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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCES DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 4.41 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 13 DE DICIEMBRE DE 2001, AL DETERMINAR EL DESTINO DE LOS INGRESOS AHÍ SEÑALADOS Y COMPROMETER PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, VIOLA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE MÉXICO. LOS ARTÍCULOS 8.1 A 8.5 Y 8.8 A 8.22 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE PREVÉN LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBJETOS QUE SE REALIZA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y LOCAL, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS DE SERVICIO AL PÚBLICO, TENDENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES, CONDUCTORES Y PASAJEROS QUE UTILIZAN LA INFRAESTRUCTURA VIAL, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2002. · Registro digital (IUS): 19160
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, , Pág. 365.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2002. MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIAS: MARIANA MUREDDU GILABERT Y CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Óscar Sánchez Juárez, quien se ostentó como síndico del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, promovió controversia constitucional, en representación del propio Municipio, en la que demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:

"IV. Entidad, poder u órganos demandados. 1. La Legislatura del Estado de México, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México. 2. El gobernador del Estado de México, con domicilio en Palacio de Gobierno, Lerdo Poniente número 300, primer piso, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México. ... VI. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna la invalidez del Código Administrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, el 13 de diciembre de 2001. En específico, entre otros, se impugnan los artículos: 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"VIII. Antecedentes. 1. El 17 de junio de 1999 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, por mayoría de 387 votos, el proyecto de Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por mayoría de 86 votos, el 25 de junio de 1999. Dicho proyecto fue aprobado en su conjunto por declaratoria emitida por el H. Congreso de la Unión de fecha 28 de octubre de 1999. Una vez aprobado por las Legislaturas de los Estados, se le envió al Ejecutivo Federal, quien expidió decreto promulgatorio de fecha 22 de diciembre de 1999. El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El 16 de mayo de 2001 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el Decreto Número 23, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Esta reforma tuvo como propósito adecuar el contenido de la Constitución del Estado de México a las disposiciones de la Constitución Federal. Sin embargo, al Municipio que represento no le dieron oportunidad de aprobarla o rechazarla, debido a que nunca se la enviaron para su consulta. 3. En septiembre de 2001, el gobernador del Estado de México presentó ante la Legislatura del Estado la iniciativa de Código Administrativo. 4. El 23 de noviembre de 2001, la Legislatura del Estado aprobó el Decreto Número 41, relativo al Código Administrativo del Estado de México. 5. El decreto de referencia fue promulgado por el gobernador del Estado de México el 13 de diciembre de 2001, y con esa misma fecha se publicó en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"Primero. Son inválidos los artículos 1.4, 1.5 y 1.6 del Código Administrativo, en virtud de que contravienen las fracciones II y V del artículo 115 constitucional. Como se señaló en el capítulo IX del presente escrito, la reforma de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal limitó la facultad de las Legislaturas de los Estados para emitir leyes en materia municipal. De acuerdo con dicha fracción, las Legislaturas Estatales solamente pueden expedir leyes en materia municipal que establezcan: 1. Las bases generales de la administración pública municipal. 2. Las bases generales del procedimiento administrativo. 3. Los casos en que se requiera una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para: i) dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal; y, ii) dictar resoluciones que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 4. Las normas de aplicación general para celebrar con el Estado los siguientes convenios: i) por los que el Estado asuma temporalmente la prestación de los servicios públicos del Municipio; ii) por los que el Estado y Municipio presten o ejerzan coordinadamente los servicios públicos o funciones municipales; iii) por los que el Estado se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que las Legislaturas Locales establezcan sobre la propiedad inmobiliaria; y, iv) por los que el Municipio pueda asumir la prestación de los servicios y la atención de las funciones federales que la Federación transfiera por convenio al Estado. En el caso que nos ocupa, el Código Administrativo regula no sólo atribuciones que corresponden al Estado de México, sino también aquellas que son de competencia exclusiva del Municipio de Huixquilucan. Con ello se limitó la facultad que tiene el Municipio que represento de regular las materias que por disposición constitucional le competen. Asimismo, los artículos que se impugnan obligan al Ayuntamiento de Huixquilucan a aplicar las disposiciones del Código Administrativo en aquellas materias de competencia municipal y le restringen su ámbito de competencia al enumerar de manera limitativa las atribuciones que le competen, sin contemplar todas las que le corresponden conforme al artículo 115 constitucional. Segundo. De igual forma, se impugnan los artículos 1.17 a 1.28 correspondientes al título cuarto del libro primero del Código Administrativo, ya que resultan violatorios de lo dispuesto en las fracciones II y V del artículo 115 constitucional, por las razones siguientes: El referido título cuarto contiene disposiciones obligatorias para el Municipio en materia de mejora regulatoria, lo cual: En primer lugar, limita a la autoridad municipal al establecer que no podrá expedir disposiciones de carácter interno que prevean obligaciones o cargas adicionales a las que señala dicho código y su reglamentación, en relación con las promociones o actividades de los particulares (artículo 1.19). En consecuencia, el Municipio no podrá ejercer la facultad que le confiere la citada fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, ni el último párrafo de la fracción V, que expresamente le otorga la atribución de expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, le impone la carga al Municipio de crear un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que dictamine los proyectos de disposiciones de carácter general que se pretendan expedir. Sin este dictamen, el Ayuntamiento no podrá emitir ninguna disposición, lo que contraviene las citadas fracciones II y V. Asimismo, lo obligan a que dichas disposiciones de carácter general cuenten con una manifestación de impacto regulatorio que determine los beneficios y costos para la sociedad. Se considera que las cuestiones de mejora regulatoria, si bien son benéficas para el desarrollo de la administración pública, no son ni forman parte de las atribuciones legislativas que competen al Congreso Estatal en materia de procedimiento administrativo. La mejora regulatoria no forma parte del procedimiento administrativo que la autoridad debe observar en sus relaciones con los particulares, sino que constituye un mecanismo de control y revisión para mejorar las disposiciones generales que contengan cargas a los particulares. Es importante recordar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ya fue expedido por dicho órgano legislativo y en éste se contemplan tales bases generales del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 115 constitucional. La mejora regulatoria es un mecanismo que puede tener múltiples formas y llevarse a cabo de diferentes maneras. Corresponde al Municipio, conforme al artículo 115, determinar cuáles son los instrumentos que utilizará para establecer una mejora regulatoria en su jurisdicción. En este sentido, la obligación que le imponen los artículos que se impugnan en este concepto de invalidez son contrarios a los establecidos en el artículo 115 constitucional, ya que, como se expresó en el capítulo IX del presente escrito, las facultades de la Legislatura Estatal están restringidas a emitir leyes que contengan bases generales en las materias que se indican, dentro de las cuales no se encuentra la de mejora regulatoria. Tercero. Se consideran violatorios del artículo 115, fracciones II y V, de la Constitución Federal, los artículos 1.31 a 1.36 del título sexto del libro primero del Código Administrativo, por los siguientes motivos: Dichos artículos disponen que sólo las dependencias de la administración pública estatal podrán expedir normas técnicas, que son disposiciones administrativas de carácter general consistentes en regulaciones técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, servicio o método de producción. Sin embargo, como se expuso en el capítulo IX de esta demanda, las fracciones II y V del artículo 115, facultan al Municipio para expedir reglas, circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general a fin de regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. En esa virtud, al disponer el Código Administrativo que solamente podrán expedir normas técnicas las dependencias de la administración pública estatal, se está limitando la facultad del Municipio para regular las materias de su competencia a través de la emisión de disposiciones de carácter general. Además, como ya se argumentó en el primer concepto de invalidez, el código no solamente regula las materias de competencia estatal, sino también -de manera indebida- lo hace con materias de competencia exclusiva de los Municipios, lo que significa que está facultando a las dependencias a expedir normas técnicas en materias que constitucionalmente le corresponden al Municipio de Huixquilucan. Un claro ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 2.35 que faculta a la Secretaría de Salud a emitir normas técnicas sobre el tratamiento de residuos sólidos municipales. Cuarto. En este concepto de invalidez nos referimos a la facultad que otorga el artículo 115, fracción III, inciso c), constitucional, al Municipio en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. En efecto, la Constitución Federal prevé como una función exclusiva del Municipio todo lo relacionado con limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Asimismo, conforme a la fracción II, el Municipio tiene la atribución de regular las funciones y servicios públicos de su competencia. No obstante ello, las autoridades demandadas al aprobar, promulgar y publicar el Código Administrativo vulneran dichas atribuciones en los artículos 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73 y 4.94, fracción I. Lo anterior, debido a que los artículos 2.35 y 4.50, párrafo segundo, establecen que los residuos sólidos municipales deben tratarse conforme a lo previsto en las normas técnicas estatales (normas que, como ya se estableció en el concepto de invalidez anterior, sólo pueden ser emitidas por dependencias estatales), restringiendo así la facultad municipal para regular las materias de su competencia. Además, no se encuentra lógica a lo anterior, ya que en el propio artículo 4.50, párrafo tercero, sí se da debido cumplimiento a la Constitución Federal, ya que expresamente se establece que ‘la prevención y control de la contaminación generada por la prestación de los servicios públicos municipales se sujetará a las disposiciones de carácter general que emitan los Ayuntamientos’. En este orden de ideas, el Municipio de Huixquilucan debe regular también las cuestiones relativas al tratamiento de residuos, debido a que es un servicio público municipal, sin embargo, los artículos impugnados en este concepto de invalidez dicen lo contrario. Basta ver lo dispuesto en los artículos 4.65 a 4.73, que establecen la facultad de la Secretaría de Ecología para: ‘emitir las normas técnicas estatales que regularán la localización, instalación y funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, separación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos’. Todas éstas, facultades del Municipio. No conforme con lo anterior, el artículo 4.66, en franca violación a la fracción III, inciso c), del artículo 115 constitucional, otorga a la Secretaría de Ecología la facultad de autorizar el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos industriales no peligrosos. Es importante señalar que ni la Constitución Federal, ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente hacen distinción en el manejo de residuos municipales y residuos industriales, sino que prevén la facultad del Municipio para ejercer facultades respecto de los dos tipos de residuos. En consecuencia, es posible afirmar que las disposiciones que se impugnan en el presente concepto resultan violatorias de la Constitución Federal y, por tanto, debe declararse su invalidez. Quinto. El Código Administrativo viola la facultad de libertad hacendaria del Municipio de Huixquilucan. Conforme al primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, los Municipios deben administrar libremente su hacienda, la cual se conforma por los rendimientos de los bienes que les pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. El hecho de que el Municipio administre libremente su hacienda, significa que éste puede ejercer de manera exclusiva sus recursos, evitando la posibilidad de que mediante leyes de los Poderes Federales o Estatales se afecte de cualquier modo la hacienda municipal. Así lo reconoció la Cámara de Diputados en el dictamen respectivo, al señalar que: ‘son incompatibles con el artículo 115 constitucional los actos de cualquier órgano legislativo o ejecutivo distinto al Ayuntamiento, que se comprometan o predeterminen cualquier elemento de su presupuesto de egresos.’. En perjuicio de lo anterior, el Código Administrativo, en su artículo 4.41, establece que: ‘Los ingresos que el Estado y los Municipios recauden por concepto de otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorización en materia de áreas naturales protegidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se destinarán a la realización de acciones de conservación de la biodiversidad, dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos’. Como puede observarse, dicho precepto limita la facultad que en materia hacendaria otorga la Constitución Federal a los Municipios, en virtud de que etiqueta y determina el destino de los recursos que perciban dichos Municipios por la prestación de los servicios en materia de las áreas naturales protegidas, en franca violación a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional. En consecuencia, se solicita su invalidez. Sexto. Se impugna la totalidad del libro quinto del Código Administrativo, que comprende los artículos 5.1 a 5.76, en virtud de que sus disposiciones son violatorias de la fracción II, así como del último párrafo de la fracción V del artículo 115. En dicho libro se regula con mucho detalle lo relativo al ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población. Al respecto, es importante recordar que conforme al artículo 115 constitucional, los Municipios están facultados para: •Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. •Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. •Participar en la formulación de planes de desarrollo regional. •Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. •Intervenir en la regularización de la tenencia de tierra urbana. •Otorgar licencias y permisos para construcciones. Asimismo, conforme a las fracciones II y V del referido artículo 115, los Municipios tienen la atribución de regular las materias y funciones de su competencia, limitando a las Legislaturas de los Estados a establecer exclusivamente bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo. En virtud de que las materias competencia del Municipio que se enlistan en el párrafo anterior no tienen que ver con cuestiones de administración pública municipal ni de procedimiento administrativo, las leyes estatales no pueden regular cuestiones específicas de estas materias. Sin embargo, las disposiciones del libro quinto del Código Administrativo regulan exhaustivamente y a detalle las facultades del Municipio en estas materias. Así, por ejemplo, los artículos 5.21 a 5.29 prevén todos los requisitos para la elaboración, aprobación, publicación e inscripción de los planes de desarrollo urbano de competencia municipal; los artículos 5.33 a 5.35 establecen las características que se deben observar para la zonificación, los artículos 5.48 a 5.54 además de regular todo lo relativo a la subdivisión, fusión y relotificación de predios, expresamente disponen que las excepciones a éstas se señalarán en la reglamentación de este código. Asimismo, las cuestiones relativas a la licencia de uso de suelo quedan perfectamente reguladas a tal grado que se establece hasta lo que debe acompañarse a la solicitud. De esta manera es contundente que al disponer de una regulación tan específica, el Código Administrativo limita las atribuciones que al Municipio competen de manera exclusiva. Séptimo. Se impugna la totalidad del libro quinto del Código Administrativo, que comprende los artículos 5.1 a 5.76, en virtud de que sus disposiciones son violatorias de la fracción V del artículo 115, ya que limitan y restringen las facultades que competen constitucionalmente al Municipio. Como se señaló en el concepto de invalidez anterior, los Municipios tienen diversas facultades en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. A continuación se señalan algunas de las disposiciones jurídicas del libro quinto del Código Administrativo que violan dichas facultades. a) Formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano municipal. El artículo 5.9, fracción IV, faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado para ‘emitir dictámenes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de población y de los planes parciales, con el plan estatal de desarrollo urbano y los planes regionales de desarrollo urbano, en su caso.’. Asimismo, en el artículo 5.28 se establecen las reglas a las que se sujetarán la elaboración, aprobación, publicación e inscripción de los planes de desarrollo urbano. Específicamente, en su fracción III, dispone que para la validez jurídica de los programas de competencia municipal es necesario recabar previamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras el dictamen de congruencia mencionado. De esta manera, la validez jurídica de los planes municipales, conforme al artículo 5.25 y los antes mencionados, se sujeta a un dictamen de congruencia emitido por una autoridad estatal, lo cual limita la atribución del Municipio para expedir dichos planes. Es importante aclarar que ni siquiera la ley marco en la materia (Ley General de Asentamientos Humanos) contempla la necesidad de que existan este tipo de dictámenes de congruencia para la elaboración de planes municipales. Por su parte, el 5.24 dispone que las normas generales a las que deben sujetarse los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, limitando así nuevamente las facultades consagradas por el artículo 115. (sic). b) Formular, aprobar y administrar la zonificación. Por lo que hace a la zonificación, el Código Administrativo no deja margen de maniobra para el Municipio, ya que, por una parte, prevé a detalle qué es lo que debe de determinarse en cada caso al hacer la zonificación (artículo 5.33) y, por la otra, especifica en forma concreta cuestiones relacionadas con la ubicación de la infraestructura y equipamiento urbano y de las industrias, así como lo que en cada materia se debe observar al momento de hacer la zonificación de igual manera (artículo 5.34) (sic). c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional. No obstante que en el artículo 5.10, fracción II, se establece la participación de los Municipios en la elaboración de dichos planes, en ninguna disposición del código se desarrolla la manera en que los Municipios participarán en la misma. d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. En primer término, el artículo 5.36 señala que las autorizaciones y licencias que emitan los Municipios deben sujetarse a las disposiciones del código, su reglamentación y los planes de desarrollo urbano, de lo contrario las que se expidan en contravención serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno. En esa virtud, el Municipio debe ceñirse a cada una de las disposiciones que establece el referido libro quinto, si es que pretende que éstas sean válidas y produzcan efectos jurídicos. De esta manera, las autorizaciones para el uso de suelo deben obedecer lo dispuesto en los artículos 5.59 que contempla los lineamientos de las licencias; y, 5.60 que especifica los documentos que deben acompañarse a la solicitud. Asimismo, los artículos 5.61 y 5.29 prevén la necesidad de contar con un dictamen de impacto regional, previo y favorable, que obviamente es emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, para autorizar los usos de suelo de desarrollos habitacionales, gaseras, gasoneras y gasolinerías, los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles, la explotación de bancos de materiales para la construcción y, en general, cualquier construcción que sea mayor de cinco mil metros cuadrados u ocupe predios de más de seis mil metros cuadrados de terreno. Es evidente que a través de este dictamen el Estado limita las facultades del Municipio en materia de autorización del uso de suelo, ya que quien va a otorgar la autorización real no es el Municipio sino el Estado. Finalmente, el artículo 5.29 sujeta las autorizaciones de cambio de uso de suelo, de cambio de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o de cambio de la altura máxima de edificación prevista, a la opinión previa de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. De todo lo anterior, se puede afirmar contundentemente que las disposiciones previstas en el libro quinto de referencia limitan, restringen e impiden al Municipio de Huixquilucan el ejercicio de las facultades que la Constitución Federal le otorga. Octavo. Se impugnan los artículos 5.11, 5.12 y 5.43, en virtud de que crean una Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda que cuenta con funciones que pertenecen de manera exclusiva al Municipio. Ello contraviene la fracción I del artículo 115 constitucional, que dispone: ‘... La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado ...’. De esta manera, conforme al dictamen de la Cámara de Diputados, se pretende que en el ámbito de gobierno del Municipio se ejerzan competencias exclusivas a favor del Ayuntamiento; lo que supone la exclusión, no sólo de autoridades intermedias entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento, sino de cualquier otro ente, organismo o institución que creado por los Poderes Federales o Estatales sin base constitucional, pretenda ejercer funciones municipales. En efecto, la comisión de referencia, constituye una autoridad intermedia, que pretende ejercer las funciones que competen de manera exclusiva al Municipio. Basta transcribir lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5.43, que establece: ‘La autorización de los conjuntos urbanos se integrará con las autorizaciones, licencias y dictámenes que emitan las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública federal, estatal y municipal que concurran a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda en ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencias.’. Asimismo, el segundo párrafo de dicho artículo obliga a los Municipios a expedir autorizaciones en el seno de la comisión y no en el seno del Ayuntamiento, lo que provoca que las autorizaciones respectivas se voten dentro del seno de la comisión, siendo ésta la que determine si se otorgan o no. Noveno. En este concepto de invalidez nos referimos a la facultad exclusiva que tiene el Municipio en materia de tránsito, de acuerdo con el inciso h) de la fracción III del artículo 115 constitucional. Como se ha señalado en diversos conceptos de invalidez, así como en el capítulo IX del presente escrito, la reforma de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal limitó la facultad de las Legislaturas de los Estados para emitir leyes en materia municipal. Sin embargo, la Legislatura Estatal y el gobernador del Estado de México excedieron nuevamente sus competencias al aprobar, promulgar y publicar un Código Administrativo que regula de manera sumamente detallada cuestiones relativas al tránsito de vehículos. De esta manera, en los artículos 8.1 a 8.22 se establecen: •Las autoridades en la materia, previendo como extrañamente como (sic) autoridad a una dependencia estatal, es decir, a la Secretaría General de Gobierno. •La facultad de dicha secretaría de emitir normas técnicas en materias que corresponde regular al Municipio. •Los requisitos que deben observar los vehículos para transitar. •La clasificación de los vehículos. •Las prohibiciones a los vehículos. •Un catálogo de obligaciones de los consultores de vehículos. •Los requisitos que deben cumplir los estacionamientos públicos. •Las infracciones. Lo anterior, no sólo limita la facultad que tiene el Municipio de Huixquilucan de regular las materias que por disposición constitucional le competen, sino que va todavía más allá al vulnerar y restringir el ejercicio de las mismas. Es muy importante recordar que el propósito de la reforma al artículo 115 constitucional, no fue sólo el dotar de facultades exclusivas al Municipio, sino también de posibilitarlo para que él mismo emitiera las regulaciones relativas a sus competencias. En esa virtud, cada Municipio debe estar en posibilidad de regular conforme a sus necesidades y experiencias todas esas cuestiones en materia de tránsito que ya se especifican en el código. En virtud de todo lo antes expuesto, vista la inconstitucionalidad del Código Administrativo, en específico de los artículos que se señalan en el capítulo VI de este escrito, lo procedente es que esa H. Suprema Corte declare su invalidez. Por otro lado, se solicita a ese Alto Tribunal que de conformidad a los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria, aplique en beneficio del Municipio de Huixquilucan de Degollado la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. De acuerdo con lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de controversias constitucionales la Suprema Corte corregirá los errores en la cita de los preceptos invocados, examinará en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuestión efectivamente planteada y deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos y agravios. De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jurídicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afecta el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados.’."

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violado es el 115, fracciones I, II, III, IV y V.

QUINTO. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 12/2002, y por razón de turno designó como instructora a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dos, la Ministra instructora tuvo por presentado al promovente, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, y dar vista al procurador general de la República.

SEXTO. Al producir su contestación, las autoridades demandadas manifestaron, en síntesis:

El Congreso del Estado de México:

1. Que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 10 y 11 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el síndico del Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, quien su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19160-b8352c49/comision-estatal-de-desarrollo-urbano-y-vivienda-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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