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Modo: Corpus Pro

QUEJA POR DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA EN EL RECURSO NO ES PROPIO DE LA AUTORIDAD EN CONTRA DE LA QUE SE DECLARÓ LA INVALIDEZ, SINO PROVENIENTE DE UNA DE LAS PARTES DERIVADA DE SU ACTIVIDAD.

Tipo de asunto: QUEJA 24/2001 · Registro digital (IUS): 17229
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 1137.

RECURSO DE QUEJA DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2001. MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En primer lugar, se analizará la procedencia del presente recurso.

La fracción II del artículo 55 de la ley reglamentaria de la materia señala:

"Artículo 55. El recurso de queja es procedente:

"...

"II. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia."

De lo transcrito se desprende la procedencia del recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia.

La parte recurrente interpone el presente recurso de queja, por estimar que la autoridad demandada incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Alto Tribunal en la controversia constitucional número 24/2001; por tanto, dicho recurso resulta procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 55 de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO. Enseguida se analizará si el presente recurso de queja fue interpuesto oportunamente.

El artículo 56, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución señala:

"Artículo 56. El recurso de queja se interpondrá:

"...

"II. Tratándose de la fracción II del propio artículo 55, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del año siguiente al de la notificación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al en que la entidad o poder extraño afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta última."

De lo transcrito se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja, tratándose de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 55 de la misma ley reglamentaria, esto es, por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia, será dentro del año siguiente:

a) Al de la notificación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o

b) Al en que la entidad o poder extraño afectado por la ejecución de la sentencia tenga conocimiento de esta última.

En el primero de los puntos petitorios del oficio de queja, el recurrente manifiesta: "... el Ayuntamiento que represento tuvo conocimiento de los presentes hechos el día siete de marzo del año en curso (dos mil dos). ...", esto es, manifiesta conocer los actos materia de la queja desde el siete de marzo de dos mil dos, sin que exista en autos constancia alguna que desvirtúe tal manifestación.

En razón de lo anterior, al haberse presentado el recurso de queja a estudio en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de abril de dos mil dos, como se advierte del sello que aparece en el reverso de la foja siete del oficio de queja, es indudable que se realizó dentro del plazo previsto por la fracción II del artículo 56 de la ley reglamentaria de la materia, esto es, dentro del año siguiente al en que el recurrente manifiesta haber tenido conocimiento del acto emitido para el cumplimiento de la sentencia dictada en la controversia constitucional de donde se deduce este recurso y, por tanto, resulta oportuno.

CUARTO. A continuación se analizará la legitimación de quien interpone el presente recurso.

En la sentencia de once de febrero de dos mil dos, cuya ejecución defectuosa se alega, se determinó que Guillermo Alejandro Islas Alva acreditó contar con el cargo de síndico procurador del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, y que, a su vez, es el representante jurídico del mismo Ayuntamiento; por tanto, si el presente recurso lo interpone la persona mencionada con el carácter anotado, es indudable que cuenta con legitimación para hacerlo.

QUINTO. Los agravios que hace valer la parte recurrente se hacen consistir, esencialmente, en que el Congreso del Estado de Hidalgo incurre en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de once de febrero de dos mil dos, dictada por este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 24/2001, porque a través del acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos, así como del oficio de seis de marzo siguiente, emitidos en el expediente parlamentario número 102/2000, el referido Congreso tiene por presentada a la procuradora general de Justicia de la entidad formulando solicitud de declaración de procedencia, de fecha veintisiete de junio de dos mil uno, en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, cuando en la ejecutoria mencionada, en su segundo punto resolutivo, se decretó la invalidez de las actuaciones subsecuentes al acuerdo de cinco de abril de dos mil uno y, por ende, cualquier actuación de fecha posterior es inválida. Además, las actuaciones que integraron las etapas de instrucción y sanción del referido expediente parlamentario fueron las posteriores al acuerdo de cinco de abril de dos mil uno, y si estas etapas fueron invalidadas, la solicitud de veintisiete de junio de dos mil uno en cuestión, también fue invalidada.

De acuerdo con lo anterior, la materia de este recurso se limitará a determinar si a través del acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos y del oficio de seis de marzo de dos mil dos, emitidos en el expediente parlamentario 102/2000, el Congreso del Estado de Hidalgo incurre en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Alto Tribunal en sesión de once de febrero de dos mil dos, al resolver la controversia constitucional número 24/2001.

Ahora bien, a efecto de resolver los agravios planteados, se debe señalar que en el segundo punto resolutivo de la sentencia de once de febrero de dos mil dos, dictada por este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional número 24/2001, cuyo cumplimiento defectuoso se alega, se señala lo siguiente:

"SEGUNDO. Se declara la invalidez de lo actuado en el expediente parlamentario por el cual se instruyó el procedimiento de declaratoria de procedencia a Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a partir de las actuaciones subsecuentes a la ratificación de las denuncias y solicitud de declaratoria de procedencia presentadas por integrantes de dicho Ayuntamiento, en contra del presidente municipal mencionado, esto es, a partir del acuerdo emitido por la comisión instructora del Congreso del Estado de Hidalgo, con fecha cinco de abril de dos mil uno."

Las consideraciones en que esencialmente se apoya la declaratoria de invalidez mencionada, se hacen consistir en lo siguiente:

"... Ahora bien, de los antecedentes narrados al inicio del presente considerando y de las constancias de autos, en especial de las copias certificadas del expediente formado por el Congreso del Estado de Hidalgo en relación con la solicitud de declaración de procedencia, que corren agregadas al correspondiente cuaderno de pruebas, se aprecia que no existe constancia alguna a través de la cual se haya hecho saber al Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, de la referida entidad, el inicio de la instrucción del procedimiento de declaración de procedencia que se le seguía en la citada legislatura a Juan Gómez Martínez, presidente del Municipio de referencia; por lo que al haberse omitido por parte de dicho Congreso el hacer del conocimiento de tal situación al Ayuntamiento actor, se le priva, en su caso, de la posibilidad de defensa oportuna y adecuada. ... Por tanto, la falta de emplazamiento al Municipio actor resulta violatoria del artículo 14, en relación con el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que previamente a cualquier acto de privación se debe dar el derecho al afectado de conocer el trámite que se sigue, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, garantizando así una defensa adecuada; y, en el caso concreto, permitir el conocimiento al Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, de los elementos que pudieran afectar su integración. En consecuencia, y vista la falta de emplazamiento del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en el procedimiento de declaratoria de procedencia seguido en contra del presidente municipal, lo procedente es declarar la invalidez de lo actuado en el expediente parlamentario, a partir de las actuaciones subsecuentes a la ratificación de las denuncias y solicitud de declaratoria de procedencia presentadas por integrantes de dicho Ayuntamiento, en contra del presidente municipal mencionado, esto es, a partir del acuerdo emitido por la comisión instructora del Congreso del Estado de Hidalgo, con fecha cinco de abril de dos mil uno. ..."

De lo transcrito se advierte que ante la falta de emplazamiento del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en el procedimiento de declaratoria de procedencia seguido en contra del presidente municipal, Juan Gómez Martínez, en el expediente parlamentario número 102/2000, este Alto Tribunal declaró la invalidez de todo lo actuado en el expediente parlamentario a partir de las actuaciones subsecuentes a la ratificación de las denuncias y solicitud de declaratoria de procedencia presentadas por integrantes de dicho Ayuntamiento en contra del presidente municipal mencionado, esto es, a partir del acuerdo emitido por la comisión instructora del Congreso del Estado de Hidalgo, con fecha cinco de abril de dos mil uno.

Por su parte, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos, dictado en el expediente parlamentario número 102/2000, a través del cual, dice la recurrente, el Congreso del Estado de Hidalgo incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Alto Tribunal el once de febrero de dos mil dos, en la controversia constitucional número 24/2001, se señala lo siguiente:

"Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 5 cinco (sic) días del mes de marzo del año dos mil dos. La Comisión Instructora del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrada por los ciudadanos diputados: César Sánchez Lozano, Saúl Rubio Andrade, J. Carmen Mario Alberto Arenas Hernández, Angélica García Arrieta y José Pablo Guillermo Uribe Muñoz, dispuso: Con fundamento en los puntos resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, relacionados con los considerandos sexto y séptimo, inciso a), de la sentencia de fecha once de febrero del año en curso, emitida por el Pleno de Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional No. 24/2001, promovida por el H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y con apoyo en la tesis jurisprudencial sustentada por el propio Pleno del antes citado Alto Tribunal, publicada con el No. P./J. 85/2001, a páginas novecientos veinticinco, Tomo XIV, julio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCIÓN LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES. Aunque los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así como los diversos del 8o. al 27 de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos de la referida entidad, no prevén que en los procedimientos de responsabilidad seguidos a los integrantes de un Ayuntamiento se deba dar intervención a éste; tratándose de conductas atribuidas a su presidente municipal relacionadas con su función pública debe dársele la mencionada intervención, en virtud de que la resolución que se dicte en esos procedimientos tendente a sancionar a los munícipes, afecta la integración del Ayuntamiento, aspecto que se encuentra tutelado por los artículos 14 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’, se procede a reponer el procedimiento de declaración de procedencia promovida por el C. Miguel Cázares Méndez, regidor integrante del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en contra del C. Juan Gómez Martínez, presidente municipal del Ayuntamiento de referencia; apoyada en ese sentido por la C. Lic. Flor de María López Gónzalez, procuradora general de Justicia en el Estado de Hidalgo, en relación con la determinación ministerial emitida en la averiguación previa No. 12/DAP/R/III/906/2000; por lo que, al efecto, se emite el siguiente: Acuerdo: Primero. Téngase al C. Miguel Cázares Méndez, regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con su escrito de fecha 29 veintinueve (sic) de septiembre del año 2000 dos mil (sic), presentando y ratificando denuncia en contra del C. Juan Gómez Martínez, presidente municipal de ese lugar. Segundo. Téngase por presentada a la C. Lic. Flor de María López González, procuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo, formulando requerimiento de declaración de procedencia de fecha 27 veintisiete (sic) de junio de 2001 dos mil uno (sic), en el sentido de que la institución que representa se encuentre en posibilidad de proceder penalmente en contra del C. Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por los motivos legales que expone en el documento de cuenta. Tercero. Regístrese y fórmese expediente. Cuarto. Toda vez que ha sido debidamente ratificada la denuncia presentada, de conformidad con lo estipulado en los artículos 13 y 25, relacionados entre sí, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación local, infórmese al C. Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, sobre la materia de la denuncia y en garantía de su defensa, a efecto de que dentro del término de 7 siete (sic) días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, comparezca en forma personal o por escrito a manifestar lo que a su derecho convenga. Quinto. Notifíquese el presente acuerdo al H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para los efectos legales y conducentes. Sexto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordaron y firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión Instructora del H. Congreso del Estado."

De lo anterior se advierte que en el punto segundo del acuerdo transcrito, la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Hidalgo tiene por presentada a la procuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo, formulando requerimiento de declaración de procedencia, de fecha veintisiete de junio de dos mil uno, en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, del mismo Estado.

A su vez, en el oficio de seis de marzo de dos mil dos, materia de este recurso, esencialmente se señala lo siguiente:

"Pachuca de Soto, Hgo., a 6 de marzo de 2002. C. Juan Gómez Martínez. Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, Hgo. Presente. En acatamiento a la resolución de fecha 11 de febrero del presente año, emitida por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional No. 24/2001, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 115, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; así como con apoyo en los artículos 13 y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en vía de notificación y para los fines legales conducentes me permito remitirle, adjunto a la presente, el acuerdo de fecha 5 de marzo del año en curso y los anexos consistentes en las diversas denuncias, los elementos de prueba en que se apoyan las mismas, así como la petición formal de declaración de procedencia formulada por la C. Procuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo, dictado por la comisión instructora del honorable Congreso del Estado en el expediente No. 102/2000. ... Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No reelección. El oficial mayor del H. Congreso del Estado. C. LAE Manuel Ángel Villagrán Valdespino."

De lo transcrito se advierte que a través del oficio de referencia, el oficial mayor del Congreso del Estado de Hidalgo notifica a Juan Gómez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos, dictado por la comisión instructora de ese órgano legislativo, y adjunta diversas denuncias y elementos de prueba en que se apoyan las mismas, así como la petición formal de declaración de procedencia formulada por la procuradora general de Justicia del Estado.

Ahora bien, la cuestión medular del presente recurso se traduce en determinar si el Congreso del Estado de Hidalgo, con el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos y con el oficio de seis de marzo de dos mil dos, emitidos en el expediente parlamentario 102/2000, incurre en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Alto Tribunal en sesión de once de febrero de dos mil dos, al resolver la controversia constitucional número 24/2001, en el sentido de declarar la invalidez de todo lo actuado en el expediente parlamentario mencionado, a partir de las actuaciones subsecuentes a la ratificación de las denuncias y solicitud de declaratoria de procedencia presentadas por integrantes de dicho Ayuntamiento en contra del presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, esto es, a partir del acuerdo de cinco de abril de dos mil uno.

De conformidad con lo precisado, se debe determinar, en primer lugar, si el oficio de la procuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo, de fecha veintisiete de junio de dos mil uno, que se acuerda en el proveído de cinco de marzo de dos mil dos, es una actuación de las que declaró inválidas la sentencia cuyo cumplimiento defectuoso se alega.

El Diccionario de Derecho Procesal Civil, Eduardo Pallares, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México, mil novecientos ochenta y seis, define a la palabra "actuación", como: "... la actividad propia del órgano jurisdiccional o sea los actos que ha de llevar a cabo en ejercicio de sus funciones ... es, por lo tanto, dictar una sentencia, pronunciar un auto, oír a las partes, recibir pruebas, etc. ... En sentido más restringido y propio ... es la constancia escrita de los actos procesales que se practican y que, en conjunto, forman los expedientes o cuadernos de cada proceso o juicio ... ‘... cada uno de los actos o diligencias de un procedimiento judicial, autorizados o practicados por quien corresponda’ ... el conjunto de actos que integran un expediente, pleito o proceso, tales como sentencias, autos, decretos, providencias, etc.’. ... Con mayor frecuencia, la actuación se refiere a la redacción o instrucción del proceso y al resultado material de esa actividad o sea la constancia escrita que se produce como consecuencia de ella. ...".

De conformidad con lo anterior, en el presente caso las actuaciones que conforman el procedimiento de declaración de procedencia instruido por el Congreso del Estado de Hidalgo en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, en el expediente parlamentario 102/2000, son todos los autos, decretos, providencias, así como la resolución que puso fin a ese procedimiento, es decir, los actos llevados a cabo por el órgano legislativo estatal en ejercicio de sus funciones, que conforman el procedimiento de declaratoria de procedencia respectivo.

De esta forma, la solicitud de declaratoria de procedencia presentada por la procuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo no reúne las características de una actuación, porque no se trata de un acto desarrollado por el Congreso del Estado en su carácter de instructor del procedimiento de declaratoria de procedencia, sino de la actividad desarrollada por una de las partes dentro de dicho procedimiento, cuya finalidad es excitar al órgano legislativo para que, en ejercicio de sus funciones, emita los actos correspondientes (autos, decretos, providencias o resoluciones).

En las circunstancias anotadas, si a través del auto de cinco de marzo de dos mil dos el Congreso del Estado de Hidalgo tiene por presentada a la procuradora general de Justicia de la entidad, con el requerimiento de declaración de procedencia, de fecha veintisiete de junio de dos mil uno, en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, dicho órgano legislativo no incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Alto Tribunal el once de febrero de dos mil dos, en la controversia constitucional número 24/2001, puesto que en ésta se declaró la invalidez de todas las actuaciones a partir del auto de cinco de abril de dos mil uno, esto es, los autos, providencias o resoluciones dictados por el Congreso del Estado en el procedimiento de declaratoria de procedencia mencionado, pero de ninguna forma de las promociones presentadas por las partes en dicho procedimiento, como son el oficio de la procuradora general de Justicia del Estado, que contiene la solicitud de declaratoria de procedencia en comento, la cual, como ya se dijo, no reúne las características de una actuación, ni está afectada por el vicio determinante de la nulidad, pues no es la procuradora general de Justicia del Estado quien debe oír al Ayuntamiento, en este caso, sino el órgano legislativo.

Además, el Congreso del Estado de Hidalgo en el procedimiento de declaración de procedencia llevado a cabo en contra de Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en el expediente parlamentario número 102/2000, con fecha veintisiete de junio de dos mil uno dictó un acuerdo en relación con la solicitud de declaratoria de procedencia de la misma fecha, presentada por la procuradora general de Justicia del Estado, en el que tuvo por presentada a dicha servidora pública con la promoción aludida, acuerdo que resultó afectado de invalidez por virtud de la sentencia dictada por este Alto Tribunal en sesión de once de febrero de dos mil dos, al resolver la controversia constitucional de donde se deduce el presente recurso, lo que trajo como consecuencia que el cinco de marzo de dos mil dos, el Congreso del Estado dictara un nuevo proveído en relación con la promoción de mérito, a efecto de reponer el procedimiento en el expediente parlamentario mencionado, proveído que constituye la materia de este recurso.

Derivado de lo anterior, se concluye que el Congreso del Estado de Hidalgo, al dictar el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos, no incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Alto Tribunal en sesión de once de febrero de dos mil dos, al resolver la controversia constitucional 24/2001, en la parte que es materia del presente recurso.

Por último, respecto del oficio de seis de marzo de dos mil dos, signado por el oficial mayor del Congreso del Estado de Hidalgo, materia de este recurso, en párrafos precedentes se estimó que de su transcripción se advierte que se encuentra dirigido a Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Tulancingo de Bravo, a efecto de notificarle el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dos, dictado por la Comisión Instructora del Congreso referido, en el expediente parlamentario número 102/2000, por lo que si tal notificación no se encuentra dirigida al Ayuntamiento ahora recurrente, por sí sola, no le causa agravio alguno. Además de que el proveído que se contiene en dicha notificación (de fecha cinco de marzo de dos mil dos), ya fue materia de análisis en esta resolución.

Cabe destacar que no es obstáculo a la conclusión alcanzada en la presente resolución, la circunstancia de que se hayan presumido ciertos los hechos imputados al Congreso del Estado de Hidalgo, al no haber rendido el informe que le fue requerido por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del auto de veintitrés de abril de dos mil dos dictado en el presente recurso, porque tal situación, por sí sola, no es suficiente para demostrar que, en el presente caso, el Congreso señalado incurrió en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Alto Tribunal en sesión de once de febrero de dos mil dos, al resolver la controversia constitucional 24/2001.

De conformidad con todo lo razonado se concluye que resultan infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y, por ende, en la materia de la queja debe declararse infundado el presente recurso.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de queja, en términos de la última parte del considerando quinto de esta resolución.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel. No asistió el señor Ministro ponente Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia; por lo que dada su ausencia, el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo hizo suyo el proyecto.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17229-d47e65b7/queja-por-defecto-en-la-ejecucion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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