CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE SU SOBRESEIMIENTO CUANDO HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO DE HIDALGO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de agosto del año dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Alejandro Islas Alva, ostentándose con el carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, y representante legal del mismo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se indican, emitidos por las autoridades que más adelante se señalan:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado. 1. El oficio número SC-DGAG-225/2001, de fecha 13 trece (sic) de julio de 2001, suscrito por el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, y dirigido al C.P. Ignacio Méndez Barrera, presidente municipal de Tulancingo, Hgo., a través del cual le informa que se practicará una auditoría a los recursos transferidos y reasignados por la Federación y el Ejecutivo Estatal a la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001. 2. El oficio número SC-DGIV-230/2001, de fecha 13 trece (sic) de julio de 2001, suscrito por el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, y dirigido al C.P. Ignacio Méndez Barrera, presidente municipal de Tulancingo, Hgo., a través del cual le informa que se practicará la fiscalización a los recursos transferidos y reasignados por la Federación y el Ejecutivo Estatal a la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001. 3. El oficio número SC-DGAG-248/2001, de fecha 19 diecinueve (sic) de julio de 2001, suscrito por el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, y dirigido a los CC. Prof. Arturo Roldán Vivanco, regidor comisionado a la hacienda municipal de Tulancingo, Hgo., e Ing. Guillermo Islas Alva, síndico procurador de Tulancingo, Hgo., a través del cual aclara que la revisión que esa secretaría pretende realizar en la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., se circunscribe a los recursos transferidos a ese Municipio y convenidos, en su caso, a través del Gobierno del Estado en el periodo del 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001."
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. A) El C. Gobernador del Estado de Hidalgo, con domicilio en Plaza Juárez s/n, Palacio de Gobierno, cuarto piso, colonia Centro, C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo. B) El C. Secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, con domicilio en Plaza Juárez s/n, Palacio de Gobierno, cuarto piso, colonia Centro, C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo."
SEGUNDO. Los antecedentes que expone la parte actora son los siguientes:
"1. A partir del día 15, quince (sic) de enero de 2000 dos mil, el Gobierno Municipal de Tulancingo de Bravo, Hgo., fecha en la cual tomó posesión el Ayuntamiento para el periodo 2000-2003, han existido agresiones del Gobierno del Estado de Hidalgo, organizadas por la Secretaría de Gobierno del mismo, las cuales han tenido como resultado la suspensión del fuero constitucional del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hgo., logrando la desestabilización del Gobierno Municipal, para lograr infiltrar en el Gobierno Municipal a funcionarios de la misma filiación partidista que el Gobierno del Estado. Se trata de actos organizados y autorizados por personas que todavía no alcanzan ni la madurez política ni el grado de civilidad y tolerancia que este país requiere para ir avanzando hacia la civilidad, la estabilidad y la democracia. 2. Con fecha 13 trece (sic) de julio de 2001, el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, suscribió el oficio número SC-DGAG-225/2001, dirigido al C.P. Ignacio Méndez Barrera, presidente municipal de Tulancingo, Hgo., a través del cual le informa que se practicará una auditoría a los recursos transferidos y reasignados por la Federación y el Ejecutivo Estatal a la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001. 3. Con fecha 13 trece (sic) de julio de 2001, el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, suscribió el oficio número SC-DGIV-230/2001, dirigido al C.P. Ignacio Méndez Barrera, presidente municipal de Tulancingo, Hgo., a través del cual le informa que se practicará la fiscalización a los recursos transferidos y reasignados por la Federación y el Ejecutivo Estatal a la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001. 4. En contestación a los oficios mencionados, el síndico procurador del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hgo., le dirigió un oficio al Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, donde le informó que el único órgano competente para revisar, fiscalizar o auditar las cuentas públicas municipales es la Legislatura del Estado de Hidalgo, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Con fecha 19 diecinueve (sic) de julio de 2001, el C. Lic. Jorge Romero Romero, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, suscribió el oficio número SC-DGAG-248/2001, dirigido a los CC. Prof. Arturo Roldán Vivanco, regidor comisionado a la hacienda municipal de Tulancingo, Hgo., e Ing. Guillermo Islas Alva, síndico procurador de Tulancingo, Hgo., a través del cual aclara que la revisión que esa secretaría pretende realizar en la presidencia municipal de Tulancingo, Hgo., se circunscribe a los recursos transferidos a ese Municipio y convenidos, en su caso, a través del Gobierno del Estado en el periodo del 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:
"Primero. Con los actos que se impugnan, el poder y órgano demandados violaron el artículo 115, fracciones II y IV, incisos a), b) y c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, estos preceptos regulan, respectivamente, que los Municipios deben manejar y administrar libremente su patrimonio y que las Legislaturas de los Estados son los órganos facultados para revisar y fiscalizar las cuentas públicas municipales. Ahora bien, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el erario público municipal o la hacienda pública municipal se integra, entre otros recursos, por: a) Todas las contribuciones que las Legislaturas de los Estados establezcan a su favor. b) Todos los ingresos que las Legislaturas de los Estados establezcan a su favor. c) Todas las participaciones que se reciban conforme a las leyes federales y locales. d) Ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. De acuerdo con lo expuesto, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los ingresos que recibe un Municipio forman parte de su erario público municipal y tienen la atribución de manejarlos y administrarlos libremente, y únicamente la Legislatura Local tiene la atribución de revisar y fiscalizar su cuenta pública municipal. Por lo anterior, el poder y órgano demandados violan el artículo 115, fracciones II y IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al pretender realizar una revisión o una auditoría a los recursos que se erogaron en la cuenta pública municipal del periodo del 16 dieciséis (sic) de enero de 2000 dos mil al 31 treinta y uno (sic) de mayo de 2001 dos mil uno, porque el único poder facultado para revisar y fiscalizar la cuenta pública del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., es la Legislatura del Estado, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, resulta falso que la facultad que le otorga a los Municipios el artículo 115, fracciones II y IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para manejar y administrar libremente el erario público municipal y para que única y exclusivamente la cuenta pública municipal pueda ser revisada y fiscalizada por la Legislatura del Estado, puede ser alterada o violentada por el Gobierno del Estado de Hidalgo y por el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, en relación con los recursos estatales transferidos al Municipio y convenidos con el Gobierno del Estado, porque todas las participaciones que se reciben en el erario público municipal de Tulancingo de Bravo, Hgo., sean estatales o federales, forman parte del erario público municipal y, por tanto, de la cuenta pública municipal, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, resulta falso lo que sostiene el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, en el sentido de que es competente para revisar los recursos estatales transferidos o convenidos con el Gobierno del Estado porque, para que esto fuera cierto, esos recursos no tendrían que formar parte de la cuenta pública municipal para efecto de que la Legislatura del Estado no fuera competente para revisarlos. En este caso, la competencia, según el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, sería él el competente. Sin embargo, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las participaciones, tanto federales como estatales, que reciben los Municipios, forman parte del erario municipal y, en consecuencia, de la cuenta pública municipal. Por ello, el único órgano facultado para revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal es la Legislatura del Estado de Hidalgo. Por lo anterior, el poder y órgano demandados, con los actos que se impugnan, violaron el artículo 115, fracciones II y IV, inciso c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el único poder facultado para revisar y fiscalizar la cuenta pública del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., es la Legislatura del Estado."
CUARTO. La parte actora considera violado en su perjuicio el artículo 115, fracciones II y IV, incisos a), b) y c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional número 29/2001 y designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Mediante auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
SEXTO. Las autoridades demandadas contestaron la demanda manifestando, en esencia, lo siguiente:
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo.
Que no se ha violado de ninguna forma el artículo 115 de la Constitución General de la República, en atención a que la auditoría que ha ordenado el secretario de Contraloría respecto de recursos estatales asignados al Municipio actor, deben ser fiscalizados en cuanto a su aplicación por la Secretaría de la Contraloría del Estado, de acuerdo con lo previsto por la fracción XII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo.
a) Que los hechos correlativos a los puntos 1, 2 y 3 que se contestan, no son propios.
b) Que los hechos correlativos a los puntos 4, 5 y 6 que se contestan, son ciertos.
c) Que el Ayuntamiento actor parte de una confusión en cuanto a la interpretación del artículo 115 de la Constitución Federal, en lo que concierne a los ingresos que integran la hacienda pública municipal, puesto que los recursos objeto de la revisión que lleva a cabo la dependencia a su cargo, son recursos estatales que, conforme a lo establecido en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Estado de Hidalgo para los ejercicios fiscales 2000 y 2001, queda claro cuáles son los ingresos que percibió el Estado de Hidalgo por parte de la Federación para la ejecución de obras y acciones bajo los ramos administrativos que en dichos instrumentos se indican, y que en el Ramo administrativo 00028 denominado "Participaciones a entidades federativas y Municipios", están establecidos los ingresos que en términos del artículo 115 de la Constitución Federal integran la hacienda pública municipal.
d) Que en el presente caso, la fiscalización que realiza la secretaría a su cargo se sustenta legalmente en la facultad que le atribuye el artículo 30, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, que comprende fondos o recursos estatales transferidos al Municipio actor, sin que ello implique la revisión de ingresos propios de dicho Municipio o, incluso, ingresos provenientes de sus participaciones federales.
e) Que la facultad que el artículo 115 constitucional otorga a los Municipios en cuanto a la libertad de administración hacendaria, no es limitada y absoluta sino ilimitada y relativa, al extenderse únicamente a aquellas actividades propias de la vida municipal, por lo que de ningún modo la Secretaría de Contraloría a su cargo incide en las decisiones políticas, administrativas, económicas o de gobierno del Ayuntamiento actor.
f) Que del análisis de los Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo para los ejercicios fiscales 2000 y 2001, se podrá determinar que hay ramos administrativos destinados a apoyar a los Municipios, que de ninguna manera forman parte de la hacienda pública del Municipio actor, ni de ningún otro Municipio del Estado de Hidalgo, pues se trata de recursos estrictamente estatales y no de participaciones federales que hayan sido determinadas como ingresos del Municipio actor por el Congreso del Estado, que es el único facultado para determinar las participaciones federales que corresponden a los Municipios, según lo preceptuado por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
g) Que desde que se notificó la orden de auditoría dirigida al presidente municipal de Tulancingo, Hidalgo, el síndico procurador es el único que de manera sistemática se ha opuesto a la práctica de una revisión de recursos estatales, como quedó de manifiesto en los diversos escritos que dirigió a la demandada, mismos que fueron atendidos a fin de precisarle el objeto y los recursos materia de la fiscalización en comento, ya que el propio presidente municipal y la asamblea municipal han estado de acuerdo en que se efectúe tal fiscalización.
h) Que queda claro que no obstante que no es materia de la presente litis el determinar si un órgano de control estatal es competente o no para fiscalizar recursos federales transferidos a los Municipios, diferentes de los recursos que perciben como participaciones federales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en otras controversias constitucionales que los recursos federales provenientes del Ramo 26 (actualmente Ramo 20), no forman parte de la hacienda pública municipal, dado que dichos recursos son únicamente federales, esto es, del Gobierno Federal en términos del presupuesto de egresos de la Federación y no forman parte de las participaciones federales destinadas a los Estados y a los Municipios.
i) Que si en la especie la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo fiscaliza o audita recursos estatales transferidos a los Municipios, pero como apoyos adicionales y no como participaciones a los Municipios determinadas por la Legislatura Local, entonces dicha dependencia a su cargo no invade de forma alguna la autonomía y libre administración del Ayuntamiento actor en su hacienda pública, ni viola el artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que actúa con base en una atribución que le confiere una ley reglamentaria (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
j) Que bajo la tesis de transparencia y rendición de cuentas en la que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de preservar la honesta y eficiente aplicación de los recursos públicos, es sano que se revise, audite o fiscalice el dinero del pueblo, por lo que debe confirmarse la validez del acto reclamado por el Ayuntamiento del Municipio actor, puesto que, en la especie, los recursos materia de fiscalización que practica la Secretaría de Contraloría son exclusivamente estatales y no forman parte de la hacienda pública del Ayuntamiento actor; por tanto, no se está ante la revisión de sus cuentas públicas.
SÉPTIMO. El procurador general de la República, en esencia, manifestó lo siguiente:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la controversia constitucional a estudio.
2. Que el síndico del Ayuntamiento del Municipio actor está legitimado para representar a ese órgano municipal en este juicio.
3. Que la demanda a estudio se presentó oportunamente.
4. Que la actora manifiesta que los recursos que las autoridades demandadas pretenden fiscalizar y auditar a su hacienda municipal son aquellos que se encuentran comprendidos en la libre administración municipal; sin embargo, en los autos del expediente en que se actúa no obra constancia alguna que pruebe tal extremo, por lo que se debe entender, conforme al texto de los oficios impugnados, que el Gobierno del Estado de Hidalgo, por conducto de su Secretaría de Contraloría, pretende fiscalizar recursos que provienen del erario público estatal.
5. Que se debe dar prevalencia al oficio SC-DGAG-248/2001, del 19 de julio del año en curso, suscrito por el contralor del Estado de Hidalgo, en donde aclara que la auditoría o fiscalización pretendida se circunscribe a los recursos transferidos a ese Municipio y, en su caso, convenidos a través del Gobierno del Estado en el periodo del dieciséis de enero de dos mil al treinta y uno de mayo de dos mil uno, es decir, que se trata de recursos que provienen de la hacienda estatal, por lo que conforme a lo establecido en los numerales en que se fundan los oficios impugnados, el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo tiene plenas facultades para realizar la auditoría y fiscalización que mediante los oficios impugnados pretende llevar a cabo.
6. Que de los artículos 30, fracciones XI, XII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, 11, fracciones VII, VIII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y 46, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, se puede apreciar que la legislación estatal le confiere al secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo la facultad de revisar, fiscalizar y auditar aquellos recursos estatales que si bien ingresaronal erario público municipal su origen es de la hacienda pública estatal y le compete verificar que se apliquen a los fines que se establecen en el presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo, por lo que los oficios cuya invalidez solicita la actora están plenamente justificados.
7. Que en el caso de que los servidores públicos que se indican en los oficios impugnados, autorizados por el secretario de Contraloría para llevar a cabo la fiscalización y auditoría de los recursos transferidos al Municipio, indebidamente pretendan fiscalizar o auditar recursos en los que no tengan facultades para hacerlo, es evidente que se violaría el artículo 115 constitucional, lo cual originaría una diversa controversia constitucional derivada no del texto de los oficios combatidos sino de su indebida ejecución por parte de quienes traten de darle cumplimiento a los mismos; por tanto, los argumentos esgrimidos por la parte actora son infundados.
OCTAVO.-El diecisiete de octubre de dos mil uno tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.-Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, porque dado el sentido de la resolución propuesta en este asunto, se hace innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.-Por ser de estudio preferente, en primer lugar se debe analizar si la demanda de controversia constitucional fue interpuesta oportunamente.
La parte actora demanda la invalidez de los oficios SC-DGAG-225/2001, SC-DGGIV-230/2001, ambos de fecha trece de julio de dos mil uno, y SC-DGAG-248/2001, de fecha diecinueve de julio del mismo año, suscritos por el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo.
El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia señala:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 transcrito, tratándose de actos, el plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente:
a) Al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o,
c) Al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En el presente caso, de los autos que integran este expediente se advierte que no existe constancia alguna de la que se desprenda que al Municipio actor se le hubiesen notificado los oficios impugnados o de la fecha en que haya tenido conocimiento de ellos, ni obra manifestación alguna de la que se desprenda a partir de qué fecha dicho Municipio se ostenta sabedor de los referidos oficios; por tanto, al no existir datos que establezcan un punto de partida para contar el plazo dentro del cual debieran impugnarse tales actos, debe estimarse que la demanda fue promovida oportunamente, máxime que ésta se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves dos de agosto de dos mil uno, como se advierte del sello que obra estampado al reverso de la última foja del oficio de demanda, esto es, al segundo día hábil siguiente a la emisión de los oficios impugnados, descontándose del sábado catorce de julio al martes treinta y uno del mismo mes, por ser inhábiles, al corresponder al primer periodo de vacaciones de los servidores públicos y empleados de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el 159 de la misma ley, y con el 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
TERCERO.-A continuación se examinan las causales de improcedencia que plantean las partes o que advierta esta Sala, por tratarse de una cuestión que es de orden público y, por ende, de estudio preferente, que debe analizarse aun de oficio, de conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.
En razón de lo anterior, de oficio se examina la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, consistente en la cesación de efectos.
El artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se actualiza la causal de improcedencia en comento al dejar de producir efectos la norma general o acto que motiva la controversia constitucional; lo anterior considerando que la declaración de invalidez que se pronuncie en tal medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de la ley reglamentaria de la materia.
La jurisprudencia en que se sustenta lo indicado es la consultable en la página ochocientos ochenta y dos del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual señala:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.-La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
En la especie, la actora demanda la invalidez de los oficios SC-DGAG-225/2001, SC-DGGIV-230/2001, ambos de fecha trece de julio de dos mil uno, y SC-DGAG-248/2001, de fecha diecinueve de julio del mismo año, suscritos por el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, los cuales señalan lo siguiente:
"Oficio número SC-DGIV-230/01.
"Pachuca de Soto, Hgo. a 13 de julio de 2001.
"C.P. Ignacio Méndez Barrera.
"Presidente municipal de Tulancingo, Hgo.
"Presente.
"Con fundamento en lo que establecen los artículos 30, fracciones XI, XII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 11, fracciones VII, VIII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y 46, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las disposiciones del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo, suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Hidalgo, comunico a usted haber comisionado a los CC. Ing. José Flavio Martínez Hernández, jefe de inspección; T.C.U. María de la Luz Quiroz Gutiérrez, inspector de administración; Ing. Joel Paredes López, jefe de inspección e Ing. José Luis Lugo Palacios, jefe de oficina, quienes practicarán la fiscalización a los recursos transferidos y reasignados por la Federación y el Ejecutivo Estatal a la Presidencia Municipal de Tulancingo, Hgo., durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2001.
"Por lo anterior he de agradecerle ordenar lo conducente, a efecto de que se proporcione al personal comisionado la documentación e información requerida para el adecuado cumplimiento de su función.
"Atentamente.
"Sufragio efectivo. No reelección.
"El secretario de Contraloría.
"Lic. Jorge Romero Romero."
"Of. Núm. SC-DGAG-225/2001.
"Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de julio de 2001.
"C.P. Ignacio Méndez Barrera.
"Presidente municipal de Tulancingo, Hgo.
"Presente.
"Con fundamento en lo que esta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17249-2b01a02d/controversia-constitucional-es-procedente-su-sobreseimiento-cuando-han · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO DEBEN SER EMPLAZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- AYUNTAMIENTOS. LA FACULTAD PARA SUSPENDER A SUS MIEMBROS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, INVADE LA ESFERA COMPETENCIA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- APORTACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y SUS MUNICIPIOS. EL DECRETO NÚMERO 68, PUBLICADO EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REGLAMENTOS MUNICIPALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA. (XI.3o.26 C)
- CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑAN PUEDEN PRODUCIRSE DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO DE AMPARO Y APOYAN LA IMPROCEDENCIA DE ESTE. (10)
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
- RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE ASUME COMPETENCIA PARA QUE ÉSTA DECIDA UN AMPARO EN (17)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis