanda se aprecia que quien promueve la controversia constitucional es el Magistrado Cleto Humberto Reyes Neri, con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Judicial de la entidad, el cual acredita esa calidad con la copia certificada del acta de sesión de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, celebrada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en la cual fue designado como su presidente.
El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.
El artículo 51, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece lo siguiente:
"Artículo 51. ...
"La representación del Poder Judicial de Aguascalientes corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su presidente."
Asimismo, el artículo 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, dice lo siguiente:
"Artículo 11. Son atribuciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
"I. Representar al Supremo Tribunal de Justicia en particular o en general al Poder Judicial del Estado, en los términos que establezcan las leyes, así como en los actos oficiales que se verifiquen, pudiendo para estos efectos designar como su representante a uno de los Magistrados."
De este modo si el promovente comparece a nombre y en representación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es inconcuso que tiene la legitimación necesaria para ejercer la presente acción de controversia constitucional.
CUARTO. A continuación procede el análisis de la legitimación de la parte demandada, en atención a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción. Para ello, ha de comprobarse que la parte demandada esté obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda en caso de que resulte fundada.
Las autoridades demandadas en esta vía son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Ambos poderes cuentan con legitimación pasiva en el presente juicio, toda vez que al primero se le imputa la expedición de la norma general cuya invalidez se demandó, esto es, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, y al segundo, su promulgación y publicación, en tanto que ambos son poderes contemplados en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, para intervenir como demandados en las controversias constitucionales.
De conformidad con el párrafo primero del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, la parte demandada puede comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. La parte final del mencionado párrafo señala que la representación legal de quien acude a juicio puede presumirse, salvo prueba en contrario.
En la especie, quienes suscriben la contestación de la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes son los diputados Jorge Eduardo Suárez Muñoz y Luis Macías Romero, con el carácter de presidente y secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes respectivamente. La personalidad con que comparecen la acreditan con la certificación de la sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil, por el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura de la entidad, en la que designó su mesa directiva y, en el caso, aparece que los signantes fueron designados en los cargos antes mencionados para fungir en el mes de diciembre del mismo año.
Ahora bien, ni la Constitución Política del Estado de Aguascalientes ni la Ley Orgánica del Congreso del Estado contemplan quién tiene la representación del Poder Legislativo de la entidad. En este contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, debe presumirse que el presidente y el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes gozan de la representación legal del Poder Legislativo de dicha entidad federativa. Esta presunción se mantiene en la presente resolución en tanto que no existe en el expediente constancia alguna que arroje alguna prueba en contrario con respecto a la representación del Poder Legislativo Local referido.
Por su parte, Felipe González González, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, suscribe la contestación de demanda en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa. Dicho carácter lo acredita con el Decreto Número 148, expedido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, en el que se le declaró como Gobernador Constitucional del Estado. Tal decreto aparece publicado en la primera página del volumen número cuarenta y dos del Periódico Oficial del Estado, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, de la cual obra copia certificada en el expediente.
El artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece lo siguiente:
"Artículo 32. El Poder Ejecutivo se deposita en un individuo que se denominará Gobernador del Estado."
Por lo que si el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes se deposita en el gobernador, entonces es inconcuso que éste se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia en representación de aquél.
QUINTO. El procurador general de la República, quien compareció a la presente controversia constitucional, está legitimado para intervenir en ella por ser parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. Previamente al estudio de la cuestión fundamental controvertida, procede analizar las causales de improcedencia alegadas por las partes en este procedimiento, por tratarse de una cuestión de orden público.
El Congreso del Estado de Aguascalientes al contestar la demanda, invocó la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h del propio artículo 105 de la Constitución, por considerar que las controversias constitucionales previstas en esa hipótesis, se refieren sólo a aquellas que se susciten entre dos poderes de un mismo Estado, mas no entre los tres poderes, como afirma que ocurre en la especie.
No asiste la razón a la parte demandada en atención a las siguientes consideraciones:
Cierto es que la fracción I, inciso h del artículo 105 de la Constitución Federal de la República hace referencia literal a que las controversias constitucionales se suscitan entre dos poderes de un mismo Estado; sin embargo, ello no puede entenderse en el sentido numérico estricto de que cada controversia únicamente pueda tener a un poder como actor y a otro como demandado. Por el contrario, debe entenderse que satisfechos los requisitos de legitimación previstos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las controversias es posible que como parte actora o demandada concurran más de dos poderes. En todo caso, es la naturaleza del conflicto en cuestión lo que determina en cada ocasión el número y posición procesal de los poderes contendientes, y no así la interpretación literal de lo establecido por el órgano reformador de la Constitución en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de nuestra Norma Fundamental.
Atendiendo a la materia de la presente controversia, si lo demandado es producto del procedimiento llevado a cabo por el órgano legislativo compuesto por el Congreso del Estado de Aguascalientes y por el Ejecutivo Estatal, necesariam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18360-9a2c571e/division-de-poderes-para-evitar-la-vulneracion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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