CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 49/2003. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MIXE, ESTADO DE OAXACA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el siete de julio de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luciano Morales Nolasco, Gregorio Ramírez Aguilar, Tito Olivera Quintas, Silvestre Ramírez Sánchez, Matías Sánchez Romero, Adalberto Morales Ramírez e Hilario Ramírez Flores, quienes se ostentaron respectivamente como síndico, presidente municipal, regidores y presidente municipal suplente, todos del Municipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Estado de Oaxaca, promovieron controversia constitucional en contra de la autoridad que a continuación se señala y por los actos que más adelante se precisan:
"II. Demandado: Lo es la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en la Avenida Juárez, número 703, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ... IV. Actos cuya validez se demandan: El dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, mediante el cual se propone ante la honorable Asamblea del Congreso del Estado de Oaxaca, la aprobación del inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, por considerar que se actualizan hipótesis previstas en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. Así como la aprobación de la declaración de ‘suspensión provisional’ del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca. El decreto correspondiente al dictamen antes precisado mediante el cual la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, así como también la declaración de ‘suspensión provisional’ del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, por considerar que se actualizan las hipótesis previstas en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. Decreto cuya existencia se presume por así haberlo publicado diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, sin que hasta la fecha dicho decreto haya sido legalmente notificado al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio que represento."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"a) Mediante el sistema de usos y costumbres los CC. Gregorio Ramírez Aguilar, Luciano Morales Nolasco, Tito Olivera Quintas, Adalberto Morales Ramírez, Matías Sánchez Romero y Silvestre Ramírez Sánchez, fuimos electos para fungir como concejales del H. Ayuntamiento del Municipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, para el periodo 2002-2004, como se acredita plenamente con el acta de toma de posesión relativa, y desde el inicio de nuestra administración municipal hemos cumplido plena y cabalmente con nuestro encargo desde el primero de enero del año 2002 hasta la fecha. b) No obstante lo antes acotado, tenemos conocimiento, por así haberlo publicado diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, que con fecha 30 de septiembre del 2002, fue recibido en el H. Congreso del Estado, un escrito de solicitud que suscriben el profesor Zeferino Morales Sánchez, Emeterio Rojas Sánchez, Gerino Rojas Olivera y otros que se dicen integrantes del Concejo de Colaboración Municipal de San Miguel Quetzaltepec, mediante el cual solicitan la desaparición del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, argumentando la existencia de problemas post-electorales con el Ayuntamiento que encabeza Gregorio Ramírez Aguilar. c) Que además, el 5 de noviembre de 2002, fue presentado un escrito dirigido al Congreso del Estado por los ciudadanos Simplicio González Suárez y Zeferino Morales Sánchez, mediante el cual supuestamente remiten acta de asamblea celebrada el 28 de los corrientes en la comunidad del H. Ayuntamiento que represento, que contiene el nombramiento de autoridades municipales para el año 2003, y la declaración de desaparición de poderes municipales de nuestra comunidad. d) Que con fecha 14 de mayo de 2003, se presentó escrito que dirigen al presidente de la Gran Comisión los CC. Sixto Ramírez León y Felipe Márquez Altamirano, de San Miguel Quetzaltepec, a través del cual relatan hechos acontecidos el 11 de mayo del año en curso en la comunidad de San Juan Bosco Chuxnaban, en el que retuvieron en forma violenta al presidente municipal de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca y a servidores públicos del Estado. Y que con las promociones antes citadas se formó el expediente respectivo. e) Además se publicó que se recibió el escrito de fecha 7 de mayo del año 2003, que dirigen al presidente de la Gran Comisión los CC. Genaro Juárez Pérez, Pacomio Martínez Flores, Anastasio Bulfrano Hipólito y otros que se dicen vecinos de Santa Cruz Condoy, de San Juan Bosco Chuxnaban y de San Miguel Quetzaltepec, mediante el cual insisten en la solicitud de desaparición del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca. f) Que por escrito recibido en la Oficialía Mayor el 2 de diciembre del año 2002, el C. Zeferino Morales Sánchez, envía documentación relativa a lo que dice se trata de elección de autoridades municipales para el ejercicio 2003, resultado de una asamblea celebrada el 16 de noviembre, solicitando nuevamente la desaparición del Ayuntamiento. Y que con tales escritos se integró el expediente respectivo. g) Finalmente se dio a conocer a la opinión pública que con fecha 4 de junio de 2003, fue recibido en la Oficialía Mayor el escrito de fecha 3 del mismo mes y año, que dirigen las autoridades municipales de San Juan Bosco Chuxnaban, Santa Cruz Condoy y de los que se dicen integrantes del Ayuntamiento Popular de San Miguel Quetzaltepec, insistiendo en su solicitud de desaparición del Ayuntamiento. h) Todo lo antes precisado ha sido dado a conocer a la opinión pública en el Estado de Oaxaca, a través de diversos medios informativos escritos y electrónicos. Precisamente, con motivo de los planteamientos vertidos anteriormente, en varias ocasiones celebramos diversas reuniones ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con el grupo de inconformes, suscribiendo diversos convenios y acuerdos para aclarar los planteamientos de tales personas, siempre otorgándoles mediante el diálogo y la concertación alternativas de solución a todos y cada uno de sus requerimientos, garantizando con ello precisamente la tranquilidad y la paz social de nuestra comunidad. Prueba de ello precisamente lo constituyen los convenios o acuerdos de fechas 10 de julio del año 2002, suscrito en la sala de juntas ‘presidente Juárez’ de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, con la intervención del secretario general de Gobierno y del subsecretario de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca, el de fecha 21 de octubre del año 2002, suscrito en la aludida sala de juntas ante la presencia del mencionado subsecretario y del visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y el de fecha 4 de junio del año en curso, suscrito en la sala de juntas de la SEDIC, contando con la presencia del aludido secretario general de Gobierno, documentales que en copias debidamente certificadas se anexan a la presente. i) Por lo anterior, resulta extraño el proceder de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, ya que se ha hecho del conocimiento de la opinión pública que ha procedido precisamente con base en las promociones de inconformidad aludidas, primero a formular un dictamen a través de la Comisión Permanente de Gobernación, sometiéndola al Pleno de la honorable asamblea para que mediante el decreto respectivo declaren la procedencia de lo que han dado por llamar la ‘suspensión provisional’ del H. Ayuntamiento Constitucional que represento, figura jurídica que no está contemplada en la Ley Suprema, ni en ninguna ley secundaria; y asimismo, aprueban el inicio del procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca; que precisamente vienen a constituir los actos aquí combatidos. j) Finalmente, vale la pena señalar que con su forma de actuar, el H. Congreso del Estado de Oaxaca propicia que las conductas desplegadas por el grupo de personas que se autodenominan ‘inconformes’, con las que pretenden sustentar la procedencia de sus ilegales pretensiones de provocar la desaparición del H. Ayuntamiento que represento, se vuelvan reiterativas en diversos Municipios de nuestro Estado, pues con la emisión del decreto combatido, no hacen más que dar una respuesta favorable a las pretensiones, fuera de todo contexto legal y social, del grupo de personas ‘inconformes’ para lograr la desestabilización de la paz y tranquilidad de nuestra comunidad, con el único fin de lograr la remoción de los miembros del H. Ayuntamiento Constitucional que represento y que legítimamente se viene desempeñando. Sobre todo si se toma en consideración que tal finalidad queda de manifiesto y resulta más que evidente si consideramos que la misma fue perseguida por las personas que ahora se autodenominan ‘inconformes’, pues curiosamente son las mismas que en los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, bajo los números de expedientes SUP-JDC-003-2003; y los acumulados SUP-JDC-023/2002 y SUP-JDC-024-2002, promovieron y solicitaron el desconocimiento del actual Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento que represento, encabezado precisamente por el presidente municipal constitucional Gregorio Ramírez Aguilar, sin lograrlo ante las instancias legales correspondientes, fundamentalmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha resuelto contrariamente a las pretensiones de dichas personas, pues las resoluciones emitidas dentro de dichos juicios les fueron adversas. De tal suerte que se nos ha dado la razón, legitimando una vez más la elección y, desde luego, los nombramientos de los actuales miembros del pluricitado H. Cabildo Municipal, facultándolos, por ende, a efectuar el despliegue de sus funciones con las únicas limitantes que les impone la ley, y que como lo reitero siempre fueron respetadas, y sin embargo, tales personas ahora con el pleno consentimiento del Congreso del Estado tratan de lograr sus fines fuera de la legalidad, sobre todo si tomamos en consideración que en todos y cada uno de los problemas a los que aluden en sus diversos escritos de inconformidad con los que pretenden sustentar la procedencia de su solicitud de desaparición del pluricitado H. Ayuntamiento, extrañamente en todos aparecen ellos precisamente como participantes, lo que evidencia su intención de aparentar un clima de intranquilidad en nuestra comunidad que evidentemente no existe, más que cuando ellos se han dado a la tarea de cometer delitos, conductas que no deben confundirse con causas para la procedencia de sus pretensiones; siendo propicio al efecto señalar que no resulta válido crear un supuesto con toda la mala fe e intención; y posteriormente como sucede en el caso concreto, pretender sustentarse en tal hecho para justificar la procedencia de una pretensión tan grave y delicada como lo viene a constituir la desaparición de un Municipio que, de efectuarse con tal ligereza, constituye un grave atentado en contra del federalismo y de la autonomía con que constitucionalmente se encuentran investidos los Municipios."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes:
"A) El decreto aprobando el inicio del procedimiento de desaparición del honorable Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, y la declaración de la ‘suspensión provisional’ de ese propio H. Ayuntamiento, que emana de la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, evidentemente no satisface bajo ninguna circunstancia la garantía de audiencia y legalidad tutelada en los artículos 14, 16 y fundamentalmente 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal; sobre todo tomando en consideración que tal determinación, en el caso concreto, se dictó sin notificarnos siquiera del inicio de procedimiento alguno en ese sentido y mucho menos otorgándonos la posibilidad de conocer las bases que sirvieron precisamente para la instauración de tal procedimiento para estar en aptitud de comparecer en él, en legítima defensa de nuestros intereses, que no son otros que los del pueblo que representamos; es decir, que el acto aquí combatido nos deja en un total estado de indefensión, al emitirse una medida notoriamente contraria a lo dispuesto por el precisado artículo 115 constitucional, que, en su parte conducente, establece: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. En el caso que nos ocupa, la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante la emisión del decreto combatido, en todo caso aprobó el inicio del procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento Constitucional que represento, sin otorgarnos previamente la intervención que legalmente nos correspondería dentro del mismo, y aún más, ni siquiera habernos notificado legalmente de la existencia de tal procedimiento y mucho menos habernos dado la oportunidad suficiente de probar y alegar como lo establece la disposición constitucional antes aludida, violando flagrantemente con ello tal disposición, la garantía de audiencia previa y la garantía de legalidad que en forma congruente y complementariamente establecen los tres artículos constitucionales a los que me he referido. Pero además, el decreto combatido conlleva en su expedición una clara violación al artículo 115 constitucional, toda vez que la Legislatura del Estado mediante la emisión del acto reclamado, por el cual declaró la ‘suspensión provisional’ del Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, y aprobó el inicio del pluricitado procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento que represento, claramente omitió observar que el procedimiento de defensa en nuestro favor era previo, como formalidad esencial conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional citado, y al no habernos notificado legalmente respecto del inicio del procedimiento correspondiente, no habernos corrido traslado con los escritos, base del mismo y menos aún habernos otorgado el derecho de defensa previamente a la emisión del acto combatido, evidentemente conculca la garantía consagrada en tal precepto constitucional. Lo antes acotado trae como consecuencia la invalidez del acto o decreto combatido, por haberse dictado en franco desacato a las disposiciones previstas en los artículos 14, 16, y 115 de la Constitución Federal, que establecen garantías de audiencia y legalidad cuya observancia no es potestativa, sino obligatoria para la responsable. B) Por otra parte, la Legislatura del Estado violó la garantía de legalidad al emitir un decreto mediante el cual determinó la aprobación del inicio del procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento que represento; y de igual manera, en forma por demás incongruente y fuera de toda legalidad, declaró lo que ha dado por llamar ‘la suspensión provisional del H. Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca’, sin que el artículo 115 de la Constitución Federal lo faculte para hacerlo, no sólo porque evidentemente no estaría cumpliendo con el supuesto ahí plasmado, en el sentido de que para determinar la suspensión aludida previamente se nos debió otorgar la oportunidad de defensa aportando pruebas y efectuando alegaciones, sino fundamentalmente porque la responsable está determinando la aplicación de una medida cautelar no prevista y mucho menos autorizada por la Constitución en comento. En efecto, el precepto constitucional en cita claramente establece la facultad de las Legislaturas de los Estados para suspender Ayuntamientos, declararlos desaparecidos y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros; y bajo ningún supuesto establece medidas previas como la suspensión provisional que indebidamente pretende aplicar la responsable a través del acto reclamado, pues dicha figura no está contemplada en el precepto constitucional en cita, ya que la responsable en todo caso confunde la suspensión del Ayuntamiento dentro del procedimiento respectivo y lo que ha dado por llamar ‘suspensión provisional’, como lo han manejado diversos medios de comunicación en el Estado de Oaxaca, como un acto previo al inicio y desarrollo de tal procedimiento, algo que no está permitido, es decir, que en el caso concreto se nos estarían aplicando dos sanciones, la llamada suspensión provisional y lo que es la suspensión del Ayuntamiento en sí, es decir, sin que se nos haya notificado formalmente, se está suspendiendo previamente al H. Ayuntamiento que represento y posteriormente se pretendería determinar dentro del procedimiento respectivo la procedencia o no de la suspensión del mismo, pues tal actuación, en todo caso, ha sido llevada a cabo en forma inusitada y antijurídica por la legislatura y pone en evidencia una clara violación al orden jurídico constitucional que enmarca el funcionamiento y operación de los Municipios y sus órganos, de tal forma que de actuar en esa forma la responsable, claramente lo hace al margen del mandato contenido en el pluricitado artículo 115 constitucional, en relación con los artículos 14 y 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C) La Legislatura del Estado viola la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política Federal, toda vez que en el caso concreto al emitir el decreto que se reclama, indebidamente se sustentó entre otros cuerpos de leyes, en la Ley Municipal vigente, específicamente en la que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, con fecha 10 de enero del año 2003, que entró en vigor al día siguiente, y que derogó la anterior publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, con fecha 21 de octubre del año 2002, y que entró en vigor el 1o. de diciembre del año 2002, que únicamente tuvo como vigencia un mes y 10 días; sin tomar en consideración que dicha ley resulta inaplicable en el caso concreto, pues debió tomar en cuenta que las solicitudes iniciales para la desaparición de poderes en el Municipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, en que sustentó el decreto cuyo contenido se reclama, precisamente fueron recibidas en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, con fecha 30 de septiembre del año 2002 y 5 de noviembre de ese propio año; lo que obligaba legalmente a la responsable en todo caso, a iniciar el procedimiento solicitado, precisamente con base en la Ley Orgánica Municipal vigente en esa época, es decir, la que estuvo vigente con base en el Decreto Número 118 aprobado por la H. Legislatura del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial Número 47, segunda sección, de fecha 20 de noviembre de 1993, y que dejó de tener aplicación hasta el día 1o. de diciembre del año 2002, y no como indebidamente lo hizo, aplicando la Ley Municipal vigente, pues con tal actuar, queda de manifiesto que estamos ante la presencia de una indebida aplicación de la ley en forma retroactiva, que me causa serios perjuicios y vulnera clara y contundentemente el precepto constitucional que invoco, y al tratarse de una violación directa a nuestra Constitución Política Federal invalida totalmente el acto que reclamo. Con base en lo anterior, es claro pues que en todo caso la Legislatura del Estado al emitir el decreto combatido, debió sustentarse en la Ley Orgánica Municipal vigente en la época en que se presentaron las solicitudes iniciales, que posteriormente dieron como resultado la instauración del procedimiento correspondiente, es decir, que incluso dicho procedimiento, en todo caso y de acreditarse los extremos exigidos por la ley, en su momento debe sustentarse en la Ley Orgánica Municipal de 1993 a la que me he referido; no estando por demás establecer que en ese orden de ideas, quedan de manifiesto claras violaciones procedimentales en el trámite que la responsable efectuó en relación con las solicitudes iniciales y que terminó con la emisión del decreto combatido, ya que en todo caso, en debida observancia a lo previsto por los artículos 68 y 74 de la Ley Orgánica Municipal vigente en la época de presentación de las solicitudes iniciales, la responsable debió darnos vista con la solicitud para expresar lo que a nuestro interés conviniera; y aún más, suponiendo sin conceder, que en el caso que nos ocupa resultara aplicable la Ley Municipal vigente, de cualquier manera subsisten evidentes violaciones procedimentales, toda vez que con base en las disposiciones previstas en los artículos 68 y 74 de la nueva Ley Municipal, de cualquier manera se debió proceder de la misma forma, y ante el incumplimiento de tales obligaciones procedimentales por parte de la responsable, es claro que en el caso específico, el decreto respectivo carece de una debida fundamentación y motivación legal, por lo que transgrede de manera directa y clara las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, además de que con el incumplimiento por parte de la responsable en relación con la observancia de las formalidades del procedimiento correspondiente, evidentemente se nos negó la oportunidad de ser oídos y vencidos en justo juicio. Lo anterior es base suficiente para que ese Alto Tribunal declare procedente el juicio de controversia constitucional que se intenta, y con la resolución respectiva repare en debida forma las transgresiones a nuestra Carta Magna que han quedado precisadas y plenamente demostradas. D) Por otro lado, podemos válidamente afirmar que la responsable con la emisión del decreto combatido vulnera una vez más la disposición prevista en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, toda vez que de ninguna manera precisa o señala la causa grave que motive en los términos del artículo 115 de la Constitución Federal, el inicio del procedimiento de desaparición del honorable Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, y mucho menos la ‘suspensión provisional’ de dicho Ayuntamiento, pues las causas que se mencionan como las previstas en las fracciones II, III, IV y VI de los artículos 86 y 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, resultan a todas luces inaplicables, en primer lugar porque, como ya lo he manifestado y se puede corroborar plenamente, la responsable equivocadamente en el caso concreto pretende aplicar fuera de todo contexto legal la Ley Municipal vigente en el Estado, sin embargo, como ya ha quedado precisado, ello no resulta correcto si tomamos en consideración que la ley aplicable lo es la que se encontraba vigente en la época en la que inicialmente se presentaron las solicitudes que dieron origen al procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento que represento, es decir, la Ley Orgánica Municipal que tuvo vigencia hasta el día 1o. de diciembre del año 2002, fecha en la que fue derogada; y aun así, suponiendo sin conceder que, como lo pretende la responsable, tuviera aplicación la Ley Municipal en la que sustenta el acto aquí combatido, en todo caso ni siquiera así resultan aplicables los preceptos legales que invoca, toda vez que de la lectura de los mismos se puede arribar al conocimiento de que en dichas disposiciones no se contempla causa grave alguna que motive la suspensión del H. Ayuntamiento que represento y mucho menos la ‘suspensión provisional’ del mismo, como lo pretende la responsable. Es más, debemos acotar que ni la Constitución del Estado de Oaxaca, ni las Leyes Municipales pasadas o actual, contemplan ninguna causa grave que motive la suspensión de Ayuntamientos. Es decir, que la responsable estaba imposibilitada material y jurídicamente para fundar y motivar el acto combatido en la existencia de una causa grave prevista en la ley local, pues, como lo reitero, tales causas no se prevén en dicha ley. Con ello evidentemente no se surte la hipótesis para la procedencia de la suspensión de Ayuntamientos o desaparición de Ayuntamientos prevista en la fracción I, párrafo tercero, del artículo 115 de nuestra Constitución Federal. Lo anterior motiva la invalidez de todo el procedimiento iniciado para proceder a la suspensión o desaparición del H. Ayuntamiento que represento, pues en todo caso evidentemente es contrario a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, ya que no se satisfacen las garantías de legalidad y audiencia previa, al no contemplar la legislación local causa grave alguna para la procedencia del inicio del pluricitado procedimiento de desaparición y, desde luego, para determinar la ‘suspensión provisional’ del H. Ayuntamiento que represento, pero tenemos entendido de que a pesar de ello, la responsable, con la emisión del acto combatido, pretende atentar en contra de los principios de certeza y legalidad que se derivan del proceso de elección por usos y costumbres a través del cual en nuestra comunidad fueron electos los miembros del Cabildo Municipal. La violación manifiesta al pluricitado artículo 115 de nuestra Constitución Federal antes expuesta, se robustece al tomar en consideración que, en el caso específico, el Constituyente del Estado de Oaxaca no proveyó en la Constitución del Estado respecto de las causas graves que motiven la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, es decir, que la Legislatura del Estado no dio cumplimiento cabal al espíritu de la reforma de 1983 en la materia, dejando de cumplir con su obligación en el sentido de garantizar que en las Constituciones Locales y leyes relativas se señalarán con toda precisión cuáles deben ser las causas graves que puedan ameritar la suspensión o la desaparición de un Ayuntamiento, así como los procedimientos y requisitos que deberán cubrirse para la toma de tan trascendental decisión. Por lo anterior, podemos válidamente afirmar que la Constitución Local, que es el instrumento adecuado para reglamentar esta materia, precisamente por tratarse de un mandamiento que deriva de la Carta Magna, omitió hacerlo y, por tanto, una ley secundaria como lo es la Ley Municipal, no puede directamente reglamentar el artículo 115 antes citado, sin que previamente hayan sido establecidas en la Constitución del Estado las bases para determinar en la ley secundaria, el marco jurídico de lo que es una causa grave; y siendo así, se actualiza un principio que impide constitucional y jurídicamente la aplicación de la antedicha Ley Municipal como base legal para fundar el decreto aquí combatido; teniendo en cuenta además que independientemente de lo antes acotado, no se relaciona en su contenido lo que debe entenderse por una ‘causa grave’; y en este orden de ideas podemos arribar a la conclusión de que, en todo caso, si efectivamente se dio inicio al procedimiento de desaparición del H. Ayuntamiento de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, Oaxaca, así como si se efectuó la suspensión provisional de dicho Ayuntamiento, con base en la existencia del decreto correspondiente, en todo caso ese decreto debe declararse anticonstitucional, por carecer de fundamento legal, pues, como ha quedado demostrado, no puede cumplir cabalmente con el requisito de procedencia establecido en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, cuando éste determina y condiciona la procedencia de las suspensiones y desapariciones de los Ayuntamientos al irrestricto cumplimiento de varios requisitos legales, dentro del que destaca que tales determinaciones habrán de sustentarse en la existencia de alguna de las causas graves establecidas en la ley local; y en el caso concreto ello no es factible, toda vez que tales causas no existen plasmadas en la Constitución Local, la cual fue omisa al respecto, por ello, en todo caso, el acto aquí combatido es contrario a lo preceptuado por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, y la evidente vulneración de los mismos preceptos constitucionales hace procedente la controversia constitucional que se intenta, procediéndose, en consecuencia, a declarar la invalidez del decreto de referencia y de todo el procedimiento en sí. Estos motivos de invalidez de los actos son suficientes para constituirse en una declaratoria de ese Alto Tribunal, a fin de que se restaure el orden constitucional evidentemente transgredido por la Legislatura del Estado en el caso concreto. E) Finalmente y sin que se requiera de una mayor argumentación, con todo lo antes expuesto ha quedado de manifiesto que con la emisión del decreto combatido, la responsable evidentemente vulneró la disposición contenida en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que literalmente establece: ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’; ya que pretendiendo ignorar la supremacía de nuestra Constitución Federal y en franco desacato a lo dispuesto por el artículo 115 de dicho cuerpo de ley, emitió el decreto combatido sin cumplir con los requisitos de procedencia exigidos por este último numeral en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18441-28fff13c/controversia-constitucional-el-acto-por-el-cual-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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