CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO DEBEN SER EMPLAZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCIÓN LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de febrero de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado el cinco de julio del año dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Alejandro Islas Alva, ostentándose con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo y representante legal del mismo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se indican, emitidos por la autoridad que más adelante se precisa:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en que se hubiera publicado, lo constituyen: 1. El oficio de fecha 3 de julio del año 2001 dos mil uno (sic), suscrito por los CC. Diputados Óscar Damián Sosa Castelán y José Ignacio Olvera Caballero con la calidad de secretarios de la H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el que notifican al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que resultó aprobado por 19 diecinueve (sic) votos a favor y 7 siete (sic) en contra del dictamen presentado por la comisión instructora de la H. Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, respecto de la declaración de procedencia promovida en su contra por integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y apoyada en la petición formulada por la Procuraduría General en el Estado de Hidalgo; en consecuencia, se le ha separado de su cargo como presidente municipal constitucional; 2. El dictamen presentado por la comisión instructora de la demandada de fecha 27 veintisiete (sic) de junio del año 2001 dos mil uno (sic) en el que concluye que se ponga a consideración del Pleno y se apruebe la declaración de procedencia en contra del C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y, en consecuencia, se decrete su separación y su suspensión del fuero constitucional; resoluciones que le fueron notificadas por conducto de su defensor el día tres de julio de 2001."
"II. Nombre y domicilio del demandado: H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con domicilio conocido en sector primario ubicado en carretera México-Pachuca, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo."
SEGUNDO.-Los antecedentes que expone la parte actora, son los siguientes:
"Con fecha 27 de septiembre del año 2000, como así consta en el dictamen presentado por la comisión instructora de la autoridad demandada, un grupo de regidores del H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, presentaron una denuncia de hechos en contra del C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, iniciándose la averiguación previa número 12/DAP/R/III/906/2000, y de acuerdo a la solicitud de declaración de procedencia presentada por la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, se formó ante la comisión instructora de la autoridad demandada el expediente número 102.-A. Previo procedimiento de declaración de procedencia que se siguió ante la comisión instructora de la autoridad demandada, ésta determinó mediante su dictamen correspondiente de fecha 27 veintisiete (sic) de junio del año 2001 dos mil uno (sic), que había lugar a proceder en contra del C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por la probable responsabilidad del delito de negociaciones indebidas.-B. Con fecha 3 tres (sic) de julio del año en curso, los diputados Óscar Damián Sosa Castelán y José Ignacio Caballero, con la calidad de secretarios de la autoridad demandada notificaron por conducto de su abogado defensor al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el oficio de fecha 3 de julio del año en curso, mediante el que le informaban que resultó aprobado el dictamen presentado por la comisión instructora antes aludida y, en consecuencia, quedaba separado de su cargo."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora, son los siguientes:
"Primero. La autoridad señalada como demandada H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, vulnera la autonomía municipal y la estructura del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, al violar el principio constitucional de libertad municipal, en virtud de que al revocar el mandato constitucional al C. Juan Gómez Martínez como presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, viola lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece en su fracción I, párrafo tercero, que: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’.-En este caso, la Legislatura del Estado de Hidalgo hizo uso de la atribución que le otorga el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para revocar por causas graves a los miembros del Ayuntamiento expidiendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en este ordenamiento reguló dos procedimientos para que el Congreso Local pudiera revocar o suspender ese mandato constitucional, a saber: El procedimiento de juicio político que se regula en los artículos 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24; el procedimiento para la declaración de procedencia, que se regula en los artículos 25, 26, 27 y 28.-Ahora bien, el procedimiento para la declaración de procedencia, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos requiere para que se instruya, que exista una denuncia o querella y que se hayan cumplido con dos requisitos fundamentales que son: Los elementos del tipo penal del delito que se trate y la probable responsabilidad de los servidores públicos con fuero constitucional. Por esta razón, fue considerado por el legislador local, que en el procedimiento para la declaración de procedencia necesariamente implicaba la suspensión o revocación del mandato constitucional. Por esta razón, el legislador local reguló en el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Hidalgo, los delitos graves y los define como aquellos que en atención a la importancia del bien jurídico tutelado y la grave afectación al orden social que su consumación implica.-El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un precepto que regula una norma especial y jerárquicamente superior a cualquier otra disposición, pues acorde a lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política debe imperar la supremacía constitucional, por ende, las leyes locales deben ajustarse a ella, que por mandato de este mismo precepto se regule en las leyes locales para reglamentar las causas graves a través de las cuales las Legislaturas Locales puedan suspender o revocar el mandato popular de algunos de los integrantes de los Ayuntamientos.-Octava Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989. Página: 228. ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe).-Ahora bien, el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula los requisitos fundamentales para que las Legislaturas Locales puedan revocar o suspender el mandato de uno de los miembros del Ayuntamiento, de este precepto constitucional se desprende que, para que las Legislaturas de los Estados puedan suspender o revocar el mandato constitucional de alguno de los miembros de los Ayuntamientos de los Municipios, a sabed (presidentes municipales, síndicos procuradores o cualquiera de los regidores): 1. Que se siga en su contra un procedimiento en el que tengan la oportunidad de defensa, que es ofrecer pruebas y alegar. 2. Que su suspensión o su revocación sea aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes. 3. Que su suspensión o revocación sea consecuencia de alguna causa grave en que el miembro del Ayuntamiento haya incurrido.-En conclusión, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la señala como Ley Suprema. Asimismo regula como las leyes jerárquicamente inferiores a las que emite el Congreso de la Unión y los tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por último, regula en los ordenamientos mencionados que son de observancia general en toda la unión y que los Jueces de cada Estado y las Constituciones y leyes que emitan los Estados deben adecuarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, la disposición constitucional del artículo 115 resulta ser norma jurídica superior a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código de Procedimientos Penales emitida por la Legislatura Local del Estado de Hidalgo. Asimismo, es una norma super especial porque regula única y exclusivamente para la suspensión o revocación del mandato constitucional de los miembros de los Ayuntamientos los requisitos fundamentales para ello. En consecuencia, este precepto constitucional jerárquicamente superior y especial, se aplica para los dos procedimientos que regula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo: procedimiento de juicio político y procedimiento para declaración de procedencia. En este último caso, como el procedimiento de declaración de procedencia requiere la existencia de un probable delito, también se aplica para los delitos graves o no graves que regula el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Hidalgo y sólo es procedente en caso de delitos graves para ser congruente con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el procedimiento para declaración de procedencia.-En el caso que nos ocupa, la autoridad demandada H. Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el oficio de fecha 3 de julio del año 2001 dos mil uno, los CC. Diputados de nombres Óscar Damián Sosa Castelán y José Ignacio Olvera Caballero, notificaron al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que había sido aprobada por 19 diecinueve votos a favor y 7 siete en contra del dictamen de fecha 27 de junio del año 2001 presentado por la comisión instructora de la autoridad demandada, la que solicita la aprobación de la declaración de procedencia; en consecuencia, la separación de su cargo como Presidente Municipal Constitucional del Tulancingo de Bravo, Hidalgo, vulnerando con ello el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, que regula la libertad municipal de autogobierno y la democracia de la ciudadanía tulancinguense debido a la denuncia de hechos posiblemente constitutivos del delito de negociaciones indebidas señalado por el artículo 309 del Código Penal vigente en el Estado de Hidalgo, siendo a todas luces inconstitucionales estas resoluciones, toda vez que el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, lista una serie de delitos que se califican como graves. Sin embargo, el delito de negociaciones indebidas no se encuentra regulado como un delito grave, porque no se encuentra incluido dentro de la lista que enumera el artículo mencionado.-Pues al efecto, dicho precepto legal establece que: ‘Se califican como graves, en atención a la importancia del bien jurídico tutelado y la grave afectación al orden social que su consumación implica, los tipos penales dolosos contenidos en los artículos del Código Penal para el Estado de Hidalgo ...’.-De lo que podrá apreciar esta máxima autoridad federal, el delito por el cual se le ha iniciado el procedimiento de declaración al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, siendo este el delito de negociaciones indebidas, acorde al listado de los tipos penales que establece el artículo 119 de la ley adjetiva penal vigente en el Estado de Hidalgo, no lo tipifica como delito grave.-Por lo anterior, la Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, al aprobar el acto que se impugna, aprobó un acto contrario al artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al regular este precepto las Legislaturas Locales pueden suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga. En este caso, la Legislatura Local legisló las causas graves, como casos especiales donde se podrá intervenir afectando la autonomía del Gobierno Municipal en dos ordenamientos: en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando se afectan los intereses fundamentales o en su buen despacho. En el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Hidalgo, cuando reguló los delitos graves y no graves, porque el legislador entendió que cuando a un servidor público con fuero constitucional de algún Ayuntamiento, se le estuviera investigando por un delito no grave, en virtud de que no había una afectación grave al orden social, el ejercicio de la acción penal, debería esperarse, hasta que el servidor público cumpliese su encargo porque incluso en este caso, la prescripción no corre con fundamento en el artículo 154 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. En este caso, el legislador local le dio más importancia a la función pública que se está desempeñando que al delito cometido.-Podemos decir, que el espíritu del artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que regula las causas graves como único medio constitucional para que algún miembro del Ayuntamiento pueda ser removido o revocado de su mandato; por causas graves no únicamente se deben entender los actos u omisiones en que incurra el servidor público con fuero constitucional, y las cuales regule como tales la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; pues como se ha hecho referencia, dicha ley en nuestro Estado de Hidalgo norma dos procedimientos, como lo son: el juicio político que se instruye por faltas graves administrativas en cuanto a las facultades que la ley les confiere a tales miembros del Ayuntamiento, así como también regula el procedimiento de declaración de procedencia que tiene como finalidad desaforar de su mandato constitucional a algún miembro de los Ayuntamientos por la comisión de algún delito, esto con la finalidad de que sea juzgado como cualquier ciudadano; pero en ambos procedimientos tienen como finalidad el de revocar de su cargo constitucional a los miembros de los Ayuntamientos; por lo que en el caso que nos ocupa y como así ya se ha hecho mención al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se le ha seguido en su contra un procedimiento de declaración de procedencia por la supuesta comisión del ilícito de negociaciones indebidas; por lo que atendiendo a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en este precepto constitucional al hacerse extensivo y al entenderse como causas graves en el procedimiento de declaración de procedencia, éste únicamente sería procedente por la comisión de delitos graves, pues como así se dijo, el delito de negociaciones indebidas de acuerdo a la ley procesal penal vigente en el Estado de Hidalgo no lo establece como delito grave sinónimo de causa grave; en consecuencia, no debió haber procedido la revocación del mandato constitucional que se hace valer; suponiendo sin conceder que la naturaleza de causas graves que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que algún miembro de los Ayuntamientos pueda ser removido o revocado de su encargo constitucional sea exclusivamente por actos u omisiones graves en que incurran tales servidores públicos administrativamente, en consecuencia, por ningún delito se le podría suspender o revocar el mandato constitucional como miembro de los Ayuntamientos.-De acuerdo con todo lo expuesto, la Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, al aprobar el acto que se impugna, aprobó un acto contrario al artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Sirve como fundamento legal la siguiente interpretación jurisprudencial: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe).-Segundo. La autoridad señalada como demandada H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, vulnera la autonomía del H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, al violar el principio constitucional de libertad municipal, al revocar el mandato constitucional al C. Juan Gómez Martínez como presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.-Lo anterior en virtud de que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’.-De este precepto constitucional se desprende que, para que las Legislaturas de los Estados puedan suspender o revocar el mandato constitucional de alguno de los miembros de los Ayuntamientos de los Municipios a sabed (presidentes municipales, síndicos procuradores o cualquiera de los regidores), deben observar los requisitos esenciales como son: 1. Que se siga en su contra un procedimiento en el que tengan la oportunidad de defensa. 2. Que su suspensión o su revocación sea aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes. 3. Que su suspensión o revocación sea consecuencia de alguna causa grave o delito grave en que el miembro del Ayuntamiento haya incurrido; por lo que, si no se cumplen con estos requisitos constitucionales la suspensión o revocación no debe proceder.-El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un precepto que regula una norma especial y jerárquicamente superior a cualquier otra disposición que por mandato de este mismo precepto se regule en las leyes locales para reglamentar las causas graves a través de las cuales las Legislaturas Locales puedan suspender o revocar el mandato popular de algunos de los integrantes de los Ayuntamientos.-En el caso que nos ocupa, la autoridad demandada H. Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el oficio de fecha 3 tres de julio del año 2001 dos mil uno (sic), los CC. Diputados de nombres Óscar Damián Sosa Castelán y José Ignacio Olvera Caballero, notificaron al C. Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que había sido aprobada por 19 diecinueve votos a favor y 7 siete (sic) en contra el dictamen de fecha 27 de junio del año 2001 presentado por la comisión instructora de la autoridad demandada, la que solicita la aprobación de la declaración de procedencia; en consecuencia, la separación de su cargo como Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, vulnerando con ello la libertad municipal y la democracia de la ciudadanía tulancinguense debido a que para emitir dichas resoluciones no cumplió con los principios constitucionales relativos a la suspensión o revocación de su mandato de los miembros de los Ayuntamientos; pues, para ello, se requiere que la autoridad demandada haya cumplido con el requisito formal relativo al quórum legal, pues para que proceda la revocación del mandato constitucional del señor Juan Gómez Martínez como presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, ya que para ello se requiere que haya sido aprobada por las 2/3 dos terceras (sic) partes de los integrantes de la autoridad demandada.-Al efecto, la autoridad demandada H. Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se encuentra integrada por 29 diputados; siendo el caso que esta revocación o separación de su encargo debió de haber sido aprobada por cuando menos 20 veinte (sic) diputados, ya que la separación del cargo del C. Juan Gómez Martínez como Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, fue aprobada únicamente por 19 diecinueve (sic) votos a favor como así consta en el oficio que se impugna de fecha 3 tres de julio del año en curso, para que así se pudiera haber cumplido con el mandato constitucional de las dos terceras partes de sus integrantes quienes aprobarán dicha separación.-Por lo antes argumentado, si la autoridad demandada no cumplió con el quórum constitucional para haber separado de su cargo al C. Juan Gómez Martínez como presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en consecuencia, se debe declarar la invalidez tanto del oficio de fecha 3 tres (sic) de julio del año en curso como también del dictamen de la comisión instructora de fecha 27 de junio de 2001 dos mil uno, aprobado por la autoridad demandada mediante los que resuelve separarlo de su cargo y suspenderle el fuero constitucional.-Sin embargo, la Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, en una flagrante falta de respeto a la Carta Fundamental de nuestro sistema aprobaron el acto que se impugna, violentando la autonomía municipal. Este acto se fundamentó contraviniendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se basó en el artículo 153 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que regula que el Congreso del Estado eregido en Gran Jurado declarará por mayoría absoluta de los miembros presentes, si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. No obstante que el artículo 56, fracción XVIII, de la misma Constitución, regula como una de sus integrantes suspender y revocar a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, por alguna de las causas graves locales (sic) prevengan, asimismo, que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula que el quórum de votación para ese efecto debe ser de las 2/3 dos terceras (sic) partes de los integrantes del Congreso y que ésta es la Norma Fundamental de todo nuestro sistema jurídico.-En conclusión, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como Ley Suprema a esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo regula como las leyes jerárquicamente inferiores a las que emite el Congreso de la Unión y los tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por último, regula en los ordenamientos mencionados que son de observancia general en toda la unión y que los Jueces de cada Estado y las Constituciones y leyes que emitan los Estados deben adecuarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, la disposición constitucional del 115 resulta ser norma jurídica superior a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos emitida por la Legislatura Local del Estado de Hidalgo. Asimismo, es una norma super especial porque se regula única y exclusivamente para la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos. En consecuencia, este precepto constitucional jerárquicamente superior y especial, se aplica para los dos procedimientos que regula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo: procedimiento de juicio político y procedimiento para declaración de procedencia."
CUARTO.-La parte actora estima violado en su perjuicio el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de cinco de julio del año dos mil uno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional número 24/2001 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Mediante auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
SEXTO.-El Congreso del Estado de Hidalgo contestó la demanda manifestando, en esencia, lo siguiente:
Que ese Congreso aprobó el dictamen presentado por la comisión instructora, de fecha veintisiete de junio del año dos mil uno, en el cual se declaró la procedencia en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y, en consecuencia, se decretó su separación y suspensión del fuero constitucional.
Que el acto impugnado no viola el artículo 115 de la Constitución Federal o algún otro precepto constitucional o legal, porque el artículo 108 de dicha Constitución prevé, que las Constituciones de los Estados de la República precisarán, para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Municipios y el artículo 153 de la Constitución del Estado de Hidalgo prevé que siempre que se trate de los funcionarios mencionados en los artículos 149, párrafo primero y 150, párrafo primero, de dicha Constitución y el delito fuere del orden común, el Congreso del Estado declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. En caso afirmativo, por esta sola declaración quedará separado de su cargo y sujeto a la autoridad judicial competente; y en el presente caso Juan Gómez Martínez, presidente municipal del Ayuntamiento actor incurrió, presuntivamente, en hechos delictuosos; deviniéndose en consecuencia, las denuncias interpuestas en su contra; la solicitud de declaración de procedencia por el Ministerio Público y el dictamen emitido por la comisión instructora, determinando previa valoración y análisis de las pruebas que ha lugar a proceder en contra del funcionario público, así como la aprobación de dicho dictamen por el Pleno del Congreso del Estado.
Que el fin último de la ley es el bien público, de ahí el hecho de que cuando el Poder Legislativo declara que ha lugar a proceder en contra de un servidor público, éste debe quedar separado de su encargo y sujeto a la autoridad competente, quien se encargará de resolver lo conducente; toda vez que lo que se busca, no es el proteger intereses individuales, sino de la ciudadanía en general; quedando a salvo los intereses jurídicos del acusado para que los haga valer en su oportunidad.
Que al respecto cabe citar los criterios jurisprudenciales cuyos rubros son los siguientes: "GRAN JURADO." (se transcribe) y "DESAFUERO." (se transcribe).
Que los requisitos que se necesitan para que las Legislaturas Locales puedan revocar o suspender el mandato de alguno de sus miembros, es que sea consecuencia de alguna "causa grave" en que el miembro del Ayuntamiento haya incurrido; y el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que señala los delitos que se estiman como graves, no considera al delito de "negociaciones indebidas" dentro de esa categoría, motivo por el cual, no se cumplió con el requisito relativo a que debe existir "causa grave", para poder revocar o suspender a un miembro del Ayuntamiento.
Que si bien es cierto que el artículo 115, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las reglas que deben observar las Legislaturas Locales para suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, tal regla opera en el caso de causas graves que la ley local prevenga.
Que la Constitución Política del Estado de Hidalgo, da facultad al Congreso del Estado en las fracciones XXVII y XXVIII de su artículo 56, para que respectivamente, pueda declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito del orden común, en los términos del artículo 153 de esa Constitución y constituirse en órgano de acusación para conocer de las faltas graves administrativas cometidas por los servidores públicos; y estas dos facultades constituyen la base fundamental de los procesos previstos por la ley de responsabilidades de aplicación local a que pueden ser sujetos los servidores públicos de la entidad, es decir, el juicio político y la declaración de procedencia, cuyos objetivos y causas son completamente diferentes aunque las reglas del proceso de desahogo de ambos sean las mismas.
Que el quórum que se requiere para revocar o suspender el mandato a alguno de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16960-b2f83822/controversia-constitucional-los-ayuntamientos-del-estado-de-hidalgo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE SU SOBRESEIMIENTO CUANDO HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- AYUNTAMIENTOS. LA FACULTAD PARA SUSPENDER A SUS MIEMBROS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, INVADE LA ESFERA COMPETENCIA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- QUEJA POR DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA EN EL RECURSO NO ES PROPIO DE LA AUTORI (QUEJA)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES VÁLIDO EL DECRETO NÚMERO 18972 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE MARZO DE 2001, POR EL QUE A (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
- RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE ASUME COMPETENCIA PARA QUE ÉSTA DECIDA UN AMPARO EN (17)
- RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE ASUME COMPETENCIA PARA QUE ÉSTA DECIDA UN AMPARO EN (156)
- RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE ASUME COMPETENCIA PARA QUE ÉSTA DECIDA UN AMPARO EN (2a. XXV/2002 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis