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Modo: Corpus Pro

AYUNTAMIENTOS. LA FACULTAD PARA SUSPENDER A SUS MIEMBROS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LA LEGISLATURA DE ESA ENTIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 153 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. JUNTAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO DE ESOS ORGANISMOS MEDIANTE PARTIDAS OBTENIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, NO TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL DISPONER QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DEBERÁ ESTAR INTEGRADA POR SÍNDICOS Y REGIDORES. MUNICIPIOS. LA FACULTAD QUE SE LES OTORGA PARA AUTORIZAR O CALIFICAR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGREN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO TRANSGREDE LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2001. · Registro digital (IUS): 19198
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 1287.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2001. MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIAS: MARIANA MUREDDU GILABERT Y CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de julio de dos mil cinco.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado el dieciséis de mayo del año dos mil uno, en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Alejandro Islas Alva, quien se ostentó con el carácter de síndico procurador del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma que a continuación se indica, emitida por las autoridades que más adelante se señalan:

"Norma general o acto cuya invalidez se demente (sic), y el medio oficial en que se hubiera publicado: Lo es la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; publicada en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Hidalgo, el día 16 dieciséis de abril de 2001 dos mil uno (sic), mediante decreto 213.

"Nombre y domicilio del demandado: A) H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en sector primario, ubicado en carretera México-Pachuca; en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. B) C. Gobernador Constitucional del Estado Libre Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en el palacio de gobierno del Estado, ubicado en avenida Juárez esquina con avenida Francisco I. Madero en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. C) C. Director del Periódico Oficial del gobierno del Estado de Hidalgo, con domicilio conocido en el palacio de gobierno del Estado, ubicado en avenida Juárez esquina con avenida Francisco I. Madero en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo."

SEGUNDO. Los antecedentes que expresa la parte actora son los siguientes:

"A) El 16 dieciséis de abril del año 2001 dos mil uno (sic), se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante decreto número 213, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, la cual entró en vigencia al día siguiente de su publicación tal y como lo dispone el artículo primero transitorio de la ley comentada. B) Las autoridades demandadas H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el C. Director del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; mediante la Ley Orgánica Municipal en sus artículos de los que solicito se declare su invalidez vulneran la autonomía del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo; en virtud de que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su régimen interior de las entidades federativas reconoce como base de su división territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre; cuyo gobierno es autónomo investido de personalidad jurídica propia y tiene las facultades de manejar su patrimonio; por conducto de un Ayuntamiento y dictar todos los ordenamientos que regulen la organización administrativa municipal. Al efecto, la Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo aprobó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, sancionada por el gobernador constitucional y publicada mediante decreto 213 de fecha 16 dieciséis de abril del año en curso, la que contiene diversas disposiciones legales que considero contravienen lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello, y al existir vulnerabilidad por parte del Congreso Estatal, del gobernador constitucional en cuanto a la aprobación, sanción y publicación de la Ley Orgánica Municipal."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora, son los siguientes:

"Primero. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones: I, II, IV, inciso c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorgaron atribuciones a los Ayuntamientos: Para gobernar a su respectivo Municipio, entre otros aspectos, para manejar o administrar su patrimonio de manera autónoma e independiente para aprobar su presupuesto de egresos y para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal y para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, entre otros aspectos, para manejar y administrar su patrimonio de manera autónoma y libre. En efecto, los preceptos constitucionales mencionados regulan literalmente lo siguiente: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados ... los reglamentos ... y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal ... .III. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) ... b) ... c) ... . Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.’. De acuerdo con lo expuesto, si bien resulta cierto, que las Legislaturas de los Estados, con fundamento en el artículo 115, fracción II, incisos a), b), c), d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen atribuciones para expedir una ley estatal que regule los siguientes aspectos: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal. b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios de asociación de Municipios para la prestación de servicios públicos y los convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente; se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se prestan o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, que regula el artículo 115, en su fracción III. Así mismo, los convenios que pueden celebrar los Municipios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con las contribuciones que reciben los Municipios, sobre: propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambió del valor de los inmuebles, que se regulan en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, los convenios que pueden celebrar los Municipios con el Estado, cuando éstos a su vez hayan celebrado convenios con la Federación para la asunción de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario, que regula el artículo 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También resulta cierto que el artículo 115, fracción II, incisos a), b), c), d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no faculta al Congreso del Estado de Hidalgo, para aprobar en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los artículos 46, 47, 95, 96, 97, 98 y 125. Estos preceptos literalmente regulan lo siguiente: ‘Artículo 46. Los Ayuntamientos, solventarán los gastos que eroguen las Juntas de Acción Cívica y Cultural, con los fondos que se destinen para ese objeto y con los que se arbitren por aportaciones públicas, sin que puedan dar inversión distinta a los fondos así recaudados, salvo el caso en que los Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas de Acción Cívica, los apliquen en la construcción de obras materiales o la prestación de un servicio de notorio beneficio para el Municipio.’. ‘Artículo 47. El tesorero de la Junta, administrará los fondos de ésta, rendirá en los meses de junio y diciembre de cada año un informe al Ayuntamiento, que contenga la lista de los donantes y el monto de lo recaudado por medio distinto, los gastos erogados, así como la declaración de que quedan los comprobantes a la vista del público para su examen.’. ‘Artículo 95. La Tesorería Municipal, es el único órgano de recaudación de los recursos financieros municipales, con las excepciones expresamente señaladas por la ley. Esta dependencia, estará a cargo de un tesorero municipal que será designado por el presidente.’. ‘Artículo 96. Para ser tesorero municipal, se requiere: I. Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; II. Tener conocimiento y la capacidad técnica suficiente para desempeñar el cargo; III. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; IV. No haber sido condenado por delitos intencionales; V. Caucionar el manejo de los fondos y cumplir con los requisitos que señalen otras leyes protectoras de la hacienda municipal y VI. No ser ministro de algún culto religioso.’. ‘Artículo 97. Los tesoreros municipales, tomarán posesión de su cargo, previo el corte de caja y auditoría que se practique, el cual será revisado por el presidente municipal y el síndico del Ayuntamiento y firmado por quien entregue y por quien reciba la Tesorería Municipal. En la misma diligencia, se entregarán y recibirán, respectivamente y por inventario, el archivo, los muebles, los útiles de la dependencia, los libros de registro anotados al día y la relación de deudores de todos los ramos de ingresos, así como la relación de obras en proceso, considerando el avance fisco y financiero. El acta, la auditoría, los cortes de caja e inventarios que con tal motivo se levanten, se formularán por quintuplicado, para distribuir los respectivos ejemplares en la siguiente forma: archivo de la tesorería, uno a las personas que entreguen, uno al tesorero que reciba, uno al presidente municipal y uno al síndico. Para el desempeño de sus funciones, el tesorero municipal estará asistido por una unidad técnica de finanzas y contabilidad, cuya responsabilidad deberá recaer en un profesionista o pasante de las carreras de economía, administración o contaduría, que acredite satisfactoriamente sus estudios, cuyo nombramiento deberá ser autorizado por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento; el responsable del área referida, refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular de la Tesorería Municipal.’. ‘Artículo 98. El tesorero municipal, tendrá como facultades y obligaciones, las siguientes: I. Verificar, por sí mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, cobrar los créditos que correspondan a la administración pública municipal, de acuerdo con las disposiciones legales; II. Cuidar, que se haga con puntualidad el cobro de los créditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida comprobación las cuentas de ingresos y egresos; III. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; IV. Llevar, por sí mismo, la caja de la tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; V. Activar el cobro de los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia y cuidar que los rezagos no aumenten; VI. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento, todos los datos e informes que sean necesarios para la formulación del proyecto de ley de ingresos municipales y del presupuesto de egresos, así como vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de esta ley; VII. Verificar, que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la Tesorería Municipal; VIII. Solicitar se hagan a la Tesorería Municipal, visitas de inspección o auditoría; IX. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; X. Proponer al Ayuntamiento, las medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la hacienda pública del Municipio; XI. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del presidente municipal, que le sean comunicados en los términos de esta ley. Cuando el Ayuntamiento o el presidente municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos legales, el tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstención. Si aquellos insistieren en la orden, también por escrito, el tesorero hará el pago bajo la responsabilidad del que dicte dicha orden; XII. Realizar junto con el síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el erario municipal; XIII. Remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, las cuentas, informes contables y financieros mensuales dentro de los primeros quince días del mes siguiente; XIV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería Municipal con el visto bueno del síndico; XV. Contestar oportunamente, las observaciones que haga la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, en los términos de la ley respectiva; XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga el día y hora fijada por el reglamento interior o señalados por el Ayuntamiento o el presidente municipal; XVII. Comunicar al presidente municipal, las faltas oficiales en que incurran los empleados de su dependencia; XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad el estado y conservación de inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cómputo y parque vehicular; XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del presidente municipal; XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al presidente municipal, sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan; XXI. Realizar el padrón de contribuyentes municipales; XXII. Informar al Ayuntamiento y al presidente municipal, de los datos que le pidan y respecto de los arbitrios que tienen; XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; XXIV. Practicar, diariamente, corte de caja de primera operación en el libro respectivo e informar al presidente municipal; XXV. Emplear la facultad económico coactiva, para hacer efectivo los créditos fiscales y XXVI. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.’. ‘Artículo 125. La administración municipal, en el sector central o paramunicipal, contará con una unidad encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominación de Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para financiar su operación, el Ayuntamiento establecerá, conforme a sus recursos, la partida presupuestal correspondiente, no podrá ser ésta de un monto menor al 3% del total del presupuesto de egresos, independientemente de los recursos federales y estatales que se le transfieran. La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estará regida por un patronato, presidido por la persona que designe el presidente municipal y una dirección, con las unidades administrativas o dependencias que establezca el acuerdo o reglamento correspondiente o sus propios requerimientos. El titular del Desarrollo Integral de la Familia Municipal, deberá contar con el apoyo de una unidad técnica, cuyo responsable deberá ser un profesionista o técnico con conocimientos en las materias de derecho, administración o ramas afines a éstas, que acredite satisfactoriamente sus estudios ante el Ayuntamiento. El responsable de la unidad referida, refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo Integral de la Familia Municipal.’. En efecto, el artículo 115, fracción II, incisos a), b), c) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no faculta al Congreso del Estado de Hidalgo, para aprobar normas que: obliguen a los Ayuntamientos a solventar los gastos que erogue la Junta de Acción Cívica y Cultural, que obliguen al Ayuntamiento a permitir que el tesorero de la Junta de Acción Cívica y Cultural administre los fondos de está, que obliguen al Ayuntamiento para que dentro de la administración municipal, exista un órgano que se denomine Tesorería Municipal, que intervengan en la administración del erario municipal, realizando las siguientes atribuciones: llevar los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que serán necesarios para la debida comprobación de egresos, tener bajo su custodia la caja de tesorería, tener los datos para formulación del proyecto de presupuesto de egresos, glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento, revisar que los gastos que ordene el Ayuntamiento o el presidente municipal reúnan los requisitos legales, llevar el control de los gastos del Municipio, para realizar un corte de caja mensual, llevar el control de las partidas del presupuesto municipal y de los gastos, para informarlo al Ayuntamiento y al presidente municipal y llevar el libro de gastos del erario municipal para hacer el corte de caja de primera operación e informarle al presidente municipal y para obligar al Ayuntamiento para financiar la operación de un órgano de asistencia, denominado Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y obligarle a aprobarle un presupuesto que no puede ser menor al 3% del total del presupuesto de egresos. Por lo anterior, el Congreso del Estado, carece de esas atribuciones porque todas estas normas violan la facultad que tienen los Ayuntamientos para administrar libremente su patrimonio y para resolver qué órgano de la administración municipal, va a llevar el control de sus gastos. No se está diciendo que estas normas afecten o dañen la administración del erario municipal, lo que se está diciendo que estas normas deben ser aprobadas por los Ayuntamientos y de ninguna forma por el Congreso del Estado. Segundo. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones I y II le otorgan atribuciones a los Ayuntamientos; para gobernar a su respectivo Municipio, entre otros aspectos, para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, entre otros aspectos, para decidir qué funcionarios deben integrarla, qué requisitos deben cumplir para ser designados, quién debe designarlos, qué funcionarios deben realizar y en qué tipo de responsabilidades administrativas pueden incurrir y qué órgano es el que debe aplicar las sanciones. El precepto constitucional mencionado, regula literalmente lo siguiente: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados ... los reglamentos ... y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal ...’. De acuerdo con lo expuesto, si bien resulta cierto, que las Legislaturas de los Estados, con fundamento en el artículo 115, fracción II, incisos a), b), c), d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen atribuciones para expedir una ley estatal que regule los siguientes aspectos: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, para dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal. b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios de asociación de Municipios para la prestación de servicios públicos y los convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se prestan o ejerzan coordinadamente por el Estado y por el propio Municipio, que regulan los artículos 115, en su fracción III. Así mismo, los convenios que pueden celebrar lo Municipios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con las contribuciones que reciben los Municipios, sobre: propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles, que se regulan en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También resulta cierto que el artículo 115, fracción II, incisos a), b), c), d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no faculta al Congreso del Estado de Hidalgo para aprobar en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los artículos 43, 44, 45, 46, 52, 55, 60, 61, 70, 74, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 97, párrafo último, 102, 103, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 155. Estos preceptos regulan literalmente lo siguiente: ‘Artículo 43. En cada Municipio se integrará una Junta de Acción Cívica y Cultural, que tendrá como objetivos fundamentales los de organizar actos cívicos en las fechas históricas tradicionales y desarrollar eventos o actividades que tiendan a fomentar la educación cívica y la superación cultural de sus habitantes.’. ‘Artículo 44. La Junta de Acción Cívica y Cultural, se integrará por el presidente municipal, dos secretarios vocales, un tesorero y sus respectivos suplentes.’. ‘Artículo 45. Los secretarios vocales, el tesorero y los suplentes, serán designados por el Ayuntamiento en el mes de enero de cada año, a propuesta del presidente municipal. Para su designación, preferentemente se tomará en cuenta su vinculación con el sector educativo o su pertenencia a las asociaciones o colegios de profesionistas y técnicos.’. ‘Artículo 46. Los Ayuntamientos, solventarán los gastos que eroguen las Juntas de Acción Cívica y Cultural, con los fondos que se destinen para ese objeto y con los que se arbitren por aportaciones públicas, sin que puedan dar inversión distinta a los fondos así recaudados, salvo el caso en que los Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas de Acción Cívica, los apliquen en la construcción de obras materiales o la prestación de un servicio de notorio beneficio para el Municipio.’. ‘Artículo 52. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes: I. Sancionar y ordenar la publicación de bandos y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento, así como publicar las leyes y reglamentos que se le encomienden. Para la sanción de bandos y reglamentos, podrá convocar a referéndum en los términos previstos por los artículos 21 y 22 de esta ley; II. Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento, conforme a esta ley; III. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento; IV. Rendir al Ayuntamiento, en sesión pública, informe anual sobre la administración pública municipal y las labores realizadas, el 16 de enero de cada año; cuando por causas de fuerza mayor no fuera posible en esta fecha se hará en otra, previo acuerdo de la mayoría del propio Ayuntamiento, en el que se señalará fecha y hora para este acto, sin que exceda del día 31 de enero en los términos previstos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo. En el caso de haberse designado Concejo Municipal, en los términos previstos en esta ley, el presidente del mismo, tendrá la representación del concejo y la obligación de rendir a éste, el informe anual sobre la administración pública municipal y las labores realizadas; V. Nombrar y remover al secretario general municipal, tesorero y demás funcionarios que se requieran, para el eficaz desempeño de la administración municipal; VI. Extender los nombramientos y tomar protesta a los delegados y subdelegados, electos por los pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios; así como suspenderlos por incumplimiento de sus funciones o por la comisión de delitos de los fueros común o federal y separarlos en definitiva cuando fueren encontrados responsables. Cuando faltare el delegado o subdelegado, solicitará a los vecinos una nueva elección. Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como cuidar que las dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con eficiencia; VII. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda municipal y que la inversión de los fondos municipales se apliquen con estricto apego al presupuesto; VIII. Autorizar a la Tesorería Municipal, en unión del secretario general, las órdenes de pago que sean, conforme al presupuesto; IX. Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos, que residan dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los mismos términos; X. Cumplir con el plan estatal de desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el presidente municipal deberá presentar un plan de desarrollo municipal congruente con el plan estatal; XI. Visitar los poblados del Municipio, a fin de supervisar la obra pública y los servicios, así como para conocer su problemática e informar al Ayuntamiento o concejo para que sean tomadas las resoluciones y providencias correspondientes; XII. Auxiliar a las autoridades federales en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIII. Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido; XIV. Recabar la autorización de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, para el nombramiento del conciliador municipal y los titulares de las unidades técnicas de la administración municipal; XV. Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos públicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento; XVI. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad para la conservación del orden público, con excepción de las facultades que se reservan al presidente de la República y al gobernador del Estado, conforme a lo establecido por la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVII. Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio por más de quince días, si el plazo excediere de treinta días conocerá y resolverá el Congreso del Estado; XVIII. Enviar a las autoridades municipales y estatales, así como a las bibliotecas del Municipio, los ejemplares que contengan las leyes y reglamentos y demás disposiciones vigentes en materia municipal, con la debida oportunidad; XIX. Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación del Registro del Estado Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios que les competen, en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado y demás leyes de la materia y vigilar su cumplimiento; XX. Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el secretario general y el tesorero municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya más allá del periodo de su ejercicio, el acuerdo deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; XXI. Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempeño de los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento y en los términos del reglamento correspondiente; XXII. Proponer al Ayuntamiento, la división administrativa del territo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19198-bf56902f/ayuntamientos-la-facultad-para-suspender-a-sus-miembros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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