PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SU REGLAMENTO, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978 Y EL 7 DE JULIO DE 1982, RESPECTIVAMENTE, NO FUERON DEROGADOS EXPRESA NI TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL MISMO MEDIO EL 3 DE FEBRERO DE 1983. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO REBASA LOS LÍMITES DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA CONCEDIDA AL EJECUTIVO FEDERAL POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2001, NO AFECTAN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y, POR ENDE, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, INCISO B) Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, PUNTO III, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995, Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DEL CITADO PRECEPTO, PUBLICADO EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2001, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE VERIFICAR QUE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA POR EL BENEFICIARIO SE HAYA COMUNICADO AL MUNICIPIO OBLIGADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de abril de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diecinueve de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Rubén Ernesto Armenta Zanabia, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico procurador del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, respectivamente, en su representación, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 2. Secretario de Gobernación, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 3. Secretario de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 4. Director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 5. C. Subdirector de Registro y Control de la Dirección de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 6. C. Jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Dirección de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 7. C. Jefe del Departamento de Afectación de Participaciones de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 8. C. Director general Adjunto de Estudios Estratégicos, Planeación y Vinculación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 9. Tesorero de la Federación, con domicilio ubicado en Constituyentes número 1001, edificio D, cuarto piso de la colonia Belén de las Flores en la Ciudad de México, Distrito Federal. 10. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo, del Centro de Gobierno, Centro Cívico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 11. Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo del Centro de Gobierno, Centro Cívico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 12. Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo, del Centro de Gobierno, Centro Cívico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 13. H. Congreso del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Legislativo, del Centro de Gobierno, Centro Cívico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. ... IV. Norma cuya invalidez se demanda: Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de julio de 1982. La reforma publicada en la tercera sección del Diario Oficial de viernes 15 de diciembre de 1995 en cuanto a la disposición transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo décimo tercero, punto tercero, que en lo conducente estableció ‘la reforma al tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable a la deuda contraída por las entidades federativas y Municipios al 31 de diciembre de 1995.’. La reforma publicada en el Diario Oficial de lunes 15 de octubre de 2001 en cuanto a las disposiciones transitorias ‘segundo y tercero’. IV. Bis. Acto cuya invalidez se demanda: A. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público en virtud del cual autorizó al director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al subdirector de Control y Registro de la Dirección de Participaciones y Convenios, al jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas y al jefe del Departamento de Afectación de Participaciones de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al C. Director general Adjunto de Estudios Estratégicos, Planeación y Vinculación, y tesorero de la Federación, todos éstos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dar trámite aparentemente el 18 de marzo del año 2002 y ordena la afectación de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. B. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparentemente por vía fax el 18 de marzo del año 2002 y ordena la afectación de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. C. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el subdirector de Registro y Control de la Dirección de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud de trámite emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federación, licenciada Evelyne E. Rodríguez Ortega. D. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 20 de marzo del año 2002 al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federación, licenciada Evelyne E. Rodríguez Ortega. E. La resolución, determinación o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del año 2002, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sea expedido por el director general Adjunto de Estudios Estratégicos Planeación y Vinculación de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federación, Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. F. La resolución, determinación o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del año 2002 suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sea expedido por la tesorera de la Federación de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federación, Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, en virtud del cual permite que el secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, dé trámite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ordena la afectación de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. El oficio en virtud del cual el secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California dé trámite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ordena la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. (La comunicación se encuentra fechada el 20 de marzo del año 2002). El oficio 201490, en virtud del cual la C. Directora de Ingresos del Estado de Baja California con base en la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordena la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 1o. de abril del año 2002. (La comunicación se encuentra fechada el 27 de marzo del año 2002). Reclamamos las consecuencias de los actos anteriores tendientes a retener las participaciones federales que conforme al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2002 corresponden al Municipio de Mexicali. Reclamamos la omisión por parte del Congreso del Estado de Baja California de rechazar el trámite iniciado por las autoridades federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y continuado por las autoridades estatales, no obstante estar autorizado un presupuesto de ingresos estatal que genera un ingreso por participaciones federales y una Ley de Ingresos y Egresos para el Municipio de Mexicali, en el que el XVII Ayuntamiento no tiene autorizado por el Congreso del Estado de Baja California pago alguno a favor de los terceros interesados."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Con fecha 25 de marzo del año 2002 el XVII Ayuntamiento de Mexicali recibió un oficio del secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado cuyo original se acompaña, anexando copia de un fax fechado el 18 de marzo del año 2002. 2. Con fecha 1o. de abril del año 2002, el XVII Ayuntamiento de Mexicali recibió un oficio de la directora de Ingresos del Gobierno del Estado cuyo original se acompaña, anexando copia de un fax fechado en 18 de marzo del año 2002. 3. Del fax acompañado se deduce sin que esté firmado por persona alguna, que fue remitido por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un aparente reclamo por personas que no justifican personalidad, legitimación y derecho, diciéndose representantes o apoderados de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y su División Fiduciaria, quienes a su vez son fusionantes de Banpaís, S.A. 4. Del fax acompañado se dice que Banpaís, S.A., otorgó un crédito con fecha 11 de julio del año 1994, y que tal crédito fue inscrito con el número 749/94 con fecha 15 de agosto del año 1994, cuyo propósito fue el pago de pasivos. 5. A nuestra representación no se le corrió traslado con documento autentificado alguno, con ningún poder, con ninguna acta de fusión, con ningún contrato, con ninguna determinación auténtica de la Dirección de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejándola en total estado de indefensión. 6. Con fecha 7 de julio de 1982 se publica en el Diario Oficial un reglamento expedido por parte del presidente de la República, conocido como el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, estableciéndose un procedimiento para cobro de participaciones garantizadas con motivo de préstamos que la ley que regula el acto no faculta para regular tal situación. 7. El reglamento referido y conocido como Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos, no contempla la forma de otorgar la garantía de audiencia en caso de un reclamo. 8. Se reforma el artículo 115 constitucional, a partir del 3 de febrero de 1983, otorgando un marco legal distinto a la relación entre Municipios, Estado y Federación. 9. El 31 de enero de 1984 se reforma el artículo 82 de la Constitución Política de Baja California, recogiendo la reforma de la Constitución Federal. 10. La Legislatura del Estado de Baja California emite un decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha 10 de febrero de 1988, en el que expide la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California, acorde con la reforma constitucional del artículo 115. 11. Se expide una reforma al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y se publica en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de diciembre de 1995, con un transitorio visible en la página 52 y que se señala como número III, sosteniendo que la misma reforma no es aplicable para deudas contraídas al 31 de diciembre de 1995, y pretendiéndole dar vida jurídica al reglamento tácitamente derogado y además inconstitucional. 12. Se expide una nueva reforma al Reglamento del Artículo 9o. y se publica en el Diario Oficial de fecha lunes 15 de octubre del año 2001 con un artículo segundo y tercero transitorios, preceptos éstos que se estiman inconstitucionales, en virtud de que el reglamento anterior se encontraba tácitamente derogado y los transitorios le otorgan nueva vida. 13. Con fecha 16 de abril del año 2002 se recibe una copia de oficio suscrito por el jefe de la unidad licenciado David Colmenares Páramo de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Dirección de Participaciones y Convenios dirigido a la C. Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega, tesorera de la Federación, que está fechado en México, Distrito Federal, a 20 de marzo del año 2002, por el que instruye a esa funcionaria por la afectación de las participaciones que en ingresos federales corresponden a Baja California por un crédito otorgado al Municipio de Baja California; tal copia fue marcada al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali, misma que se acompaña."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:
a) Que el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, es violatorio de los artículos 115 y 124 de la Constitución Federal, porque dejó de tener vigencia, en virtud de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que concedió a los Municipios el derecho a recibir las participaciones federales que las Legislaturas de los Estados les otorgaran, sin facultar a las autoridades hacendarias federales a iniciar un procedimiento de afectación de participaciones; es decir, la facultad de disposición de las participaciones federales a los Municipios en cuanto a las bases, montos y plazos en que habrán de ser cubiertos, fue conferida de manera expresa a los Estados, y se le quitó a la Federación, lo que trajo como consecuencia la derogación tácita del reglamento impugnado al existir un nuevo marco normativo previsto en el citado artículo 115 constitucional, el cual no se aplica, sino por lo contrario, se aplica un texto legal rebasado por la Constitución Federal.
b) Que el artículo décimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, es inconstitucional, por lo siguiente:
1. Que viola los artículos 115, fracción IV, inciso b) y 124 de la Constitución Federal, porque pretende darle vigencia al Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, no obstante que dejó de tenerla al reformarse el artículo 115 constitucional, en mil novecientos ochenta y tres, el cual concedió a los Estados la facultad de determinar las bases, plazos y montos para distribuir participaciones y no a la Federación, por lo que no faculta a la autoridad hacendaria federal a iniciar un procedimiento de afectación de participaciones.
2. Que viola el artículo 115 constitucional, porque el transitorio en cuestión señala que no será aplicable la reforma al tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en cuestión, a la deuda contraída por las entidades federativas y Municipios al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el legislador incurre en una contradicción inconstitucional, pues por una parte reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal mencionado, para ajustarlo al artículo 115 constitucional y, por otra, le restituye vida jurídica al reglamento expedido en mil novecientos setenta y ocho, tácitamente derogado por no ajustarse desde mil novecientos ochenta y tres al marco jurídico constitucional del artículo 115.
Que no obstante la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, de mil novecientos ochenta y tres, en el sentido de que sean los Estados por medio de sus leyes estatales, los que fijen las bases, montos y plazos en los que se habrá de disponer de las participaciones federales, no se aplica al Municipio actor este precepto, ni el texto vigente del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal que adaptó a la legislación secundaria la disposición constitucional que desde mil novecientos ochenta y tres impedía a la Federación disponer y retener las participaciones que correspondan al Municipio, toda vez que se ordena por autoridad incompetente la retención de participaciones, con lo que se viola el texto del precepto constitucional mencionado.
3. Que viola los artículos 115, fracción IV, inciso b) y 124 constitucionales, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria, que la perdió desde el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, al reformarse el artículo 115 constitucional, y en tal virtud, la Federación dejó de tener las facultades que le concedía el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las que se derivaban de su reglamento, y sólo contaba con la obligación de participar a los Estados los ingresos obtenidos y no con la facultad para disponer de ellos, ni retenerlos.
4. Que se pretende dar vigencia a una ley no vigente en el marco constitucional, lo que se desprende del artículo segundo transitorio del artículo 115 constitucional, contenido en el decreto publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que ordenaba que se reformaran las leyes correspondientes, lo que no sucedió hasta mil novecientos noventa y cinco, de ahí que sea inconstitucional el transitorio impugnado, al no tener respaldo constitucional y permitir que la Federación invada la esfera de facultades exclusivas de los Estados.
c) Que los artículos transitorios segundo y tercero del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil uno, son inconstitucionales, por lo siguiente:
1. Que reconoce con vida jurídica a un reglamento tácitamente derogado, no obstante que éste dejó de tener vigencia en atención a la reforma del artículo 115 constitucional citada, otorgando a los Municipios el derecho de recibir participaciones federales que las Legislaturas Estatales les otorgaran, sin que el precepto constitucional faculte a la autoridad hacendaria federal a tener participación alguna en la vida de los Municipios, por lo que se violan los artículos 115, fracción IV, inciso b) y 124 de la Constitución Federal, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria, que la perdió desde mil novecientos ochenta y tres.
2. Que no obstante la reforma al artículo 115 constitucional en comento, no se aplica este precepto ni el texto vigente del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que adoptó la legislación secundaria lo ordenado en la Constitución Federal, que impedía a la Federación disponer y retener las participaciones federales de los Municipios, en virtud de que se ordena por una autoridad federal la retención de las participaciones de los Municipios, con lo que se vulnera el texto constitucional.
3. Que impiden la aplicación de la reforma constitucional en comento, en el sentido de que sean los Estados, por medio de leyes estatales de deuda, quienes fijen los montos, bases y plazos en los que se habría de disponer de las participaciones federales, no obstante el supuesto contrato celebrado en mil novecientos noventa y cuatro por el Municipio actor y la institución bancaria que solicitó la afectación de participaciones, ya que éste se llevó a cabo después de que la Federación perdió la facultad de retener las participaciones federales a los Municipios.
4. Que al reformarse el artículo 115 constitucional, la Federación dejó de tener las facultades legales que le concedía el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las que se derivan de su reglamento, tornándose ineficaces desde aquel momento, por lo que sólo contaba con la obligación de participar a los Estados de los ingresos obtenidos con base en los convenios de coordinación fiscal, es decir, sólo era un puente para su recepción y entrega, mas perdió facultades para disponer de ellos y, por ende, para retenerlos y entregarlos en pago de supuestos adeudos, lo cual corresponde a los Estados.
5. Que con motivo de la reforma al artículo 115 constitucional de mil novecientos ochenta y tres, perdieron vigencia el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y su reglamento, ya que de acuerdo con el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 constitucional, se derogan expresamente todas las disposiciones legales que se opongan a su texto.
6. Que el texto de la norma que se aplica deriva de los artículos segundo y tercero transitorios en comento, en donde se pretende dar vigencia a un reglamento que no la tiene en el marco constitucional vigente, lo que se desprende del segundo transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, que ordenaba reformar las leyes correspondientes para la exacta aplicación del texto de este precepto constitucional, por lo que los transitorios en cuestión no tienen respaldo constitucional y permiten que la Federación afecte la esfera de facultades de los Estados.
7. Que la inconstitucionalidad de los transitorios a estudio se desprende del nuevo Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que en su parte considerativa señala que la inscripción en el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previsto en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará para efectos informativos, en virtud de la existencia de sistemas de registro y pago estatales, y de que la secretaría ya no tiene a su cargo la ejecución de las participaciones afectadas, situación que opera no sólo desde mil novecientos noventa y cinco, sino desde mil novecientos ochenta y tres, en que la Federación perdió la facultad para disponer y retener participaciones, pues esta disposición se elevó a rango constitucional desde esta última fecha, y en ella se confirió a los Estados la potestad de decidir las bases, montos y plazos en los que se habría de disponer de las participaciones federales que le correspondan a los Municipios.
d) Que es inconstitucional el artículo 11 del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, por lo siguiente:
1. Que rebasa el texto de la ley que dice reglamentar, ya que el Poder Legislativo, en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, delimitó de manera expresa cuáles serían las disposiciones reguladas por el reglamento que de dicho dispositivo legal emitiera el Ejecutivo Federal, esto es, que contendría los requisitos para el registro de obligaciones de las entidades y Municipios; por tanto, el Ejecutivo Federal se excede en su facultad reglamentaria delimitada por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, porque crea una figura completamente ajena a los requisitos para el registro de obligaciones y empréstitos, que es el trámite de ejecución sobre participaciones federales que la ley no contempla, cuando solamente puede proveer la exacta observancia de la ley, cuestión que al no darse en el caso, implica una invasión a la esfera competencial del Poder Legislativo.
2. Que se viola el artículo 14 constitucional, porque la ley que se pretende aplicar no establece procedimiento alguno para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empréstitos, sino que éste se prevé en un reglamento que no refleja el texto de la norma, puesto que si la ley no contiene procedimiento de ejecución, el reglamento no lo puede crear, ya que esto implica afectación a la esfera de competencia del Poder Legislativo, por lo que sólo la ley pudo haber previsto dicho procedimiento para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empréstitos, máxime que la norma no previene cuál sería la autoridad ejecutora, toda vez que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ley sólo le concede facultades para registrar las referidas obligaciones y empréstitos, mas no para ejecutarlos.
Que el artículo 14 constitucional prevé que para afectar los derechos posesiones o propiedades de una persona deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a la ley expedida con anterioridad al acto, por lo que sólo en la ley puede establecerse un procedimiento que tenga tales formalidades, no así en un reglamento; por tanto, si en la especie, el Ejecutivo Federal fue quien lo creó por medio de un reglamento que ni siquiera tiene vigencia actualmente, es inconstitucional al haberse rebasado el texto expreso de la ley.
3. Que se violan los artículos 14 y 115, fracción IV, inciso b), constitucionales, toda vez que al reformarse el texto de este último precepto constitucional, el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal impugnado, es inconstitucional por falta de vigencia, y porque el trámite que contiene su artículo 11, al no contemplar las formalidades esenciales del procedimiento previo a la afectación de las participaciones federales, vulnera la garantía de audiencia, ya que no establece la notificación del procedimiento, ni la de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se fincará la defensa y de alegar, ni el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
e) Que se violan los artículos 14 y 115, fracción IV, inciso b), constitucionales, porque la Federación no entregó copia de la solicitud junto con la totalidad de los documentos que hubiere anexado a la misma, impidiendo al Municipio, poder manifestarse en torno a ellos, emitiéndose una orden de afectación de participaciones federales en la que no se permitió la garantía de audiencia, ya que nunca se le notificó la solicitud mencionada de manera simultánea por parte del supuesto acreditante, lo que afecta al Municipio actor por el aparente trámite en el que no se cumplió con todos y cada uno de los lineamientos que marca la norma, para poder comparecer a defenderse en su caso, del acto lesivo impugnado, por lo que no se le otorga la garantía de audiencia.
f) Que la Federación invade las facultades del Estado por lo siguiente:
1. Que pasa por alto que los artículos 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, vigente a partir del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y 82 de la Constitución Local facultan al Poder Legislativo del Estado a reconocer, en su caso, y mandar pagar la deuda pública del Estado y Municipios; es decir, el reconocimiento y orden de pago emitido por la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transgrede la esfera de competencia exclusiva del Estado, pues al Congreso corresponde la facultad de aprobar los programas financieros estatal y municipal, así como determinar los montos, plazos y formas de pago, es decir, todos los actos de disposición de las pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18837-3b2840db/participaciones-federales-el-articulo-9o-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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