CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE SI NO SIENDO DE NATURALEZA PENAL LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CESARON SUS EFECTOS Y LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 367/2001. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de octubre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cleto Humberto Reyes Neri, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Estatal de la Judicatura de Aguascalientes, promovió controversia constitucional demandando de las autoridades que a continuación se señalan, la invalidez de la norma que se menciona en el párrafo siguiente:
"II. Parte demandada: Con ese carácter se encuentran: a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, que al tenor del artículo 15 de la Constitución Política de Aguascalientes, se deposita en el H. Congreso del Estado, con domicilio bien conocido en su residencia oficial, sita en Plaza de la Patria 190 Oriente, zona centro, de la ciudad de Aguascalientes. b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, que al tenor del artículo 36 de la Constitución Política de Aguascalientes, se deposita en el Gobernador Constitucional del Estado, con domicilio bien conocido en su residencia oficial del Palacio de Gobierno, sito en Plaza de la Patria sin número, zona centro, de la ciudad de Aguascalientes. IV. Norma reclamada. La reforma al artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, contenida en el Decreto Número 193 (incluyendo el artículo 3o. transitorio del decreto), expedido por la H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, misma que fue promulgada, sancionada y publicada por el titular del Poder Ejecutivo de Aguascalientes, en el Periódico Oficial del Estado, de fecha veintinueve de octubre del año dos mil uno."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"VI. Antecedentes de la norma reclamada: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan como antecedentes de la reforma constitucional cuya invalidez se reclama, son los siguientes: a) A las diecinueve cuarenta y cinco horas del día seis de septiembre de dos mil uno, la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Aguascalientes recibió una iniciativa legislativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, entre ellos, el que es motivo de esta controversia, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. b) Vale aclarar que las reformas constitucionales propuestas se referían a diversos tópicos destacando, entre ellos, la reestructuración del Poder Judicial del Estado. c) La iniciativa de cuenta, en lo que atañe al Poder Judicial del Estado, se sustentó en la exposición de motivos que enseguida se transcribe: ‘Por lo que se refiere al artículo 27 de la Constitución Local ... se aclara lo relativo a la facultad del Congreso de aprobar los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal Electoral, toda vez que en la práctica la imprecisión del texto actual ha causado bastantes problemas para llevar a cabo tales designaciones ... Respecto al Poder Judicial, y dada la problemática presentada en el proceso de selección y nombramiento de los integrantes del Tribunal Electoral, se propone adecuar los artículos 54 y 56 de la Constitución Política Local, en congruencia con los cambios que se mencionan se proponen al artículo 27. Finalmente, por lo que se refiere al artículo 52 de la Constitución Política del Estado, se propone que al igual que en la Constitución Federal se propicie la rotación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia para propiciar condiciones de igualdad.’. d) El día 25 de septiembre del año 2001, la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes emitió, en términos del artículo 46 de su reglamento interior, el dictamen de aprobación de tal iniciativa incluyendo, desde luego, el cambio constitucional que se discute. e) La parte considerativa del dictamen en cuestión, en lo tocante al Poder Judicial del Estado, es del tenor literal siguiente: ‘Igualmente, como parte fundamental de la reforma propuesta a la Constitución Local en materia del Poder Judicial, se juzgó preciso modificar el artículo 51 de tal cuerpo legislativo, a efecto de apuntalar de manera expresa la plena independencia que tal poder tiene en el ejercicio de sus atribuciones y para la administración de su presupuesto, así como en cuestiones relativas a su conformación, ingreso, formación y permanencia. En el mismo sentido, se afirma expresamente que la representatividad del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ... También, en la iniciativa que se dictamina y por lo que se refiere al artículo 52 de la Constitución Política del Estado, se propone que se reforme para que al igual que en la Constitución Federal, se propicie la rotación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, para propiciar condiciones de igualdad ... También se reforma el artículo 55 de la Constitución Política Local, en lo relativo a los requisitos que se deben cumplir para ocupar el cargo de Juez de primera instancia, estableciendo que los aspirantes deben acreditar lo establecido por el artículo 53 de esta Constitución, con excepción de lo relativo a la edad y a la experiencia profesional.’. f) Aprobada por los votos de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso en sesión celebrada el mismo día 25 de septiembre de 2001, el Congreso del Estado ordenó la remisión del dictamen en cuestión a los diversos Ayuntamientos del Estado, a fin de que éstos decidiesen respecto de la aprobación o desaprobación de tal reforma constitucional. g) La H. LVII Legislatura de Aguascalientes tuvo por aceptada de manera tácita la propuesta y, en consecuencia, el 26 de octubre de 2001 envío al Gobernador Constitucional del Estado, para efectos de promulgación y publicación, la reforma al artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de octubre del año 2001, constituyendo así los antecedentes de la norma cuya invalidez se reclama ..."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Primero. En principio, conviene destacar que la acción de controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiende a tutelar y proteger, entre otras cosas, el ámbito de atribuciones que otorga esa Ley Fundamental a los órganos originarios del Estado, derivadas del federalismo y de la división de poderes. Así lo ha sostenido, incluso, el Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P. LXXII/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 789, consultable bajo el rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaran entre la Federación y uno o más Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquellas que se pudieren suscitar entre dos o más Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre órganos de gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras, y en su caso, a la Comisión Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurídica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias.’. Ahora bien, tratándose del ámbito de atribuciones que la Constitución Federal otorga a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, el artículo 116, fracción III, de tal ordenamiento fundamental establece lo siguiente: ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.’. La transcripción que antecede, a la luz de la división de poderes y del federalismo, permite definir como principios rectores de la actividad jurisdiccional de los Estados, en aras de proporcionar a los justiciables una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, los de autonomía, independencia, inamovilidad, inmutabilidad salarial y carrera judicial. En efecto, de lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Federal dejó al Constituyente Local la tarea de determinar los órganos encargados de la impartición de justicia en las correspondientes entidades federativas, así como regular su integración y funcionamiento, empero, estableciendo ciertos imperativos que deben respetarse en las Constituciones Locales, tales como: a) Garantizar la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, estableciendo las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados; b) Establecer que los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales sean hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica; y, c) Señalar el tiempo que los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo, así como establecer que pueden ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Ahora bien, a fin de desentrañar el sentido exacto del mandato constitucional contenido en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en primer lugar es necesario emplear el sistema de interpretación genético-teleológico, mismo que permitirá establecer las razones que generaron aquel precepto, así como su finalidad. Así, resulta que la actual fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proviene de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, del día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, cuyos antecedentes, exposición de motivos de la iniciativa presidencial, dictámenes de las comisiones que intervinieron y participaciones de los legisladores, a continuación se precisan. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura a la iniciativa del Ejecutivo de la Unión con el objeto de reformar los artículos 17, 46 y 116 y derogar las fracciones VIII, IX y X del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella deben destacarse los siguientes puntos: ‘El perfeccionamiento de la impartición de justicia en México ha sido una preocupación constante de la presente administración, para satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, orden y seguridad que permiten el pleno desarrollo del individuo en su convivencia social. La sociedad mexicana en su conjunto nos ha acompañado en el propósito de alcanzar una nueva concepción social del Estado y del derecho, y de establecer los instrumentos institucionales para la consulta popular en las tareas del desarrollo y la renovación de nuestro modelo de vida nacional. El derecho se concibe, entre nosotros, como un instrumento de transformación social, por lo que la reforma jurídica, tan profunda como sea necesario, figura entre las grandes prioridades del presente. ... El respeto a los derechos del hombre y el principio de la división de poderes son piezas estructurales en la concepción del Estado mexicano, pues lo primero constituye el propósito de las instituciones sociales y el límite extrínseco de la actividad del Estado, garantía de la libertad de los hombres y el segundo contiene la base orgánica de la estructuración del poder estatal y es el límite intrínseco de su propia actividad, pues el ejercicio de la potestad pública debe estar íntegramente supeditado al orden jurídico y su división forma parte del sistema general de protección a la libertad. ... Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del Juez jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley. La independencia judicial requiere que los Jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del Juez a la ley, le hace independiente de la libertad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. A la independencia objetiva se une el consentimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y auténtica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el Juez desempeña en la aplicación del derecho. Estas calidades son el espíritu de la autoridad moral del Juez, pues la autoridad formal le es conferida por la ley. El Juez es símbolo de la justicia y guardián del derecho, por ello los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen Juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y preparación adecuadas son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente. En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta proporciona a los servidores de la administración de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozará de permanencia en su puesto. Sin Jueces estables en el desempeño de su cargo, la independencia en el ejercicio de la función, se ve considerablemente disminuida. Finalmente, al Juez debe garantizarse una posición social digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarda adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. ... Para ello es necesario, además, establecer las bases constitucionales en relación a los Poderes Judiciales Locales y proponer reformas a los preceptos constitucionales que regulan el Poder Judicial de la Federación. La inclusión en nuestro texto constitucional de las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados es una aspiración, que esta iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, recogida por don Venustiano Carranza en las ideas contenidas en su Declaración de Veracruz de 1914, y reiteradas en su discurso inaugural del Congreso Constituyente de 1o. de diciembre de 1916, para consolidar un Poder Judicial respetable, digno, vigoroso e independiente, tanto en el ámbito federal como en el local. Dado que nuestra Constitución cumple el cometido de ser el estatuto nacional de los Estados que integran la Federación, es necesario que nuestra Norma Fundamental señale las bases conforme a las cuales los Poderes Judiciales de los Estados, deban cumplir con la relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de calidad similar en todo el territorio nacional. Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el artículo 17 constitucional que se propone, con el respeto al principio fundamental de la autonomía constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmación y los medios para lograr la independencia del Poder Judicial, calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impartición de justicia; y deja a las Constituciones y leyes locales, la regulación del Poder Judicial Local, para que ellas establezcan las especiales características y modalidades que más se adecuen a las particularidades geográficas, etnográficas, demográficas y económicas de cada entidad federativa.’. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura al primer dictamen del que también deben ponerse de relieve los párrafos que a continuación se reproducen. ‘Al proceder a reestructurar y dar uniformidad a los sistemas de Gobierno Locales y Municipales resulta conveniente fortalecer al Poder Judicial de cada entidad, para robustecer su desempeño y la mejor administración de justicia a que alude el artículo 17 de nuestra Carta Suprema. ... La fracción III del artículo 116 constitucional contiene la referencia al Poder Judicial de cada Estado, es la novedad de esta iniciativa y principia por señalar que dicho Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones Locales. De manera adecuada en el segundo párrafo de la fracción III, congruente con la exposición de motivos, establece que la independencia de los Magistrados y Jueces, en el ejercicio de sus funciones, se garantizará en las Constituciones y las leyes orgánicas de cada entidad y establece el contenido mínimo, en relación con el tema para esa Constitución y leyes orgánicas, al indicar que precisamente en ellas se establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. ... El párrafo cuarto de esta fracción III establece el principio de una auténtica carrera judicial en los Estados de la República al señalar que los nombramientos de Magistrados y Jueces se harán, preferentemente, entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia y no cierra la puerta para que puedan designarse también en esos cargos los que lo merezcan por su honorabilidad y competencia profesional. ... El párrafo sexto de la fracción que se analiza cumple una de las necesidades insoslayables a fin de lograr una verdadera independencia del Poder Judicial: La de permanencia en el cargo. ... Insistimos en que el contenido de esta fracción III del artículo 116 posibilitará el logro de la real independencia de los Poderes Judiciales al señalar los requisitos mínimos de ingreso, formación y permanencia de sus integrantes y al establecer las garantías de adecuada remuneración y la inamovilidad en el cargo.’. Dentro del debate parlamentario que siguió a la lectura del dictamen antes referido, destaca la intervención del senador Sobarzo Loaiza, producida en los siguientes términos: ‘Es evidente que a partir de la consulta nacional sobre administración de justicia, emprendida en 1983, se han logrado cambios sustanciales en la materia. Gracias al proceso de consulta popular se pudieron analizar a fondo las condiciones que afronta nuestro sistema jurídico y las circunstancias en que se desenvuelven los órganos encargados de la seguridad pública y la administración de justicia. De ahí surgieron las directrices que han impulsado una reforma jurídica e institucional que poco a poco irá haciendo sentir mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía. ... Respecto de los lineamientos básicos que deben regir el funcionamiento de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, en la iniciativa se establece que la independencia de los Magistrados y Jueces deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados. Tales ordenamientos, por lo tanto, deberán establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales del ámbito estatal. Resulta indudable que uno de los fines principales del derecho es la seguridad jurídica, la que ha sido definida como «la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad protección y reparación». Para hacer posible la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 17 constitucional, especialmente a la luz de la nueva redacción propuesta, se requiere de la independencia de Magistrados y Jueces en todo el ámbito nacional. Resulta claro que no puede haber seguridad jurídica concebible sin división de poderes, pues este principio no sólo aparta a los Estados de la posibilidad de caer en el absolutismo, sino que es presupuesto indispensable para que cada uno de ellos cumpla adecuadamente su función sin intromisiones de los otros. Por lo tanto, hay que establecer los medios adecuados, como se busca en la iniciativa, para lograr una verdadera independencia del Poder Judicial en todas las entidades del país y que los Jueces no tengan más norma rectora que la ley. Hay que superar todo vestigio de caciquismo estatal en torno a la administración de justicia y cerrar las puertas a las arbitrariedades a que conduce el hecho de que los Jueces estén supeditados en ocasiones a gobernantes o sujetos a caprichos de ámbito local. Una de las condiciones básicas para garantizar la independencia de los altos funcionarios judiciales es la estabilidad en el cargo, pues ésta proporciona a los servidores de la administración de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozará de permanencia en su puesto. Ya lo decía Alexander Hamilton en «El Federalista», hace doscientos años, que la adhesión uniforme e inflexible a la ley, indispensable en los tribunales de justicia, manifiestamente no puede esperarse de Jueces que estén en posesión de sus cargos en virtud de designaciones temporales. Y a ello agregaba: «Los nombramientos periódicos, cualquiera que sea la forma como se regulen o la persona que los haga, resultarían fatales para esa imprescindible independencia».’. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura al siguiente dictamen: ‘Incorporar la independencia judicial al precepto constitucional que garantiza el derecho a la justicia, se estima por la comisión que rinde el presente dictamen como un fiel eco de la exposición de motivos del proyecto de Constitución del primer jefe del ejército constitucionalista en que categóricamente se afirma: «uno de los anhelos más ardientes y más honradamente sentidos por el pueblo mexicano es el de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público». ... Finalmente, la fracción III del artículo 116 constitucional contiene la referencia al Poder Judicial de cada Estado. Aquí radica una de las innovaciones fundamentales de la iniciativa pues señala que dicho Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones Locales. El segundo párrafo de la fracción III, establece que la independencia de los Magistrados y Jueces se garantizará en cada una de las Constituciones y leyes orgánicas locales y fija las bases para su reglamentación al señalar que corresponde a estos ordenamientos establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. ... Se propone también que a nivel constitucional ... se asegure la permanencia en el encargo de los funcionarios judiciales para mantener autonomía de criterio, sin detrimento de la seguridad social, personal y familiar del juzgador. ...’. De lo reproducido precedentemente y, en general, del proceso que dio lugar a las reformas constitucionales de que se trata, se desprende que las mismas tuvieron como antecedentes la consulta popular realizada en el año de mil novecientos ochenta y tres, las conclusiones del XIII Congreso de Tribunales Superiores de Justicia del país (exposición de motivos de la reforma) y la necesidad de establecer en el Pacto Federal los lineamientos fundamentales para la organización de los Poderes Judiciales de los Estados. Debe destacarse que la reforma a la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental, se realizó conjuntamente con la enmienda de varios preceptos en materia de administración de justicia y, principalmente, del artículo 17. De las partes expuestas del procedimiento de enmienda constitucional se deduce claramente que la finalidad de la reforma, en la parte que interesa, fue garantizar efectivamente la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados; ello se sigue de la reiteración con que se habla de hacer efectiva la división de poderes y la autonomía de los Poderes Judiciales Locales. Dentro de esta temática, específicamente, se abordó la cuestión de la inamovilidad y se señaló, enfáticamente, que con la inclusión de ella en las reformas se pretende hacer efectiva la independencia de los Poderes Judiciales Locales. De modo claro, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma como en la intervención del senador Sobarzo, se dijo categóricamente que una de las condiciones básicas para garantizar la independencia de los altos funcionarios judiciales es la estabilidad en el cargo, pues ésta proporciona a los servidores de la administración de justicia la seguridad de que mientras su conducta sea apegada a derecho y obren con justicia, gozarán de permanencia en el puesto. De lo expuesto se sigue que la interpretación del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal debe favorecer la realización de la independencia y autonomía del Poder Judicial de las entidades federativas, y a la inamovilidad judicial como un medio para lograrla. El artículo 116, fracción III, fue reformado de nueva cuenta mediante el decreto publicado en el Diario Oficia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17861-5efb3ade/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-si-no-siendo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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