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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA ACTOS QUE DECLARAN DESAPARECIDO UN AYUNTAMIENTO. EL SÍNDICO O FUNCIONARIO QUE LO REPRESENTABA, TIENE PERSONALIDAD PARA PROMOVERLA. AYUNTAMIENTOS. PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL PUEDA DECLARAR SU DESAPARICIÓN, DEBE CONCEDERLES, OBLIGADAMENTE, DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2002. · Registro digital (IUS): 17683
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 1253.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2002. MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, ESTADO DE OAXACA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de julio de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de agosto de dos mil dos ... quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Estado de Oaxaca, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de su representante legal, con domicilio en Av. Juárez número 703, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, licenciado ... con domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicado en la colonia Centro, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. V. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en los que fueron publicados. El Decreto Número 111, mediante el cual se declara de plano desaparecido el H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca. La aprobación del Decreto Número 111 mencionado en el párrafo inmediato anterior por la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión extraordinaria efectuada el día 30 de julio del año 2002. El refrendo en el decreto que se viene mencionando, dado por el secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca ... El mandato dado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca ... para que imprimiera, publicara, circulara y se le diera el debido cumplimiento al Decreto Número 111 por el que se declara de plano desaparecido el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca. La publicación del referido Decreto Número 111 en el Extra del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tomo LXXXIII, de fecha 30 de julio del año 2002."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"El Municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, se rige por el sistema de usos y costumbres; en tal virtud, sus autoridades son electas en asamblea general comunitaria. El día 11 de noviembre del año 2001, en asamblea general comunitaria fue electo el H. Ayuntamiento del Municipio antes mencionado, mismo que tomó posesión sin incidente alguno el día primero de enero del año en curso. Posterior a la toma de posesión del Ayuntamiento, un grupo de aproximadamente veinte personas militantes del Partido de la Revolución Democrática, manifestaron su inconformidad con las autoridades municipales exigiendo la desaparición de poderes. El Municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, se encuentra enclavado en la sierra sur del Estado de Oaxaca, aproximadamente a 350 kilómetros de distancia de la capital del Estado, resulta que el día 31 de julio del año 2002, mediante los noticieros de la radio nos enteramos que la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, en sesión extraordinaria de fecha 30 de julio de 2002 declaró de plano desaparecido el Ayuntamiento de Santiago Amoltepec. El día viernes dos de agosto de 2002, el Ayuntamiento en Pleno nos constituimos en las oficinas de la H. Cámara de Diputados donde fuimos informados y además nos mostraron el Decreto Número 111, mismo que en el artículo primero declara de plano desaparecido al H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca. De lo expuesto con antelación puede advertirse que el H. Ayuntamiento que represento quedó en total estado de indefensión, toda vez que en ningún momento fuimos notificados ni emplazados del procedimiento de desaparición de poderes, con la finalidad de tener la oportunidad de aportar las pruebas necesarias en términos de lo que establece el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal de la República y 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículos 67, 68, 69 y 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Con la finalidad de analizar la procedencia de la invalidez del decreto materia de la controversia que se plantea, me permito transcribir textualmente el contenido del referido decreto: ‘Decreto No. 111. La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Decreta: Artículo primero. Se declara de plano desaparecido el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, en términos de los artículos 115 de la Constitución Política Federal, 59, fracción IX de la Constitución Política del Estado, 67, 69 y 74 de la Ley Orgánica Municipal. Artículo segundo. Comuníquese esta determinación, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que de conformidad con sus atribuciones constitucionales, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal, nombre a un representante o encargado provisional que se haga cargo de la administración municipal de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, por un término de treinta días, a cuyo vencimiento tomará posesión el Concejo Municipal que se designe en términos de las atribuciones del titular del Ejecutivo contenidas en el artículo 79, fracción XV de la Constitución Política del Estado. Se exhorta al ciudadano gobernador del Estado, para que escuche el parecer de la Comisión Permanente de Gobernación, de tal forma que de tenerlo a bien, proponga para la integración del Concejo Municipal a los siguientes ciudadanos: ... así como a otros cuatro integrantes más de las agencias municipales. Transitorios: Primero. El presente decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación inmediata en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para los efectos legales procedentes. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el salón de sesiones honorable Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de julio de 2002.’. Del contenido del decreto transcrito con antelación puede advertirse que se viola el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. El precepto constitucional invocado consagra la garantía de audiencia, es decir, que para ser privado de algún derecho, es necesario que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse. Cabe hacer la aclaración de que aun cuando el precepto en comento habla de garantías individuales, y al Ayuntamiento que represento se le violaron derechos políticos, por principio de analogía, el decreto que se combate, al desaparecer de plano al H. Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, es un acto del Poder Legislativo que viola de manera flagrante la garantía constitucional de referencia, pues de dicho decreto se infiere que en ningún momento se dio al H. Ayuntamiento que represento la oportunidad de aportar pruebas, en los términos que establece tanto la Constitución Política Federal, Constitución Política Local y Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, pues dichos ordenamientos establecen con precisión el procedimiento que debe seguirse para declarar desaparecido un Ayuntamiento, y en el presente caso no se cumplieron con tales formalidades, toda vez que en ningún momento existió tal procedimiento. El artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, establece: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. El precepto constitucional mencionado consagra el principio de legalidad, que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, criterio acogido por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa. El precepto constitucional en comento también establece que los actos de las autoridades deben estar fundados y motivados, entendiendo por fundamentación el hecho de que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 constitucional debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad y que exista una ley que lo autorice; en términos generales, el acto de autoridad debe estar previsto en la norma y su entendido y alcance se ajusten estrictamente a las disposiciones normativas que lo rijan. En cuanto a la motivación, se refiere a la adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general en que funda sus actos y el caso específico en el que éste va a subsistir sus efectos. De lo anteriormente expuesto se aprecia jurídicamente que el decreto que se combate viola el precepto constitucional invocado, toda vez que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el artículo primero del decreto citado declara de plano desaparecido el H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Amoltepec, apoyando dicho decreto en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política Federal; 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado y 67, 69 y 74 de la Ley Orgánica Municipal; sin embargo, analizando el contenido de cada uno de los preceptos legales mencionados, advertimos que en ninguno de ellos se faculta a las Legislaturas Locales para desaparecer de plano a un Ayuntamiento; si bien es cierto que los artículos mencionados con antelación facultan a las Legislaturas Locales para desaparecer Ayuntamientos, los referidos preceptos consagran el procedimiento que debe seguirse, así como las formalidades esenciales que deben observarse en el mismo. El artículo 115 constitucional, en su fracción I, tercer párrafo, establece: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Como lo tengo expresado en líneas anteriores, efectivamente el artículo 115 constitucional faculta a las Legislaturas Locales para desaparecer Ayuntamientos, estableciendo como condición el que sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y los alegatos respectivos; el acto que se combate viola el contenido de este precepto constitucional, tomando en consideración que en ningún momento otorgó al Ayuntamiento que represento la oportunidad de aportar pruebas en su defensa pues, como se establece en dicho decreto, desapareció de plano al Ayuntamiento de Santiago Amoltepec, acto que viola flagrantemente las disposiciones constitucionales que se mencionan en la presente controversia, pues en ninguno de los referidos preceptos otorga facultades expresas para desaparecer de plano a un Ayuntamiento, sin darle la oportunidad de defenderse; en virtud de lo anterior, es procedente declarar la invalidez del decreto de referencia por contravenir no solamente a la Constitución Política Federal, sino también a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como a la Ley Orgánica Municipal, ordenamientos que no establecen ninguna causal grave que impida a los Ayuntamientos darles la oportunidad de defenderse, derechos que sí consagran los ordenamientos legales de referencia. El artículo 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece: ‘La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. En cuanto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, también faculta a las Legislaturas Locales declarar desaparecido un Ayuntamiento, siempre y cuando tengan la oportunidad de aportar pruebas en su defensa, derechos que en los mismos términos establece el artículo 115 de la Constitución Política Federal, formalidades que no fueron observadas por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano. El artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establece: ‘Corresponde exclusivamente a la Legislatura del Estado, declarar la suspensión o desaparición del Ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus miembros y la designación de Concejos Municipales.’. El artículo 68 del mismo ordenamiento legal establece: ‘La petición para que la legislatura conozca de este asunto podrá ser formulada por el Ejecutivo del Estado, por los legisladores locales o por vecinos del Municipio, recibida la petición la legislatura procederá en los términos del artículo 74 de esta ley y fenecido el término para que dé contestación el Ayuntamiento, los citará a una audiencia que se celebrará ante la comisión correspondiente, dentro de los cinco días naturales siguientes, en la que éste por conducto del presidente municipal o la representación que al efecto designe, con la comparecencia de sus defensores, podrá rendir las pruebas que estime conducentes y alegar lo que a sus intereses convenga, la resolución se producirá dentro de los ocho días siguientes a la recepción de las probanzas. En todo caso para que esta resolución sea válida, se requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura Local. Contra ella no procederá recurso alguno.’. El artículo 69 de la misma ley establece: ‘El procedimiento anterior se llevará a cabo sin perjuicio de que ante una situación de violencia que calificará la Cámara, exista un estado de vacío de autoridad en el Ayuntamiento, o se encuentre el Municipio en estado de ingobernabilidad, casos en los que la propia Cámara nombrará un concejo provisional o el Ejecutivo Estatal designará un encargado o representante, que se haga cargo de la administración municipal mientras se decida en definitiva, ya sea que se suspenda o desaparezca el Ayuntamiento o se ratifique en sus cargos a los integrantes. Se entiende que existe ingobernabilidad de un Municipio cuando las causas de instalación del Ayuntamiento hayan propiciado la violencia política o generado inestabilidad social.’. El artículo 74 de la misma ley establece lo siguiente: ‘La solicitud que refiere el artículo 68, será presentada ante la presidencia de la legislatura o ante la diputación permanente de la misma, y será turnada a la comisión de gobernación para su análisis, procedimiento y dictamen, dándose vista al Ayuntamiento para que exprese en un término no mayor de ocho días contados a partir de la fecha de su notificación legal lo que a sus intereses convenga, independientemente de que se haya nombrado el consejo de administración municipal provisional.’. De los artículos 67, 68, 69 y 74 de la Ley Orgánica Municipal transcritos, se establece el procedimiento que debe seguirse para la desaparición de Ayuntamientos. Efectivamente, la Legislatura del Estado tiene la facultad para desaparecer Ayuntamientos en términos del artículo 67 del ordenamiento legal invocado, estableciendo el artículo 68 que debe mediar una petición formulada ya sea por el Ejecutivo del Estado, por los legisladores locales o por vecinos del Municipio, petición que en términos del artículo 74, la legislatura debe turnarla ante la Comisión de Gobernación para su análisis, procedimiento y dictamen, dándose vista al Ayuntamiento para que exprese en un término no mayor a ocho días contados a partir de su notificación legal lo que a sus intereses convenga, independientemente de que se haya nombrado el Concejo de Administración Municipal provisional; a su vez, en lo conducente, el artículo 68 establece: ‘fenecido el término para que dé contestación el Ayuntamiento, los citará a una audiencia que se celebrará, ante la comisión correspondiente, dentro de los cinco días naturales siguientes, en la que éste por conducto del presidente municipal, o la representación que al efecto designe, con la comparecencia de sus defensores, podrá rendir las pruebas que estime conducente y alegar lo que a sus intereses convenga, la resolución se producirá dentro de los ocho días siguientes a la recepción de las probanzas.’. De lo expuesto encontramos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establece con claridad el procedimiento y las formalidades que deben observarse para la desaparición de un Ayuntamiento por parte de la Legislatura Local; de los referidos preceptos se advierte que los Ayuntamientos deben ser notificados de la solicitud de desaparición de poderes, otorgándoles el plazo no mayor de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga y fenecido dicho término deberá ser citado a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días naturales siguientes, con el objetivo de rendir las pruebas que estime conducentes y alegar lo que a sus intereses convenga, dictándose la resolución dentro de los ocho días siguientes. En conclusión, podemos señalar que el multicitado decreto que se combate viola los artículos 14, 16, 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como los artículos 67, 68, 69 y 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, tomando en consideración que al Ayuntamiento que represento en ningún momento fue notificado de la solicitud de desaparición de poderes, y como consecuencia no se me brindó la oportunidad de aportar pruebas en defensa de mi representado en términos de lo que establecen la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local y la Ley Orgánica Municipal; en virtud de lo anterior, el acto que se combate consistente en el decreto ya citado, es contrario a las disposiciones de la Constitución Política Federal, así como de los ordenamientos secundarios, por tanto, es legalmente procedente que ese Máximo Tribunal Judicial de la Federación declare la invalidez del multicitado decreto. Por otra parte, considero indispensable señalar que en ningún precepto de la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local y la Ley Orgánica Municipal, se faculta a la Legislatura Local para declarar de plano y en una sesión extraordinaria desaparecido un Ayuntamiento, por tanto, dicho acto debe ser invalidado, porque la Comisión de Gobernación no acató las disposiciones establecidas en el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal. Asimismo, como soporte a la controversia constitucional que promuevo, también es aplicable la siguiente jurisprudencia número 194,258, materia constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Tomo: IX, abril de 1999. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: P./J. 14/99. Página: 277, cuyo rubro es el siguiente: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en especial, con lo dispuesto en los artículos 52 y 53, corresponde a los síndicos municipales la procuración y defensa de los derechos e intereses de los Municipios, por lo que los actos que pueden vulnerar su órbita de atribuciones o desconocer las prerrogativas que les otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la promoción de una controversia constitucional, deben ser notificados personalmente a los Ayuntamientos por conducto de los respectivos síndicos pues, de lo contrario se impediría o, al menos se dificultaría, la defensa de los intereses de los Municipios por la vía señalada, lo que desvirtuaría los motivos de su establecimiento y se propiciaría la violación a lo establecido en el artículo 115 de la propia Constitución, sin posibilidad de defensa o de una defensa oportuna y adecuada.’. De la misma forma, también es aplicable la siguiente jurisprudencia número 198,911, materia constitucional, administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, abril de 1997. Tesis: P./J. 22/97. Página: 134, cuyo rubro es: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, fracción II y 40, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, los síndicos son los representantes jurídicos del Municipio y, para la procuración de la defensa de los intereses municipales tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: procurar, defender y promover los intereses municipales; representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éste fuere parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal. Por otra parte, de los preceptos de referencia, en relación con los artículos 17, 34, 44 y 46 de la ley en cita, se infiere que para que los síndicos puedan actuar en uso de las atribuciones antes señaladas, no requieren acuerdo previo del Ayuntamiento, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio, entre otros, ordenanzas, acuerdos administrativos, prestación y vigilancia de servicios públicos. Por tanto, los síndicos, en uso de las atribuciones que la ley les otorga, pueden promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la acción de controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello.’. Por último, también es legalmente aplicable la siguiente jurisprudencia número 192,100, materia constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, abril de 2000. Tesis: P./J. 52/2000. Página: 720, cuyo rubro es: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el «síndico único» es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el «síndico único», en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello.’."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16 y 115, fracción I, tercer párrafo.

QUINTO. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 51/2002, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro Juan Díaz Romero como instructor del procedimiento.

Mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil dos, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Congreso del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, manifestó en síntesis lo siguiente:

1. Que opone como excepción la falta de personalidad del promovente para iniciar la presente controversia constitucional, en virtud de que éste no se encuentra facultado para promover a nombre y representación del Municipio actor, por encontrarse desaparecido el Ayuntamiento.

Que si bien el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca otorga facultades al síndico para representar jurídicamente al Municipio en todos los litigios, dichas facultades no se pueden ejercer estando el Ayuntamiento desaparecido; en virtud de que el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca establece que "Toda autoridad que no emane de la Constitución y leyes federales, de la Constitución y leyes del Estado, no podrán ejercer el mando ni jurisdicción."

Que además, entre el Municipio actor y el Congreso del Estado de Oaxaca no existe controversia alguna, toda vez que éste actuó en su esfera de competencia, sin invadir las atribuciones constitucionales y legales del Ayuntamiento.

Que, asimismo, debe tomarse en cuenta que el promovente de esta controversia constitucional, mediante Decreto 119 de veinte de agosto de dos mil dos, publicado el veinticuatro siguiente en el Periódico Oficial de la entidad, fue designado como integrante del Concejo Municipal de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca.

2. Que, igualmente, opone como excepción la falta de acción y derecho del promovente para entablar el presente medio de control constitucional, en virtud de encontrarse desaparecido el Ayuntamiento y por actuar como particular.

Que el promovente, al momento de la presentación de la demanda ya no fungía como síndico, toda vez que ya se encontraba desaparecido el Ayuntamiento, por lo que la demanda obedece a la defensa de intereses particulares.

3. Que el decreto impugnado no es violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal, en lo relativo a la garantía de audiencia, toda vez que los actos de violencia que se suscitaron en el Municipio actor constituyeron causas graves que pusieron en peligro la paz pública de éste, al afectarse el interés social, por lo que la legislatura tuvo que actuar en forma inmediata para salvaguardar dicho interés.

Que lo anterior es así, toda vez que al tomar en cuenta que no existían condiciones de seguridad para que el Ayuntamiento siguiera funcionando, en aplicación del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, tuvo que resolver de plano la desaparición del Ayuntamiento, situación que se hizo del conocimiento del gobernador constitucional de la entidad, para que nombrara a un representante o encargado provisional que se hiciera cargo de la administración municipal, hasta en tanto la legislatura nombrara un Concejo Municipal; por tanto, no se viola la garantía de audiencia, al haberse presentado una situación de violencia y de vacío de autoridad en el Municipio de forma insuperable.

4. Que no se transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, que consagra el principio de legalidad, toda vez que el Congreso del Estado de Oaxaca está facultado para desaparecer a los Ayuntamientos en forma inmediata, conforme a los artículos 115 del citado ordenamiento; 59, fracción IX, de la Constitución Política de la entidad, y 67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal del propio Estado y, por tanto, el decreto que se impugna se encuentra debidamente fundado y motivado.

5. Que no se violan los artículos 59, fracción IX, de la Constitución Política y 67 de la Ley Orgánica Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Oaxaca, toda vez que éstos consagran la competencia exclusiva del Congreso Local para declarar la desaparición de los Ayuntamientos.

6. Que no se viola el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, toda vez que para la emisión del decreto impugnado, la legislatura tomó en cuenta la solicitud de desaparición del Ayuntamiento, formulada por vecinos del lugar, valoró la recomendación 11/2002 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los hechos de violencia que fueron públicos y notorios, situaciones que actualizaron las hipótesis contenidas en el precepto legal citado, por lo que se declaró desaparecido de plano el Ayuntamiento.

Que con motivo de dichos actos, actualmente se encuentra privado de su libertad el presidente del Municipio actor ... sujeto a proceso penal, el cual se instruye en el Juzgado Primero Penal del Distrito del Centro, bajo la causa número 216/2002.

7. Que no se viola el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, toda vez que éste faculta al Congreso L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17683-ede5599a/controversia-constitucional-contra-actos-que-declaran-desaparecido-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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